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Andalucía expedientó a propietarios de más de un millar de construcciones ilegales en 2020

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La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha destacado en una respuesta oral en el pleno del Parlamento de Andalucía cómo el Gobierno andaluz ha intensificado la vigilancia para evitar la proliferación de edificaciones ilegales en Andalucía. Marifrán Carazo ha señalado el esfuerzo de la inspección urbanística, que superó el millar de expedientes tramitados en 2020, el doble que hace dos años.

Esta actividad inspectora demuestra que el decreto ley de viviendas irregulares no iba a ser una amnistía, sino que iba a sentar las directrices para acabar con la indisciplina urbanística de los últimos años.

«De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones ilegales como hacían los anteriores gobiernos», ha manifestado Marifrán Carazo, que ha puesto el acento en que ejercer la disciplina urbanística es fundamental, «porque muchas veces estas construcciones acarrean graves consecuencias medioambientales para el territorio».

El número de expedientes tramitados por la Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas se ha duplicado en solo dos años.

Frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 fueron 965 expedientes, un 73% más, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, con un incremento del 12% respecto a 2019 y un 95% más si se compara con 2018.

Este incremento de la actuación inspectora es fruto de la labor de reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector.

Así, durante 2020, y a pesar de que en el periodo de confinamiento del estado de alarma se suspendieron las visitas durante tres meses, el servicio de inspección realizó 524 visitas, frente a las 164 contabilizadas en 2018.

El aumento de las visitas de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo a lo largo de toda Andalucía se ha producido no sólo a raíz de las denuncias recibidas, sino en base a una programación previa de las actuaciones a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante el detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible.

Gracias a esta tarea preventiva, en 2020 se precintaron 65 edificaciones en el seno de parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable. El dato contrasta con el hecho de que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto. En esta labor está siendo clave la coordinación con los ayuntamientos, la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales y estatales.

Vigilancia en internet y acuerdo con el Estado

La consejera ha informado de que se está intensificando la vigilancia contra la publicación en Internet «de anuncios relativos a obras, actos y usos del suelo disconformes con la ordenación territorial y urbanística y sobre la nueva amenaza de instalación de viviendas prefabricadas en la costa andaluza».

Al respecto, en 2020 se han abierto 16 procedimientos sancionadores por haber publicitado en Internet la ejecución de estas obras, una de las novedades que se incluyen en el Decreto ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.

Sobre este decreto ley, que entró en vigor hace más de un año, Marifrán Carazo se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para que no presentase recurso de constitucionalidad contra esta normativa.

La regulación por Ley del precio del alquiler puede provocar importantes subidas 

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Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria indican que es un momento ideal para aumentar la oferta de viviendas en alquiler si se apuesta por incentivos fiscales o ayudas directas a los propietarios.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante advierte de que la propuesta del Gobierno de España de regular por Ley el precio de los alquileres puede provocar importantes subidas de las rentas en Alicante. De hecho, experiencias similares en ciudades como Berlín han demostrado que la limitación de las rentas de alquiler conduce a la reducción de la oferta de viviendas para este fin y una subida de los precios. La presidenta del Colegio API de Alicante, Marifé Esteso, señala que todos los profesionales inmobiliarios apuestan por otra solución: proporcionar incentivos fiscales o ayudas directas a los propietarios para conseguir que se introduzcan más viviendas en el mercado de alquiler residencial. A ello deben unirse cambios legislativos urgentes y decididos para aportar una mayor seguridad jurídica a los propietarios, de forma que tengan la confianza de que pueden recuperar su vivienda de forma rápida en el caso de que se produzcan impagos de la renta.

«El alquiler tiene un funcionamiento muy sencillo, y se rige por la oferta y la demanda. En los últimos años hemos sufrido tensiones alcistas en los precios porque la demanda era muy superior a la oferta, por lo que esta Ley contribuiría a agravar el problema, pues muchas personas retirarían sus viviendas del mercado de alquiler. Hay que trabajar en el sentido contrario, y precisamente ahora estamos en la coyuntura ideal para ello, cuando muchas viviendas han salido del circuito del alquiler turístico a causa de la pandemia. Es el momento de dar facilidad e incentivos a estos propietarios para que se decidan a dar el paso al alquiler tradicional y, con este aumento de la oferta, lograr una bajada de precios sin intervenciones ajenas», indica.

Además, Esteso señala que el miedo a la ocupación de las viviendas que se ponen en alquiler se está extendiendo entre parte de los propietarios, lo que también está contribuyendo a que se retraiga la oferta. «El alquiler social y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad corresponden a las administraciones, no es algo que se pueda echar sobre los hombros de los propietarios. Hay que recordar que, en la mayor parte de los casos, las personas que ponen viviendas en alquiler son ciudadanos de clase media que poseen una única vivienda y que la arriendan para obtener un complemento a sus rentas. Y en muchos casos se trata de unos ingresos necesarios para que esas personas puedan llegar a final de mes. Y si es porque una familia ha ahorrado para invertir y alquilar, pues esa es una opción que nos da el mercado y la libertad de elegir qué hacer con nuestros ahorros», explica.

Hay que tener clara la distinción entre lo que es el alquiler social, cuya gestión recae sobre la Administración, y el arrendamiento de viviendas de los particulares que las ponen en el mercado para obtener una renta por su inversión.

La previsión de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria es que, tras la corrección de precios producida en 2020, el precio del alquiler se mantenga estable en Alicante en 2021, con tendencia al alza cuando comience a reactivarse la economía y vuelvan a coger ritmo tanto el turismo como la actividad educativa. «El año pasado bajaron los alquileres, especialmente los más altos, pero si esta Ley sale adelante pueden perderse rápidamente los avances logrados para tener unos precios de alquiler más justados», sostiene la presidenta del Colegio.

Seis tipos de compradores de obra nueva que ha traído la Covid-19

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El auge de los inmuebles de nueva construcción está provocando un trasvase de la demanda de activos de segunda mano a los de obra nueva, provocando el surgimiento de nuevos perfiles interesados.

El deseo de adquirir este tipo de viviendas ya no solo se limita a familias de mediana edad, también ha dado paso a otros grupos de compradores: parejas jóvenes en busca de su primer inmueble, interesados que huyen de las reformas, inversores particulares o demandantes de edad avanzada.

La demanda de inmuebles de nueva construcción sigue en auge pese a la crisis y la reducción de la oferta. Así lo demuestra la última Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, que refleja que la compraventa de viviendas de obra nueva ha crecido más de un 4% respecto al mismo periodo de 2019. Una tendencia similar a la que siguió en el tercer trimestre, cuando los activos a estrenar registraron un aumento interanual en la demanda de más del 7%.

Tal y como indica este organismo, lo más probable es que la vivienda nueva presente durante los próximos meses un buen recorrido desde el punto de vista de la compraventa. La razón es que son la tipología de inmuebles que más se ajusta a las características demandadas actualmente: excelentes calidades, más eficientes, mayor tamaño y sensación de espacio, más habitaciones, buena iluminación, zonas exteriores, extras como piscinas, pistas deportivas y zonas infantiles, garajes, trasteros…

Esta tendencia está provocando un trasvase de compradores de activos de segunda mano hacia la obra nueva, dando lugar a nuevos perfiles demandantes de vivienda de nueva construcción muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados, anteriormente más enfocados a familias de clase media-alta. Un cambio que, incluso, también ha comenzado a percibirse en el mercado del alquiler, gracias al auge de fórmulas como el ‘build to rent’.

Solvia, testigo de primera mano de esta transformación como firma líder en la gestión de activos inmobiliarios, tanto en alquiler como a la venta, ha identificado algunos de los nuevos perfiles interesados en viviendas de nueva construcción:

Compradores que quieren desconectar de su trabajo. Gracias al auge del teletrabajo, muchos empleados ven la oportunidad de mudarse a las afueras o, incluso, a otros municipios o localidades alejados de su lugar de trabajo. Si deben ir presencialmente a la oficina, será de forma esporádica. Así, a diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, la ubicación de su empresa ya no les condiciona a la hora de elegir vivienda. Esto les permitirá optar por un inmueble de obra nueva mucho más adaptado a sus necesidades, en el que llevar a cabo cómodamente su jornada en remoto y donde poder desconectar el resto del día.

Perfil más joven en busca de su primera vivienda. La obra nueva, antes relegada a un público más maduro y de reposición, ha comenzado a despertar el interés de parejas jóvenes que buscan su primer inmueble. La ventaja de que ahora puedan teletrabajar, sumado al hecho de que estos activos se ubiquen en zonas en proceso de desarrollo y expansión, bien comunicados, con servicios y donde los precios son mucho más ajustados, están ayudando a que vean en las viviendas de nueva construcción un hogar asequible donde emprender una nueva etapa de vida y crear una familia.

Interesados que huyen de las reformas. Muchos de los nuevos compradores de este tipo de activos eligen también esta opción para evitarse el arduo proceso de hacer obras en su propio inmueble o en otra vivienda de segunda mano. A raíz de lo ocurrido, buscan unas determinadas características habitacionales que hasta ahora no tenían, y las quieren de forma inmediata, de ahí que la obra nueva sea su principal opción.

Personas mayores en busca de enclaves tranquilos y con zonas exteriores seguras. Este grupo poblacional ha experimentado durante los últimos meses una situación excepcional que ha limitado enormemente su tiempo y aficiones fuera del hogar. Así, el hecho de que los activos de nueva construcción cuenten con unas calidades renovadas, zonas comunes ajardinadas y extras como piscinas o espacios comunitarios para hacer ejercicio, les está llevando a valorar seriamente su adquisición. Más aún si tenemos en cuenta que la gran mayoría se encuentran ubicados en zonas más tranquilas, con menor densidad de población y con mayor acceso a enclaves naturales.

Inmuebles de nueva construcción para demandantes de segundas residencias. El teletrabajo también está provocando que las segundas viviendas sean consideradas como un segundo hogar en el que pasar gran parte del año, y no solo durante los fines de semana o en vacaciones. Este cambio de percepción ha provocado que el criterio a la hora de elegir estos inmuebles sea mucho más exigente, ampliando el foco a los activos de nueva construcción gracias a las excelentes oportunidades que presenta ahora este mercado en zonas de costa.

Más inversores particulares. El sector inmobiliario siempre ha demostrado ser una excelente vía de inversión. Aunque esta búsqueda de rentabilidad siempre ha estado muy ligada a la segunda mano, ahora, con el crecimiento de la demanda de obra nueva y del alquiler, el inversor particular está viendo este mercado como una estupenda oportunidad para obtener beneficios. Las mejores zonas para invertir serán los barrios con precios asequibles, gran demanda de alquiler y buenas comunicaciones y servicios. Es decir: centros de negocios, zonas universitarias, periferia y ciudades dormitorio.

¿Qué es accidente laboral y qué no en teletrabajo?

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En primer lugar, deben realizarse evaluaciones de riesgos.

La dificultad vendrá dada por acreditar si el accidente se produjo en tiempo y lugar de trabajo.

¿Qué ocurre si estamos teletrabajando y nos levantamos a poner un café y nos quemamos con la cafetera? ¿Qué pasa si llega un paquete de Amazon, resbalamos y nos partimos una pierna? ¿Pueden considerarse estas situaciones, y muchas otras, accidentes laborales? Los expertos de Fidelitis responden.

Para empezar, es importante dejar claro a qué nos referimos por teletrabajo. El Real Decreto Ley 28/2020 define «trabajo a distancia» como la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular, añadiendo que el «teletrabajo» es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación (TIC).

Cuando se produce un percance dentro del horario laboral, las leyes aplicables entienden por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena y, de una forma más amplia, se entiende por daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, y en su acepción legal más concreta supone:

Por un lado, lesión corporal: tiene que existir un daño corporal causado por una herida, golpe o enfermedad y aquí se asimilan enfermedades psíquicas o psicológicas y sus secuelas.

Por otro lado, cuenta ajena (el trabajador tiene que prestar servicios por cuenta ajena). Y, por último, relación de causa-efecto: Es decir, es accidente de trabajo cuando se produce una lesión derivada del trabajo desarrollado, en el tiempo y lugar definido del trabajo.

Dicha situación crea muchos problemas a la hora de aplicar medidas preventivas, puesto que las evaluaciones de riesgos deberán alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, ofreciendo unos resultados que permitan prever medidas de protección que resulten adecuadas.

¿Cómo se realiza la evaluación de riesgos?

Con visita al lugar de trabajo, autorizado por el empleado, emitiendo informe de dicha necesidad y, en caso de no obtenerse permiso para la visita, determinar los riesgos de acuerdo con la información recabada de la persona trabajadora.

Accidente laboral, ¿sí o no?

Asimismo, se plantea la dificultad de control en cuanto a determinar si lo ocurrido es un accidente de trabajo o, por el contrario, es otro tipo de accidente de carácter doméstico.

Desde Fidelitis explican que serán los tribunales los que irán creando jurisprudencia sobre el particular, entendiendo en estos momentos que se produce accidente de trabajo en determinadas circunstancias que podemos acotar, atendiendo a que si la contingencia se produce en tiempo (es obligatorio el registro de la jornada laboral) y lugar de trabajo (debe ser concretado el lugar en el acuerdo de teletrabajo), estaríamos ante una presunción de laboralidad.

«La dificultad vendrá dada por acreditar si el accidente se produjo en tiempo y lugar de trabajo, cuestión que compete a los organismos públicos o Mutuas, mientras que se incrementará la dificultad probatoria en períodos de desconexión digital, en accidentes que se produzcan fuera del horario laboral o en desplazamientos al/desde el puesto de trabajo, donde se podría entender como invertida la carga de la prueba» sentencia Lorenzo Pérez.

La casuística que puede darse es enorme, es por ello que conocer muy a fondo la normativa y procedimientos y, sobre todo, contar con un equipo especializado de profesionales para asesorar a los afectados en este camino, será una máxima si se pretende obtener un resultado óptimo y reducir al máximo los tiempos.

Valencia constituye la comisión de apartamentos turísticos para monitorizar las 9.500 viviendas ofertadas

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El Consell Municipal de Turisme del Ayuntamiento de Valencia ha constituido la comisión de trabajo sobre apartamentos turísticos, formada por representantes de todos los partidos políticos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, los sindicatos y el sector hotelero. Este grupo de trabajo, que se reunirá con carácter trimestal, ha contado con la participación de Hosbec y Avaec.

El concejal de Turismo, Emiliano García, ha explicado que durante la reunión de constitución se ha dado cuenta del informe de dimensionamiento de la oferta que mide las viviendas turísticas entre los años 2016 y 2019, elaborado por el Ayuntamiento de Valencia.

Según este documento, Valencia es «un destino en crecimiento, sobre el que impacta este fenómeno característico de los destinos urbanos», apuntaba García. No obstante, ha señalado el edil que el estudio determina que el sector se encuentra «estabilizado y en fase de reordenación».

Según García, durante la reunión se ha coincidido en que se trata de un sector «que necesita una monitorización permanente por parte de las administraciones». Para ello, ha indicado, se han de «establecer indicadores de oferta y demandan ante una profesionalización cada vez mayor del sector».

Igualmente, ha informado de que se constatado en el estudio que Valencia cuenta con una oferta aproximada de 9.462 viviendas de uso turístico, un equivalente a 38.281 plazas.

Además, el edil ha expuesto que en el informe se aprecia «una reorientación de la presencia de viviendas hacia otras zonas como Camins al Grau, Quatre Carreres y Poblats Marítims, así como la efectividad de las medidas regulatorias y el marco legal aprobando por la Generalitat Valencia y el Ayuntamiento».

En esta línea, durante la reunión se ha informado también sobre el estado de redacción de la Ordenanza, y se han facilitados los datos sobre los informes de compatibilidad solicitados: en 2019 se pidieron 234, de los que 118 fueron favorables, 75 negativos, y 41 se encuentran en tramitación. En 2020 se registraron 83 expedientes, de los que 57 se han resuelto de manera favorable, 24 negativa, y 2 están en tramitación.

Por lo que respecta a las denuncias, en 2019 se tramitaron 205, de las que 144 tienen una propuesta previa de reposición de legalidad, 27 ya tienen resolución firme, y el resto está en trámite. Por su parte, el año 2020 se cerró con 110 denuncias de las que 63 tienen una propuesta previa de restaurar la legalidad, y 14 una resolución firme.

La patronal de la construcción propone un proyecto de recuperación basado en la economía circular

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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un proyecto para fomentar la economía circular en el ámbito de la empresa como instrumento para la recuperación.

El proyecto tiene como objetivo, por un lado, en caso de resultar viable, implantar una gestión trazable de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), eliminando así el 30% de gestión descontrolada actual, y alcanzar un porcentaje de reciclaje y reutilización de los RCDs superior al 70%, frente al 39% actual.

Y por otro, desarrollar un programa de formación en materia de economía circular para operarios y mandos intermedios, para la mejora continua de los conocimientos y las habilidades de la mano de obra de la industria de la construcción en toda la cadena de valor de la construcción.

Se trataría de una formación especializada de corta duración en materia de economía circular, dirigida a operarios (8 h) y mandos intermedios (8 h), y con un enfoque transversal que permitiera entender todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción y promueva el entendimiento entre todos los niveles competenciales de los perfiles profesionales involucrados.

También contemplaría una serie de actuaciones de difusión y concienciación, con el objetivo de sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la correcta gestión de residuos en construcción y la prevención de los mismos, con el fin de impulsar esta cultura dentro de las propias compañías, sus negocios y sus proveedores.

La importancia de la economía circular

En los últimos años, y más especialmente desde 2020 a raíz del Covid-19, se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el foco, de manera que toda actividad económica debe tratar de combatir el cambio climático y fomentar la economía circular.

El sector de la construcción, por sus características intrínsecas, tiene vocación de sostenibilidad. Juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, mediante la adaptación de las infraestructuras y edificaciones costeras a posibles subidas del nivel del mar, ya sean puntuales o permanentes; la adaptación de nuestras ciudades a las altas temperaturas, mediante un planteamiento urbanístico que contemple zonas arboladas y de sombra; la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mejora de la eficiencia energética de nuestro parque edificado y mediante el impulso de las infraestructuras de transporte que favorezcan aquellos medios menos contaminantes, como puede ser la creación de carriles bici o la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Pero, a su vez, es un sector que consume gran cantidad de recursos naturales. Según datos de la Comisión Europea, el sector de la construcción gasta el 50 % de los materiales naturales extraídos y genera el 25 % del total de residuos de la UE. Además, en España sólo el 40,9 % de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) declarados son valorizados de alguna forma, cuando el objetivo establecido a nivel comunitario para 2020 es del 70 %. En este sentido, se estima que el 24 % de los RCD se deposita en vertedero y un 30 % aún supone un vertido incontrolado (RCD Asociación, «Producción y Gestión de RCD en España 2010-2015» 2015).

El paso a una economía más ecológica y sostenible traerá consigo transformaciones fundamentales en el sector creando la necesidad de nuevas competencias, así como el desarrollo de fuertes alianzas para el ajuste de los actuales planes de formación y cualificación. En este contexto, es esencial una mejor orientación y coordinación de las acciones e instrumentos para crear las condiciones necesarias para apoyar el empleo verde, superar las lagunas competenciales y la escasez de mano de obra, y anticiparse a los cambios en las necesidades de capital humano.

Hasta ahora, las competencias medioambientales no se abordan de forma adecuada en la oferta de Formación Profesional inicial y continua del sector, lo que da lugar a una mano de obra poco cualificada en la materia. Esto provoca una grave desconexión entre el diseño de un proceso circular en la edificación y su ejecución, lo que limita la eficacia de las medidas medioambientales.

Por ello, se considera necesario incluir una formación que contemple los criterios, principios y conceptos de la economía circular adaptados a los distintos perfiles profesionales, para poder desarrollar en el sector todo el potencial de economía circular.

Así pues, la transición hacia una industria de la construcción sostenible, competitiva y que responda a los retos medioambientales requiere el desarrollo de un plan de formación que favorezca el desarrollo de competencias, así como de medidas de concienciación, dirigidas al tejido empresarial, constituido principalmente pymes.

La primera cooperativa en cesión de uso del País Vasco adjudica los pisos a un centenar de familias

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La primera operación de viviendas en cesión de uso, impulsada por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que se materializará próximamente en San Sebastián mediante una fórmula cooperativa, dará este martes un nuevo paso, con el sorteo público de los pisos que serán adjudicados a un centenar de familias.

Se trata de una fórmula de colaboración público-privada, pionera en Euskadi, por la que las personas adjudicatarias se convierten en socias cooperativistas a través de una cuota de entrada y pagan un canon mensual.

De las más de 800 personas apuntadas inicialmente, han sido un total de 570 las que, cumpliendo los requisitos exigidos, integran el listado de admitidas para el sorteo, que establecerá el orden de elección entre quienes se han inscrito para vivir en el futuro edificio del barrio donostiarra de Txomin Enea, el primer punto de Euskadi en el que se implanta esta solución.

De aquí saldrán las 104 familias que formarán parte de esta cooperativa de viviendas, denominada Bizikide S. Coop. Las 5 viviendas restantes del total de 109 viviendas que componen el edificio están reservadas para personas con movilidad reducida y serán adjudicadas de forma directa en caso de que haya personas interesadas y cumplan los requisitos.

Los integrantes del listado son personas que, por su nivel socioeconómico medio, tienen dificultades para acceder al mercado libre pero, al mismo tiempo, cuentan con ingresos más elevados que la media de solicitantes de viviendas de alquiler protegido, lo que prioriza a otras familias en las adjudicaciones.

La solución impulsada por Vivienda para estos colectivos de rentas medias pasa por incorporar a esta nueva fórmula a personas o familias que carecen de una vivienda en propiedad y cuentan con ingresos inferiores a 39.000 euros anuales.

La especificidad de esta fórmula reside en la colaboración público privada, que supone la cesión por parte del Ejecutivo de una parcela de su propiedad, con cesión del derecho de uso del suelo por 75 años. El proyecto se adjudicó por medio de un concurso público en 2019, fecha desde la que la cooperativa Bizikide, gestionada por Grupo Arrasate, promueve el proyecto.

Una vez realizado el sorteo, se procederá al inicio de las obras este mismo año, que cuentan con la licencia de edificación del Ayuntamiento de San Sebastián desde octubre de 2020. Las viviendas, con trastero y garaje incluidos, tendrán de uno a cuatro dormitorios. Todas ellas serán exteriores, energéticamente sostenibles y han sido diseñadas para optimizar el aprovechamiento de sus espacios interiores.

Las personas adjudicatarias de una vivienda se convertirán en socias de la cooperativa, con el pago de una entrada de 1.000 euros y, tras analizar la solvencia económica, aportarán entre el 20 y el 25% del valor de la vivienda y los anejos. A partir de la entrega en cesión de uso de las viviendas, los socios y socias abonarán un canon mensual de 600 euros de media -variará en función de qué tipo de vivienda y anejos se adjudiquen a cada unidad convivencial-. Este será utilizado para amortizar el pago del préstamo para llevar a cabo la obra, realizar actuaciones de mantenimiento y afrontar los gastos de comunidad.

Se trata, según indican desde Bizikide, de una fórmula intermedia entre la propiedad y el alquiler que integra los elementos positivos de ambas alternativas. El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, explica que esta solución es «una opción ya implantada en diversos países europeos como Dinamarca y que supone una respuesta apropiada de vivienda asequible para personas con rentas medias que no encuentran acomodo ni en el mercado libre ni en el parque público de alquiler».

El Gobierno eleva hasta las 100.000 viviendas el objetivo del Plan para alquiler asequible

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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha afirmado que su departamento continúa avanzando en el Plan de viviendas para alquiler asequible y ha anunciado que, gracias a los fondos europeos, se ha incrementado hasta 100.000 viviendas el objetivo de desarrollar un verdadero parque público.

Durante una respuesta parlamentaria en el Pleno del Congreso, el responsable del Departamento ha destacado esta medida entre las que el Ministerio está elaborando e impulsando para ayudar a las personas al acceso a una vivienda digna y asequible.

El Plan de viviendas para alquiler asequible impulsado por Mitma cuenta con dos ejes de trabajo:

El primero, basado en la acción directa del Ministerio para la creación de un parque público de vivienda social, rondará las 44.000 viviendas en total. Éste se divide a su vez en varias líneas de actuación:

– 4.769 viviendas, financiadas con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

– Alrededor de 7.623 viviendas, conveniadas con entidades Locales en las zonas más tensionadas respecto a los precios de los arrendamientos.

– En torno a 11.608 viviendas impulsadas por el Ministerio en colaboración con SEPES en suelos del Estado, mediante la licitación de derechos de superficie para entidades privadas que construirán y gestionarán las viviendas con rentas tasadas.

– Una estimación de 20.000 viviendas con cargo a los 1.000 millones de euros de los fondos europeos.

El segundo eje del Plan de viviendas, mediante concertación con los agentes privados, consiste en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas. Éste se divide en tres líneas de trabajo:

– El incremento del Fondo social de vivienda actual acordado con las entidades financieras en un 10% más, por lo que alcanzará la cifra de 11.000 viviendas.

– La colaboración con la SAREB para poder alcanzar una cifra de puesta a disposición de 15.000 viviendas a Comunidades Autónomas y ayuntamientos para su alquiler social, con el impulso del MITMA, de acuerdo con el Protocolo que firmamos el pasado 17 de febrero.

– La colaboración con entidades gestoras de vivienda en alquiler para la disposición de un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social, pudiendo llegar hasta 30.000 viviendas.

Una Ley de Vivienda para frenar las subidas abusivas de alquiler

Según ha incidido el ministro, existe un «impulso decidido» a construir un parque público de vivienda para estimular la oferta, al tiempo que ha destacado los trabajos para la elaboración de una ley por el derecho a la vivienda para frenar las subidas abusivas en el alquiler, atender la situación de los más vulnerables y mejorar la colaboración entre las distintas administraciones.

En esta línea, ha recordado la propuesta fiscal del Ministerio para poner coto a las tensiones de precios existentes en el mercado inmobiliario que se concentran en determinadas poblaciones. Dicha propuesta se centra en los ciudadanos que menos recursos tienen, en fomentar la rehabilitación, en los jóvenes, en contener y bajar los precios del alquiler y en la promoción de vivienda social en alquiler.

El ministro ha defendido la necesidad de mejorar el marco fiscal y de establecer la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la movilización de vivienda, con la definición de vivienda vacía en la regulación del recargo existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

«Tenemos que definir las viviendas vacías para que se pueda aplicar el recargo del IBI que ahora no se puede aplicar porque no hay definición; y, sobre todo, el objetivo del Gobierno ahora son 100.000 viviendas», ha concluido.

Galicia espera que la Ley estatal de vivienda no intervenga los precios del alquiler

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La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia , Ángeles Vázquez, ha ofrecido al Gobierno central la colaboración del gobierno autónomo para la elaboración de la futura Ley estatal de vivienda, que impulsa la Administración central.

Ángeles Vázquez, en el Pleno del Parlamento de Galicia, destacaba que, mientras el Ejecutivo central debate entre intervenir en los precios del mercado, como propone la Vicepresidencia segunda, o la rebaja de la presión fiscal, medida que defiende el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno gallego ofrece ayudas al alquiler y seguridad jurídica en estos procedimientos.

La conselleira recordó que la Xunta lleva años trabajando en esta línea y avanzará en los próximos años gracias al Pacto social por la vivienda, una hoja de ruta flexible y aprobada por consenso con el sector, en el que se recoge un apartado dedicado íntegramente a las iniciativas orientadas a impulsar el alquiler de vivienda.

Sobre esto, citó en primer lugar el nuevo programa de alquiler con opción a compra, pensado para menores de 35 años, que prevé la inclusión en el contrato de la opción de compra hasta el quinto año, manteniendo el precio de venta del contrato de arrendamiento.

Asimismo, avanzó que en los próximos días se convocarán las ayudas para el pago del alquiler, por un importe de 2,2 millones de euros y que en la actualidad ya reciben más de 5.000 gallegos, y las ayudas para personas en situación de especial vulnerabilidad por la covid-19, por 2 millones de euros y que ya reciben más de 1.000 personas.

Estas completarán a las subvenciones ya convocadas al bono alquiler social, para colectivos desfavorecidos y para las mujeres víctimas de la violencia de género, por un importe global de 3,6 millones.

La conselleira de Medio Ambiente señaló que otra medida para impulsar el alquiler son las más de 3.700 viviendas de promoción pública que se destinan al alquiler social, así como los 59 inmuebles adquiridos al amparo del programa Rexurbe, con la previsión de obtener más de un centenar de viviendas que se adjudicarán en régimen de alquiler.

Igualmente, las ayudas para las viviendas de titularidad municipal, programa con el que se recuperaron casi 130 viviendas y que se mantiene en este año, pues este mismo lunes se convocó la nueva orden por un importe inicial de 1,7 millones de euros.

Por último, subrayó que tres iniciativas más, como el programa de Infravivienda (convocado también este lunes), las ayudas a promotores de vivienda para alquiler (que también se convocarán este año) y la reformulación del programa de movilización de viviendas vacías, son otras tres herramientas diseñadas por el Gobierno gallego con las que garantizar el acceso la una vivienda.

Intervención del mercado

Por otra parte, la conselleira lamentó los bandazos que se dan desde el Gobierno central, con el planteamiento de la Vicepresidencia segunda de apostar por la intervención del mercado del alquiler, una medida de escasa o nula eficacia, tal y como demostró la experiencia en otros países. Sobre esto, añadió que el Banco de España y estudios del sector revelan que intervenir en el mercado del alquiler podría incrementar las rentas hasta en un 30%.

Mientras, recordó que esta opción no la contempla la otra mitad del Gobierno central, ya que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo pública su intención de bonificar hasta en un 90% el IRPF de los propietarios de viviendas en zonas con poca oferta y mucha demanda, se rebaja el precio del alquiler en un 10%.

Ángeles Vázquez afirmó que la indefinición del Gobierno central en las propuestas está generando una gran inseguridad para los propietarios de viviendas, una situación que se agrava en el caso de Galicia, dado que la mayor parte de los propietarios de viviendas destinadas al alquiler no son grandes tenedores.

Claves de la rehabilitación sostenible de los establecimientos hoteleros

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Lo seguro ahora es hacer las cosas de manera diferente.

La reactivación económica debería ser direccionada hacia un crecimiento sostenible dentro del sector.

Entre otras actuaciones, la de las fachadas es estratégica para la obtención de los objetivos de consumo nulo o edificios pasivos.

Una de las claves de esta oportunidad que no podemos dejar pasar es que además de hacer los activos hoteleros más eficientes, también se tiene que invertir en tecnología y conectividad.

Cuando por fin se recupere el turismo muchas cosas habrán cambiado de manera significativa para el sector hotelero en España. Dos de los retos actuales más importantes son modificar la oferta existente a los nuevas necesidades de una sociedad cambiante y adaptar las instalaciones para que sean sostenibles en todos los aspectos.

Con el objetivo de recoger opiniones de diferentes profesionales sobre las claves de la rehabilitación sostenible de los más de catorce mil establecimientos hoteleros en España, de los que unos cinco mil llevan más de un año cerrados, hemos preguntado a cuatro expertos sobre la situación actual y resumido en este artículo las declaraciones y opiniones de Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality; Patricio Azcárate Secretario general del Instituto de Turismo Responsable y Biosphere Tourism; Unai Cuadrado Business Director de unidad en ULMA Architectural Solutions y Anna Noguera Arquitecta que ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales como reconocimiento a sus proyectos sostenibles.

Estado de conservación de los hoteles

Según Bruno Hallé, el parque hotelero español se encuentra en un buen estado. «Una vez se superó la crisis de 2009 con todas las dificultades que supuso, el mercado ha visto como hubo una entrada de inversores a la búsqueda de activos. El reposicionamiento de productos, tanto en urbano como en vacacional, ha sido una constante en los últimos años hasta la llegada del COVID. Las compañías han podido invertir gracias a la tesorería lograda durante el ciclo alcista y eso hace que, en su mayoría, la industria hotelera en España disponga de buenos activos». Unai Cuadrado apunta que aunque el estado de conservación a nivel de interiorismo podría catalogarse como bueno, tenemos que conseguir tener edificaciones eficientes. «podemos decir que el estado es muy regular tirando a malo. Por este motivo, la situación de – pausa – actual generada por la pandemia podría ser una ocasión ideal para una puesta a punto de los edificios, tanto a nivel de eficiencia energética como a nivel estético».

Europa impulsa la rehabilitación ecoeficiente

Patricio Azcárate plantea al respecto que todas las pequeñas acciones sostenibles que podamos llevar a cabo desde el turismo se suman al desarrollo sostenible global. «Actualmente el turismo produce un gran impacto en el medioambiente del destino escogido, y si bien en el pasado hubo un desarrollo de la industria turística que estaba enfocado casi únicamente al crecimiento económico, es momento de aprender a planificar el territorio turístico pensando en el largo plazo y en el bienestar de generaciones futuras». Bruno Hallé apunta que ya no existe otra alternativa que no sea edificar o rehabilitar con la vista puesta en la sostenibilidad. Es un compromiso que debe huir del «green washing» y ser consistente en la propia operativa hotelera para que goce de la credibilidad que la demanda exige. «La propia emergencia sanitaria nos va a hacer todavía más conscientes de la necesidad de actuar de forma responsable con el entorno y la actividad turística seguirá evolucionando en esa línea». Anna Noguera ve una oportunidad en la regeneración total de grandes infraestructuras hoteleras de sol y playa, en la actualidad, muchas obsoletas y degradadas. A través de operaciones de rehabilitación integrales, y conservando en ocasiones solo la estructura, «el reto es conseguir algo totalmente diferente, sostenible, integrado en el entorno y adecuado a los nuevos requerimientos». Unai Cuadrado aún aporta un argumento más, «los edificios requieren de menos recursos energéticos para desarrollar su actividad, ayudando considerablemente al medio ambiente y a la reducción del consumo de energía y por ende, aumentando el beneficio».

Las ayudas al sector turístico oportunidad para mejor las edificaciones existentes

Patricio Azcárate incide en que «la reactivación económica debería ser direccionada hacia un crecimiento sostenible dentro del sector, y es una gran oportunidad también para trabajar en todos los aspectos posibles dentro del ámbito de la sostenibilidad». Para Bruno Hallé una de las claves de esta oportunidad que no podemos dejar pasar es que además de hacer los activos hoteleros más eficientes, también se tiene que invertir en tecnología y conectividad, aspecto que va a marcar la competitividad de la industria turística.

Para Unai Cuadrado está claro «se debe aprovechar el momento para renovar el parque actual de hoteles y hacerlos más atractivos de cara a los usuarios y gestores a medio y largo plazo». Desde un punto de vista constructivo debemos utilizar materiales que cuenten con declaraciones ambientales de producto fabricados de forma sostenible y utilizar sistemas que integren elementos que reduzcan la huella de carbono de los edificios. «Entre otras actuaciones, la de las fachadas es estratégica para la obtención de los objetivos de consumo nulo o edificios pasivos; como la fachada ventilada, la cual a de ser capaz de incorporar soluciones que aporten el mencionado bienestar desde un punto de vista de confort térmico y acústico; utilizar acabados nobles (pétreo, natural y no poroso, de muy larga duración y resistentes) así como de control solar por poner algún ejemplo concreto». Anna Noguera sostiene que la frontera de lo que se considera una infraestructura turística se ha vuelto difusa. Antiguamente la diferencia entre un hotel y una vivienda estaba clara. En la actualidad encontramos viviendas de uso turístico, intercambio de casas, colivings, etc. «Deberíamos ampliar la visión y pensar en el potencial turístico de muchos espacios abandonados y en desuso. Y las normativas deberían evolucionar con estos nuevos conceptos y flexibilizarse. De esta manera no solo se enriquecerá la oferta turística sino que se recuperará un patrimonio que es de todos».

Sin embargo según Bruno Hallé la tendencia en el sector siguen siendo los proyectos Greenfield, ya que siguen generando interés por parte de inversores, ya sea institucionales o privados. «Iniciar un proyecto desde cero puede tener mayor complejidad, pero el riesgo asumido se puede tornar en un margen de beneficio superior. En este tipo de proyectos estamos viendo conceptos más horizontales. En vacacional la tendencia ahora mismo va más hacia el resort y, en entorno urbano, la componente de la oferta de F&B y lifestyle es cada vez más importante».

Certificaciones de turismo responsable y arquitectura sostenible

Desde el ITR que dirige Patricio Azcárate aplican el sistema integral Biosphere de sostenibilidad, gestión y mejora continua a través de varios niveles y actualmente y debido a la pandemia están permitiendo a las empresas utilizar sin coste la plataforma Biosphere Sustainable Lifestyle, para la creación de Planes de Sostenibilidad, que cumplen las 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) entre los que se incluyen el ODS 7 y el ODS 13, más directamente relacionadas con el Cambio Climático.

Para Anna Noguera la clave es conservar y recuperar, nunca destruir. Recuperar no solo edificios de claro interés histórico-artístico, sino cualquier construcción. Un ejemplo podría ser los pueblos deshabitados que encontramos a lo largo de toda nuestra geografía. Recuperarlos con una visión sostenible en su globalidad, no solo será un atractivo para el turismo sino que contribuirá a revertir la dinámica de abandono de las zonas rurales. Los promotores turísticos deberían apostar por ello. «Hoy en día lo seguro es hacer las cosas de manera diferente».

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