La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) estima que con la aprobación en el último Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de Reforma del Mercado de Alquiler la renta de alquiler subirá una media de un 5%, un porcentaje que se elevará en cinco puntos (un 10%) en las zonas más demandadas como Madrid, Barcelona y Valencia.
Desde FAI, aseguran que el nuevo decreto, que ha entrado en vigor hoy miércoles 6 de marzo, ha generado gran sorpresa y perplejidad en el sector inmobiliario, por tratarse de una actuación legislativa improvisada y al margen de un debate político y parlamentario imprescindible. A su juicio, la propuesta legislativa del Gobierno «necesariamente debe de enriquecerse con las aportaciones del resto de partidos políticos dirigidos a alcanzar el máximo consenso posible».
En este sentido, remarcan que «por desgracia, una iniciativa legislativa que lo que pretendía era estabilizar los precios y mejorar las condiciones de accesibilidad de los inquilinos al mercado del alquiler, puede terminar provocando el efecto contrario». La supuesta protección del inquilino, eliminando garantías supuestamente abusivas, puede terminar por expulsar del mercado del alquiler a los colectivos y economías más desfavorecidas, señalan desde FAI. De hecho, según sus cálculos y estimaciones, 2 de cada 10 inquilinos potenciales, el 15%, quedarán fuera del mercado de alquiler, debido a la limitación de garantías.
En esta misma línea, argumentan que, hasta el momento, el segmento de la población que carecía de una estabilidad laboral, pero que era capaz de asumir un compromiso de un contrato de alquiler, establecía garantías complementarias de común acuerdo con el propietario mediante avales bancarios, depósitos monetarios adicionales o la figura del fiador solidario. Con ello, insisten, la ausencia de un contrato laboral permitía cubrirla con otros procedimientos y garantías alternativas.
En este contexto, subrayan que si el Real Decreto entra en vigor y la Diputación Permanente lo convalida durante las próximas semanas, se puede producir el efecto contradictorio y negativo para estos potenciales inquilinos, habida cuenta de que ninguna de estas garantías se van a poder utilizar. «De ahí que los arrendadores prefieran evitar alquilar sus viviendas a este tipo de colectivos», remarcan.
Asimismo, desde la federación insisten y argumentan en que, en el caso de que el arrendador pretenda ampliar las garantías del alquiler de sus inmuebles, mediante la contratación de algún seguro, probablemente repercutirá el sobrecoste en los precios del alquiler, lo que provocará «el aumento del precio medio del arrendamiento». .
Por otro lado, aseguran que si se tiene en cuenta la ampliación de la obligación del contrato de alquiler hasta los 5 años, y a los 7, en el caso de que sea una entidad jurídica el arrendador, y que la actualización de los precios este limitada al IPC durante todo el periodo de contrato, habrá un incremento de las rentas de partida del contrato de alquiler «para compensar y anticipar la pérdida de rentabilidad que se va a producir a lo largo de los años».
Al respecto, y en cuanto a la imposibilidad de facturar sus servicios al inquilino cuando el arrendador sea persona jurídica, los agentes inmobiliarios de FAI consideran que es una medida «dudosamente legal, absurda e intervencionista sin precedente en un entorno de libre competencia, como el que se promueve desde la Unión Europea».
Teniendo en cuenta lo anterior, la Federación de Asociaciones inmobiliarias de España insta a los grupos parlamentarios a reflexionar. «La Diputación Permanente no puede ser el foro que resuelva todas las dudas existentes sobre cuáles son las medidas más eficaces para estabilizar el mercado del alquiler inmobiliario y sus precios y, al mismo tiempo, incrementar el parque de viviendas de alquiler existentes en el mercado, como principal factor para garantizar la contención de los precios».
En este sentido, la asociación sectorial reclama a los partidos políticos la rigurosa tramitación como un proyecto de ley de la reforma para abordar la problemática del mercado de alquiler, que evite la tramitación precipitada en el último minuto de la legislatura y acudiendo a un procedimiento tan extraordinario como la aprobación por Diputación Permanente. «Esto sólo va a provocar un efecto contrario al perseguido por todos y de consecuencias muy negativas para los ciudadanos».
