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Así se dibuja el sector inmobiliario para el 2020: más tecnológico, colaborativo y sostenible

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Los expertos de Instituto de Valoraciones han analizado el panorama inmobiliario con la intención de arrojar luz sobre qué se puede esperar para el próximo año, en lo referente al impacto de la tecnología en el sector; las formas y hábitos en los que las generaciones más jóvenes deciden vivir; y, por supuesto, en el enfoque más económico como las transacciones de compraventa, las hipotecas o el precio de las viviendas.

El sector del ladrillo será aún más Proptech

El número de empresas Proptech no para de aumentar, hasta tal punto que actualmente existen en España 327 startups dedicadas a ofrecer servicios tecnológicos en el Real Estate. Entre todas ellas, intentan cubrir las carencias del mercado y automatizar procesos.

Por ejemplo, visitar una vivienda con la realidad virtual y sin necesidad de desplazamiento o gestionar todas las propiedades de interés a través de apps directamente desde el móvil. También, se ha comenzado a integrar el big data, marketing 4.0 y simuladores para mejorar los procesos de venta de los profesionales del sector, facilitando las transacciones para todas las partes.

Así, la previsión es que se sigan integrando las tecnologías más disruptivas en los distintos servicios del sector, con el objetivo de automatizar procesos, abaratar costes y facilitar las gestiones.

De un entorno de propiedades al entorno colaborativo

La colaboración está en auge en el sector inmobiliario. Conceptos como el coworking son cada vez más comunes, y es que no paran de aparecer nuevos entornos colaborativos de trabajo que posibilitan a empresas o particulares alquilar una zona determinada de un espacio compartiendo con otros.

De la misma forma, y como extensión del coworking aparece un nuevo fenómeno residencial: el coliving, una tendencia de «convivencia» que junta vivienda y espacio de trabajo compartido. Creada con el público millennial en la mira, y más específicamente a los perfiles emprendedores, este nuevo formato buscar dar solución a la escasez de vivienda y da prioridad a las zonas comunes, donde los residentes pueden socializar, compartir experiencias e incluso trabajar. Esta tendencia, que se espera que aumente y se expanda durante el año 2020, ofrece además altas rentabilidades para los arrendatarios.

Construcciones más sostenibles por ley

El futuro de las viviendas y los inmuebles en general para el 2020 se verá marcado de forma importante por la normativa europea Energy Performance of Buildings Directive, que establece que, para finales de 2020, todos los nuevos edificios deberán tener un consumo energético prácticamente nulo. Además, dicha regulación dispone también que la energía que se consuma en estas viviendas deberá ser producida a partir de fuentes renovables que se encuentren en la propia estructura o en algún lugar cercano. Se podría entonces intuir que la tendencia de construcción se dirigirá hacia el modelo de edificación Passivhaus, que son básicamente aquellas construcciones que utilizan recursos propios para disminuir el consumo de energía.

Posible descenso de transacciones por parte de compradores extranjeros

La información más actualizada del Consejo General del Notariado refleja un descenso de media del 3,2% interanual de la compraventa de vivienda libre por parte de compradores extranjeros en el primer semestre del 2019, registrando el primer retroceso en este tipo de transacciones tras 7 años y medio de crecimiento ininterrumpido.

La principal caída corresponde a extranjeros no residentes, con el 41% de operaciones y un descenso del 9,7%, mientras que hubo un crecimiento entre los extranjeros residentes en nuestro país, que realizaron el 59% de las operaciones, con un aumento del 1,9%. De entre todas las nacionalidades, destaca la caída entre portugueses (-8,6%), irlandeses (-7,3%) e italianos (-1,3%).

Además, según datos del Ministerio de Fomento, en el caso de la compra de vivienda nueva por extranjeros residentes los datos son más positivos durante este mismo periodo, el primer semestre de 2019, donde el aumento fue del 11,8% respecto al primer semestre del año anterior. A pesar de que en el tercer trimestre de 2019, las operaciones (1.731) han descendido frente al segundo trimestre, con más de 2.000 compraventas registradas, lo mismo que ha ocurrido con las transacciones de vivienda de segunda mano que han pasado de 22.132 en el segundo trimestre a 18.500 en el trimestre siguiente.

Así, podemos concluir que hay una tendencia a la moderación y la estabilidad en las transacciones inmobiliarias realizadas por extranjeros residentes y no residentes, con un descenso más acusado entre los no residentes en nuestro país. Tras el constante aumento de compraventa de vivienda por parte de extranjeros que se ha venido registrando desde 2010, este retroceso en los últimos meses apunta para el próximo 2020, a un ligero descenso o un mantenimiento de estas operaciones.

El mercado modera sus indicadores, al menos en España

Tras varios años de recuperación económica y resurgimiento del mercado inmobiliario después de la crisis, los indicadores de los últimos meses apuntan que no habrá grandes cambios en el sector en los próximos meses:

– Según datos del INE, entre enero y septiembre del 2019 se registraron un total de 384.813 transacciones de compraventa de vivienda en España, lo que supone un descenso del 3,2% frente a las 397.725 del mismo período del año anterior.

– En cuanto a la concepción de hipotecas, ha descendido un 31,6%, en septiembre 2019, en comparación con el mismo período del año anterior; registrando un total de 22.488 hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad.

– Por su parte, el precio de la vivienda seguirá aumentando, pero de manera estable. Según SMARTA, el software de big data inmobiliario de Instituto de Valoraciones, se prevén aumentos de precios en torno al 4%. Esta cifra refleja un aumento estable, si tomamos como referencia la variación interanual del valor tasado de la vivienda registrado por el Ministerio de Fomento en el tercer trimestre de 2019, que es del 3,1%.

Cataluña obliga por ley a que se ofrezca un alquiler social a los desahuciados

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La Generalitat de Cataluña ha aprobado el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, con el objetivo que se convierta en una herramienta estratégica para regular el mercado de la vivienda y hacerlo más accesible, mejorando la oferta y adaptándola a las necesidades de las personas.

Concretamente, la norma persigue un triple objetivo: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas.

En cuanto a la lucha contra las situaciones de emergencia y los desahucios, el decreto incluye las medidas siguientes:

– Alquiler social obligatorio, con una duración de hasta 7 años, para aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se los acabe el contrato de alquiler, se encuentren afectados por procesos de desahucio o bien lleven más de 6 meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del Decreto Ley.

– Ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de 3 años a 5 o 7 años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica.

– Alojamientos temporales para las situaciones de emergencia. La norma incorpora más facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios, con el objetivo de incrementar la oferta de alojamiento para atender familias con riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de habitación.

– Movilización de vivienda asequible. Se implementan herramientas para considerar como parados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas o la posibilidad de expropiación. Se refuerzan así los mecanismos para actuar contra el incumplimiento de la función social de la propiedad con el objetivo de incrementar el parque de vivienda disponible para atender emergencias.

– Tanteo y retracto para ayuntamientos, entidades sociales y Generalitat. Las administraciones y entidades sociales tendrán más oportunidades para adquirir viviendas vía tanteo y retracto para destinarlos a alquiler asequible, a través de la ampliación hasta el 2027 del plazo para ejercer estos derechos, así como también del ámbito de aplicación, que se hace extensivo en todo Cataluña. También permite a la Generalitat aplicarlo en segundas y terceras transmisiones de viviendas anteriormente adquiridas por grandes tenedores. De este modo, se refuerzan los mecanismos de la administración para hacer efectivo el retorno social del rescate bancario.

Más oferta de alquiler

En cuanto a la ampliación del parque público de viviendas de alquiler, el Decreto Ley prevé implementar una serie de medidas para activar y generar más suelo destinado a vivienda de protección oficial:

– Los solares vacíos de titularidad municipal destinados a construir viviendas de protección oficial se podrán movilizar gradualmente: Se incorporan mecanismos que implican, de inicio, elaborar un inventario (en un plazo de un año) del patrimonio público de suelo y vivienda y también elaborar, en el plazo de 2 años, un programa de actuación concertada para posar a disposición de la ciudadanía viviendas con protección oficial en régimen de alquiler.

– Destino de los suelos que reciben los ayuntamientos en concepto de cesiones de aprovechamiento urbanístico a vivienda de protección oficial de alquiler.

– El Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), que se aprobará antes de un año, permitirá reservar para vivienda de protección oficial un mínimo del 50% de techo en suelo urbanizable y un 40% en suelo urbano no consolidado, en los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada. En el área Metropolitana de Barcelona, la reserva mínima será del 40% del techo en suelo urbanizable delimitado y del 40% en suelo urbano no consolidado que tenga por objeto la transformación global de los usos principales a uso residencial.

Para incrementar el parque de viviendas privadas de alquiler libre o protegido, el Decreto Ley prevé:

– Estímulos a la iniciativa privada porque construya viviendas de protección oficial. En promociones privadas de vivienda de protección construidas con ayuda pública, se ofrecerá cobertura de impagos por parte de la Generalitat y prioridad en la percepción de ayudas al pago del alquiler para los adjudicatarios de las viviendas.

– Se incluye la posibilidad que los planes urbanísticos destinen terrenos para la construcción de viviendas plurifamiliares específicamente de alquiler. Así mismo, se mejora la posibilidad de destinar parcialmente los edificios a viviendas de protección pública, en suelo urbano consolidado, para conseguir viviendas más adecuadas a las necesidades sociales y propiciando una oferta más variada.

Nuevo modelo de vivienda de protección oficial

Dentro del objetivo de aumentar la oferta de viviendas de protección oficial, el Decreto Ley también define un nuevo modelo de vivienda de protección oficial, basado en las características siguientes:

– Nuevos condicionantes porque la calificación de las viviendas con protección oficial sea permanente. El Decreto Ley establece que, a partir de su entrada en vigor, la calificación de las viviendas con protección oficial será vigente mientras concurran alguna de las dos circunstancias siguientes: que el planeamiento urbanístico los reserve al uso de vivienda de protección pública o que formen parte de un patrimonio público de suelo y de vivienda. En el resto de circunstancias, la duración podrá ser determinada, según se establezca reglamentariamente, en función, si se tercia, de las ayudas percibidas para su promoción.

– El Decreto Ley fija un régimen transitorio para las viviendas que ya tengan la calificación definitiva de protección oficial o que estén en trámite para obtenerla. En el primer caso, si las viviendas están construidas sobre suelos públicos, la duración de la calificación pasa a ser permanente. En el segundo caso, se aplicará la duración permanente si se encuentran sobre suelos públicos o de reserva aunque ya hubieran obtenido la calificación provisional.

– Se determinará un precio de venta baso de las viviendas con protección oficial único para todo el territorio, que podrá tener variaciones:

– En función del municipio donde se localiza la vivienda: En el caso del área Metropolitana de Barcelona, este valor que determinará los precios máximos de venta y rentas de las viviendas con protección oficial, será único.

en función de las características de la vivienda: Se tendrá en cuenta el nivel de eficiencia energética, antigüedad, o estado de conservación.

en función de los costes y, en el caso de la promoción privada, de si han recibido ayudas públicas en la construcción.

Asimismo, se introducen cambios significativos en el procedimiento de adjudicación de viviendas de protección oficial, que se determinará a partir de las bases y criterios de selección de la administración. Así mismo, la orden de inscripciones al Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial será obligatorio también para la adjudicación de viviendas de protección oficial de promoción privada, a diferencia de ahora.

El Registro de solicitantes se tendrá que actualizar cada año. A diferencia de ahora, que se hace cada 3 años, para garantizar que los inscritos continúan respondiendo a los criterios para poder acceder a una vivienda de protección oficial.

El planeamiento urbanístico podrá determinar que la vivienda de protección oficial previsto sea específicamente de alquiler.

Contención de precios en el mercado libre

Finalmente, el nuevo Decreto Ley incluye también medidas para propiciar una moderación de los precios del alquiler de las viviendas del mercado libre a través del Índice de Referencia del precio del alquiler, que informa sobre la media del precio del alquiler de una vivienda de características similares en el mismo entorno urbano:

– La Generalitat tendrá en cuenta el Índice de Referencia en el desarrollo de las políticas públicas y solo los arrendadores de las viviendas alquiladas con rentas inferiores a este índice se podrán beneficiar de las ayudas públicas dirigidas al fomento del alquiler.

— El Decreto Ley mujer rango y efectos legales a este índice y su consignación será obligatoria en todos los anuncios de publicidad y en los contratos de alquiler de las viviendas.

Madrid sube un 71% los precios que ofrece para comprar pisos para su parque público

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El Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), ha publicado un nuevo pliego de condiciones que rige la adquisición de inmuebles en todos los distritos de la capital.

El objetivo es actualizar los precios que ofrece la EMVS para adecuarlos a la situación de mercado y conseguir que los particulares que quieren vender sus casas se interesen por las condiciones fijadas por el Ayuntamiento.

Con este nuevo pliego, que modifica uno anterior de 2017, la empresa pública ha aumentado sus precios de compra una media del 71%, de manera que quiere destinar 15 millones de euros en los próximos dos años al incremento del parque de viviendas que ofertar a la ciudadanía en sus convocatorias públicas.

«Lo que hemos hecho con el nuevo pliego es un reequilibrio real de los precios, ya que estaremos ahora en disposición de adquirir pisos en casi todos los distritos de Madrid y no solo en algunos», ha señalado Álvaro González, concejal del Área Delegada de Vivienda y presidente de la EMVS, a la vez que ha subrayado que «vamos a estudiar todas las posibilidades para ayudar a los madrileño, el dinero público tiene que ser bien empleado, de manera sensata y, sobre todo, para buscar el reequilibrio de la ciudad de Madrid».

Subidas de hasta el 147%

Si bien la subida media es del 71%, en algunos distritos de la capital el nuevo pliego de condiciones recoge un incremento de precios de hasta el 147%. Es el caso del distrito de Salamanca, donde la EMVS ofrece ahora 6.271 euros por m2.

Otra subida destacada, del 140 %, se ha producido en Chamberí, donde se ofrece 6.078 euros por m2. Le siguen Chamartín, con una subida del 110 % y 5.338 euros por m2; Centro, con un aumento del 106,7 % y 5.236 por euros por m2 y Retiro, con un incremento del 105,9 % y 5.214 euros por m2.

Álvaro González ha destacado que era imprescindible ajustar los nuevos precios «a la realidad del mercado, ya que la prueba de que no estaban actualizados es el fracaso de la anterior Corporación en el capítulo de compra de viviendas».

Los interesados en vender sus viviendas deben tener en cuenta unos requisitos mínimos: los pisos deben encontrarse en la capital, estar vacíos y en buen estado de conservación. Deben contar, además, con un mínimo de dos habitaciones y una superficie mínima útil de 45 m2.

En el caso de las viviendas de tres dormitorios, deben tener una superficie mínima de 65 m2 y las de tres o más, de 75 m2 útiles como mínimo. La EMVS comprará tanto viviendas de segunda mano como de nueva construcción, siempre y cuando no sean unifamiliares.

Todas las viviendas ofertadas por los particulares deben estar ubicadas sobre rasante y hasta una cuarta altura desde la calle (piso tercero). Si el inmueble cuenta con ascensor no habrá límite de alturas. Los inmuebles también deberán ser exteriores, haber pasado la inspección técnica, contar con baño completo, cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana y tener dados de alta los suministros de luz, agua y gas. Los nuevos precios se pueden ya consultar en la web de la EMVS.

La EMVS tiene actualmente un parque de vivienda pública formada por 6.300 inmuebles que esta legislatura va a incrementar notablemente con la construcción de 39 nuevas promociones, que incluyen 3.200 pisos, y que están ya en distintas fases. Además, ya tiene suelo para empezar a proyectar otras 800 casas y baraja distintas fórmulas, como la actualización de los precios en el mercado secundario, para aumentar su parque de vivienda protegida.

Baleares impone 86 sanciones en materia de vivienda por 1,7 millones

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La Consellería de Movilidad y Vivienda del Gobierno de las Islas Baleares ha impuesto un total de 86 sanciones por infracciones en materia de vivienda por valor de 1,7 millones de euros en 2019.

Las sanciones, que tramita la Dirección General de Vivienda, se centran principalmente en infracciones cometidas por grandes tenedores de viviendas y también por titulares de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que en fan un uso irregular.

La tarea inspectora se ha podido llevar a cabo en 2019 con la creación del Cuerpo de Inspección previsto a la Ley de Vivienda de las Islas Baleares, que en estos momentos está integrado por 11 personas, entre inspectores, instructores y personal administrativo de apoyo.

No inscribir en el registro las viviendas vacías de los grandes tenedores -obligación derivada de la Ley de Vivienda de las Islas Baleares-, por un lado, y no vivir habitualmente a la VPO que una persona tiene en propiedad son las infracciones que más sanciones han recibido.

Por estos conceptos, se han impuesto a los grandes tenedores 16 sanciones que suman multas por valor de 240.000 euros por no haber inscrito las viviendas, a pesar de que también hay expedientes para no colaborar -a pesar de haber inscrito las viviendas- o para no comunicar cambios de titularidad o disposición de las mencionadas viviendas, entre otros.

Destacan también las 5 sanciones impuestas a los grandes tenedores para no pagar los gastos de la comunidad de propietarios a fincas donde tienen pisos vacíos, con un total de 75.000 euros de sanción.

Cuando a los propietarios de VPO, se han impuesto 25 sanciones que suman 750.000 euros para no vivir en la vivienda de manera permanente. Hay casos en que la vivienda protegida -que por ley tiene que ser el domicilio habitual- era empleada como segunda vivienda u otras en que se alquilaba sin entrar en los supuestos autorizados por ley.

Protegida alquilada por 3.000 euros a 8 personas

Se dan también casos en que la vivienda, además, se alquila por un precio superior al que se autoriza. Hay que destacar, por ejemplo, el caso de una VPO que se alquilaba por 3.000 euros y a 8 personas.

En este caso, el expediente se ha seguido no justo por lucro indebido sino también por infravivienda. También se han detectado casos en que se hace publicidad para alquilar una VPO sin indicar la condición y por tanto sin respetar los límites de precios que impone la administración.

Respecto de propietarios en general (no exclusivamente VPO o grandes tenedores) se han impuesto también sanciones para no depositar fianzas de alquiler (un total de 10) por parte de propietarios (de todo tipo de vivienda) y también por casos de infravivienda. Por ejemplo, se ha descubierto un caso en que se alquilaba como vivienda el sótano de un restaurante.

Por casos de infravivienda se han impuesto, cinco sanciones muchos graves. Tres de ellas a particulares (90.000 euros en total) y dos a titulares de VPO con una sanción de 60.000 euros a cada uno.

El resto, hasta los 1.745.000 euros en sanciones, se completa con expedientes por otras cuestiones menos habituales (como hacer algún tipo de actividad profesional no autorizada a una VPO) o temas menores.

El 70% de los inquilinos acusa a los caseros de alquilar viviendas ‘descuidadas’ y en ‘mal estado’

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En la última década el mercado del alquiler en España ha experimentado un crecimiento moderado. Así, entre 2007 y 2017, se han incrementado los alquileres un 3,3%, alcanzando ya los 3,5 millones de viviendas (el 18% del total). Esto es debido, fundamentalmente, a la situación económica, la dificultad de acceso a las hipotecas o el cambio de la propia mentalidad de los españoles, entre otros motivos. La subida de precios y la disminución de la oferta disponible son otros de los inconvenientes que se encuentran a la hora de buscar un piso.

Casi el 30% de los inquilinos españoles reconoce haber tenido un conflicto con su casero por una subida que llegan a considerar «abusiva e injustificada» del precio del alquiler. En este sentido, las disputas entre arrendatarios y arrendadores parecen ser habituales, ya que 3 de cada 10 personas que viven de alquiler en España afirma que ha sufrido, en alguna ocasión, algún conflicto con el propietario de la casa que renta.

No hacerse cargo de una reparación (48%), retener la fianza sin motivo (25%) y pedir «pagos en negro» (20%) son algunas de las desavenencias más comunes entre inquilinos y caseros españoles. Además, 7 de cada 10 arrendatarios españoles acusan a los caseros de alquilar viviendas «descuidadas» y sin las reformas necesarias.

Aunque no es algo habitual, en los casos más extremos, 1 de cada 10 inquilinos ha tenido que acudir a un procedimiento de mediación o arbitraje por desacuerdos con su casero.

Estas son algunas de las principales conclusiones extraídas del informe «Inquilinos vs Caseros. Los conflictos en la vivienda de alquiler en España (2019)», realizado por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora y basado en una encuesta realizada a más de 1.700 personas de todo el país y que viven en régimen de alquiler.

El 60% de las viviendas en alquiler en España, sin seguro de hogar

A pesar de ser uno de nuestros bienes más valiosos, asegurar la vivienda sigue sin ser una prioridad para los españoles; incluso para quienes deciden poner su propiedad en el mercado del alquiler. De hecho, la División de Hogar de Línea Directa estima que en España hay aproximadamente 2,2 millones de viviendas residenciales alquiladas sin seguro del hogar, lo que supone el 63% del total. Un fenómeno que, quizás, sea debido al desconocimiento que existe en relación al aseguramiento de una vivienda alquilada: el propietario tiende a asegurar la propiedad que alquila (el continente) y el inquilino sus muebles y enseres (el contenido).

Este desconocimiento va más allá y casi el 30% de los inquilinos españoles declara ignorar por completo si la casa en la que viven está asegurada, especialmente los más jóvenes (18-29 años) quienes muestran un menor grado de conocimiento sobre estas cuestiones.

Respecto a la accidentalidad en el hogar, el 23% de los inquilinos afirma haber sufrido algún siniestro estando de alquiler. Los más comunes en estos hogares son los daños por agua o inundaciones (60%), los daños eléctricos (21%) y las roturas de cristales (16%). Asimismo, un 4% de los siniestros en las viviendas de alquiler españolas fueron causados por la típica decoración de Navidad.

Además de los dolores de cabeza que conllevan, estos siniestros también son una importante causa de conflicto. Tal es así, que el 55% de los españoles que viven en alquiler asegura haber tenido problemas con su arrendador por algún siniestro. Entre las razones más frecuentes se encuentra el no tener contratado un seguro del hogar, y así lo asegura 1 de cada 5 inquilinos.

Andalucía, la Comunidad Autónoma con más conflictos

Una de las principales conclusiones de la encuesta realizada por la División de Hogar de Línea Directa es que el 34% de los inquilinos españoles reconoce haber tenido algún problema con su casero.

Ahora bien, no todas las Comunidades Autónomas presentan el mismo grado de conflictividad entre arrendadores y arrendatarios. En este sentido, los territorios con más desavenencias son Andalucía (44%), Galicia (42%) y Extremadura (41%). En el lado contrario se sitúan La Rioja (14%), Navarra (24%) y País Vasco (28%), donde inquilinos y caseros se «llevan mejor».

Limitar de los precios y más oferta, principales demandas

Según los datos que arroja la encuesta, casi el 50% de los españoles que vive de alquiler lo hace porque no le queda más remedio, al no poder permitirse económicamente adquirir una vivienda en propiedad. Y en esta situación, un 64% admite haber tenido dificultades para acceder al alquiler, ya fuera por el precio del inmueble o por los requisitos exigidos por los caseros.

El pasado septiembre el Ministerio de Fomento publicó el boletín del Observatorio de Vivienda y Suelo, en el que señalaba el precio medio real de alquilar una vivienda en las principales ciudades españolas: 819€ en el caso de Madrid y 769€ en Barcelona. Además, el Banco de España afirma que los precios de los alquileres se han disparado un 50% de media en los últimos cinco años.

¿Qué puede haber causado esta situación? Según los propios arrendatarios, los responsables son: con matices contrapuestos, el gobierno por no limitar los precios o no fomentar la oferta (58%), el auge de los alquileres turísticos (39%) y los propios caseros por querer especular con la vivienda (38%).

Ante este panorama, no es de extrañar que los inquilinos exijan soluciones. Entre sus propuestas, algunas son más intervencionistas como, por ejemplo, pedir mayores ayudas económicas (49%) o la intervención del mercado, regulando los precios (45%); y otras, menos intervencionistas, como proponer una legislación más dura que proteja a los propietarios de morosos (33%).También se dan otras posibles soluciones como aumentar la vivienda pública destinada al alquiler (52%), entre otras opciones.

Para Francisco Valencia, Director de Gobierno Corporativo de Línea Directa Aseguradora: «La situación actual en la que se encuentra el mercado de la vivienda de alquiler no es del todo satisfactoria. Por eso, Línea Directa ha querido analizar los principales conflictos que se producen en las viviendas en régimen de alquiler y sus consecuencias en distintos niveles: el aseguramiento o la tensión en los precios de estos alquileres, entre otros».

Más del 41% de las casas de nueva construcción en Andalucía utiliza energía solar

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El 47,1% de las viviendas nuevas en Andalucía utiliza energía solar, alcanzando prácticamente el porcentaje de hogares que hacen uso de combustibles derivados del petróleo. Además, casi el 70% de los hogares cuenta con bombillas LED y más de la mitad ya tiene grandes electrodomésticos con una calificación energética A, A+ o A++.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la Encuesta Social 2018. Medio Ambiente y Hogares en Andalucía, cuyos trabajos de campo se realizaron entre mayo y julio de 2019 y se han publicado ahora por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad.

En esta encuesta se refleja una clara tendencia positiva en la gestión medioambiental cotidiana que realizan los andaluces de sus hogares. En materia de recursos energéticos, se concluye que en más del 70% de las viviendas que se construyeron antes de la década de los 70, se mantiene el uso de gases licuados del petróleo como el butano. Por el contrario, los porcentajes se ubican por debajo del 47,4% cuando se trata de construcciones edificadas a partir del año 2001.

En sentido inverso ocurre con la energía solar. La instalación de infraestructuras que permiten el aprovechamiento del sol como fuente de energía empieza a hacerse más visible en las viviendas construidas a partir de la década de los 80, y se mantiene en valores por debajo del 10% en las viviendas levantadas hasta el año 2000.

Entre las edificaciones construidas en la primera década del siglo se observa un repunte, ya que el 11,2% de viviendas construidas entre los años 2001 y 2010 utilizan este tipo de energía. Y en la última década despega definitivamente: el 41,7% de las viviendas construidas entre los años 2001 y 2019 utilizan energía solar, casi alcanzado el porcentaje de hogares que utilizan combustibles derivados del petróleo.

En cuanto al consumo de recursos naturales, destaca que el 9,6% de las viviendas de Andalucía cuenta con piscina y el 58,6% con patio o jardín, teniendo en cuenta que en ambos casos se pueden corresponder a propiedades individuales o colectivas.

En lo que respecta a la iluminación, las viviendas de la comunidad han optado por sistemas más eficientes en términos energéticos, siendo el más utilizado las bombillas de bajo consumo (77,9%), más de doce puntos más que en 2008 y las de tipo LED (69,7%), cuyo uso no existía hace una década.

Por otro lado, la mayor parte de la población ya tiene electrodomésticos con una calificación energética A, A+ o A++. En el caso de los frigoríficos se sitúa en el 53,8%, para las lavadoras en el 55,3% y en los lavavajillas es del 53,6%.

En esta evolución hacia la ecoficiencia en los hogares influye la capacidad económica que los andaluces tienen para poder llevar a cabo esta renovación. Por ejemplo, las viviendas con menos ingresos tienen con más frecuencia electrodomésticos más antiguos y, por tanto, menos adaptados a esto nuevos estándares ambientales.

En el ámbito de la gestión de residuos se observa una evolución en los comportamientos, aunque un claro margen de mejora en distintos aspectos. El porcentaje de hogares andaluces que reciclan plástico, vidrio y papel ha aumentado en torno a 20 puntos porcentuales en cada uno de estos residuos en la última década.

Esto también se observa cuando se trata de gestionar otro tipo residuos. Por ejemplo, el 75,2% de la población afirma que deposita los medicamentos en puntos específicos de recogida y asciende al 83,7% en el caso de pilas y pequeñas baterías. Los porcentajes son menores para otros elementos como los aceites de cocina (63,8%) o teléfonos móviles (40,1%).

Ahorro de agua

En los comportamientos relacionados con el ahorro de agua en los hogares andaluces se registra un cambio en sentido positivo en la última década. Los datos de 2018 muestran altos porcentajes de viviendas en las que se han incorporado hábitos como tener una botella fría en la nevera para no dejar correr el agua (78,8%), esperar a que estén llenos lavavajillas y lavadora (92,6%) o tener en el cuarto de baño papeleras para no utilizar el inodoro como cubo de basura (85,9%). Los hogares que no incorporan hábitos en este sentido son minoritarios.

Esas prácticas conviven, sin embargo, con otros hábitos que inciden en un consumo menos sostenible. Por ejemplo, el 49,3% de los andaluces consume agua embotellada. El comportamiento por provincias en este consumo es muy dispar, siendo las provincias litorales de Almería y Málaga las que presentan un mayor consumo (72,5% y 66,9%, respectivamente). Sevilla es la provincia con un menor consumo de este tipo de agua (31,6%). Esas diferencias, no obstante, no se aprecian en la media de consumo de agua embotellada, ya que en Andalucía es de 3,2 litros al día, sin gran variación entre las provincias.

También en el uso y los equipamientos eléctricos se observa esta ambivalencia. Los hogares han crecido en equipamientos básicos, lo que supone también un mayor consumo energético, especialmente en el de carácter eléctrico.

El 85,4% de las viviendas dispone de algún tipo de calefacción, 42,3 puntos porcentuales más que en 2008. La clase de calefacción más utilizada es la de tipo eléctrico (76,2%), compuesta fundamentalmente por radiadores y acumuladores eléctricos, seguido en importancia de las bombas de calor (56,8%).

Igualmente, crece la disponibilidad de aire acondicionado: el 68,8% de los hogares dispone de algún aparato, 11,4 puntos más que en 2008. Este crecimiento viene acompañado de mejores prácticas en el uso: la temperatura media durante el día es de 23,2 grados, medio grado más alto que diez años antes, si bien todavía no se sitúa en los 25 grados, que es la temperatura recomendada en verano por la Agencia Andaluza de la Energía. Lógicamente, en la disponibilidad de calefacción y aire acondicionado influye la ubicación geográfica de las construcciones.

Conciencia medioambiental

También se percibe una evolución en la concienciación medioambiental de la población de Andalucía, a través de otros comportamientos tales como la participación activa en acciones a favor del medio ambiente y algunos factores que se tienen presentes a la hora de consumir.

En las encuestas se percibe un aumento claro en la última década en acciones como firmar en contra de situaciones que afectan al medio ambiente o en la participación en voluntariados y manifestaciones. Por el contrario, la colaboración económica con organizaciones que centran su actividad en este ámbito apenas ha cambiado.

Estas pautas son transversales en toda la población, si bien las características sociodemográficas permiten comprender en qué sectores se localizan principalmente este tipo de actitudes y comportamientos. Por ejemplo, mientras el porcentaje general de personas que firman en contra de acciones o situaciones perjudiciales para el medio ambiente es del 32,7%, aumenta hasta el 45% entre las personas con estudios universitarios.

Uso de vehículos

Otra forma de observar los cambios de modelo de consumo de la población está relacionada con las pautas de uso de los vehículos de motor. Actualmente, del total de viviendas que tienen como principal modo de desplazamiento un vehículo a motor, el 98,1% utilizan un combustible fósil, de los cuales la mayoría es diésel (61,8%).

Un 1,9% tiene vehículos híbridos o eléctricos y un 27,6% se ha planteado comprar un vehículo de este tipo en el futuro. Este último porcentaje aumenta hasta el 35,4% en los hogares con mayores ingresos (más de 3.000 euros netos al mes).

Atendiendo a la antigüedad del parque automovilístico, el 44,9% de la población tiene un vehículo principal a motor con más de diez años, si bien esta cifra se reduce hasta el 29,7% entre las viviendas de mayores ingresos.

Importantes empresas del sector de la Construcción se darán cita en el Foro e2 de Empleo UPV

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La vigésima edición de Foro e² tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo de 2020 en la UPV. Allí, más de 120 empresas e instituciones tendrán la oportunidad de recibir a jóvenes con distintos perfiles (Ingenieros de Obras Públicas, Ingenieros Civiles, Ingenieros de Edificación, Titulados en Bellas Artes y Arquitectura entre otros) dependiendo de las necesidades e intereses de cada compañía, además de aprovechar la oportunidad y darse a conocer así dentro de la comunidad universitaria.

Gracias a esta iniciativa, estudiantes y titulados pueden acceder a su primer empleo, conseguir orientación laboral en torno a su carrera profesional y demostrar así los conocimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de sus estudios.

Hace 20 años, la UPV fue pionera en poner en marcha Foro y desde entonces se han ofrecido 4.312 contratos laborales. En la última edición, participaron 123 empresas e instituciones que recogieron 11.662 Curricula. Hoy en día Foro e2 se ha consolidado como un punto de referencia a nivel nacional para que los departamentos de Recursos Humanos de las empresas más innovadoras y con mayor compromiso con el empleo juvenil recluten a jóvenes. El foro e2 permite a aquellas empresas concienciadas por el empleo e interesadas en incorporar personal, estrechar las relaciones con la Universidad, como una expresión más de su responsabilidad social corporativa. El plazo de inscripción para las empresas permanecerá abierto hasta el 16 de febrero.

La Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, destacando su certificación por el ranking de Shangai (ARWU 2019) como la mejor politécnica de España.

Durante los dos días en los que se celebrará este encuentro (6 y 7 de mayo), se podrán recoger cv’s de los titulados y estudiantes de los últimos cursos de la UPV; se realizarán procesos de selección y, además, las empresas podrán participar en mesas redondas. En la pasada edición más de 1.600 jóvenes asistieron a las distintas actividades paralelas.

¿Por qué ha sido un año clave para las Proptech españolas? ¿Cómo la tecnología puede revolucionar los procesos existentes?

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Carlos Pierre, CEO & Fundador de Badi

– El PropTech sigue creciendo en 2019 con más viviendas disponibles para alquilar. «Desde la explosión del PropTech en España ahora hace cuatro años, el sector no ha parado de crecer con la irrupción de nuevos actores cada año. Actualmente, existen en España alrededor de 300 negocios focalizados exclusivamente en el PropTech. Este es un indicador muy claro de que el sector está alcanzado una fase de estabilización consiguiendo un equilibrio óptimo entre actores y demanda disponible.»

– Los fondos internacionales apuestan por las PropTech españolas en 2019.

    «2019 ha sido el año en que los grandes fondos de inversión internacionales han puesto el foco en las PropTech españolas. El sector de la tecnología es cada vez más atractivo para los fondos extranjeros.»

    «Badi inauguró el año consiguiendo levantar el pasado mes de enero 30 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Goodwater Capital. Se trata de un fondo norteamericano que ha invertido en compañías tecnológicas líderes a nivel mundial como Spotify, Twitter y Facebook.»

    «La inversión de Badi ha sido, posiblemente, una de las rondas más importantes del sector PropTech en 2019. Pero no la única. Le sigue Housell, que en junio obtuvo una inversión de 12 millones de euros del fondo estadounidense Cerberus.»»El pasado mes de mayo Housfy consiguió levantar también una ronda de seis millones de euros liderada por los fondos internacionales de DN Capital – con oficinas en Reino Unido y Sillicon Valley- y Torch Capital – fondo norteamericano. Finalmente, destacaría la apuesta de Lakestar – fondo internacional que ha invertido en empresas como Facebook, Spotify, Glovo y Revolut – en la PropTech mallorquina Casafari invirtiendo en ella 5 millones de euros.»

    – Las PropTech están revolucionando el sector inmobiliario aportando un mayor desarrollo e inversión digital.

      «Las PropTech, que a través de su innovación y digitalización están aportando un mayor desarrollo e inversión digital al mercado inmobiliario. Esto hace posible que se creen más sinergias entre las grandes compañías del sector y las PropTech para la búsqueda de soluciones más disruptivas.»

      «La madurez del sector se aprecia por la incorporación de nuevas tecnologías al mercado y el incremento de la usabilidad de e?stas en el ámbito inmobiliario así? como la implementación de crowfunding para financiar nuevos proyectos. La entrada de estas nuevas tecnologías en el mundo inmobiliario ha cambiado la perspectiva de muchos procesos del mercado (acceso a la oferta, gestión, simulación de hipotecas, etc.), lo que ha favorecido la creación de modos más flexibles y eficientes en la toma de decisiones.»

      Ezequiel Cura, VP Engineering en Badi

      – Otro año donde las nuevas tecnologías no se han aplicado correctamente en el mercado del alquiler «A pesar de que Real Estate ha tardado en adoptar las nuevas tecnologías, los últimos años han sido testigos del éxito de la Realidad Virtual, las impresoras 4D y otras tecnologías de realidad aumentada en el ámbito de la construcción.»

        «Esta tecnología, la cual resulta estar en una fase de madurez en la creación de prototipos y la construcción en general, no funciona tan bien cuando se trata del sector del alquiler de pisos y habitaciones.»

        «A pesar de los esfuerzos por encontrar una aplicación tangible en el sector del alquiler de habitaciones, todavía existe una necesidad psicológica de conocer a la persona con la que el inquilino va a compartir su casa.»

        «Nuestro objetivo es construir experiencias seguras. Nuestro objetivo es superar esta barrera física construyendo experiencias aún más seguras. En este sentido, la Realidad Virtual podría permitir a los futuros inquilinos tener una idea de su vida en el nuevo hogar, visitar el vecindario y compartir experiencias reales con sus nuevos compañeros de piso.»

        – 2019 se ha centrado en redescubrir cómo la tecnología puede revolucionar los procesos existentes.

          «Incorporar depósitos digitalizados más seguros nos ha permitido comprender mejor los beneficios que nuestros usuarios necesitan. Con estos nuevos conocimientos adquiridos, 2020 se centrará en ampliar nuestra huella de digitalización en el Real Estate aún más, expandiendo el concepto de Property as a Service. Es decir, poner a disposición de nuestros usuarios tecnologías que se centran no solo en mejorar la experiencia durante la búsqueda de una habitación, sino que también aportan beneficios a la experiencia una vez el inquilino ha entrado en la habitación. Badi Homes es nuestra mayor apuesta en este sentido, y aplicar smart housing technology a este proceso es el paso más evidente.»

          – Estamos asistiendo a una segunda ola de aplicaciones blockchain: administración pública.

            «El Blockchain puede convertirse en una nueva infraestructura central que respalde el intercambio de información entre administraciones públicas, ciudadanos y empresas.»

            «Georgia’s Exonum land title registry es un ejemplo claro de cómo el blockchain podría proporcionar un sistema de titulación de propiedad que sea público, seguro y protegido. Una tecnología como ésta brinda tranquilidad a todos: uno sabe que los derechos de propiedad no pueden ser disputados injustamente dado que se puede rastrear la historia completa.»

            «Para plataformas como Badi esto se traduce en más seguridad y menor riesgo de fraude para nuestros usuarios al mismo tiempo que permitiría a los propietarios y autoridades identificar posibles responsables de fraude.»

            Jaime de la Torre, Director de Badi Homes

            – El co-living es una tendencia global que ha llegado a España para quedarse.

              «El co-living es una tendencia mundial que llega para quedarse como una alternativa más de alquiler en las ciudades más importantes del mundo. Es una clara tendencia al alza que vemos desde hace años en las ciudades más punteras en términos de alojamiento y vivienda. El co-living del futuro inmediato es un inmueble tecnológicamente superlativo en el que un inquilino puede gozar tanto de la privacidad de una casa como de todas las comodidades que otorga un hotel de lujo, todo mientras convive con personas afines cultural y laboralmente, lo cual ayuda a reforzar el sentimiento de comunidad.»

              «En Badi creemos que el futuro del co-living en España pasa por aprovechar los pisos de las ciudades con múltiples habitaciones y grandes espacios comunes, que han quedado obsoletos ante el modelo actual de familia, para equiparlos y ofrecer servicios asegurando que la experiencia de este tipo de hogar sea de calidad para los inquilinos.»

              – El compañero de piso del futuro exigirá, por encima de todo, flexibilidad.

                «El concepto de compañero de piso está evolucionando, y no únicamente en el mercado español, sino en todo el mundo.»

                «El inquilino actual demanda una vivienda flexible, sin compromisos a largo plazo, que le posibilite cambiar de residencia rápidamente, o de ampliarla si decide formar una familia. También desea los mínimos inconvenientes burocráticos, oferta de servicios e inmediatez, siendo un individuo muy consciente del valor de su tiempo. Los inquilinos de 2020 en adelante serán nativos digitales con gran tendencia al uso de los servicios on-demand para consumir contenido (Netflix), bienes materiales (Amazon), o comida (Deliveroo) y por tanto demandarán lo mismo de su vivienda. Gracias a los nuevos modelos de co-living y flatsharing, encuentran esa flexibilidad que les permite vivir en el centro de las ciudades.»

                Ignasi Giralt, General Manager España de Badi

                – El mercado del alquiler de habitaciones en España seguirá creciendo en 2020.

                  «El mercado de alquiler en España ha aumentado del 19,1 % en 2010 al 29,9 % en 2018. Esta tendencia al alza se seguirá observando en el 2020. La población urbana en las principales ciudades de España seguirá aumentando hasta el 2050 y ante la dificultad de las ciudades para construir nueva vivienda, el mercado del alquiler, y en particular el alquiler de habitaciones, y su capacidad para desbloquear la vivienda existente en el mercado será una de las verticales con mayor crecimiento el mercado inmobiliario.»

                  – Compartir piso se impone como estilo de vida en las grandes ciudades europeas.

                    «En los últimos años, las ciudades españolas y, más concretamente Madrid y Barcelona, se están acercando a modelos de ciudades del norte de Europa como Londres, Berlín, Ámsterdam o Dublín, en las cuales compartir es un estilo de vida.»

                    «Sin embargo, España sigue siendo aún un país dominado por la propiedad. Se calcula que más del 70% de la vivienda disponible en España es de propiedad frente a un 50% en las ciudades europeas. Sin embargo, la falta de crecimiento de la oferta y el aumento exponencial de la demanda está obligando a las grandes ciudades a encontrar nuevas soluciones más enfocadas al alquiler y más concretamente, al alquiler de habitaciones.»

                    Los instaladores promueven la seguridad en las instalaciones de gas entre las personas mayores

                    Redacción
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                    Con la llegada del frío se incrementan las denuncias por falsos revisores de gas, que hacen su particular «agosto» entre la población de avanzada edad.

                    Según Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía), la mayoría de las personas mayores todavía desconocen los consejos de seguridad en el suministro o revisiones de los aparatos de gas. «Este desconocimiento provoca que la población más vulnerable ceda ante fraudes por amenazas de suspensión de suministro de gas, por ejemplo, en la temporada de más frío», advierte Inmaculada Peiró, directora General de Agremia.

                    Durante esta temporada se incrementa, además, el número de visitas de técnicos a los domicilios, «con lo cual hay que extremar las precauciones», avisa Peiró.

                    Entre las situaciones más comunes de fraudes y, por lo tanto, las que requieren una mayor atención, destacan las siguientes: las falsas revisiones de las instalaciones de gas que, recuerda Agremia, se deben pasar obligatoriamente cada cinco años tanto en gas canalizado como envasado (butano o propano), visitas no anunciadas, empresas no oficiales, falsificación de carnés de instalador, etc.

                    Desde Agremia se recomienda divulgar e informar de estos consejos, sobre todo a las personas de avanzada edad que viven solas:

                    – Desconfiar de personas que se hacen pasar por técnicos de la compañía de gas aun cuando vayan vestidos con logo identificable de la empresa e ir por parte del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Si no le han avisado ni usted ha llamado para que acudan a realizar la revisión periódica, no deje pasar a nadie que pretenda revisar su instalación, aunque le amenace con cortarle el gas.

                    – Solicite al instalador que le muestre su acreditación oficial. En ella debe figurar el número facilitado por la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente.

                    – Los falsos revisores simulan realizar una inspección de gas alegando que la instalación tiene un defecto grave. Presionan a los usuarios diciendo que de no llevarse a cabo la inspección y el consiguiente arreglo se pondrá en grave riesgo su seguridad y la de sus vecinos, que tendrán que cortar el gas o que serán objeto de fuertes sanciones económicas por parte de la Administración.

                    – Si la instalación es de gas natural o de propano canalizado, tanto la empresa distribuidora como la empresa instaladora habilitada le comunicará por escrito su coste antes de realizar la inspección. Dicho coste se cobra en la siguiente factura de gas, nunca se paga en metálico y en el momento de la visita al instalador.

                    – Si una empresa cuelga un cartel en su portal anunciando la próxima revisión, aunque sea en nombre de la distribuidora oficial, compruebe que es una empresa instaladora de gas habilitada. En la Comunidad de Madrid, Agremia pone a disposición de los usuarios un buscador de empresas legalmente habilitadas para realizar estas operaciones, adheridas al sistema de arbitraje de consumo y que han firmado el Código ético de la Asociación. No obstante, si no le avisan personalmente por teléfono o correo de que va a acudir un instalador a su domicilio, ignore ese cartel y póngalo en conocimiento de la Dirección General de Comercio y Consumo.

                    – Cuando la revisión es de gas butano, es el consumidor quien debe ponerse en contacto con una empresa instaladora de gas y solicitar sus servicios (compruebe que está acreditada y dispone de seguro de responsabilidad civil en vigor). En este caso la revisión sí se paga en el momento.

                    – Es recomendable verificar también si la empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente, lo que le facilitará cualquier posible reclamación posterior.

                    – Nunca muestre facturas ni facilite datos personales y bancarios, pueden usarlos para cambiar de comercializadora sin su consentimiento.

                    – Ante cualquier sospecha de desconocidos que aparezcan en su domicilio, se recomienda llamar a la Policía, pues siempre la compañía distribuidora avisa de la inspección por correo postal e indica las fechas aproximadas de la visita y el coste.

                    Agremia ha puesto en marcha, además, en colaboración con la Comunidad de Madrid y otras asociaciones (Sedigas) y empresas (Nedgia Madrid, Repsol, Madrileña Red de Gas, Redexis Gas y EDP) una campaña de seguridad para prevenir accidentes de gas en viviendas.

                    «Entre otros consejos, esta campaña incide en la vigilancia de la combustión -si la llama es de color azul esta es correcta, no así cuando es amarilla-, en la necesidad de no obstruir las ventilaciones obligatorias y cerrar la llave general si el usuario nota olor a gas», señala Inmaculada Peiró.

                    En España existen más de 13 millones de usuarios de instalaciones domésticas de gas, 2,2 millones sólo en la Comunidad de Madrid, representando su uso más del 50% del consumo de energía de las familias madrileñas.

                    A los menores de 30 años vivir solos de alquiler les cuesta el 94% del salario y solo el 18,5% se emancipa

                    Redacción
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                    El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha presentado el último Observatorio de Emancipación Juvenil (OBJOVEM) del primer semestre de 2019 en una ponencia en la que han intervenido la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, María Rodríguez, así como el sociólogo que ha elaborado el estudio, Joffre López. Uno de los datos más relevantes de este informe es que solo el 18,5% de las personas de entre 16 y 29 años en España estaban emancipadas en el primer semestre de 2019.

                    Con este dato se alcanza uno de los valores más bajos de la serie, que no se veía desde el año 2002.Contrasta especialmente el hecho de que, a pesar de que la tasa de emancipación ha bajado, la tasa de empleo haya subido y la población joven en riesgo de pobreza haya disminuido, porque estos avances en la estabilidad económica no se han traducido en un mayor volumen de emancipación.

                    Este descenso generalizado de la emancipación juvenil ha sido especialmente pronunciado en Cantabria, Canarias y Castilla y León (que ya eran, junto a Andalucía, las CCAA con menor volumen de emancipación residencial) y en las pocas Comunidades en las que se ha registrado un crecimiento de cierto calibre (Aragón, Euskadi, Extremadura, Navarra y La Rioja) este se encuentra estrechamente vinculado al incremento de la población joven nacida en el extranjero y al saldo migratorio positivo.

                    Los últimos datos colocan a Cantabria como el territorio con una tasa de emancipación juvenil más baja (14%) y Cataluña con la tasa más alta (23,1%).

                    Esto no quiere decir que las personas jóvenes que han nacido en Cataluña se emancipen más y antes que el resto de la población joven.

                    Esta edición del Observatorio de Emancipación Juvenil del CJE añade un nuevo matiz a los estudios, permitiendo clasificar a la población joven emancipada no solo por lugar de residencia, sino también por lugar de nacimiento.

                    Este análisis permite constatar que, en Comunidades como Castilla y León, que tradicionalmente registra unas tasas muy bajas de emancipación residencial, las personas jóvenes de ese territorio salen a emanciparse fuera del territorio, sobrepasando por ejemplo el número de personas jóvenes nacidas en la Comunidad de Madrid (uno de los territorios con mayor tasa) que están emancipadas.

                    Así, la vicepresidenta del CJE, María Rodríguez, recalca que no todas las salidas del hogar familiar se traducen en una emancipación satisfactoria. «No es lo mismo una emancipación con garantías, de estabilidad laboral o salarial, que una emancipación precaria como aquella a la que se enfrentan personas que abandonan su ciudad de origen, buscando una mayor amplitud laboral o de estudios. En ese caso, las personas jóvenes se ven abocadas a una emancipación forzosa cuando, a lo mejor, las condiciones no son ideales para ello y esta precariedad se sostiene en el tiempo, porque su capacidad de ahorro desaparece al tener que mantenerse constantemente por encima de lo que se consideraría un coste de vivienda asumible», asegura.

                    Otra de las novedades que incluye la nueva edición del OBJOVEM es la medición del coste de emancipación en pisos compartidos. Tal y como expone nuestro experto, Joffre López, «ante la imposibilidad de comprar o alquilar una vivienda entera, son cada vez más las personas jóvenes que comparten viviendas de alquiler. Sin embargo, esta opción tampoco es viable con un salario medio en algunos de los territorios».

                    Estas variaciones según la zona son las que hacen que, de media, una persona joven deba dedicar un 30,8% de su salario neto a pagar el alquiler en el caso de un piso compartido. Este porcentaje sigue encontrándose por encima del 30% que se considera el umbral de endeudamiento tolerable para emanciparse.

                    Sin embargo, y a pesar de la normalización en nuestra sociedad de la emancipación en pisos compartidos, la emancipación en solitario sigue siendo un reto: una persona joven tendría que dedicar, de media, un 94,4% de su salario a afrontar este alquiler, por lo que solo el 16% del total de la población joven emancipada vive sola.

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