Madrid. Ya la pusieron en evidencia hace unas semanas, cuando el Gobierno afloró un déficit oculto en las cuentas de la Comunidad de Madrid, y su presidenta, Esperanza Aguirre, no quiere volver a pasar este trago, ni quiere que los recortes los haga el Gobierno central o esos ‘hombres de negro’ de la ‘troika’ que van a desembarcar en España un día de éstos. Por eso, ha puesto encima de la mesa las partidas en las que va a meter la tijera para ahorrar más de 1.000 millones de euros en los seis meses que quedan de 2012. No se salva casi nadie.
Recortes en sueldos y en la jornada laboral de los trabajadores públicos, subidas de tasas de determinados para que sea sólo el usuario y no todos los ciudadanos los que, eliminación de subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, fin a la financiación del alquiler de los, y reducción general de ayudas públicas, gastos corrientes e inversiones.
El proyecto de Ley de Medidas Urgentes, que modifica parcialmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, se llevará a cabo una bajada de sueldo de los cargos políticos y personal de confianza en un 10%, y de los empleados públicos en un 3,3%. Asimismo, se rebajará un 10% la jornada y el sueldo de los interinos, excepto a los docentes y a los asistenciales.
Además, Aguirre explicó que la Comunidad duplica el esfuerzo de ahorro en medidas propias que ya recogía el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado mes de mayo, en el que se preveía ajustes por 654 millones de euros.
En cuanto a las subvenciones, ayudas públicas, gasto corriente e inversiones sufren una importante minoración. Las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos se reducen en 3,9 millones. Además, la Comunidad dejará de sufragar el alquiler de los locales de las centrales sindicales. En lo que respecta a las inversiones, se reducen en 30,3 millones, de los cuales 20 corresponden a carreteras. En material de oficina, publicaciones y promociones se reducen 6,7 millones.
El Gobierno regional propone también la implantación de un peaje en autovías regionales, cuya explotación se sacará a concurso de concesión. El concesionario instalará el sistema de cobro y entregará a la Comunidad la recaudación, quedándose con un porcentaje que se acuerde. La intención es acelerar el proceso lo máximo posible para lograr que el sistema esté instalado a principios del año que viene.
