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Las casas turísticas andaluzas alojaron 4,4 millones de viajeros en 2018

Alrededor de 4,4 millones de viajeros se alojaron durante 2018 en viviendas turísticas de Andalucía, lo que supone el 14% del total de turistas que recibió la región en el pasado año, según un informe de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Este estudio refleja una serie de aspectos diferenciadores entre el cliente de este tipo de alojamiento y el hotelero.

Así, partiendo de los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, se detecta que se trata de un turista más joven, ya que el 30% tienen menos de 30 años y sólo el 10% más de 65, cuando en el caso de los alojamientos hoteleros ambas franjas de edad rondan una cuota del 20%.

Las familias son el grupo con una mayor representatividad en esta tipología, con un 40% del total de clientes alojados. Por su parte, los viajeros con niños suman el 20% de los turistas en hoteles, mientras que las parejas acaparan una cuota de alrededor del 60%.

Este perfil del viajero también se caracteriza por un alto grado de organización particular, que asciende al 94%, mientras que en los turistas hoteleros supone el 71%; así como por dedicar más tiempo a compras, disfrute de la playa, deportes o naturaleza, y menos, en relación a los alojados en hoteles, a la cultura o los congresos.

El mercado nacional tiene mayor peso, cerca del 60% en el caso de las viviendas frente al 52%en hoteles, y se muestra una elevada estacionalidad, con una concentración en el tercer trimestre de casi el 40%. La estancia media en el destino casi se duplica (10,2 días frente a 5,7), pero el gasto medio diario es más reducido (60 euros frente a 69).

Las plazas en viviendas turísticas de la comunidad suponen en torno al 32% del total de la oferta de alojamientos de Andalucía. La mayor parte se concentra en la provincia de Málaga (58%) y Cádiz (13%), acaparando el litoral de la región un 80% de la capacidad de alojamiento.

Análisis de la demanda

Andalucía Lab celebró recientemente una jornada, con la asistencia de unos 70 profesionales, dirigida a propietarios y gestores de viviendas con fines turísticos, con el objetivo de analizar el comportamiento de la demanda de este tipo de alojamientos, de modo que puedan adaptar su oferta al perfil de los clientes.

La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, Nuria Rodríguez, destacó que se trata de «una oferta que ya existía y, desde la Junta, se está haciendo un buen trabajo para regularizar su situación, de modo que sume una oferta de calidad al destino».

En este sentido, afirmó que las viviendas turísticas «atienden a una demanda específica, distinta a la del hotel, por lo que es clave conocer su perfil y analizar sus preferencias para generar un producto que se adecue a sus necesidades y contribuya a los crecimientos que experimenta el destino en sus indicadores turísticos».

Rodríguez, acompañada por el director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, José Luis Córdoba, insistió en la necesidad de que se tramite una normativa estatal al respecto, para que «todos los municipios y comunidades trabajemos conjuntamente con los mismos criterios».

En el encuentro, con la colaboración de la asociación de apartamentos turísticos Apartsur, intervinieron representantes de Booking y Apartelius, quienes trasladaron a los asistentes diversas claves para la optimización de su oferta a la demanda del sector.

Murcia lidera un proyecto europeo para que las pymes se adapten a las ‘smart cities’

La Comunidad Autónoma, a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim), lidera el proyecto europeo de cooperación en el Mediterráneo ‘SME4smartcities’, que está orientado a impulsar el desarrollo e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas tecnológicas, para facilitar su acceso al mercado de las ‘ciudades inteligentes’ (smart cities).

La iniciativa velará por mejorar la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de las ciudades mediterráneas a través de la identificación de retos urbanos que serán resueltos con proyectos de co-creación entre pymes.

‘SME4smartcities’ abre las puertas a la Comunidad para situarse al frente, por primera vez, de una iniciativa enmarcada en el programa de cooperación mediterránea ENICBCMED (Instrumento Europeo de Vecindad para la Cooperación Transfronteriza en el Mediterráneo), financiado por la Unión Europea, donde estarán, además de España, socios de Italia, Israel, Jordania y Palestina.

El proyecto, coordinado por el Ceeim, cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, que permitirán la puesta en marcha de cinco proyectos piloto en distintas capitales mediterráneas.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, informó de la obtención de la financiación europea en el Patronato del Ceeim e indicó que «el plan constituye una oportunidad para el posicionamiento en el mercado de las pymes tecnológicas, capaces de dar respuesta a los desafíos económicos, sociales y medioambientales que se planteen en el marco del consorcio».

El proyecto presentado por el Ceeim fue uno de los 41 seleccionados, entre los 439 aspirantes a estar dentro de la primera convocatoria del programa europeo ENICBCMED. Está previsto que empiece su andadura este verano, con la reunión de lanzamiento que se celebrará en Murcia, y tendrá una duración de tres años.

Durante su desarrollo se promoverán sinergias entre empresas para su consolidación a través de proyectos de co-creación basados en solucionar las demandas de las ciudades; se fomentará la cooperación con los gobiernos locales y otros actores clave en las ciudades involucradas; además de incentivarse el conocimiento de estos ecosistemas y el acceso a potenciales compradores públicos de tecnología.

Las empresas del sector inmobiliario suponen menos de 2,5% de las facturas electrónicas 

Según SERES queda mucho por hacer en este sector, cuyas cifras son muy bajas aun siendo un mercado que ha invertido unos 15.200 millones de euros en 2018 y de que la participación de este sector en el PIB sea del 1,26%.

El uso de la factura electrónica en el sector inmobiliario español sigue siendo muy reducido a pesar de que nuestro país ha invertido unos 15.200 millones de euros en 2018 y de que la participación de este sector en el PIB sea del 1,26%.

Según el Estudio sobre el uso de la Factura Electrónica en España 2017-2018, elaborado por SERES, las empresas del sector inmobiliario emitieron el 0,90% de las facturas electrónicas y recibieron el 1,50% sobre un total de 181.884.086 documentos emitidos y recibidos.

En el periodo analizado en el estudio, las empresas del sector inmobiliario emisoras de la facturas electrónicas representaron el 0,64% del total y las receptoras el 3,64%.

«Aun siendo un sector bastante avanzado en cuanto a factura electrónica se refiere, todavía queda por hacer. Estas cifras son paradójicas, porque se trata de un sector de actividad muy importante para todo el territorio español», explica Alberto Redondo, director de Marketing y Comuniación de SERES.

Total nacional

De acuerdo con el estudio, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017, según el Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España 2017-2018. Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C).

Según el informe, gracias al uso de la factura electrónica, las empresas españolas se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas. También se ahorraron 662.145 horas en la tramitación de las facturas recibidas y 106.963 horas en las emitidas, además de reducir de manera significativa el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel.uso de papel.

Quién usa la factura electrónica

Por Comunidades Autónomas

Según el número de documentos, tanto en emisión como en recepción, Madrid, Cataluña y Andalucía lideran el ranking; seguidas de las Comunidades del País Vasco y Valencia. En cuanto al número de empresas que facturan electrónicamente por Comunidad Autónoma, 2018 fue un año de cambios. Así, Madrid, Valencia y Andalucía lideran el ranking de empresas que emiten facturas; seguidas de un segundo grupo de formado por Cataluña, Castilla y León y País Vasco.

Por su parte, en recepción, Madrid, Cataluña y Andalucía encabezan el ranking de empresas; seguidas de Castilla y León, Valencia y País Vaco. En cuanto al número de documentos recibidos, Madrid, Cataluña y Andalucía siguen liderando el ranking; seguidas de Galicia, Valencia y Cantabria.

Por sectores

Por sectores, es el sector Servicios el que sigue liderando, con un 55,92% en emisión y un 58,45% en recepción, el mercado. Le sigue la Industria, con el 41,80% de empresas en emisión y el 36,68% en recepción, el sector Primario, con el 3,06% de empresas emisoras y el 3,21% de empresa receptoras y otras actividades con el 0,71% en emisión y el 1,66% en recepción.

Por tamaño de empresa

Por tipo de empresas, son las de mediano tamaño las que emiten más facturas, el 45,48%, seguidas por las grandes empresas, el 22,48, las pequeñas, el 23,80% y las micro empresas, con el 8,24%. En recepción de facturas, las que más reciben son las medianas empresas con el 37,57% de las facturas, seguidas por las pequeñas empresas con el 26,17%, las grandes con el 24,48% y las microempresas, con el 11,78%.

«En este sentido -indica Alberto Redondo- la tendencia continúa en la emisión de e-facturas, destacando este año el aumento de la participación tanto de las medianas empresas como de las microempresas; siendo la variación del 4,10% en el primer caso y del 0,83% en el segundo. En recepción, las grandes y medianas empresas son las principales impulsoras de la e-factura, suponiendo más del 62% de las empresas que reciben; les siguen las pymes y microempresas, que representa casi un 38%».

La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) -el IVA online- en las Comunidades Forales – País vasco y Navarra- en enero de 2018 ha impulsado el uso de la factura electrónica en estos territorios, favoreciendo la transformación de los procesos internos de muchas empresas transformen sus procesos internos que vean en la factura electrónica un gran aliado para cumplir con la obligación. Algo asimilar ocurrirá en Canarias, en 2019, tras la implantación de SII a principios de eneros de este año.

Por su parte, la obligatoriedad de la factura electrónica para los subcontratistas de las AAPP ha tenido sus efectos y los seguirá teniendo en el futuro, como se aprecia el incremento de uso de la factura electrónica registrado en las operaciones B2G. La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas – en vigor desde 2015 – ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado. Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP españolas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.

Resultan relevante, sobre todo de cara al futuro, el éxito internacional de la factura electrónica y los impulsos dados por la Unión Europea por normalizar su uso entre los países miembros. Un impulso a que ha permitido el desarrollo, a lo largo de 2018, de un nuevo formato común de factura electrónica cuyo uso que será de obligatorio uso en las contrataciones públicas europeas a partir del 18 de abril de 2019.

«En los últimos años -comenta Alberto Redondo, director de Marketing de SERES para Iberia y LATAM– asistimos a un fuerte crecimiento orgánico de la factura electrónica entre las empresas españolas, que va amplificando su capilaridad geográfica y sectorial». Un crecimiento que, según Redondo, mantienen las tendencias. «Las medianas empresas siguen siendo el colectivo de usuarios de e-factura más importante y, al mismo ritmo, con menor escala, sigue creciendo el número de grandes y medianas empresas usuarias. Del mismo modo, por sectores se mantiene el liderazgo del sector Servicios, seguido por Industria y, a más distancia, el Sector Primario».

2019, nuevo punto de inflexión

A pesar de la contracción del crecimiento económico en la zona euro, todo parece indicar que 2019 será un año muy importante para la universalización de la factura electrónica en la UE. El nuevo estándar europeo de factura electrónica, que será obligatorio en las relaciones B2G a partir del próximo 18 de abril, y las primeras iniciativas nacionales que apuntan a una obligatoriedad general del uso de la e-factura serán el espaldarazo definitivo a la desmaterialización de la factura y al impulso del intercambio electrónico de otros documentos. «La e-factura es una pieza clave de la transformación digital de los negocios y sus efectos positivos empezarán a notarse en el conjunto de la sociedad», añade Alberto Redondo.

Acerca del estudio

El Estudio analiza la implantación de la factura electrónica en el sector empresarial de España, ofreciendo datos tanto a nivel nacional como autonómico. El Estudio realiza una comparativa entre el primer semestre de 2017 y el mismo periodo del año anterior.

Desde 2009, SERES elabora anualmente los Estudios de Implantación de la Factura Electrónica en España con el objetivo de contar con un indicador fiable de su adopción por el tejido empresarial y evolución en el tiempo. Hoy el Estudio es un referente nacional al aportar una completa perspectiva del volumen total de documentos tramitados y empresas usuarias, tanto en emisión como recepción, y su distribución geográfica y por tamaño de empresa.

Gracias al Estudio de SERES, se pueden identificar las transformaciones que han sufrido los sectores más activos en el uso e implantación de factura electrónica en el transcurso de los últimos años y conocer qué Comunidades Autónomas han aumentado su volumen de facturas en este periodo y la evolución de la situación en nuestro país para determinar qué medidas son necesarias para su fomento y difusión.

Las técnicas de Analítica Avanzada serán clave en el desarrollo del sector de Infraestructuras en España

El sector de las infraestructuras ha tardado en incorporarse a la era digital tal y como muestra el Índice de Digitalización de McKinsey Global Institute, que sitúa la construcción entre los sectores menos avanzados en la adopción de nuevas tecnologías, un aspecto que impacta significativamente en la productividad del sector.

El estudio de McKinsey «Potencial de la Analítica Avanzada en la industria de Infraestructuras en España» revela como las empresas de infraestructuras españolas se enfrentan a circunstancias difíciles; Entre 2015 y 2018 su margen de EBITDA ha descendido en medio punto porcentual, que aunado con los retrasos de inversiones en el sector, ha provocado que muchas empresas de infraestructuras españolas hayan optado por apostar en mercados extranjeros, exponiéndose a nuevos riesgos, competencia y una base de contratistas fragmentada.

En este nuevo estudio presentado en el marco de la celebración del Barcelona Building Construmat 2019, McKinsey da claves para generar oportunidades entre las empresas de infraestructuras españolas para que revierta esta tendencia y aprovechen el poder de la Analítica Avanzada en cada etapa del ciclo de vida del proyecto.

«Los propietarios de proyectos pueden basar sus decisiones sobre inversión y mejorar las operaciones y mantenimiento de los activos a través del análisis de la información generada. Las empresas de construcción pueden realizar ofertas más adecuadas, llevar a cabo negociaciones basadas en datos con los subcontratistas y anticipar problemas en los proyectos antes de que surjan demoras y sobrecostes» explica Antonio De Gregorio, Socio de la oficina de Madrid.

Ingresar en la era del big data es un desafío, los principales líderes deben realizar cambios significativos en su estructura operacional, talento y cultura. Todo un reto teniendo en cuenta las grandes cantidades de información recopilada a lo largo de los años que es necesario reconciliar y analizar digitalmente para avanzar en la adopción de la tecnología de datos. Sin embargo, hay importantes beneficios en juego.

En palabras de De Gregorio: «Nuestra investigación sugiere que aprovechar métodos basados en datos puede generar ahorros en cartera de hasta un 15 por ciento: dinero que propietarios y operadores pueden reasignar a proyectos más atractivos».

El estudio identifica además las cuatro fases principales del ciclo de vida de los activos en las que las compañías de infraestructuras deberían explorar el uso de la Analítica Avanzada:

1. Planificación estratégica: Los propietarios de infraestructuras pueden aprender de experiencias en sectores adyacentes en los que las organizaciones están utilizando datos para estimular un mayor desempeño y mitigar riesgos a través de técnicas como la Planificación predictiva de capital o el Desempeño predictivo de ofertas de contratista.

2. Distribución de capital: La Analítica Avanzada puede ayudar a las compañías de infraestructuras a mejorar de manera significativa la eficiencia durante la fase de entrega del proyecto, permitiendo la Asignación optimizada de recursos y una mayor Visibilidad de los riesgos de proyectos emergentes.

3. Operaciones: Analizar los datos puede ayudar a que propietarios y operadores de activos obtengan importantes incrementos en los ingresos derivados de servicios de infraestructuras como es el caso del Cobro dinámico de peajes o el análisis de las Tendencias de consumidores en aeropuertos.

4. Mantenimiento: Los propietarios de activos, de sectores público y privado, deben decidir continuamente si emplear el dinero en mantener un activo, reemplazarlo por uno mejorado, o adquirir un nuevo activo que cumpla un conjunto nuevo de requisitos, en este sentido, las técnicas como la Monitorización de activos a distancia permiten ganar eficiencia y reducir plazos en la toma de decisiones.

Competencia multa a Endesa y Naturgy con 25 millones por artimañas para encarecer el recibo de la luz

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a las empresas Endesa y Naturgy con más de 25 millones de euros por infracciones graves de la ley del Sector Eléctrico. Presentaron precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico que alteraron el despacho de generación, y terminaron repercutiendo en sobrecostes en los recibos de los clientes.

En el caso de Endesa Generación la sanción asciende a 5,8 millones de euros por dos infracciones graves por los sucesos producidos entre octubre de 2016 y enero de 2017 en las centrales de ciclo combinado de Besós 3 y Besós 5 en Cataluña.

Las ofertas presentadas por Endesa Generación en dichas centrales resultaron superiores a las presentadas en el mismo periodo por las centrales de ciclo combinado de similares características pertenecientes a otros titulares y fueron superiores a sus costes marginales.

Esta actuación se tradujo en valores anormales y desproporcionados que alteraron el despacho de generación de electricidad. Estas ofertas impidieron la programación de las centrales en el mercado diario durante varios días en este periodo, a pesar del contexto generalizado de precios elevados que debería haber conducido justo a la situación contraria.

Esta conducta de Endesa Generación se produjo aun teniendo en cuenta que las características de la zona en la que se encuentran Besós 3 y Besós 5. La zona de Cataluña presenta habitualmente problemas de seguridad zonal y, por esta razón, entre octubre de 2016 y enero de 2017 se convocó todos los días el proceso de restricciones técnicas.

En consecuencia, en varios días del período comprendido entre octubre de 2016 y enero de 2017 en los que las centrales se encontraban disponibles, las ofertas no fueron casadas en el mercado diario. Esto hizo necesaria su programación posterior en el proceso de restricciones técnicas y produjo una alteración del despacho de generación que permitió que Endesa Generación obtuviera con ello unos ingresos superiores.

La CNMC considera que se han cometido dos infracciones graves del artículo 65.34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, como consecuencia de las ofertas realizadas al mercado diario por las unidades de generación Besós 3 y Besós 5 de la central de ciclo combinado de Besós.

En el caso de Naturgy la sanción ha ascendido a 19,5 millones de euros por ocho infracciones graves de la ley del Sector Eléctrico. En concreto, presentó precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico que alteraron el despacho de generación. Los sucesos se produjeron entre octubre de 2016 y enero de 2017 en ocho centrales de ciclo combinado.

Las ofertas presentadas por Naturgy Generación en ocho centrales de ciclo combinado resultaron superiores a las presentadas en el mismo periodo por las centrales de ciclo combinado de similares características pertenecientes a otros titulares y fueron superiores a sus costes marginales.

Esta actuación se tradujo en valores anormales y desproporcionados que alteraron el despacho de generación de electricidad. Estas ofertas impidieron la programación de las centrales en el mercado diario durante varios días en este periodo, a pesar del contexto generalizado de precios elevados que debería haber conducido justo a la situación contraria.

Dichas centrales fueron Besós 4 y Puerto de Barcelona 1 y 2, que se encuentran en la zona de Cataluña, Sagunto 1, 2 y 3 en la zona de Levante Norte, Málaga 1 en la zona Andalucía Oriental y San Roque 1 en la zona de Campo de Gibraltar.

La conducta sancionada se llevó a cabo por parte de Naturgy Generación teniendo en cuenta que las características de las zonas en la que se encuentran esas centrales hacían que su programación fuese necesaria con una alta probabilidad.

En consecuencia, en varios días del período comprendido entre octubre de 2016 y enero de 2017 en los que las centrales se encontraban disponibles, las ofertas no fueran casadas en el mercado diario, siendo necesario su programación posterior en el proceso de restricciones técnicas, produciéndose una alteración del despacho de generación y obteniendo Naturgy Generación, de esta forma, unos ingresos superiores.

 El Brexit o la situación política en Cataluña no han afectado al Mercado inmobiliario tanto como se esperaba

El Barómetro Inmobiliario, elaborado por SIRA, perteneciente a UCI-Unión de Créditos Inmobiliarios, establece la evolución del mercado inmobiliario residencial, gracias a la información de un amplio plantel de veteranos profesionales inmobiliarios de la intermediación de vivienda de segunda mano (desde los seis meses anteriores a la muestra a los seis meses de expectativa tras ella). El 85% de ellos son gerentes o dueños de agencias, el 15% restante, comerciales y agentes.

Realizado online, en este estudio de la entidad especializada en formación inmobiliaria se evalúan factores como localización, tipo de entorno urbano, precio medio de venta, tipo de mercado (internacional, segunda residencia…) y tipo de negocio (residencial, alquiler, etc.). Entre sus conclusiones destacan las siguientes:

– Oferta y demanda: La oferta se equipara a la del primer semestre, superando los cinco puntos (en una escala del 1 al 10), de acuerdo a lo esperado. En cuanto a la demanda, se acerca al cinco, también de acuerdo a una previsión de volumen de negocio medio-alto.

– Volumen y Precio. Los profesionales valoran que el volumen de operaciones alcanzó un 5,70 un dato en línea con las estimaciones del INE. En el caso del precio, más del 60% de encuestados consideraron que el incremento de los precios fue alto en las 17 comunidades autónomas se han incrementado las compraventas).

– Precio, Mercado y Volumen para los próximos seis meses. De acuerdo a los panelistas, el incremento de los precios se está ralentizando: el 55% piensa que los precios subirán y un 33,33%, que se mantendrán estables, con la menor diferencia entre oferta y demanda de los últimos años estudiados. En otras palabras, los precios subirán por la falta de producto.

El 55,67% (frente al 64% del anterior semestre) piensa que le irá mejor el próximo año que este ultimo semestre y un 32,30% piensa que será más o menos lo mismo.

En cuanto al volumen, se considera, por una parte, que el aumento acusado de precios hará descender las ventas pero, por otra, que hay clientes que pueden ver que las casas de sus sueños están aumentando de precio y que es mejor comprar ahora.

– Otras consideraciones:

1/ La muestra, equiparable sea cual sea el tamaño de la localidad de los panelistas, indica que la reactivación del sector ha llegado prácticamente a toda España, con igualdad tanto en volumen como en precio medio

2/ La oferta es menor en primera que en segunda residencia, siempre menor, en ambos casos, a la demanda (las previsiones de los panelistas mixtos -de primera y segunda residencia- son más positivas)

3/ En el ámbito internacional, el estudio señala cómo la incidencia del Brexit no ha afectado tanto como se esperaba en la segunda residencia (las compras del colectivo inglés han disminuido en algunas zonas, pero se ha compensado con la compra por parte de clientes nacionales). La situación política en Cataluña tampoco parece demostrar especial movimiento en los indicadores.

Como conclusión, y comparando las últimas oleadas, los datos muestran una tendencia a la estabilidad, con crecimientos y expectativas más controlados.

Demanda de cemento: sube por la construcción de casas, pero la exportación sigue en caída

El Índice de Demanda de Cemento (IDC) ha registrado un crecimiento interanual en el mes de marzo del 8,7%, lo que representa 3,5 puntos porcentuales más respecto al mes anterior. Estos son los datos que recoge el último Barómetro del Cemento, indicador adelantado del consumo de cemento elaborado por el departamento de Estudios de Oficemen.

En el último período analizado (abr’18-mar’19) el Barómetro estima que se han consumido en España 13,58 millones de toneladas de cemento, 1.100.000 toneladas más que en el mismo periodo del año anterior.

Durante el primer trimestre del año, la demanda de cemento se situó en una tasa media de crecimiento en torno al 9% «motivada principalmente por las más de 100.000 viviendas iniciadas en nuestro país en 2018», afirma el presidente de Oficemen, Jesús Ortiz.

«Acogemos estos datos con optimismo, ya que no se iniciaban en nuestro país más de 100.000 viviendas desde el año 2010; pero seguimos insistiendo en que el principal destino del consumo de cemento debería ser la obra civil, que sigue en mínimos históricos», añade el presidente de la patronal española de fabricantes de cementos.

Gran deterioro de la balanza comercial

Las exportaciones de cemento y clínker continúan con su evolución negativa. En el mes de febrero y en términos de año móvil, registraron en conjunto una reducción cercana al 17%, encadenando así 22 meses de caída.

El barómetro estima que en el último año las exportaciones han alcanzado los 7,7 millones de toneladas de cemento y clínker.

«Desde Oficemen llevamos meses alertando de la fortísima pérdida de competitividad que está sufriendo la industria cementera española, motivada principalmente por el ascenso de los precios de los derechos de emisión de CO2 y al aumento de los costes eléctricos», explica Jesús Ortiz.

«En los últimos dos años, se han perdido casi 2 millones de toneladas de exportación, una cifra equivalente a la producción media anual de 3 fábricas de cemento», afirma.

«Además, en los dos primeros meses del año las importaciones de cemento procedentes de países extracomunitarios han crecido un 30%, motivadas por los elevados costes de producción que tenemos en España y por la voracidad competitiva de países como Turquía y Argelia, donde las devaluaciones monetarias están dando lugar a una importante merma de la competitividad y producción en nuestro país», sentencia Jesús Ortiz.

La Xunta se apoya en los constructores gallegos para difundir los planes de rehabilitación

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia y la Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (Asemaco) colaborarán este año con el fin de divulgar las diferentes líneas de ayudas en materia de rehabilitación que la Xunta de Galicia ponen la disposición de empresas, particulares y comunidades de propietarios.

Este compromiso se ha plasmado con la firma de un convenio entre ambas entidades, que vienen colaborando en este sentido desde el año 2012.

Así lo explicaba la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien subrayó la importancia del apoyo que brinda Asemaco a la hora de promocionar entre los empresarios los programas públicos autonómicos en materia de rehabilitación, facilitando y fomentando de este modo las intervenciones dirigidas a la puesta en valor del ya construido, y ofreciendo a sus socios el sistema de financiación Crediasemaco, que permitió llevar a cabo a lo largo del año pasado 150 operaciones en materia de rehabilitación.

En este sentido, Vázquez Mejuto explicó que gracias a esta iniciativa, la entidad incentiva operaciones de rehabilitación entre los suyos asociados a través de la concesión de créditos de pequeñas cuantías pero con unos plazos de pago flexibles y sin intereses ni comisiones.

Unas facilidades para acceder a financiación que combinadas con las líneas de ayuda que ofrece la Xunta, dijo, garantizan la eficacia de la colaboración que mantienen la Consellería de Medio Ambiente y Asemaco desde hace ocho años.

En virtud del convenio firmado, la Xunta destinará este año 15.000 euros a la entidad para que promocione entre el empresariado gallego del sector de la construcción todos sus programas de ayudas en materia de rehabilitación.

En este sentido, Ángeles Vázquez indicó que su departamento convocará en 2019 un total de 11 líneas de subvenciones para rehabilitar viviendas, con una dotación global de 26,9 millones de euros.

Esta cuantía supone la mitad del presupuesto que destinará este año la Consellería a financiar todos sus programas de ayudas en materia de vivienda, un dato que, como resaltó la conselleira, ponen de manifiesto a apuesta clara que está haciendo el Gobierno gallego por la rehabilitación.

Una sólida política rehabilitadora

La conselleira aprovechó la firma del convenio con Asemaco para recordar que el Gobierno gallego tiene en marcha una sólida política de vivienda para fomentar la recuperación del patrimonio ya construido.

Así se refleja en el impulso de un nuevo marco normativo, la Ley de Rehabilitación y de Regeneración y Renovación Urbana de Galicia, que entrará en vigor el 22 de mayo; en las líneas de ayudas directas a particulares, comunidades de propietarios, ayuntamientos y promotores para proyectos de rehabilitación; y en las actuaciones del propio Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), a través tanto del Programa Rexurbe para recuperar áreas muy degradadas en cascos históricos de algunos municipios a través de la compra de inmuebles, como de obras directas en viviendas de promoción pública propiedad de la Xunta.

En este sentido, Vázquez Mejuto consideró clave la colaboración de entidades como Asemaco a la hora de dar a conocer entre ciudadanos y empresarios las diferentes líneas de ayuda y programas que está desarrollando el Gobierno gallego en materia de vivienda para conseguir que esta información llegue a quién realmente le interesa y sean más efectivas.

La Generalitat permitirá a Barcelona limitar el precio de sus alquileres

La consellera de Justicia, Ester Capella, se ha reunido esta mañana con Gerard Duelo, presidente del COAPI de Barcelona, y Joan Ollé, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios (AIC). En este encuentro se ha tratado el contenido de la normativa que prepara el Govern en materia de alquiler en Barcelona, cuyo precio ha aumentado cerca de un 38% en apenas cinco años.

La principal medida será la de establecer limitaciones a los precios mediante el uso de un índice de referencia en aquellos barrios donde se considere que son desproporcionados o que existe una alta demanda acreditada de viviendas.

El Govern aprobará el próximo martes un decreto ley que permitirá al Ayuntamiento de Barcelona limitar el precio de los alquileres en aquellos barrios de la ciudad donde más han aumentado debido a la escasa oferta. Así lo ha indicado esta mañana la consellera de Justicia, Ester Capella, durante una reunión que ha mantenido con Gerard Duelo, presidente del COAPI de Barcelona, y Joan Ollé, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).

En este encuentro, la consellera ha trasladado a ambos expertos el contenido de la normativa que prepara el Govern en materia de alquiler para Barcelona, la ciudad catalana más afectada por el elevado precio de los alquileres. Así pues, la Generalitat tiene previsto ceder al Ayuntamiento la competencia de establecer limitaciones a partir de un índice de referencia de precios en aquellos barrios donde se considere que son desproporcionados o que existe una alta demanda acreditada de viviendas. Además, el anteproyecto de ley de arrendamientos, en fase de preparación, incluirá esas medidas y además alargará la duración de los contratos e impedirá fianzas abusivas.

«Hemos optado por basarnos en el sistema de regulación de precios alemán, con 30 años de trayectoria, porque no se pueden continuar asumiendo subidas de precios que no se ajustan a la realidad social ni a los salarios de las personas. Estamos en una situación de urgencia y es necesario detener los abusos y la gentrificación», ha afirmado Ester Capella, consellera de Justicia.

Por su parte, Gerard Duelo, presidente del COAPI de Barcelona, y Joan Ollé, presidente de la AIC, han indicado estar «de acuerdo en la necesidad y urgencia de regular el mercado del alquiler de la ciudad. El cómo, el cuándo y el dónde se deberán aplicar estas medidas deberá ajustarse de manera precisa y efectiva en el momento en el que conozcamos el contenido del texto en toda su extensión»

Con la nueva normativa, que implicará a las consellerías de Justicia y de Territori, será la primera vez que Catalunya regule directamente los alquileres de viviendas, en base a artículos del Código Civil catalán que así lo permiten. En otros países como Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal o Suiza ya se han implantado regulaciones similares en el precio del alquiler.

Foto: De izquierda a derecha: Joan Ollé, presidente de la AIC; Ester Capella, consellera de Justicia; y Gerard Duelo, presidente del COAPI de Barcelona.

Extremadura impulsa políticas para formar profesionales cualificados en la construcción

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, y la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, han visitado el Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción en Cáceres, en el que han puesto de manifiesto la colaboración de estas entidades, a través de un protocolo, para impulsar políticas de empleo y formación en el ámbito de la construcción.

El titular de Sanidad y Políticas Sociales ha explicado que los objetivos del protocolo son reconocer «el papel de liderazgo de la Fundación Laboral de la Construcción, como aglutinador de la patronal y las organizaciones sindicales del sector», y poner de manifiesto la importancia de las políticas transversales, en este caso las de educación, empleo, edificación y vivienda.

En este sentido, Vergeles ha destacado que el acuerdo pretende «generar vocaciones, incorporar a la mujer y formar a los perfiles profesionales que precise el sector de la construcción», especialmente enfocados al ámbito de las energías verdes, el fomento de edificios sostenibles energéticamente y con un uso eficiente de agua.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha resaltado que la construcción es el tercer sector económico que más riqueza aporta a la región, motivo por el cual tenemos que unir «los itinerarios entre educación y las necesidades del sector productivo» para que el sector se desarrolle de forma sostenible en el tiempo.

Por su parte, la consejera de Educación y Empleo ha subrayado que la construcción ha experimentado, en términos interanuales, «un repunte muy importante» y, por ello, hay que seguir adaptando la formación y mejorando la cualificación de los propios profesionales.

Esther Gutiérrez ha matizado que una de las primeras acciones del citado convenio será el «reconocimiento de la experiencia profesional para recibir las cualificaciones en Extremadura».

Tras recordar que ya se han realizado acciones de formación en prevención de riesgos laborales, la titular de Educación y Empleo ha anunciado que se va a realizar un estudio para detectar los «nuevos yacimientos de empleo dentro del sector de la construcción y así adaptar la formación reglada y para el empleo».

«Hemos notado una demanda muy importante en las escuelas profesionales y en el programa de innovación», ha asegurado Esther Gutiérrez, quién ha añadido que la colaboración de las diferentes áreas es fundamental y, con este convenio, vamos a darle el impulso que necesita.

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Carlos Izquierdo de Tapias, ha puesto de manifiesto la gran colaboración con el Ejecutivo regional, que permite «unir la realidad empresarial, las directrices de la administración y a los propios trabajadores» para una formación eficiente y que los alumnos de la fundación encuentren empleo.