El Plan de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, que contempla una inversión por importe de 294 millones de euros, permitirá la movilización de suelo público para promover un total de 2.457 viviendas protegidas en 18 municipios de la Comunidad Valenciana, que se destinarán a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido el acto de presentación del ‘Plan 2.400’, en el que ha participado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y al que también ha asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En el transcurso del acto, Puig ha destacado que el nuevo plan de vivienda de construcción y promoción propia pretende «garantizar el derecho a la vivienda digna de la ciudadanía» y dar respuesta a la «emergencia residencial» que se ha visto agudizada por la pandemia.

En este sentido, ha señalado que el confinamiento domiciliario ha evidenciado las grandes desigualdades que sufren muchos ciudadanos en función de su vivienda y en función del territorio que habitan. Asimismo, ha asegurado que «somos uno de los países del mundo con más casas vacías y al mismo tiempo, tenemos miles de ciudadanos sin vivienda».

Por ello, el presidente ha explicado que la respuesta a esta situación será la reactivación, por primera vez en muchos años, del parque público destinado al alquiler, lo que también contribuirá a generar empleo «en estos momentos de recuperación económica y social».

«Construir nuevas viviendas no solo dará un respiro a miles de familias y significa una inversión público y privada de cerca de 300 millones de euros y que generará un efecto multiplicador económico con un impacto estimado de 880 millones de euros en los próximos años», ha manifestado el presidente valenciano.

Reorientación de la gestión urbanística

Asimismo, ha asegurado que «es necesario orientar la gestión urbanística con criterios de inclusión, de innovación, de sostenibilidad y de cohesión territorial», incidiendo en que las sucesivas crisis económicas, la pandemia y el imparable proceso de concentración urbana han comportado cambios como el encarecimiento de la vivienda o las dificultades de jóvenes y de colectivos vulnerables para acceder a ella, entre otros.

En este sentido, ha mostrado Puig su compromiso de afrontar los retos mencionados de manera «inmediata y con determinación» mediante el refuerzo de la función social de la vivienda, la remodelación de los barrios más necesitados, el impulso de los procesos urbanísticos más sostenibles, así como facilitando la reconversión del sector de la construcción con parámetros más verdes y justos.

Cabe destacar que el plan presentado movilizará más de 112.000 metros cuadrados de suelo, repartidos en 53 solares, para promover viviendas de protección oficial que van a ayudar a garantizar el derecho a la vivienda digna en la Comunidad. De estas viviendas, 1.131 serán de construcción pública y 1.326 se construirán gracias a la colaboración público-privada.

Proyectos tractores

Durante su intervención, Puig ha destacado que la Generalitat lleva meses trabajando con empresas, sectores y agentes sociales, con el fin de diseñar proyectos tractores que aspiran a recibir fondos europeos, siendo uno de los más importantes el referido a vivienda y regeneración urbana.

Así, ha explicado que la primera fase del Plan estatal de Recuperación contempla destinar 6.800 millones de euros en materia de vivienda, a los que la Generalitat pretende acceder a través de proyectos como la nueva manifestación de interés presentada dirigida a rehabilitación integral de barrios.

Respuesta real a las necesidades habitacionales

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha asegurado que «con este plan se da un gran impulso a la vivienda protegida para dar una respuesta real a las necesidades habitacionales de miles de familias que podrán vivir tranquilas en una vivienda con un alquiler asequible, frente a los precios desorbitados del mercado inmobiliario actual».

«Desde la Generalitat -ha manifestado- asumimos el reto, de forma activa, de evitar que nadie tenga que hipotecar sus ingresos para tener un techo digno bajo el que vivir, tal y como recoge nuestra Constitución».

Asimismo, ha indicado que «a las medidas de compra de nuevas viviendas por el parque público y de movilización de viviendas vacías sumamos esta nueva herramienta, el ‘Plan 2.400’, con el que reiniciaremos la construcción de viviendas y cuyo pilar central será la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sól».

Cuatro grandes líneas de actuación

Martínez Dalmau ha expuesto las cuatro grandes líneas de actuación que se engloban en el Plan 2400 y que supondrán la combinación de la colaboración público-privada, la de las cooperativas, la construcción propia de la Generalitat y el impulso a proyectos sostenibles de vivienda.

La primera de las líneas es la promoción pública de viviendas, para lo que la Generalitat Valenciana retomará la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, ya sea en solares propiedad de la EVha o de la Generalitat Valenciana.

El segundo eje será la innovación en la construcción, es decir la aplicación de innovaciones bioclimáticas y la utilización de nuevos materiales que mejoren la eficiencia energética de nuestras viviendas, lo que supondrá la oportunidad de combinar la lucha contra la emergencia climática y la reorientación del sector de la construcción.

En cuanto a la tercera línea de actuación, la de la colaboración público privada, servirá para adherir las enormes capacidades del sector de la construcción de la Comunidad al objetivo de la Generalitat Valenciana de garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta colaboración será ampliada con el cuarto eje: la articulación de nuevas relaciones con la sociedad civil mediante el fomento del cooperativismo en materia de vivienda.

Este impulso al cooperativismo en el ámbito de la vivienda se materializará mediante la reserva de grupos de suelo público para destinarlas a cooperativas de viviendas protegidas en cesión de uso.

Las intervenciones protagonizadas exclusivamente por el sector público supondrán la ampliación del parque público con 1.131 viviendas de nueva planta, y respecto de la colaboración con agentes privados y cooperativistas permitirá añadir 1.326 viviendas de alquiler asequible al parque público de la Generalitat Valenciana.

18 municipios previstos en el plan

En total la inversión de la Generalitat asciende a 294 millones de euros en concepto de inversión público-privada de carácter residencial en una superficie de 115.292 metros cuadrados que una vez edificada alcanzará los 221.140 metros cuadrados.

El informe económico del Plan 2400 estima un coste de 1.033 € /m2. Una media de 90 m2 por vivienda y un coste de 92.970 euros por vivienda.

En concreto, de las 2.457 viviendas previstas en el plan 1,155 estarán en la provincia de Alicante, 1,110 en la de Valencia y 192 en Castellón, y los 18 municipios en los que se va a ejecutar el plan son: Alicante, El Campello, Elche, Sant Joan d’Alacant, Torrevieja, Albaida, Alzira, Benaguasil, Gandia, Oliva, Manises, Silla, Torrent, València, Borriana y Almassora.