El proyecto de ampliar en Valencia la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, eje de la polémica reforma del barrio de El Cabanyal, parece el cuento de nunca acabar. Básicamente, porque, a pesar de los reveses judiciales, al final siempre se pretende hacer lo mismo.
El nuevo plan tramitado por el Ayuntamiento de Valencia para sustituir al original, que fue paralizado por el Ministerio de Cultura en 2009, ha recibido más de 25.000 alegaciones contrarias a lo que de nuevo se pretende hacer.
Además, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha solicitado a la Consejería de Infraestructuras y Territorio del Gobierno regional el expediente administrativo por el que se dio el visto bueno a la modificación del plan urbanístico de El Cabanyal, que fue aprobado el pasado mes de julio sin la preceptiva evaluación ambiental y territorial.
La sala adopta esta primera medida tras admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal de EU en Valencia contra el acuerdo del pasado 21 de julio.
Los responsables autonómicos consideraron que la modificación del plan, que afecta a 1.500 casas de un centro histórico, no tenía efectos sobre el medio ambiente y, además, establecía que la decisión no era recurrible.
La propia Comisión Europea ya tramitó en dos ocasiones denuncia contra España por falta de la Evaluación de Impacto en referencia al plan de El Cabanyal, con lo que es probable que, si llega el caso, lo reitere de nuevo.
La falta de Evaluación Ambiental Estratégica de la nueva actuación en el Cabanyal es solo uno de los puntos controvertidos del nuevo plan.
La clave del nuevo pasa por prolongar la avenida de Blasco Ibáñez por la zona protegida, delimitada por las calles Amparo Guillem, Pescadores, Doctor Lluch y Escalante. Se trataría de alinear los nuevos edificios y jardines a la trama urbana actual para cumplir así uno de los requisitos del Ministerio.
En esta zona, además, las fincas tendrán tres plantas de altura en lugar de las cinco previstas en el resto de la prolongación. Eso supondrá, sólo en ese trozo, derribar un 35% menos de viviendas actuales y perder un 15% en la edificabilidad.
Mantener los 48 metros de anchura de la prolongación en esta zona es posible porque los nuevos edificios tendrán menos profundidad. Esto permite respetar la línea actual de la calle Amparo Guillem.