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El V Congreso Edificios Inteligentes aborda el concepto integral y multidisciplinar del inmueble

El Congreso Edificios Inteligentes es el principal foro profesional sobre Edificios Inteligentes en España. Reúne a los actores más importantes del sector, y aborda la actualidad y el futuro de los Edificios Inteligentes y las implicaciones que tiene para las empresas y los profesionales relacionados con el diseño, construcción y gestión de los edificios y sus instalaciones.La quinta edición se celebrará el día 14 de mayo 2019 en la sede del COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

El congreso aborda el concepto de Edificio Inteligente desde un punto de vista integral y multidisciplinar. Estarán presentes temas muy variados, como técnicos, normativos y oportunidades de negocio, contemplando soluciones tanto para la Nueva Edificación como para la Rehabilitación.

Abarca la actualidad y el futuro del sector en diferentes formatos, como ponencias de comunicaciones, exposiciones de proyectos de edificios inteligentes, mesas redondas y ponencias magistrales.

Las áreas temáticas establecidas para el V Congreso Edificios Inteligentes son:

? Innovación en Diseño, Arquitectura e Ingeniería de los Edificios Inteligentes: BIM, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Gemelos Digitales o SRI

? Tecnologías, Soluciones y Sistemas para la Inteligencia en los Edificios: Domótica, BIM, IoT, ciberseguridad, vehículo eléctrico, Inteligencia Artificial, Big Data, Robótica o Cloud.

? Uso, Gestión y Mantenimiento en los Edificios Inteligentes: IoT, BIM, BMS, ciclo de vida, Blockchain, Teletrabajo o Coworking.

? El ser humano y su diversidad en el edificio inteligente: accesibilidad, envejecimiento, telemedicina, confort, seguridad, ergonomía o sostenibilidad.

? Proyectos de Edificios Inteligentes / Integración de Sistemas.

Asistir al Congreso permitirá al congresista:

? Conocer la situación actual y el próximo futuro de normativas, tecnologías y el mercado de los Edificios Inteligentes en España.

? Aprender de experiencias y opiniones sobre los más importantes proyectos, sistemas y soluciones para Edificios Inteligentes.

? Participar en el intercambio de conocimiento e ideas con los principales profesionales del sector.

? Hacer Networking con los diferentes profesionales implicados en el diseño, construcción y promoción de edificios en España.

San Sebastián diseña un servicio de asesoramiento sobre vivienda para mayores

El Ayuntamiento de San Sebastián está diseñando un nuevo servicio de información, asesoramiento y acompañamiento en materia de vivienda para personas mayores. Este servicio, que se pondrá presumiblemente en marcha en la próxima legislatura, pretende orientar a las personas, en especial a las que se van haciendo mayores, a la hora de tomar decisiones y organizar cuestiones en torno a la vivienda como mejoras de accesibilidad, adaptación o segregación de la vivienda. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Donostia Lagunkoia.

En marzo de 2018 el nuevo Plan Municipal de Vivienda realizó un diagnóstico sobre el estado de las viviendas, su tamaño y accesibilidad, entre otras cosas. También detectó, con la colaboración de Donostia Lagunkoia, que las personas que envejecen consideran prioritarias la adecuación y accesibilidad de la vivienda, la adaptación y flexibilidad de normativas, la generación de instrumentos financieros alternativos, la existencia de opciones de alojamiento diversas o el acompañamiento para recibir información sobre recursos e itinerarios. Es decir, necesidades relacionadas con la vivienda que puedan tener las personas durante sus distintas etapas vitales.

En San Sebastián hay 1.623 edificios sin ascensor, es el 17% del total, donde viven 29.045 personas que son el 15,6% de la población. 5034 personas de más de 65 años viven en una segunda planta o superior sin ascensor. De estas, 1.782 personas tienen más de 80 años.

En lo referente al tamaño de la vivienda el 30,4% de los hogares son unipersonales, un total de 23.437, y el tamaño medio es de 80-85 m2.

Teniendo en cuenta estos datos y las necesidades de la ciudadanía, el consistorio está diseñando este servicio para dar respuesta, acompañar y asesorar a las personas mayores a la hora de tomar decisiones y organizar cuestiones en torno a la vivienda.

El Ayuntamiento está perfilando este servicio con un enfoque de diseño de servicios, una metodología que pone el foco en las personas usuarias y trabaja generando prototipos rápidos que ayudan atestar soluciones de forma más ágil y menos costosa.

Se han realizado una serie de entrevistas en profundidad a personas mayores para conocer mejor como se desarrollan sus vidas cotidianas: cómo viven, sus rutinas diarias, su manera de buscar información, su situación de vivienda, su relación con los servicios públicos; también a prestadores de servicios, públicos y privados. Y se han realizado talleres para extraer las características que debería tener el servicio desde el punto de vista de las personas usuarias y las líneas a testar en los próximos meses.

La inmobiliaria Bynok abre oficina en Dubái y anuncia inversiones de 550 millones de euros 

Una estrategia empresarial que revolucionará el mercado inmobiliario. Así anunciaba el CEO de Bynok, Armando Gómez, la planificación que tiene su empresa para los próximos dos años. Inicio de promociones a nivel internacional, abrir oficina en Dubái para comenzar la gestión inmobiliaria también en ese país e invertir más de 550 millones de euros con el apoyo de socios estratégicos y fondos de inversión.

Todo esto es lo que, a través de la nueva marca anunciada hoy, B8 Architecture, se va a acometer en próximas fechas por parte de la compañía inmobiliaria que está revolucionando el sector en la Costa del Sol. Una firma que trabajará internacionalmente y que coloca a la arquitectura como la base fundamental de su actividad.

El CEO de Bynok, Armando Gómez, ha explicado a los más de 600 profesionales del sector presentes en el evento celebrado hoy en los Cines Teatro Goya de Puerto Banús, que la intención de la promotora es invertir 550 millones de euros hasta 2020 en distintas promociones nacionales e internacionales. Entre los proyectos que tiene sobre la mesa está construir un millón de viviendas en Sudáfrica y en otros puntos del continente africano como Egipto, así como desarrollar promociones inmobiliarias en India.

Gómez, desgranó los planes de la compañía: Bynok tiene 71 nuevos proyectos en cartera, tanto en España como en el extranjero. La primera materialización de estos proyectos es La Boladilla Resort, en Estepona, donde Bynok desarrolla un suelo de más de 120.000 metros cuadrados. El diseño de este proyecto parte de dos promociones singulares: La Boladilla Village, ya en fase de construcción y en la que se pretende crear 103 villas de lujo de unos 500 metros cuadrados y Boladilla Suite, en una parcela de casi 90.000 metros cuadrados donde se construirán este mismo año 277 apartamentos.

Las Gemas de Estepona, 78 viviendas sobre una parcela de 32.000 metros cuadrados es otro de los proyectos que va a lanzar Bynok en abril de este mismo año. La construcción comenzará en octubre de 2019 y la entrega está prevista en el último trimestre de 2021.

Un modelo revolucionario

En 2018 las cifras colocaron a la compañía en el top de las promotoras, 316 villas, 308 apartamentos, 230.000 metros cuadrados de construcción y más de 71 proyectos de arquitectura realizados.

La mejora de ese año fue incrementar el servicio al cliente y mejorarlo en todo lo posible. «Había poco margen para la mejora en general por el alto nivel inicial», según el CEO, «pero se consiguió introduciendo la financiación al 100 % para los clientes».

Otra de las mejoras introducida fue la calidad de las viviendas. Para incrementar la calidad sin subir los costes, Bynok montó un equipo para buscar proveedores a los que encargar un suficiente volumen para eliminar intermediarios. Bynok ha creado su propia marca en sanitarios, puertas, interruptores…, lo que permite aminorar los costes y realizar una ventaja competitiva con una calidad máxima de mercado en unos precios sin competencia.

Para el responsable de esta vanguardista compañía inmobiliaria, Bynok ha supuesto una revolución total en el concepto de desarrollo inmobiliario, desarrollando e implantando un modelo de gestión integral en el cual todos los actores del sector: arquitectos, constructores, inversores y clientes finales, trabajan de forma totalmente coordinada, garantizando un producto de mejor calidad, mejor coste y menos tiempo de desarrollo.

Armando Gómez, apuntó que gracias a los socios estratégicos e inversores con los que cuenta la compañía, se permite actuar de forma muy diferente al mercado tradicional, eliminado todo los márgenes de beneficio de las distintas fases del desarrollo inmobiliario para «vender muy por debajo del precio de mercado y aun así poder mantener beneficios interesantes para nuestra compañía y márgenes imbatibles de rentabilidad para nuestros inversores», argumenta Gómez.

AFELMA, 40 años de compromiso con la calidad en la edificación

AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes) conmemoró el pasado 5 de marzo su cuarenta aniversario, coincidiendo con el Día Mundial de la Eficiencia Energética, bajo el lema: 40 años de compromiso con la calidad en la edificación.

El acto, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, fue presentado por Mónica Herranz, Secretaria General de AFELMA, quien agradeció el esfuerzo de las empresas asociadas y profesionales colaboradores que han hecho posible este aniversario. Reclamó el compromiso de instituciones, organizaciones y profesionales para alcanzar la calidad en la edificación, por respeto a las generaciones futuras.

La calidad en la edificación, clave para la calidad de vida

La inauguración corrió a cargo de Oscar del Río, presidente de AFELMA, que identificó la calidad de la edificación como un elemento central de la calidad de vida porque «en los edificios, hogares o del ámbito laboral, pasamos cerca del 80% de nuestro tiempo». Señaló que este reto requiere avances más intensos, por ejemplo, en materia de aislamiento, un sector en el que hoy se emplean poco más de los 2 o 3 cm que se usaban hace 20 años.

Recordó que la Eficiencia Energética ha transcendido su utilidad económica inicial y hoy es un instrumento contra el cambio climático, la pobreza energética o la conservación del planeta. Desde esta perspectiva, señaló, es «una senda que sigue presente para reducir el consumo final de energía en climatización, que alcanza el 50% en la UE, correspondiendo a los edificios el 80%».

No obstante, reconoció que había otros criterios que deberían inspirar la renovación del inmobiliario: protección contra el ruido, calidad del aire interior (un concepto que se abre paso) y una mayor seguridad ante incendios, porque de los «25 millones de viviendas, un 93% están construidas antes de la entrada en vigor del DB HE o del DB HR». Enunció las actuaciones de AFELMA para satisfacer estos objetivos: alianzas con organizaciones profesionales, formación en materiales y soluciones para aportar más rentabilidad a las actuaciones edificatorias y acuerdos con organizaciones sociales para promover la sensibilización ciudadana. Por supuesto, recalcó «el diálogo franco y constructivo con las instituciones» en la elaboración de las normas.

Denunció las actitudes resignadas que buscan justificaciones para que los avances en la calidad de la edificación sean tímidos y enfatizan los aspectos ajenos a la edificación (por ejemplo, los argumentos de que España es un país cálido, nuestro carácter provoca ruido, etc.). Reclamó, por el contrario, una actitud comprometida con la calidad, «pensar en grande», en los «objetivos de corto y largo plazo, la vida de hoy y la de las generaciones futuras» porque cada vez que se levanta o rehabilita un edificio estamos hablando de una actuación que «dejará sentir sus efectos a lo largo de medio siglo o más». Por todo ello, concluyó, es preciso abordar «una mejora ambiciosa del marco normativo y la convergencia de nuestras normas con Europa», para lo que «tratamos de impulsar la acción de los poderes públicos».

Las iniciativas de las instituciones en eficiencia energética

Esta mesa contó con la presencia de Pilar Pereda, del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid; Joan Herrera, Director General del IDAE y Luis Vega, Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, que refirieron las iniciativas de sus respectivos departamentos en materia de eficiencia energética y felicitaron a AFELMA por su continuidad, valor clave para obtener resultados a largo plazo en eficiencia energética.

Pilar Pereda explicó la apuesta del Ayuntamiento por el que todos los edificios nuevos (escuelas, viviendas municipales, etc.) fueran de energía positiva a partir de 2016, ya que su vida útil transcurrirá bajo el criterio más exigente que imponen las normas que se avecinan. No obstante, reconoció que el grueso de las actuaciones se llevan a cabo a través del Plan MADRE, en la «ciudad existente», cuyos objetivos son el reequilibrio territorial (para corregir las diferencias de hasta 7 años en la esperanza de vida entre distritos), la accesibilidad, evitar la vulnerabilidad y la soledad y reducir la contaminación y la mortalidad a ella asociada.

Indicó que entre 2016 y 2018 se cursaron más de 2.800 solicitudes de rehabilitación de edificios que afectan a más de 63.000 viviendas, de las cuales la eficiencia ha pasado de representar el 20% al 25%, suponiendo una reducción de 56.000 millones de T/año CO2.

Joan Herrera afirmó que estamos ante un cambio de época: «somos la primera generación que va a vivir el cambio climático y la última que puede evitar sus efectos», lo que plantea un reto moral y a la vez una oportunidad de país, ya que la dependencia energética de España (73%) es la más elevada del continente, por lo que «128 millones de euros al día salen para comprar carburantes».

Esta oportunidad apela a todos los sectores, entre ellos la edificación, porque el objetivo para 2030 es reducir en 15 puntos la dependencia, para lo que es preciso abordar la Transición Energética a través del ahorro y la eficiencia energética y del impulso de renovables, pero insistió, «lo digo por ese orden». Las fuentes para la financiar este reto son el Fondo Nacional de Eficiencia, el programa FEDER y el Plan Nacional de Vivienda.

Desgranó los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que entre 2020-2030 establece que la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas deberá aportar un ahorro del 31% de la energía final consumida; y que la rehabilitación del parque público debe superar el 3%, es decir, 3,7 millones de m2. Así mismo, avanzó que la nueva regulación del autoconsumo creará conciencia energética e impulsará otras actuaciones, como el aislamiento.

Por su parte, Luis Vega recalcó la unidad de criterio de la Administración porque es común el marco estratégico definido por la Ley de Cambio Climático, el modelo de transición y el PNIEC, respecto al que declaró asumibles sus cifras: reducción de 6 millones de toneladas de CO2 y de 10 Mega tep hasta 2030.

Insistió en dar prioridad a la eficiencia porque así se evitan necesidades de demanda energética que provocan consumos y, aunque para satisfacerla «la energía sea renovable, su generación, transporte?cuesta dinero». Más allá de la energía, dijo, «los edificios tienen sus propios objetivos como satisfacer la aspiración a una vivienda digna» para lo que hay que hacer las cuentas globales que superen «el enfoque economicista» (realizar solo intervenciones rentables) porque hay otros intangibles que hay que computar, como el empleo, la sostenibilidad, el confort?

No obstante, aclaró que, en rehabilitación, el marco regulatorio es secundario, siendo lo fundamental las ayudas y la sensibilización. En este sentido otorgó al CTE un papel de directriz que define hacia dónde vamos para que el sector se movilice y se llegue a intervenciones globales.

Mantuvo las previsiones para aprobar la modificación del DB HE en los seis primeros meses y esbozó sus principales líneas: huir de la segmentación de consumos porque se miden las necesidades energéticas globales del edificio y hay que «reducir todo»; y recuperación de la calidad de la envolvente, para evitar que sea un sumidero de energía al exterior, para lo que se han incrementado los valores respecto a la situación anterior, sobre todo en edificación existente, a la que se le pide lo que antes se pedía a la obra nueva, «pero siempre pensando que en muchos edificios los objetivos para edificios de nueva planta se pueden conseguir en existentes».

Las empresas asociadas a AFELMA hablan de acústica, seguridad y eficiencia energética

A continuación, tomaron la palabra Patrice Azais, un histórico de la asociación, que declaró sentirse orgulloso de todos los que han hecho posible estos 40 años. Definió a AFELMA como una organización de vanguardia que hablaba «de rehabilitación antes de la crisis de la construcción, de exigencias térmicas más intensas antes del EECN» o «de la contaminación acústica ya en 1998». Recordó la decisión estratégica de colaborar con los fabricantes de placa de yeso para realizar ensayos acústicos y ofrecer a los profesionales un Catálogo de Soluciones Acústicas y Térmicas para cumplir el CTE, al que calificó como «el mejor de Europa».

Nicolás Bermejo justificó la eficiencia energética «porque solo tenemos un planeta», con unos recursos y una capacidad de absorción de GEI limitada y recordó que «tenemos un compromiso como país de reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y un 60% en 2040».

Recurrió a las cifras macro para mostrar la necesidad de intensificar la estrategia de la eficiencia energética en España porque nuestra dependencia energética se sitúa en el 80%, frente al 54% de la UE y genera déficit en nuestra balanza Energética de 46.000 millones de euros. En 2018, España importó más de 67 Ktns de petróleo. «Cada vez que en España subimos la calefacción, nuestra riqueza disminuye» y supone un gran esfuerzo mantener las condiciones de confort para un hogar medio que consume unos 10.000 kWh, lo que conlleva a la aparición de situaciones de pobreza energética (6,8 millones de personas, según ACA).

Recordó, en el tramo final de su exposición, que el 25% del consumo energético europeo proviene de procesos industriales, carentes de una normativa que regule su eficiencia energética. Según el estudio Ecofys de EiiF en España, el potencial de ahorro en el sector industrial equivale al consumo energético de 1,2 millones de viviendas o a las emisiones de CO2 de 1,7 millones de coches.

Pedro Luis Fernández-Cano aportó la visión de AFELMA sobre la seguridad de las edificaciones en caso de incendio, reconociendo la mejora de las normativas desde el año 2000 y la ayuda que supusieron «las Euroclases como estándar para medir la reacción al fuego en toda Europa y su obligatoriedad para la consecución del Marcado CE», que permite comparar normativas nacionales y saber cómo estamos en cuestiones de seguridad. Aplicado a sucesos como el desgraciado incendio de Grenfell, ofrece un enorme conocimiento y experiencia para extraer conclusiones y cambios normativos. Abogó por que los países analicen las conclusiones y las asuman porque el siniestro podría haber ocurrido aquí mismo.

En la misma línea, solicitó aprovechar la experiencia de otros países sobre seguridad en caso de incendio en los sistemas de aislamiento por el exterior (Sate o fachadas ventiladas), que con la rehabilitación comienzan a ser populares en España. Aplicaciones «fantásticas por su ahorro energético, pero que plantean retos importantes a nivel de seguridad», ya que según el sistema y los materiales empleados, pueden ser muy seguros o poco seguros.

Finalmente reclamó una revisión del DB SI en línea con la Directiva EPBD que exige tener en cuenta la seguridad contra incendios en la rehabilitación porque la rehabilitación térmica no puede convertirse en un agravante del riesgo de incendio. Por último, insistió en que los usuarios deben conocer y exigir la información sobre reacción al fuego de los aislamientos que se instalan y cómo éstos les ayudan a protegerlos en caso de incendio.

Ramón Ros finalizó este apartado hablando sobre la importancia de la acústica en la calidad de vida. Se remontó a un anuncio de un socio fundador de AFELMA en 1976 que rezaba «Construir bien es aislar mejor». Lo que entonces era «predicar en el desierto hoy está en boca de todos». En esa misma década, señaló que «la Convención de Estocolmo (1972) reconocía que el ruido es uno de los agentes contaminantes más agresivos, tanto en las ciudades como en la industria».

Relacionó los múltiples efectos del ruido sobre la salud (alteraciones auditivas, estrés, irritabilidad, dolores de cabeza, etc.), destacando que el ser humano no descansa con un nivel de ruido superior a los 35 dB. Y refirió las innegables consecuencias económicas sobre el turismo de calidad, que es absolutamente incompatible con el ruido, el precio de los inmuebles, que pueden devaluarse un 50%, y el coste del tratamiento de las patologías del ruido para los sistemas sanitarios y para la productividad de las empresas. Una vez más, concluyó, «observamos como el binomio salud y edificación aparecen en la misma ecuación».

Todo esto le llevó a afirmar que «el ruido es el problema silencioso, no ocupa espacio en los medios. Está ahí, pero no se habla de él». Tal y como reflejaba en 2017 la Encuesta del INE sobre Condiciones de Vida, el ruido procedente de los vecinos o del exterior es un problema para el 15,1% del total nacional de hogares, es decir, 2.790.000 hogares tienen problemas de ruido.

Reclamó una revisión más exigente del DB HR, ya que nuestras normas acústicas son de las más laxas de Europa. Además, solicitó condicionar la entrega de la cédula de habitabilidad a la comprobación de la norma acústica por medio de mediciones in situ; e incrementar la información del usuario por medio de una certificación acústica a semejanza de la certificación energética.

Los retos de la edificación según organizaciones sociales y profesionales

José Luis López, Director de ACA-Asociación de Ciencias Ambientales, definió la pobreza energética como un «sobreesfuerzo o capacidad de pago de la factura energética» (gastos de climatización, iluminación, cocina, consumo del agua caliente sanitaria, etc.). Su origen es el incremento de precios de los suministros (el tercero mayor de la UE28 en electricidad y el primero en gas natural) y el estado de la edificación, responsable del 17% del consumo final de energía y del 25% de CO2.

En 2016, un 29% de la población (13,2 millones de personas) padecía gastos energéticos desproporcionadamente altos según ingresos. Para corregir esta situación, propuso, entre otras medidas, «elaborar una estrategia estatal de protección de los derechos energéticos de los ciudadanos y priorizar enfoques estructurales (abordar problemas desde la raíz, precios, edificación, etc.)

Por su parte, Carmen Rodríguez, presidenta de Adeces, Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales, defendió que el ciudadano tiene que ser el beneficiario de la edificación. Criticó la poca exigencia del anterior DB HE que permitió que llegasen miles de viviendas al mercado con condiciones térmicas muy mejorables y la nueva propuesta porque, indicó, sigue derrochando la «ventaja del clima y consumiendo lo que no tenemos y contaminando lo esencial».

Reivindicó una actualización del DB HE que explicite el nivel de consumo energético para que una edificación sea de verdad EECN, evitando equiparar este estándar con cumplir el DB HE. «No podemos hacernos trampas al solitario», señaló. Además, reclamó un intenso plan de rehabilitación y una edificación que tenga en cuenta nuevos parámetros como accesibilidad, calidad del aire, aprovechamiento del agua, etc. y seguridad, ante la «devaluación imprudente» del DB SI.

Penélope González, de la junta Directiva de Aecor (Asociación Española para la Calidad Acústica), comenzó por denunciar el olvido de la acústica en la edificación, a pesar de sus consecuencias en la salud y en el confort. Reivindicó un incremento de las exigencias del DB HR, porque incluso con edificios construidos bajo la norma las encuestas de percepción señalan que la calidad acústica no es todo lo buena que debería ser; y una certificación acústica que permita «ver el punto en que nos encontramos». También recordó lo importante que es proyectar «bien» para evitar problemas acústicos. Por último, señaló otros campos de atención como la acústica medioambiental y la acústica en la industria.

Carlos Rodero, presidente del Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva de Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios, inició su exposición señalando las dos grandes misiones de la asociación: detección temprana de un incendio para que pueda apagarse con medios locales y organizar vías de evacuación seguras, porque la experiencia demuestra «que cada vez los bomberos tienen menos tiempo para llegar antes del Flash Over», ya que la carga de fuego de los edificios han subido mucho y los materiales son muy combustibles.

Más que por los retos prefirió preguntarse por lo que está ocurriendo e ilustró a la audiencia con ejemplos reales de mala ejecución para sentenciar «en construcción todo lo que no se ve y no se controla es perfecto. Lo malo es cuando lo miras». Denunció la ausencia de control y la falta de protocolos correctos, como se ha podido ver en Grenfell, que puso el punto sobre la i.

La construcción, finalizó, «ha mejorado muchísimo, pero tiene que mejorar mucho más y esto se hace buscando los detalles». Por ello propuso como soluciones partir del control: la calificación de instaladores, el control de la ejecución, el uso adecuado de los productos, el mantenimiento, y asegurar las prestaciones durante toda la vida útil.

Misión, nueva web y reconocimiento

Durante el acto de los 40 años, Oscar del Río recibió la entrega de una placa conmemorativa de manos de Paloma García, de UNE, Asociación Española de Normalización, en reconocimiento al compromiso de AFELMA con la normalización y su participación en los distintos órganos técnicos y en su Junta Directiva.

También se mostró la nueva web de la asociación, afelma.org, y se proyectó un vídeo con los valores de la asociación.

Ante las críticas, Passivhaus responde

Una construcción Passivhaus es un producto definido claramente, distintivo y consolidado, que aporta numerosos beneficios para el consumidor y para el medio ambiente. Sin embargo, y como sucede en otros campos, este estándar también cuenta con sus detractores.

El principal argumento de aquellos que critican el estándar es la cuestión del sobrecoste. Es un tema recurrente al que se enfrentan cada día los proyectistas, técnicos, proveedores y gremios que trabajan con el estándar Passivhaus. Sin embargo, la respuesta es clara: debemos entender el sobrecoste como una inversión, ya que se recupera con el ahorro energético obtenido en los primeros años de uso del edificio.

De hecho, en la inmensa mayoría de proyectos de edificios Passivhaus se realiza el estudio económico de amortización de las medidas de eficiencia energética y su retorno, sobre todo en el caso de rehabilitaciones, proponiendo y ejecutando solo aquello que sea técnicamente viable y económicamente amortizable. Además, existen ejemplos construidos en España en los que el sobrecoste es prácticamente nulo gracias a un buen diseño de partida y a una visión de manera integral.

Otro argumento al que recurren los detractores del estándar es la sostenibilidad pues dudan de que estos edificios lo sean. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque las construcciones Passivhaus se centran de modo exclusivo en el consumo energético y en el confort, no están reñidas con la sostenibilidad. Por eso dependerá de la sensibilidad medioambiental que tenga cada promotor el incorporar más o menos aspectos de sostenibilidad a su edificio siendo, de hecho, totalmente complementarios y recomendables.

En cualquier caso, tiene sentido que en la búsqueda de la sostenibilidad empecemos por reducir al máximo el consumo energético en fase de uso, reduciendo a su vez la mayor parte de las emisiones que producen los edificios durante su ciclo completo y que incorporemos materiales con huella de carbono mínima o nula.

Algunos críticos con el estándar dicen que se trata de un potentísimo lobby alemán, pero ante eso solo puedo decir que es falso. Aunque el estándar tenga su origen en Alemania aquí en España la Plataforma de Edificación Passivhaus trabaja en adaptar los requerimientos del Passivhaus alemán a las condiciones españolas y como estándar lo único que exige son las prestaciones que debe conseguir el edificio tal y como lo hace, por ejemplo, el código técnico de la edificación. Además, a la hora de construir un edificio Passivhaus podemos adquirir todos los materiales necesarios en suministradores españoles y emplear mano de obra local, sin tener que emplear ni un solo material de origen alemán.

Algunos aseguran que con la actualización del CTE cualquier edificio que lo cumpla ya se puede considerar un Edificio de Consumo casi Nulo. Sin duda esta medida regulatoria es un avance en construcción energéticamente eficiente, pero con Passivhaus se va mucho más allá y responde claramente a la Directiva Europea 2010/31.

También nos hemos encontrado desde PEP numerosos pliegos para licitaciones que recogen especificaciones coincidentes con los requisitos del estándar Passivhaus para alta eficiencia energética, en busca del mayor ahorro posible sin renunciar a un alto confort interior. Un hecho que garantiza el cumplimiento de las directivas europeas y, sin embargo, algunos de estos pliegos han recibido recursos por diferentes grupos del sector. Una situación que nos sorprende ya que cuando se exigen certificaciones de sostenibilidad como LEED o BREAAM, no se recurre. Ante esta situación, animamos a todos los implicados en el sector de la construcción a que den un paso hacia adelante y asuman los requisitos comunitarios porque, sin duda, contribuirá a una mejor edificación en nuestro país.

El estándar Passivhaus no es la única solución para hacer nuestras ciudades más eficientes, pero sí contribuye en gran medida a ello. Por eso, no comprendemos por qué aún quedan voces contrarias a este estándar que lo único que hace es ayudar a que vivamos en edificios energéticamente eficientes que responden a la normativa comunitaria. Esperamos que con el tiempo y la colaboración de las administraciones estas posturas contrarias al estándar Passivhaus vayan cambiando hacia una posición más favorable.

Castilla-La Mancha actualiza el ‘Libro del Edificio’ con empresarios, arquitectos y aparejadores

La consejera de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha firmado un convenio de colaboración con los empresarios, arquitectos y aparejadores para la actualización del denominado ‘Libro del Edificio’, un documento que se rige por el Decreto 81/2007 y que se firma por primera vez, respondiendo a la demanda del sector, con objeto de su actualización y para que se «convierta en una herramienta de utilidad para los profesionales», como ha indicado.

En la firma, en la que han participado el decano del Colegio Oficial de Arquitectos (COACM) de Castilla-La Mancha, Eusebio García Coronado; el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (COAATIE), Aarón Sanz Redondo; el vicepresidente de la Federación Regional de Empresas de la Construcción de Castilla-La Mancha (FERECO), Manuel Carmona Roldán; también ha estado presente el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo.

El Libro del Edificio, es el conjunto de documentos gráficos y escritos que constituyen el archivo y registro del historial e incidencias técnicas, jurídicas y administrativas de un edificio, una vez que ha finalizado la obra, con las incorporaciones de las modificaciones aprobadas. A la que además se le suma el acta de recepción, la relación de agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio e instalaciones.

Un documento fundamental que permite poner a disposición del propietario de una vivienda o de la comunidad de propietarios de un edificio, toda la información, datos relevantes e instrucciones necesarias para, entre otras cosas más, el uso adecuado de los espacios de éste.

Este documento es obligatorio para los edificios, por lo que la consejera ha agradecido a los firmantes su disposición a trabajar de la mano de la Administración regional con el objeto de hacer los trámites más sencillos, ágiles y útiles de cara a profesionales y usuarios «y que necesita de una debida actualización para adecuarse a la nueva realidad del sector» y también a las exigencias de la nueva normativa surgida desde dicha fecha como es la relativa al Código Técnico de la Edificación (CTE).

Aplicación informática para implantar su aplicación

Además, como ha quedado de manifiesto durante la firma, una vez realizada dicha actualización de contenidos, se desarrollará una aplicación informática a efectos de facilitar y homogeneizar la redacción de este instrumento.

«Se trata de que, entre todos los agentes implicados en el sector, hagamos más fáciles los trámites que marca la normativa en esta materia, y para ello contar con los profesionales que serán los encargados de la revisión de la misma», ha indicado García Élez.

Así ha recordado que ya se ha colaborado en otros asuntos, tanto de índole normativo como de aplicación de los diversos instrumentos en materia de vivienda, como el reciente convenio también suscrito con estos colegios profesionales para la realización de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) en viviendas de esta Consejería y que se ha desarrollado ya en La Gineta y Tarazona de la Mancha (Albacete), Molina de Aragón (Guadalajara) y Manzanares (Ciudad Real).

En palabras de la consejera «es fundamental contar siempre que lo necesitamos con la colaboración estrecha de los profesionales de esta área, porque nos da la garantía de que las actualizaciones de la normativa, su supervisión y análisis, siempre se hará con el máximo rigor para adecuarnos a la normativa vigente».

Cataluña limitará el precio del alquiler y alargará los contratos entre seis y diez años

La duración mínima de los alquileres de viviendas en Cataluña se situará entre los seis y los diez años. Esta es el objetivo con que trabaja el Departamento de Justicia, que prepara un proyecto de ley para regular los arrendamientos de viviendas a través del Código Civil de Cataluña.

El Gobierno estudia la posibilidad que la nueva norma establezca condiciones diferentes para los particulares y para las sociedades dedicadas al negocio inmobiliario. En el caso del alquiler de un inmueble de un arrendador particular, la duración mínima del contrato será probablemente inferior a la de los pisos o casas que pertenezcan a sociedades mercantiles.

El proyecto de ley también facultará el departamento competente en materia de vivienda porque pueda limitar el precio del alquiler, ya sea directamente o donante a los ayuntamientos la capacidad para hacerlo.

Además de la ampliación de la duración mínima del contrato de alquiler y de la limitación de los precios, la nueva ley incluirá un amplio paquete de medidas porque el arrendamiento de inmuebles se haga con mejores garantías tanto para los locatarios como para los propietarios.

Estabilizar el mercado y evitar los abusos

El objetivo de esta norma es ejercer la competencia exclusiva en materia de derecho civil para contribuir al acceso a la vivienda y hacerlo compatible con los servicios turísticos y la actividad de las sociedades dedicadas al negocio inmobiliario.

Se trata de evitar abusos como el aumento desproporcionado del coste del alquiler al jefe de solo tres años de contrato, que contribuyen a la expulsión del vecindario y al uso no residencial de los inmuebles. La estabilización del mercado tiene que servir para reducir la diferencia entre el incremento acelerado del precio del alquiler y el estancamiento de los salarios.

El precio del alquiler a Barcelona aumenta un 38% en solo 5 años

En el conjunto de Cataluña, el precio mediano del alquiler ha crecido un 29% en los últimos 5 años. En cifras, significa que ya ha llegado a los 698 €, 160 € más que el 2013. Esto significa que el precio del alquiler ya ha superado el nivel previo al estallido de la crisis.

El incremento general se ha acentuado especialmente a Barcelona, donde el precio mediano de un piso de alquiler de 72 metros cuadrados es actualmente de 949 euros, según el Incasol. Se trata de un 38% más que hace 5 años. Es decir, de un incremento mediano de cerca de 270 euros por piso.

Este fenómeno también se ha trasladado a los municipios del ámbito metropolitano y de su entorno. El aumento interanual de los precios del alquiler entre el 2017 y el 2018 es especialmente significativo a municipios como Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Sant Andreu de la Barca (+11%), Ripollet (12,7%), el Papiol (+22%) o Sant Just Desvern (+39%).

La duración mínima de los alquileres fue de 5 años hasta el 2013, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Arrendamientos urbanos (LAU).

Con esta modificación, los contratos quedaron reducidos a los 3 años. A finales de diciembre, el Gobierno español aprobó un Real decreto ley que volvía a ampliar la duración mínima de los contratos, pero se limitaba a recuperar los 5 años anteriores a la reforma del 2013 y tampoco contemplaba la limitación de los precios.

El Congreso tumbó el Real Decreto al jefe de un mes y todas las iniciativas que incluía quedaron anuladas. El pasado viernes, el gobierno español recuperó la iniciativa, aprobada de nuevo y pendiente de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso.

El derecho civil catalán ya regula una parte de los arrendamientos

En Cataluña, solo se aplica el derecho civil español subsidiariamente; es decir, en los casos que no están previstos ni resueltos por el Código civil de Cataluña, que es la norma de aplicación principal. Como que, hasta ahora, el Parlamento de Cataluña no había regulado el arrendamiento de fincas urbanas, el marco de referencia actual es la LAU.

El proyecto de ley que prepara el Departamento de Justicia incorporará la regulación del alquiler de viviendas al libro sexto del Código civil de Cataluña, dedicado a las obligaciones y los contratos, y que ya establece las normas relativas en la compraventa y a los arrendamientos rústicos, con finalidad de preservación del patrimonio natural.

Debate en el Parlamento a finales de año

El Departamento de Justicia prevé que llevará la memoria preliminar de la ley al Gobierno este mes de abril y que el Consejo Ejecutivo podría llevar la norma al Parlamento a finales de año.

Mientras avanza la redacción del proyecto, la Consellería fomentará la máxima participación de la ciudadanía, el mundo asociativo y las instituciones vinculadas a la materia para recoger la sensibilidad y la preocupación tanto de los propietarios como de los locatarios.

Una regulación del alquiler avalada por los expertos juristas de la Comisión de Codificación

Los trabajos de redacción del proyecto de ley van a cargo de la Comisión de Codificación de Cataluña, que es la encargada de diseñar, desarrollar y revisar el derecho civil propio de Cataluña.

Todas las leyes que conforman el Código civil de Cataluña han sido aprobadas a partir de las propuestas hechas por la Comisión de Codificación, que está formada por expertos juristas, como por ejemplo académicos, notarios, registradores y abogados de reconocido prestigio. La presidenta de este órgano colegiado y paritario es la consejera de Justicia, y el vicepresidente es el director general de Derecho y de Entidades Jurídicas.

Las propuestas de la Comisión de Codificación las revisa el Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, otro órgano asesor del Departamento integrado por los representantes de las principales instituciones jurídicas y por un experto designado por cada uno de los grupos parlamentarios.

La Reforma del Mercado de Alquiler subirá una media de un 5% la renta de alquiler 

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) estima que con la aprobación en el último Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de Reforma del Mercado de Alquiler la renta de alquiler subirá una media de un 5%, un porcentaje que se elevará en cinco puntos (un 10%) en las zonas más demandadas como Madrid, Barcelona y Valencia.

Desde FAI, aseguran que el nuevo decreto, que ha entrado en vigor hoy miércoles 6 de marzo, ha generado gran sorpresa y perplejidad en el sector inmobiliario, por tratarse de una actuación legislativa improvisada y al margen de un debate político y parlamentario imprescindible. A su juicio, la propuesta legislativa del Gobierno «necesariamente debe de enriquecerse con las aportaciones del resto de partidos políticos dirigidos a alcanzar el máximo consenso posible».

En este sentido, remarcan que «por desgracia, una iniciativa legislativa que lo que pretendía era estabilizar los precios y mejorar las condiciones de accesibilidad de los inquilinos al mercado del alquiler, puede terminar provocando el efecto contrario». La supuesta protección del inquilino, eliminando garantías supuestamente abusivas, puede terminar por expulsar del mercado del alquiler a los colectivos y economías más desfavorecidas, señalan desde FAI. De hecho, según sus cálculos y estimaciones, 2 de cada 10 inquilinos potenciales, el 15%, quedarán fuera del mercado de alquiler, debido a la limitación de garantías.

En esta misma línea, argumentan que, hasta el momento, el segmento de la población que carecía de una estabilidad laboral, pero que era capaz de asumir un compromiso de un contrato de alquiler, establecía garantías complementarias de común acuerdo con el propietario mediante avales bancarios, depósitos monetarios adicionales o la figura del fiador solidario. Con ello, insisten, la ausencia de un contrato laboral permitía cubrirla con otros procedimientos y garantías alternativas.

En este contexto, subrayan que si el Real Decreto entra en vigor y la Diputación Permanente lo convalida durante las próximas semanas, se puede producir el efecto contradictorio y negativo para estos potenciales inquilinos, habida cuenta de que ninguna de estas garantías se van a poder utilizar. «De ahí que los arrendadores prefieran evitar alquilar sus viviendas a este tipo de colectivos», remarcan.

Asimismo, desde la federación insisten y argumentan en que, en el caso de que el arrendador pretenda ampliar las garantías del alquiler de sus inmuebles, mediante la contratación de algún seguro, probablemente repercutirá el sobrecoste en los precios del alquiler, lo que provocará «el aumento del precio medio del arrendamiento». .

Por otro lado, aseguran que si se tiene en cuenta la ampliación de la obligación del contrato de alquiler hasta los 5 años, y a los 7, en el caso de que sea una entidad jurídica el arrendador, y que la actualización de los precios este limitada al IPC durante todo el periodo de contrato, habrá un incremento de las rentas de partida del contrato de alquiler «para compensar y anticipar la pérdida de rentabilidad que se va a producir a lo largo de los años».

Al respecto, y en cuanto a la imposibilidad de facturar sus servicios al inquilino cuando el arrendador sea persona jurídica, los agentes inmobiliarios de FAI consideran que es una medida «dudosamente legal, absurda e intervencionista sin precedente en un entorno de libre competencia, como el que se promueve desde la Unión Europea».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Federación de Asociaciones inmobiliarias de España insta a los grupos parlamentarios a reflexionar. «La Diputación Permanente no puede ser el foro que resuelva todas las dudas existentes sobre cuáles son las medidas más eficaces para estabilizar el mercado del alquiler inmobiliario y sus precios y, al mismo tiempo, incrementar el parque de viviendas de alquiler existentes en el mercado, como principal factor para garantizar la contención de los precios».

En este sentido, la asociación sectorial reclama a los partidos políticos la rigurosa tramitación como un proyecto de ley de la reforma para abordar la problemática del mercado de alquiler, que evite la tramitación precipitada en el último minuto de la legislatura y acudiendo a un procedimiento tan extraordinario como la aprobación por Diputación Permanente. «Esto sólo va a provocar un efecto contrario al perseguido por todos y de consecuencias muy negativas para los ciudadanos».

Inbest formaliza la adquisición a El Corte Inglés de un activo inmobiliario en Valencia

Inbest Real Estate, gestora especializada en activos inmobiliarios retail y operaciones value added, ha formalizado la adquisición del activo perteneciente a El Corte Inglés en la calle Colón, en Valencia. Esta transacción se engloba en el acuerdo alcanzado con El Corte Inglés el pasado mes de agosto, a quien Inbest también compró los activos de Gran Vía, 20 (Bilbao) y de Princesa, 41 (Madrid). El valor total de los tres activos alcanzó los 184 millones de euros.

El activo de Colón incluye más de 7.600 m2 de superficie comercial, 84 plazas de aparcamiento y un edificio de oficinas de más de 1.800 m2 en el mejor tramo de uno de los principales ejes comerciales de la ciudad.

Estos activos adquiridos a El Corte Inglés se suman así a los 15.000 m2 comerciales que Inbest gestiona en el Edificio España, situado en Plaza de España (Madrid). Esta transacción, que se formalizó por 160 millones de euros con la familia Riu el pasado mes de enero, está despertando un gran interés entre operadores del sector textil y restauración, principalmente, que ven en el activo una oportunidad única para diseñar locales representativos en la que se convertirá en la nueva zona de referencia del retail madrileño.

El objetivo del acuerdo entre Riu e Inbest es añadir valor a un activo emblemático para la capital, fomentando las sinergias con la actividad hotelera y ayudando a potenciar comercialmente el entorno. Para ello, Inbest aportará su know how único y su estrecha relación con operadores de primer nivel.

Sólido avance en la estrategia

En tan solo un año desde su lanzamiento, Inbest ha formado un portfolio de más de 350 millones de euros de volumen de inversión con activos emblemáticos ubicados en los principales tramos comerciales de ciudades como Madrid, Bilbao y Valencia, convirtiéndose en uno de los players de referencia en el segmento de High Street.

Inbest consolida así su estrategia de inversión «value added» con un doble objetivo, la creación de flagships para los principales operadores nacionales e internacionales y la generación de urban hubs para dar respuesta a las necesidades logísticas de estos operadores en la última milla.

La gestora, que tiene previsto cerrar el proceso de fund raising antes de verano, saldrá a cotizar con 5 SOCIMIS durante el segundo semestre de 2019 y sigue analizando de manera selectiva nuevas oportunidades que cumplan con sus criterios de inversión.

La AEA considera que la construcción Passivhaus no es sinónimo de sostenibilidad 

En un momento en el que el sector de la construcción afronta un proceso de cambio y diferentes adaptaciones con la actualización en ciernes, por ejemplo, del Código Técnico de la Edificación (CTE), la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), que representa a más de 600 empresas del sector, recuerda e insiste en sus reservas frente al concepto Passivhaus, cada vez más en boga.

Armando Mateos, Presidente de la Asociación, aclara en primer lugar que, «lejos de la concepción que se tiene en la actualidad sobre el concepto, Passivhaus no es un estándar constructivo. Es un potentísimo consorcio comercial con origen alemán; un extraordinario trabajo de lobby de laboratorios y productos de construcción».

La AEA considera que esta confusión entre un estándar constructivo y un consorcio de marcas comerciales está calando hasta tal punto en la sociedad y entre todos los agentes y organismos de la industria, que algunas administraciones muestran la intención de imponerla como condición para obtener determinados planes Renove u otras iniciativas de mejora energética del parque de edificios. Y esto, enfatiza Mateos, «además de no ser ético ni coherente, es ilegal». En este sentido, la Asociación recuerda que las directivas de las administraciones no pueden imponer marcas comerciales y, en palabras del Presidente, «cualquier edificio que cumpla el CTE 2018 ya puede considerarse un edificio de consumo casi nulo, con lo que el Passivhaus es un sobrecoste redundante para la construcción que, en algunos casos, llega a suponer hasta un 30% extra por costes de producción y materiales».

Así mismo, la AEA quiere manifestar que, a su entender, el concepto de sostenibilidad que promueve el Passivhaus puede ponerse en entredicho. «Una construcción Passivhaus es garantía de una vivienda muy eficiente, sí, pero sólo eso. No significa que sea sostenible», añade Mateos. De hecho, la Asociación alerta de que muchos de los materiales certificados Passivhaus no tienen, por ejemplo, un buen comportamiento frente al fuego, como el plástico (PVC), que tan a la orden del día está en este tipo de construcciones y que tanto perjudica al medio ambiente. A esto se añade, además, que muchos de esos mismos materiales tienen una difícil o nula tasa de reciclabilidad, algo realmente esencial en las estrategias de la Economía Circular, que no hacen sino impulsarnos a caminar hacia un sistema económico y social eficiente en cuanto al uso de todos nuestros recursos.

En definitiva, se trata de apoyar, entre todos, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y mirar hacia un futuro en el que, a todos los niveles, el cuidado del medio ambiente juega un papel crucial. «Y en esto», remata el Presidente de la AEA, «el concepto Passivehaus colabora menos de lo que se cree desde muchos sectores y organismos».

La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). La AEA es una asociación sin ánimo de lucro que desempeña la adecuada representación de la industria española del aluminio -desde empresas de extrusión, hasta de tratamientos de superficies y distribución- y que vela por la defensa de sus intereses globales. La Asociación representa a unas 650 empresas que dan empleo a más de 8.000 trabajadores de forma directa.

Acerca de ka AEA

La AEA trabaja para dejar claro el compromiso de esta industria con la calidad, promoviendo la implantación en España de las más exigentes marcas de calidad europeas, el conocimiento en nuestro país de las ventajas que supone la utilización de productos de aluminio y el desarrollo industrial sostenible en sus distintos aspectos: medioambiental, económico y social.

Por ello, la AEA representa y gestiona diversas Marcas y Sellos de Calidad relacionados con el tratamiento de superficies como Licenciataria General para España de las Marcas de Calidad internacionales QUALANOD, QUALICOAT, QUALIDECO y QUALISTEELCOAT y proporciona a sus asociados las tareas de supervisión y gestión de todos los aspectos relacionados con ellas.

Asimismo, la Asociación participa en varios Comités de AENOR relacionados con la normalización y certificación en España; forma parte de CONFEMETAL, ATESMEL y el Green Building Council España y, a nivel internacional, es miembro de la European Association for Surface Treatment on Aluminium (ESTAL).