El barrio de El Cabanyal, en Valencia, no sale de la polémica. Ahora, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión se acaba de presentar, vuelve a incluir la prolongación de una de las arterias de la ciudad hasta el mismo borde de la costa, lo que supone la demolición, a su paso, de las viviendas situadas en el tramo final de esta nueva avenida.
De esta manera, el consistorio presidido por Rita Barberá vuelve a mover ficha en el pulso que desde hace años mantiene con el Gobierno central, y vuelve a pasar por alto la suspensión que pesa sobre el proyecto desde 2009, cuando el Ministerio de Cultura suspendió la actuación proyectada, una orden posteriormente avalada por los tribunales.
Desde la oposición se insiste en que la normativa vigente es la de 1988, y que, por lo tanto, en base a esto, el Ayuntamiento debería volver a conceder licencias para acometer obras de reforma o de actividad en el viejo barrio.
Algo que desde el consistorio, con todo tipo de subterfugios, no acaban de hacer, precisando que el plan de 2001 no está anulado sino suspendido, y que el embargo de las licencias está avalado por sentencias judiciales.
Los comerciantes han exigido la concesión de nuevas licencias para evitar que vaya a más la visible degradación que se puede apreciar en las calles de este histórico barrio valenciano, en buena parte provocada por las más de cien casas ocupadas de manera ilegal, con más basura de la deseada, patios repletos de desperdicios y enganches ilegales a las redes agua y electricidad.
En el plan alternativo pues, el que se recoge en el nuevo PGOU, el ayuntamiento vuelve a mantener la prolongación de la avenida y el derribo de cientos de casas. Los técnicos del Ministerio de Cultura estudian si los nuevos planos se ciñen a la orden ministerial o, por el contrario, expolian el conjunto histórico-artístico del marítimo. El nuevo plan ha recibido recibió más de 25.000 alegaciones de sectores profesionales y vecinales, que están pendientes de respuesta.
El núcleo del Cabañal-Cañamelar fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) a iniciativa del grupo parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EU-PV), por la Generalitat Valenciana en el año 1993, entonces gobernada por el Partido Socialista del País Valencià (PSOE-PSPV). En el decreto se incide en la peculiaridad de la trama urbana del barrio, en las que se desarrolla una arquitectura popular de clara raigambre eclecticista.
