La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha explicado en un desayuno informativo bajo el título ‘Andalucía y un nuevo Urbanismo’, que los objetivos fundamentales de su departamento son garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, poner en marcha actuaciones que sean «sostenibles ambiental, económica y socialmente» y que la legislación urbanística se base en «reglas de juego claras y sencillas».

«No se trata de desregularizar sino de aclarar, simplificar y armonizar la normativa», ha puntualizado para añadir que otros ejes de trabajo de su equipo son dar seguridad jurídica, aumentar y deslindar las competencias municipales y coordinar la actuación de todas las administraciones implicadas.

La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz inició el pasado 5 de marzo los trabajos para poner en marcha un paquete de medidas que permitan agilizar los trámites urbanísticos y de ordenación del territorio para propiciar la simplificación de los procedimientos y trámites administrativos en esta materia, con acciones concretas, reales y factibles.

Desde entonces, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha aprobado cuatro instrucciones con ocho medidas para aclarar, agilizar y reducir la maraña normativa existente.

La primera instrucción facilita la resolución de las deficiencias que motiven la suspensión del proceso de aprobación de los planes o que la condicionen, permitiendo crear una mesa de trabajo con el ayuntamiento afectado.

Eso está agilizando ya la puesta en marcha de todos los planes, ya que esa mesa de trabajo fijará un calendario en el que se concretarán los plazos para llevar a cabo esas modificaciones o cumplimiento de las condiciones.

En relación a la segunda instrucción, acorta de un mes a diez días hábiles el plazo que tiene la Junta para admitir a trámite los planes generales.

La semana pasada se aprobó la tercera instrucción por la que se suprimen las aprobaciones provisionales en planes parciales y en las modificaciones no estructurales de los PGOU, una medida que, como mínimo, acorta dos meses la tramitación.

Y se ha aprobado una nueva instrucción que descarga de contenido innecesario los planes generales, eliminando todos los detalles que corresponden a los planes de desarrollo posterior con la finalidad de la simplificación y la flexibilidad.

«Una buena ordenación urbanística puede hacer mucho por el futuro de Andalucía», ha defendido la consejera tras lamentar el «fracaso» de las políticas urbanísticas de los anteriores gobiernos.

«La maraña legal, el ‘laberinto del urbanismo andaluz’ como se ha denominado, significa que en la actualidad, cualquier intervención sobre el territorio debe atenerse a lo dispuesto en 235 textos legales en vigor, 151 autonómicos y otros 84 estatales entre leyes, reales decretos, decretos leyes, decretos, órdenes y resoluciones. Ejemplo de ello es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOUA, ley farragosa, compleja y contradictoria que ha sido modificada 11 veces», ha criticado la consejera.

«El resultado de ello -ha manifestado- fue que la tramitación de muchos PGOU se ha eternizado. Hoy la media para aprobar un plan general ronda los ocho años y hay en torno a 300 planes urbanísticos de todo tipo atascados, 300 municipios que siguen a la espera de la autorización para poner en marcha iniciativas que pueden suponer más viviendas, más parques, más industrias y más empleo».

La consejera ha aprovechado para comunicar que el Ayuntamiento de Sevilla va a encontrar la máxima colaboración con la Consejería para la revisión parcial del PGOU, «cuestión especialmente importante para el futuro desarrollo de la capital hispalense», y también ha informado de que se han levantado las suspensiones que pesaban sobre los planes generales de Quesada, en Jaén, y Algámitas y La Puebla de Cazalla, en Sevilla.

«Hay mucho por hacer. Sólo en la provincia de Sevilla hay 18 municipios con sus planes urbanísticos en punto muerto por la inacción de anteriores gobiernos, pero nos hemos puesto a trabajar para solventar situaciones que nos parecen inconcebibles».

Según Carazo, la «maraña administrativa y legislativa» ha tenido también otra consecuencia palpable: la falta de soluciones a las viviendas irregulares en suelo no urbanizable. «Se estima que hay en torno a 300.000 viviendas alegales distribuidas por toda Andalucía que los sucesivos gobiernos socialistas no han sido capaces de solventar tras numerosos anuncios».

Ante esta situación, ha anunciado que se va a ampliar la posibilidad de acceder al Fuera de Ordenación (AFO). Más viviendas podrán, por tanto, contar con agua, luz y saneamiento. «Vamos a permitir el acceso de esos propietarios al régimen de asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), permitiendo el acceso, siempre que se cumplan todas las garantías legales, al Registro de la Propiedad y a los servicios mínimos necesarios si bien adoptando las medidas correctoras precisas para minimizar el impacto ambiental de esas actuaciones en los casos en los que los gobiernos anteriores no resolvieron como son los asentamientos en suelo no urbanizable, las actuaciones irregulares en suelo urbanizable y urbano no consolidado», ha detallado la consejera.

Durante el desayuno, Carazo también ha remarcado que se trabaja ya en la evaluación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y en la aprobación de la nueva Ley del Suelo, que perseguirá facilitar la tramitación urbanística y la inversión, generando empleo en la comunidad bajo los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.