Consumo (23,34%), Inmueble (17,43%) y Laboral (17,04%) suponen en suma una de cada dos consultas recibidas durante el año.
Ocio y turismo descendieron de manera vertiginosa hasta en un 43% con respecto al año anterior.
La derogación de Ley de la plusvalía municipal, el «Cártel de los concesionarios», las vacunas o el pasaporte COVID influyeron en el número de consultas recibidas.
El aumento en la garantía de las compras, la ley de la vivienda o las prestaciones frente a nuevos despidos serán claves en el aumento de consultas para 2022.
El Observatorio Jurídico de Legálitas ha analizado más de novecientas mil consultas recibidas por sus abogados a lo largo del pasado año 2021, en el que la pandemia ha seguido condicionando la vida de muchos ciudadanos afectados por los nuevos marcos normativos y la inestabilidad económica, que se ha traducido en complicadas situaciones familiares, sociales y laborales por las que han tenido que atravesar.
2021 fue un año en el que la preocupación por pagar o cobrar el alquiler, reclamar a nuestro banco o solicitar una prestación a la Seguridad Social se convirtieron en las consultas más recurrentes a lo largo de los meses. A tenor de los datos, Consumo volvió a ser la materia más demandada, suponiendo un 23,34% de las consultas recibidas en Legálitas, por delante de Inmueble que, pese a bajar con respecto al año anterior, representó el 17,43% de las consultas recibidas, y de Laboral, que ocupó la tercera posición en el ranking con 17,04%.
Los abogados del departamento de Consumo fueron los más demandados. Tres de cada cuatro consultas recibidas en su área versaban sobre bancos, suministros o vehículos, dejando en un segundo plano a las compras o a los problemas con el ocio y los viajes, materia que tuvo un buen número de consultas en determinados meses respecto a las anulaciones de viajes y reservas o la recuperación de las cantidades entregadas en concepto de señal.
A las clásicas reclamaciones a la banca, sobre el cobro de comisiones, cambio de condiciones o pagos de hipotecas, se suman este año las tarjetas «revolving» o las quejas por no conseguir ser atendidos más allá de los cajeros. La subida de la luz, las nuevas tarifas e incluso el cambio de compañía sin conocimiento del cliente han sido argumentos muy presentes; como también el famoso caso del «Cártel de los concesionarios» que planteaba la irregular subida de precios en la venta de vehículos durante varios años, lo que supuso un efecto llamada respecto a otras consultas relativas a vehículos, relacionadas con las garantías de compra, reclamaciones a talleres de reparación o los problemas para su financiación.
Inmueble destaca un año más en el Observatorio Jurídico de Legálitas por todo lo referido al sector del alquiler, ya sea como inquilinos o como propietarios. Como viene siendo habitual, más del 40% de las consultas recibidas son de arrendamientos urbanos, que, sumadas a las recibidas por desahucio, suponen casi el 50% del volumen anual. Durante el año, el Gobierno ha seguido aprobando medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, en base a prórrogas en contratos de arrendamiento que inevitablemente han supuesto un incremento de consultas.
La compraventa de viviendas supuso uno de los mayores incrementos. No solo por las consultas acerca de los trámites, sino también por las consecuencias de éstos, sus incumplimientos, vicios ocultos, etc. Además, en el entorno de las comunidades de propietarios, a los problemas lógicos de convivencia entre vecinos, se sumó la no obligación de celebrar juntas, lo que derivó en diferentes tipos de consultas.
Las consultas sobre Seguridad Social y desempleo representaron la mitad de todas las recibidas en materia Laboral, motivadas por la nueva normativa consecuencia de la COVID y el ahondamiento del desconocimiento habitual del ciudadano de a pie, sobre la farragosa y compleja materia de las prestaciones de la Seguridad Social que se resumen, por un lado, en aquellas materias que podríamos denominar «clásicas» o de tipo prestacional (desempleo, bajas médicas, procesos de incapacidades temporales y permanentes y todos los procedimientos de reclamación de Seguridad Social derivados de lo anterior) y dentro de este apartado, las pensiones y, en especial, las de jubilación en sus diversas formas; y por otro lado, un subgrupo del anterior en el que destacan otras materias más «novedosas» que están asociadas a la creación de nuevas prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital, o aquellas asociadas a colectivos como los autónomos, con la ampliación del espectro legal de ayudas a este sector, donde destaca la afectación a la denominada prestación por cese de actividad.
Los derechos del trabajador como las reducciones de jornada, excedencias o todo lo referente a conciliación, como el teletrabajo, tuvieron un importante volumen de consultas; a diferencia de aquellas relacionadas con despidos, reducidas por la influencia de las medidas dictadas por el Gobierno orientadas a frenar este apartado.
En materia Civil, las herencias y testamentos volvieron a ocupar el mayor volumen de consultas, no obstante, hubo otros asuntos que cobraron especial relevancia. Al igual que el año anterior, la incertidumbre económica generada por la propia crisis sanitaria, con los cierres de negocios, ERTE, despidos… provocó que, en cómputo global, el número de consultas sobre separaciones y divorcios disminuyese de nuevo, aumentando en cambio las relativas a modificaciones de medidas, tales como posibles rebajas en las pensiones de alimentos, o las discrepancias de los padres en el ejercicio de la patria potestad, a la hora de ponerse de acuerdo en vacunar a los menores.
Los constantes cambios normativos y restricciones que han ido acompañando desde el comienzo de la pandemia han influido notablemente en el departamento de Administrativo, donde el volumen de consultas sobre restricciones y limitaciones de movilidad se redujo, pero, por el contrario, aumentó el de consultas relacionadas con la vacunación y al pasaporte COVID, así como las referidas a las entradas y salidas del territorio español.
Sobre extranjería, la búsqueda del arraigo laboral y familiar, o la suspensión de plazos de tarjetas de residencia provocó un elevado número de consultas, sobre todo, por la dificultada para poder tramitar los expedientes por parte de la administración.
Como todos los años, el volumen más importante de consultas recibidas en el área Fiscal detectada por el Observatorio Jurídico de Legálitas se produjo entre los meses de abril y junio durante el tiempo que dura el proceso para la presentación del impuesto sobre la Renta. No obstante, las consultas han venido marcadas por la derogación, por parte del Tribunal Constitucional, de la comúnmente llamada «Ley de la plusvalía municipal» que provocó un aumento de prácticamente un 61,09% de las consultas sobre el tema en un periodo de 2 meses.
La pandemia ha provocado que las consultas recibidas en el departamento Penal, sobre los típicos robos y hurtos físicos continúen disminuyendo, aunque no tanto como el año pasado durante el confinamiento. En cambio, aumentaron los delitos relacionados con la informática y los robos de identidad, incorporándose a las estafas online, asuntos relacionados con estafas en el ámbito de las criptomonedas. Descendieron las consultas sobre peleas, lesiones y amenazas que, curiosamente estas últimas, disminuyeron las realizadas personalmente en beneficio de las realizadas a través de medios tecnológicos. En cambio, las alcoholemias, al haber cesado el confinamiento y vuelto a aumentar el tráfico, han tenido un ligero repunte, al igual que los delitos contra la seguridad vial en general.
Pese a que hogar sigue siendo la materia más consultada a raíz de los datos extraídos del Observatorio Jurídico de Legálitas, el departamento de Seguros ha detectado un importante aumento de consultas al respecto de darse de baja en un seguro, con una variación de un año a otro de un 43%.
Las consultas sobre accidentes de tráfico continuaron una tendencia a la baja debido a un menor número de desplazamientos a causa de los confinamientos, aumento del teletrabajo o la reducción de viajes. En cambio, los seguros de salud aumentaron este año y la contratación de seguros de vida y la problemática con éstos también se vio incrementada en un 16%, todo ello vinculado directamente al momento social que estamos viviendo.
Por último, la Ley de Segunda Oportunidad, estuvo muy presente en las consultas recibidas por los abogados del departamento de Mercantil, debido al aumento del nivel de endeudamiento de la población. Por el contrario, no existió un aumento relevante de consultas de nueva creación en cuanto a tipologías o referidas a cuestiones societarias, a priori, motivadas por el estancamiento económico y la existencia de mucha incertidumbre entre los ciudadanos.
Qué esperamos en 2022
La nueva normativa existente o la que entrará en vigor a lo largo del año, afectadas por la coyuntura económica y social, provocará que las consultas generales vayan en aumento. La necesidad de contar con un abogado será un hecho, no solo cuando se tenga el problema, sino de manera preventiva para poder evitarlo.
La reciente entrada en vigor de normativas relativas a la ampliación de garantías de las compras, así como la dictada sobre servicios digitales, en la que la nueva regulación detalla los derechos de los consumidores frente a estos contratos, tendrá su lógico impacto en las consultas de Consumo.
Para este año el Observatorio Jurídico de Legálitas estima un posible incremento en las consultas asociadas a la materia prestacional de Seguridad Social, al igual que en materia de despidos si no se renuevan las medidas legales de incentivación del mantenimiento del empleo o de desincentivación de su destrucción.
Como viene siendo habitual, el mayor volumen de consultas sobre Inmuebles, serán en materia de arrendamientos, no solo por las cuestiones habituales, sino también por lo derivado de la Ley de Vivienda, que prevé una regulación de precios en alquileres, además de otras medidas en materias fiscales o administrativas. Sin duda este dato también se verá afectado por la importante subida del IPC que se está produciendo, que afecta directamente a las rentas de arrendamiento.
2022 podría ser el año en el que tomen relevancia las consultas relativas a la eutanasia, cuya ley entró en vigor el pasado año, así como las relacionadas con el cambio legislativo de la regulación de la incapacitación, las referidas al estatus jurídico de los animales que han dejado de ser considerados bienes muebles, para ser dotados de un nuevo régimen jurídico que les protege; lo que suceda finalmente con la denominada Ley Trans; las ayudas que se generen para la vivienda; la normativa de regularización de la interinidad que puede provocar un aumento de consultas en la submateria de función pública; además de todo lo relacionado con extranjería debido al colapso por el que atraviesa la Administración.
