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Aumenta el interés por incluir ‘cláusulas COVID’ en los contratos de alquiler

Los abogados de Legálitas reciben a diario consultas sobre las cláusulas COVID, un nuevo anexo que se está comenzando a incluir dentro de algunos contratos de alquiler.

Si se desea incluir esta cláusula, propietarios e inquilinos deben negociar un acuerdo para definir las circunstancias del arrendamiento si se diera un nuevo estado de alarma.

Uno de los aspectos que está levantando muchas dudas por parte de tanto inquilinos como propietarios en el contrato de alquiler de una vivienda o local comercial es qué ocurriría en el caso de que los rebrotes de coronavirus que se están viviendo en estas semanas den lugar nuevos confinamientos o un estado de alarma que obligue a las personas a cambiar sus rutinas, modos de vida e incluso su lugar de residencia.

A la hora de firmar un alquiler, se deben de tener en cuenta una serie de condiciones y ambas partes deben dedicar el tiempo suficiente a revisar el contrato con detenimiento. Antes de la irrupción de la pandemia de la COVID-19 en el mundo, prácticamente ningún contrato de alquiler incluía ninguna cláusula referente a las condiciones del arrendamiento en el caso de una pandemia, pero hoy en día ese escenario es todo menos descabellado.

Un colectivo especialmente vulnerable a los posibles efectos de una pandemia en cuanto a su alquiler es el de los estudiantes; en concreto, aquellos universitarios que se mudan a otra ciudad para sus estudios y que, de implantarse un nuevo estado de alarma o confinamiento para frenar el virus, probablemente se verían obligados a abandonar de nuevo sus clases y volver a sus respectivos domicilios habituales que tengan fuera del curso académico.

Recientemente, los abogados de Legálitas están comenzando a percibir un interés por parte de los clientes en las llamadas ‘cláusulas COVID’, un anexo al contrato de alquiler que especifica las condiciones en caso de un rebrote o un nuevo estado de alarma que llevara al confinamiento.

Si bien los estudiantes están viviendo una gran incertidumbre durante este nuevo curso, no son solo estas personas las que podrían beneficiarse de una cláusula COVID, sino que muchas personas están actualmente interesadas, tales como las que se encuentren ahora mismo disfrutando de un alquiler vacacional, los que se hayan desplazado a otra ciudad por motivos de trabajo o incluso los extranjeros que, de agravarse la situación, se verían obligados a retornar a su país de origen. Asimismo, los locales comerciales de alquiler se pueden acoger a una cláusula de este tipo.

Desde Legálitas, en las últimas semanas se está experimentando un aumento de las consultas sobre estas cláusulas, con dudas que van desde si es legal o no la cláusula o casuísticas diversas, tales como, en caso de confinamiento, qué hacer si existen varios compañeros de piso y uno abandona la vivienda en el confinamiento, si se debe seguir pagando la mensualidad del alquiler o, por parte de los propietarios, cómo hacer para reclamar el impago de la renta.

Asimismo, los clientes hacen preguntas como «¿Es recomendable, como inquilino, exigir una cláusula COVID?», «¿Puedo negarme, como propietario, a incluir la cláusula si me lo piden?», o «¿Qué debo incluir en la cláusula COVID-19 para un contrato de alquiler?».

Las inquietudes sobre este tipo de anexo provienen, pues, de personas en diferentes circunstancias, tanto arrendadores como arrendatarios que quieren saber si esta modificación en el contrato les beneficiaría o, por el contrario, si les sería más bien perjudicial.

¿Las ‘cláusulas COVID’ son legales?

Ante la duda de muchas personas, en Legálitas confirmamos a los ciudadanos, en primer lugar, que este tipo de cláusulas son legales y el objetivo de llevarlas a cabo es para tener claro cómo se actuaría en esta situación hipotética de un nuevo confinamiento y esclarecer el mayor número de dudas al respecto.

¿Cómo se debe elaborar una ‘cláusula COVID’?

Siempre será beneficioso que un contrato de alquiler sea lo más detallado posible. De este modo, cuanto más se comuniquen ambas partes para abarcar todos los supuestos posibles, más claro tendrán a qué atenerse en cada situación.

En este sentido, una cláusula COVID-19 o coronavirus se elabora, a petición de la parte interesada, dependiendo de las circunstancias que puedan afectarle. Por ejemplo, el inquilino, ya sea un estudiante universitario, trabajador, turista, etc., podría pedir que el contrato se rescindiera en caso de un nuevo confinamiento que le obligara a volver a su domicilio previo en su localidad de origen. Por su parte, el propietario puede pactar con el inquilino una cantidad a percibir en caso de un nuevo estado de alarma que le garantizara seguir cobrando las rentas en lugar de rescindir el contrato completamente, pudiendo evitar asimismo la morosidad. Son ambas partes las que deberán negociar un acuerdo para poner ese anexo por escrito en dicho contrato de alquiler.

Ante la duda, el asesoramiento de un experto puede ser de utilidad para ambas partes a la hora de definir y redactar un anexo o ‘cláusula COVID’.

Ante el miedo a un nuevo confinamiento, ¿es legal alquilar un piso solo por unos meses?

Otra situación en la que nos podemos encontrar, que afecta tanto a caseros como a inquilinos, es que el contrato de alquiler sea solo por unos meses. Esta opción se puede dar, por ejemplo, si un arrendador no consigue alquilar el piso por una temporada larga, debido a la situación actual, y opte por alquilarlo por unos pocos meses o incluso semanas. ¿Es este cambio legal?

Pues bien, aunque sí lo sea, deben de cumplirse una serie de requisitos para hacerlo con todas las de la ley. Es una creencia común pensar que los alquileres deben de ser de una corta duración para que sean considerados «de temporada», y viceversa, es decir, que, si un alquiler es de corta duración, significa que es de tipo turístico o de temporada.

Tal como indica la ley, esto no es más que una leyenda urbano-jurídica. Lo cierto es que la duración del arrendamiento se pacta libremente entre ambas partes y si, por ejemplo, un estudiante, trabajador o local comercial decide alquilar un piso por unos meses, eso no se traduce en que sea un alquiler de temporada.

Es importante destacar que la temporalidad, tal como indica nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos, debe darse de nuevo por una cláusula que así lo indique, donde se explique la razón de dicha temporalidad (si el inquilino se desplaza de su domicilio habitual por trabajo, educación, etc.).

Wayra Investors Day reúne a 150 inversores con una cartera de más de 3.400 millones de euros

La nueva edición del Wayra Investors Day ha tenido, por primera vez, un formato híbrido: ha sido emitido desde las sedes de Barcelona y Madrid con la participación en remoto de startups e inversores.

Citibeats, Clevernet, Floorfy, Galgus, Humanox, Peoople, Proppos y sofiathinks han sido las startups que han presentado sus proyectos frente a los inversores en formato pitch.

GP Bullhound, Target Global, Notion Capital, Nauta Capital, Caixa Capital Risk, Bstartup o The Venture City fueron algunos de los fondos participantes en el Wayra Investors Day.

Wayra, el hub de innovación de Telefónica, ha celebrado este jueves una nueva edición de su Investors Day, que ha contado con la participación de ocho startups y más de 150 inversores con una cartera de inversión superior a los 3.400 millones de euros. La iniciativa representa una oportunidad de conectar el ecosistema de inversión nacional con fondos internacionales, al tiempo que las startups de Wayra optan a captar inversión, escalar a nivel internacional y conectar con los mejores fondos de Europa.

El Wayra Investors Day se ha celebrado en formato híbrido, emitido desde las sedes de Wayra en Barcelona y Madrid con la participación en remoto de los principales fondos de inversión en Europa conectados desde los distintos hub tecnológicos de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos. El evento ha acogido una mesa redonda sobre cómo los fondos de capital riesgo se están adaptando a invertir en remoto. La mesa ha sido moderada por la presentadora Helena Diez-Fuentes y ha contado con la participación de Lina Chong, directora de Inversión del fondo alemán Target Global; Boris Golden, director del fondo francés Partech; Itxaso del Palacio, Partner en el fondo británico Notion Capital; y Xevi Fuyá, Investment Associate en Nauta Capital, fondo con base en Barcelona, Múnich y Londres.

«El covid nos ha obligado a todos a cambiar la forma de hacer las cosas, incluso en un mundo tan dinámico como el emprendedor. En Wayra nos hemos adaptado y la mejor prueba es la primera edición del Wayra Investors Day virtual, un encuentro que nos permite conectar a los agentes principales del ecosistema emprendedor y generar oportunidades de negocio conjunto», ha explicado Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

Un total de 8 startups vinculadas a Wayra España (Citibeats, Clevernet, Floorfy, Galgus, Humanox, Peoople, Proppos y sofiathinks) presentaron sus proyectos a los fondos de inversión defendiéndolos en formato pitch de 5 minutos. Se trata de startups especializadas en realidad virtual, internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, vídeo o conectividad.

«En Wayra no solo actuamos como puente de conexión de la innovación que realizan las startups y Telefónica sino que además les ayudamos a escalar y conectar con lo mejor del ecosistema inversor nacional e internacional. El año pasado invertimos 1,4 millones de euros en startups y este año seguimos tan activos como siempre a un muy buen ritmo de inversión», explica Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Estas jornadas reflejan la apuesta de Wayra por coinvertir en startups maduras y tecnológicas junto a otros coinversores, presentes en el Wayra Investors Day, como como GP Bullhound, JME, Elaia Partners, Seaya Ventures, Caixa Capital Risk, Faraday Venture Partners, The Venture City, Kibo Ventures, Adara Ventures, Swanlaab, BStartup de Banco Sabadell, Kfund, Nekko Capital, The Crowd Angel o Encomenda. La realización del evento en formato híbrido ha permitido maximizar la accesibilidad y demuestra que es posible seguir analizando compañías e invirtiendo en remoto.

Desacuerdos entre herederos, la traba más común para vender pisos heredados

España es un país tradicionalmente de propietarios y, por tanto, de herederos. Ahora, con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y el aumento del número de fallecidos, se espera que se produzca un incremento de las sucesiones. Una gran parte de ellas tendrán múltiples parientes con derecho sobre el legado y no es secreto para nadie que, en estas circunstancias, suelen surgir desavenencias. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estos desacuerdos? ¿Qué otra dificultad nos podemos encontrar en el proceso de vender un piso heredado? A continuación, resolvemos estos interrogantes.

La falta de acuerdo

El grado de consenso entre los herederos puede, sin duda alguna, facilitar el proceso para vender un piso heredado o, por el contrario, hacerlo cuesta arriba. Esto se debe a que la aceptación de una herencia puede tardar, como mínimo, unos dos o tres meses según el bufete Lean Abogados, pero si uno o varios de los herederos no están de acuerdo con el reparto, el proceso de adjudicación puede tardar años.

Esto se debe a que, en este caso, es probable que no quede otro remedio que ir a juicio para dividir la herencia. Según Arriaga y Asociados, si uno de los sucesores no tiene la voluntad de aceptar el legado y su parte representa más del 50% de la masa hereditaria, la resolución del asunto puede llegar a tardar hasta cuatro años.

Y hasta que la herencia no esté totalmente repartida entre todos los herederos, no podremos vender el piso heredado, ya que no seremos los dueños legales del inmueble, explican fuentes del comparador financiero HelpMyCash.com.

¿Qué pasa si el conflicto surge porque una de las partes no quiere vender después de aceptar la herencia? En este caso, al haberse producido el cambio de titularidad, estamos hablando de una situación de copropiedad. Para disolverla, será necesario dividir la cosa común, bien sea a través de una extinción de condominio para que la parte que no quiere vender se quede con la casa (compensando al resto de herederos) o mediante un juicio que acabará con la venta de la propiedad en subasta pública.

La falta de acuerdo no es el único obstáculo para vender un piso heredado

Otro de los obstáculos habituales con el que se pueden encontrar los herederos para aceptar un legado es la negativa o las trabas que ponen las entidades bancarias para permitir el pago de los impuestos de la herencia con el dinero del fallecido.

Esto es totalmente legal, pero los bancos no lo ponen fácil. Es común que pidan documentación adicional a los herederos y, a medida que estos lo van solucionando, siempre aparecen requisitos nuevos por parte de los departamentos de asesoría jurídica de las entidades, según el Grupo Hereda. Esto retrasa el abono de los impuestos y pone en un aprieto a los sucesores que, generalmente, quieren resolver rápido el asunto para poder finalizar el trámite y vender el piso heredado.

Para resolver esta situación, desde el comparador financiero HelpMyCash aconsejan que los herederos presenten toda la documentación solicitada, insistan y presionen a los bancos y se armen de paciencia, ya que si el fallecido les dejó dinero en efectivo no tienen por qué pagar los impuestos de la herencia de su bolsillo.

La OCU pierde su neutralidad ante los consumidores y usuarios al recomendar los seguros de protección de rentas 

La OCU aconseja mal a los propietarios cuando les anima a alquilar la vivienda por su cuenta y riesgo, fomentando el incremento de los precios del alquiler.

El propietario obtiene una mayor rentabilidad del inmueble con precios competitivos, logrando así un alquiler de larga duración, mayor estabilidad y menos gastos.

Si los propietarios particulares subiesen un 21% los alquileres, aumentaría inestabilidad del alquiler y se dificultaría el acceso a la vivienda por parte de los inquilinos.

La profesionalización del sector de los arrendamientos urbanos: ayuda a combatir la morosidad, incrementa la rentabilidad de los propietarios y beneficia a inquilinos y propietarios con la gestión profesional del alquiler.

Nos llama poderosamente la atención que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, cuando los seguros no son especialistas en alquileres, solo cubren riesgos, pero desconocen el precio de los alquileres y su gestión.

«La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha perdido claramente su neutralidad ante los consumidores y usuarios, al recomendar los seguros de protección de rentas como una mejor solución por encima de las agencias que garantizamos el cobro de las rentas, y además anima a los propietarios a que gestionen ellos mismos sus alquileres, lo que conllevaría un aumento de la morosidad y un incremento del 21% del precio de los alquileres en España», alerta José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler. «Resulta, cuando menos sospechoso, que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, cuando los seguros no son especialistas en alquileres, solo cubren riesgos, pero desconocen el precio de los alquileres y su gestión», advierte Zurdo.

Estas declaraciones de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), se producen tras conocer la comparativa que la OCU ha realizado entre las agencias que garantizan el cobro del alquiler y el alquiler gestionado directamente por propietarios particulares contratando seguros de protección de rentas, advirtiendo que estas agencias ofrecen hasta un 21% menos de renta, lo que supone para el propietario una pérdida de ingresos muy relevante.

«El desconocimiento de la OCU sobre estos temas es preocupante, advierte Zurdo, porque están aconsejando mal a los propietarios, animándoles a alquilar la vivienda por su cuenta incrementando los precios del alquiler, lo que va claramente en contra de su rentabilidad».

«Cuando los profesionales que nos dedicamos a la gestión de los alquileres aconsejamos a los propietarios que moderen el precio del alquiler, y éstos bajen para acomodarse a las rentas familiares, estamos beneficiando a los propietarios que obtendrán una mayor rentabilidad del inmueble a un precio competitivo y de larga duración. Además de que en precios más competitivos se puedan solicitar a los inquilinos mayores garantías económicas.

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR AUMENTA LA RENTABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS Y MEJORA EL ACCESO A LA VIVIENDA DE ALQUILER

«Con nuestra gestión profesional, estamos aumentando la rentabilidad y las garantías para el propietario, la gestión integral del alquiler evita conflictos entre propietarios e inquilinos, beneficiamos a los inquilinos en el acceso a la vivienda y logramos una mayor estabilidad del mercado de alquiler; no entendemos como la OCU desaconseja la profesionalización del sector que estamos llevando a cabo entre estas empresas, cuando además es un sector muy desarrollado en la mayoría de países de la UE», subraya José Ramón Zurdo.

El Director General de ANA explica el peligro de una caída de la rentabilidad para el propietario cuando se suben excesivamente las rentas: «la rentabilidad de una vivienda en alquiler alcanza rentabilidades entorno al 5% (*) para un propietario, pero esta rentabilidad peligra cuando los precios de los alquileres se sitúan por encima de los precios de mercado, pudiendo caer la rentabilidad hasta en 3 puntos porcentuales. Las rentas altas en el alquiler, que aconseja la OCU, traen alquileres de corta duración con constantes gastos de reposición, períodos donde la vivienda no está alquilada, o un incremento de la morosidad por impago de renta y suministros, puesto que el propietario particular no tiene las herramientas necesarias para seleccionar a un inquilino y evitar los impagos». (*Análisis de Rentabilidades en Arrendamientos de Viviendas. Junio 2020. Agencia Negociadora del Alquiler)

LA OCU SE POSICIONA CON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

«Nos llama poderosamente la atención que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, cuando está demostrado estadísticamente que una gran parte de los problemas de los alquileres se originan en una deficiente gestión, y todos conocemos que los seguros no gestionan los alquileres, por lo tanto al no intervenir, no pueden actuar para intentar solucionar los problemas de gestión, que en muchas ocasiones desembocan en impagos de rentas e incumplimientos contractuales», señala José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)

«Al mismo tiempo no entendemos como la OCU recomienda la complicadísima gestión de los alquileres – que es donde se produce el embrión de muchos impagos futuros – a los propios particulares carentes de la experiencia y formación para gestionar tan delicada gestión», señala Zurdo

«En cuanto a la selección de los Tribunales o los Arbitrajes, para dirimir las controversias de los alquileres, teniendo en cuenta el perfil tan garantista de inquilinos que seleccionamos en ANA, la vía del arbitraje nos parece bastante más ágil y eficaz que la de los Tribunales, que actualmente y después de la parálisis de plazos que provocó el COVID-19, están en «embudo» y sin fechas de descongestión», concluyó José Ramón Zurdo.

Por último, Jose Ramón Zurdo declara que, «es obvio, y se puede comprobar por la oferta contemplada en los portales inmobiliarios, que cualquier oferta en compra o en alquiler en la que intervenga un profesional, va a tener precios más competitivos que la de los particulares. Y la razón es evidente, el profesional sabe en qué precios se están vendiendo o alquilando las viviendas porque es un profesional formado, con experiencia en el sector y que maneja datos de mercado, de primera mano. Por el contrario, un particular no tiene esa dedicación, ni esa formación, y desde el desconocimiento lógico siempre tenderá a ofertar su vivienda a un precio mayor, ligado a criterios más subjetivos como, por ejemplo, su relación sentimental con el inmueble o la cuota de la hipoteca».

El último informe de Arup revela las consecuencias de la pandemia en la movilidad urbana europea

El informe analiza las tendencias de movilidad en Madrid, Milán y Dublín.

El 44% de los encuestados piensa que su movilidad se reducirá gracias al teletrabajo.

La semana europea de la movilidad coincide este año con las primeras semanas de una inusual vuelta al cole. Como respuesta a la necesidad de acompañar o ayudar a los niños en los viajes genera movimiento, los operadores de transporte público ya están tratando de aumentar la frecuencia de los servicios de transporte público para permitir una menor aglomeración. Pero… ¿reducirán esos esfuerzos la reticencia tan expresada a utilizar el transporte público?

¿Qué opciones seguras existen, si no es el coche, para los que tienen que hacer viajes más largos? Éstas y otras preguntas son los desafíos a los que se enfrentarán las ciudades en toda Europa hasta que se introduzca una vacuna eficaz. Arup ha realizado una encuesta a residentes de Madrid, Milán y Dublín con el objetivo de analizar las consecuencias del teletrabajo y la intención de movilidad en el ámbito urbano.

El informe COVID-19 Mobility Insight determina las consecuencias de la pandemia en las tendencias de movilidad, así como en el comportamiento de los usuarios en las tres ciudades mediante la recopilación de datos relativos a la distribución modal y los tiempos de desplazamiento antes y después de la emergencia sanitaria.

Los resultados arrojan cómo antes de la llegada de la pandemia nunca nos cuestionamos que nuestras rutinas pudieran cambiarse y ahora el 44% de los encuestados afirma que su movilidad se reducirá gracias al teletrabajo. ¿Podrían estas nuevas tendencias remodelar y optimizar completamente la futura movilidad urbana? ¿Tienen el potencial de aplanar la curva de demanda y llevarnos hacia una nueva normalidad más sostenible?

A medida que nos acostumbramos a la «nueva normalidad» es fundamental comprender y prever el impacto de los cambios de comportamiento de los usuarios en los modos más sostenibles: caminar, usar las bicicletas o el transporte público, sumado a las nuevas soluciones de movilidad, y la forma en que las autoridades y los operadores han reaccionado rápidamente a esta situación sin precedentes.

Dado que los problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias, esta situación ha impulsado la aplicación de valiosas iniciativas en todo el mundo. Aunque algunas puedan desaparecer rápidamente con la pandemia, otras permanecerán y definirán nuestra nueva normalidad.

Este informe ofrece una visión de las oportunidades que, tanto los ciudadanos como sus representantes, pueden emprender colectivamente para crear un nuevo conjunto de hábitos en el comportamiento y en la toma de decisiones.

«La movilidad urbana va a cambiar y puede que, con ella, el reparto del espacio urbano en la ciudad del futuro. Los retos que plantea la movilidad se pueden convertir en enfrentamiento cuando se da prioridad a unos modos frente a otros en ciudades (o partes de ellas) sin tener claros motivos para ello.», señala Rafael Ruiz, director asociado en Arup España y añade que «Apostar por el transporte público, la bicicleta y los peatones, con todo lo que esto representa en términos de reparto de espacios y prioridades en el espacio público, tendría efectos muy positivos.»

ASPRIMA valora positivamente el programa Primera Vivienda que pondrá en marcha la CAM

El plan destinará 12 millones de euros para avalar al menos 5.000 hipotecas de jóvenes madrileños.

El acceso de los jóvenes a la vivienda es una de las prioridades del sector inmobiliario en 2020.

Ante el anuncio de la puesta en marcha del programa Primera Vivienda por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ASPRIMA valora esta iniciativa como muy positiva, ya que con este plan el Gobierno regional busca mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

La Comunidad de Madrid destinará 12 millones de euros para avalar al menos 5.000 hipotecas de jóvenes madrileños de hasta 35 años que decidan comprar su primera vivienda, pero no cuentan con los ahorros suficientes para acceder a un crédito hipotecario. Los jóvenes deberán reunir una tipología de requisitos y la tipología de viviendas deberá ser de dos o tres habitaciones, con superficies de entre 80 y 90 metros cuadrados, de nueva construcción o de segunda mano, y con un precio que oscile entre los 150.000 y 400.000 euros de valor del inmueble en el mercado inmobiliario.

El acceso a la vivienda es una de las prioridades del sector inmobiliario en el año 2020. Dentro de las medidas que ha reclamado en repetidas ocasiones ASPRIMA al Gobierno central, se encuentra la puesta en marcha de avales ICO y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda que estimulen la compra, tal y como han hecho otros países europeos. De esta forma, los jóvenes que tienen capacidad de pago pero no de ahorro podrían hacer frente a la adquisición de una vivienda.

La sociedad española en su conjunto y, especialmente, las generaciones más jóvenes precisan cambios estructurales en el ámbito inmobiliario para trazar un nuevo escenario en el que el acceso a la vivienda sea más fácil. Para ello, fomentar políticas inmobiliarias que garanticen la seguridad jurídica del sector, la colaboración público-privada de los operadores inmobiliarios e incentivar la construcción de más vivienda social, son algunas de las soluciones que, en última instancia, permitirá a los jóvenes acceder a una vivienda.

SEGRO adquiere 8 nuevos activos en ubicaciones prime, en Madrid y Barcelona

SEGRO adquiere 8 nuevos activos en ubicaciones prime, en Madrid y Barcelona, con una superficie total edificable de más de 240.000 m².

SEGRO continúa su plan de expansión y consolida, con esta operación, su posición en el mercado español en el que cuenta actualmente con una cartera de inmuebles de 440.000 m² valorada en más de 450 millones de euros.

SEGRO, la Sociedad Anónima de Inversión Inmobiliaria (Socimi) británica líder en Europa y con presencia en España desde 2015, continúa su plan de expansión en España y consolida su posición con la compra de 8 nuevos activos (a través de la sociedad SELP), en ubicaciones prime, en Madrid y Barcelona, con una superficie edificable total de más de 240.000 m². SEGRO cuenta actualmente con una cartera de inmuebles de 440.000 m² con un valor actual superior a 450 millones de euros.

Las nuevas adquisiciones se distribuyen entre San Fernando de Henares, Villaverde, y Paracuellos en Madrid y Polinyà, Palau-Solità i Plegamans, Cerdanyola del Vallès, Viladecans y Terrassa en Barcelona y se orientarán principalmente a distribución urbana (última milla, logística inversa, cross docking, etc.), dada su ubicación privilegiada, próxima a los mayores núcleos urbanos del país con excelentes comunicaciones, aunque no se descarta algún proyecto de gran logística, en función de los requisitos de cada cliente. Darán respuesta a las necesidades de empresas nacionales e internacionales.

David Alcázar, Director General de SEGRO España, ha declarado:

«Estas adquisiciones responden a la primera fase de expansión, en el mercado español, con una inversión total prevista de mil millones de euros en la primera corona de Madrid y Barcelona. La compañía tiene como objetivo continuar creciendo en los próximos años y posicionarse como uno de los principales inversores del mercado inmobiliario logístico, industrial y de distribución urbana».

«La demanda de espacio inmologístico en la primera corona de las principales urbes ha aumentado de forma sustancial en el último semestre a raíz del incremento del consumo del comercio electrónico, acuciado por la situación del Covid19. Las empresas se han visto obligadas a focalizarse en la garantía de aprovisionamiento y en la mayor capacidad de almacenaje, basado en la proximidad y en la orientación de sus servicios a la omnicanalidad. Su objetivo es distribuir sus productos en el menor plazo de tiempo posible, de forma sostenible y eficiente. Estas necesidades se traducen en un incremento en la demanda de plataformas de última milla, pero también de logística inversa, cross docking y frigoríficas en ubicaciones muy próximas a las principales ciudades o en los propios núcleos urbanos».

«Estos nuevos proyectos se desarrollarán bajo los máximos estándares de innovación y sostenibilidad, integrándose tanto en el entorno paisajístico y ambiental, como en la vida socio-económica y cultural de las comunidades donde están ubicados».

Galicia busca paliar el impacto económico sobre las 5.000 edificaciones afectadas por la modificación de la Ley de Costas

La Xunta de Galicia ha tendido la mano al tejido empresarial para colaborar y seguir defendiendo los intereses de todas aquellas industrias y sectores asentados en la franja litoral de la comunidad por la intención del Estado de introducir cambios sustanciales en la Ley de costas del año 2013 y que, según las estimaciones del Gobierno gallego, podrían afectar a cerca de 5.000 edificaciones.

A una semana de que finalice el plazo de enmiendas al proyecto de Ley de Cambio Climático que modifica la normativa de costas, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la del Mar, Rosa Quintana, mantuvieron una reunión con representantes de las Confederaciones de Empresarios de A Coruña, Lugo y Pontevedra para analizar el impacto de la reforma sobre la vigencia de las concesiones en la zona de dominio público marítimo-terrestre.

Al respecto, Vázquez Mejuto recordó que, hace algo más de un año, fue Galicia la primera comunidad en dar la voz de alarma sobre la modificación del reglamento de la Ley de costas que quería aprobar unilateralmente el Gobierno central.

En aquel momento, la Xunta alertó de que los cambios previstos afectaban a la duración de las concesiones vigentes sobre terrenos localizados en la franja litoral, generaban inseguridad jurídica y, por tanto, ponían en riesgo el futuro y la permanencia en sus actuales localizaciones de miles de actividades empresariales y de inmuebles destinados a diferentes usos públicos y privados.

Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás y aceptó retirar la modificación del reglamento de costas pero meses después, como explicó Ángeles Vázquez, retomó su objetivo «a escondidas» a través de la nueva Ley de Cambio Climático, en estos momentos en fase de enmiendas. Por este motivo, la responsable autonómica exigió la retirada del artículo 18.4 de este proyecto legislativo, referido a la duración de las ocupaciones de la franja de dominio público.

«Creemos que no es necesario modificar la Ley de costas puesto que la normativa del año 2013 ya deja suficientemente claras estas cuestiones», recalcó la conselleira de Medio Ambiente, quien añadió que, en caso de promover una modificación del actual marco legal, la Xunta exige que se haga «con todas las garantías de transparencia, de diálogo y con la oportuna tramitación» en lugar de intentarlo «por la puerta de atrás a través de otra normativa diferente».

En la misma línea, la conselleira del Mar, Rosa Quintana, advirtió que, tal y como está, el actual proyecto de Ley de Cambio Climático que modifica la normativa de costas pone en riesgo a más de un centenar de empresas y otras actividades del complejo mar-industria. En este sentido, la titular de Mar trasladó una vez más el apoyo de la Xunta a la cadena mar-industria en favor de la seguridad jurídica de las empresas y del resto de edificaciones públicas asentadas en el litoral.

Finalmente, las dos conselleiras incidieron en que la modificación en materia de costas que trata de introducir «sin diálogo» el Gobierno central está generando preocupación y desconfianza entre los posibles afectados. Por eso, insistieron ante los representantes de la patronal de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra en que recogerán sus inquietudes y defenderán ante el Estado la necesidad de mantener esa «seguridad jurídica» que necesitan las empresas y edificaciones asentadas en el litoral gallego, garantizando un escenario normativo «claro y preciso» que permita su viabilidad.

Valencia actualiza el estado de los suelos industriales de cara a reactivar la economía

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), ha iniciado el proceso para elaborar una primera propuesta de clasificación de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana en área industrial básica, área industrial consolidada o área industrial avanzada.

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha destacado que para su realización «es imprescindible recabar toda la información relativa al suelo industrial de nuestros municipios y para ello necesitamos la colaboración de los ayuntamientos que son quienes mejor conocen las características de los espacios industriales ubicados en sus localidades». «Por ello -ha continuado- desde el Ivace les hemos remitido recientemente una carta en la que les solicitamos los datos necesarios para poder llevar a cabo esta clasificación».

Asimismo, ha detallado que esta categorización, recogida en la Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana, «se establecerá en función de las dotaciones y servicios que ofrecen los espacios industriales a las empresas».

Cabe recordar que el Ivace ha destinado en el periodo 2017-2019 más de 74 millones de euros a 181 municipios de la Comunidad para la mejora y modernización de sus polígonos industriales. Estas subvenciones, dirigidas a los ayuntamientos, han permitido mejorar las infraestructuras, servicios y accesos de los espacios empresariales y contribuirán a su clasificación como área industrial consolidada o avanzada.

En este sentido, Climent ha avanzado que desde el Ivace se está trabajando para en el ejercicio 2021 «contar con una nueva convocatoria de ayudas para seguir mejorando los polígonos industriales y hacerlos más atractivos para la implantación de empresas que generen empleo y riqueza».

El titular de Economía ha asegurado que uno de los objetivos de la clasificación de las áreas industriales «es establecer distintos niveles de impulso a la inversión pública y privada, así como promover las actuaciones de gestión y modernización en cada espacio y otorgar las marcas de calidad Municipio Industrial Estratégico o Municipio Logístico Estratégico».

Información solicitada

En la carta remitida por el Ivace a los ayuntamientos se les solicita la cumplimentación vía telemática de dos fichas. La primera de ellas se centra en recabar información sobre la situación actual del suelo clasificado como industrial dentro del PGOU de su municipio.

En concreto, se necesita conocer en el plazo de los 10 días siguientes a su recepción si los solares incluidos en las áreas clasificadas como industrial cumplen con lo exigido en el artículo 177 de la Lotup en el que se establece el acceso rodado hasta ellos por vía pavimentada, suministro de agua potable y energía eléctrica, evacuación de aguas residuales, acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público.

En una segunda ficha se les solicita a los ayuntamientos datos para la inclusión del área empresarial en el Mapa de Suelo Industrial de la Comunidad: situación exacta a través de las coordenadas ETRS89 UTM zona 30N, su denominación, servicios disponibles, vías de acceso y conexión, existencia o no de entidad propia de gestión y modernización, promoción pública o privada, sector de las empresas instaladas y plano individualizado del área industrial.

Ley de Áreas

El 5 de junio de 2018 se aprobó la Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad para impulsar la mejora de la calidad del suelo industrial, la colaboración público-privada y el desarrollo de servicios adicionales de valor añadido con la finalidad de incrementar la competitividad de las empresas y favorecer la creación de empleo.

Uno de sus aspectos más importantes es el que hace referencia a la clasificación y mapa de áreas industriales. Así, en los artículos 34 y 37 se establece el procedimiento para la clasificación, respectivamente, de las áreas industriales y de los enclaves tecnológicos en las diferentes categorías previstas y según las dotaciones y servicios existentes en las mismas.

De esta manera, la propuesta que realizará el Ivace permitirá continuar con el procedimiento de clasificación de las áreas y seguir avanzando en el desarrollo de la mencionada Ley.

Moonlake Capital amplia sus servicios de asesoramiento en materia de inversión inmobiliaria 

Moonlake Capital refuerza su equipo con la integración de Íñigo de Arteaga Pascual quien proviene de una dilatada trayectoria en el mundo de la banca, en banco Santander y Banco Popular.

Quien en su día estuvo a cargo del cierre de portfolios para los fondos institucionales valorado en más de 4.000 M de euros.

También ha incorporado en su equipo a Barry Gutknecht quien ha desarrollado su carrera profesional en Thomson Financial (más tarde adquirido por Bloomberg) lideró el esfuerzo en 1990 para el software comercial para el Wall Street Syndicate Desk haciendo ofertas de IPO y secundarias. En Morgan Stanley, a mediados de la década de 2000, fue uno de los miembros del personal original que creó la primera oficina de Seguridad de la Información para ofrecer soluciones tanto políticas como técnicas para proteger los datos de los clientes.

Moonlake Capital en la actualidad está ampliando sus servicios de asesoramiento en materia de inversión inmobiliaria en todos lo sectores de Real Estate, y cuenta con un equipo de 22 expertos en asesoramiento y análisis muy meticuloso en todas las áreas de la inversión inmobiliaria y de más de 30 años de experiencia.

Desde Moonlake Capital, creemos que en el mercado inmobiliario residencial a corto plazo se va a producir una reducción de la demanda que va a ajustar los precios a la baja. El incremento del desempleo producirá una reducción de la renta disponible de los hogares y una aversión al riesgo, razón por la cual muchas decisiones de compra de vivienda se pospondrán. No obstante, esta corrección de precios será distinta dependiendo de las tipologías de stock disponible (ubicación, calidad, etc). Esperamos una mayor bajada en las viviendas de segunda mano que en las de obra nueva.

No obstante, a medio plazo el mercado se recuperará siguiendo la recuperación del empleo, y las tipologías de activos que se comportarán mejor serán las viviendas en alquiler y las oficinas, en cambio los inmuebles en los que veremos una recuperación mas lenta serán aquellos mas vinculados a la presencia física (locales) y al turismo (hoteles).

En cuanto al mercado de NPLs (Non-Performing Loans), creemos que se va a producir un incremento de la venta de carteras de esta tipología en los próximos meses.

Por un lado las entidades financieras venderán este tipo de activos motivadas por el cambio en la regulación bancaria europea para préstamos morosos, que previsiblemente entrará en vigor en 2021 y provocará que la refinanciación de los préstamos se sigan contabilizando como morosos, y por lo tanto seguirán consumiendo recursos de capital.

Por otra parte, muchos fondos inversores que en los últimos años compraron activos de esta tipología se desharán de su balance no estratégico y veremos un incremento de las operaciones en secundario.

La visión de Moonlake Capital por Alejandro Criado Sánchez, Doctor en Derecho y abogado urbanista y con más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional en la Costa del Sol asesorando a promotores y particulares, así como asesorando a fondos de inversión Junto con Armin Ghorbanifar quien durante 10 años ha trabajado para que los fondos de inversión extranjeros promuevan operaciones en la Costa del Sol.

Además Alejandro Criado se ha dedicado a la formación de profesionales con la orgaización de cursos y jornadas sobre urbanismo. Quien ha escrito más de 10 libros sobre urbanismo y Derecho Administrativo por lo que la materia del Derecho Urbanístico e Inmobiliario.

Aunque nos muestra su visión sobre la situación de la crisis sanitaria mundial del COVID ha frenado el la buena situación de la economía mundial y del sector inmobiliario durante 2019 y principios de 2020, es evidente que la reactivación de la actividad económica y social en los países europeos va también a reactivar el mercado inmobiliario, aunque no con la misma fuerza que a principios de 2020, pero si con un razonable impulso en la Costa del Sol, donde siempre es una oportunidad para invertir y para venir a disfrutar del sol, la naturaleza un clima inigualable y una riqueza histórica notable.

Por parte de la Junta de Andalucía se está tramitando una nueva Ley Urbanística para la autonomía de Andalucía para impulsar el sector turístico y de la construcción, uno de los grandes motores de creación de progreso y empleo en el sur de España, por lo que esperemos que a corto medio plazo empiece a dar buenos resultados.