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La creación del bono joven es la medida que cuenta con más apoyo entre los menores de 35 años

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Ya se puede solicitar en la mayoría de las Comunidades Autónomas la ayuda para el Bono Alquiler Joven.

La creación de este bono tiene una nota media de un 7,3 sobre 10, la mayor nota de todas las medidas que el Gobierno ha puesto o pretende poner en marcha.

Sobre la futura Ley de Vivienda un 55% de los jóvenes no tienen conocimiento de ella.

Los jóvenes inquilinos puntúan mejor las disposiciones planteadas por la ley que los compradores.

La semana pasada se abrió el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven aprobado por el Gobierno. Se trata de una ayuda de 250 € mensuales durante un máximo de dos años que permitirá a los inquilinos de 18 a 35 años que cumplan ciertos requisitos, pagar su alquiler. Pero ¿qué conocimiento hay por parte de los jóvenes de este Bono Alquiler Joven y de la Futura Ley de Vivienda? La última encuesta de Fotocasa Research elaborada a más de 7.400 personas activas en el mercado inmobiliario en el último año nos da las claves del conocimiento y la opinión que despiertan estas nuevas propuestas por parte del Ejecutivo.

Y es que prácticamente la mitad, concretamente un 48%, de los jóvenes menores de 35 años ha realizado alguna acción en el mercado de la vivienda en España en los últimos 12 meses. Por razones lógicas de ciclo vital, son el segmento más activo. Y, sin embargo, no tienen un conocimiento preciso del nuevo proyecto de Ley de Vivienda. Así, el 8% de las personas entre 18 y 24 años asegura conocer la ley frente a un 37% que afirma haber oído hablar de ella, pero no está familiarizada y un 55% que directamente no tiene conocimiento de ella. El siguiente segmento, quienes tienen entre 25 y 34 años, presentan un grado de conocimiento mayor: el 9% asegura estar al tanto del proyecto de ley mientras que un 42 % tiene un conocimiento superficial y un 48% ignora la iniciativa. Con todo, el conocimiento sobre la nueva norma es mayor entre los jóvenes que en la media de la población española mayor de 18 años.

El bono joven de ayuda al alquiler: la medida con mayor respaldo

El Bono Joven fue aprobado el pasado 18 de enero en el marco del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, donde se proponen una batería de medidas, algunas de las cuales afectan directamente a la juventud. Así, de las disposiciones que contempla la norma, la creación de un bono joven es la que goza de mayor respaldo, con un 7,3 de media en una escala de 0 a 10. Es una valoración sensiblemente más alta que los 6,8 puntos que obtiene esta medida en el conjunto de la población.

“Sabemos que uno de los requisitos para solicitar el bono público es que la cuantía máxima del alquiler de la vivienda no supere los 600 euros mensuales, aunque algunas comunidades podrán regular este precio hasta los 900 euros al mes. Sin embargo, la mayoría de los menores de 35 años que vivan en ciudades como Barcelona o Madrid no podrán optar por la ayuda referida al alquiler de 600 euros, ya que, según la oferta existente en Fotocasa, es tan solo del 0,8% y 1,4% respectivamente. Gracias a los datos de Fotocasa Research, sabemos que esta es una medida bien valorada por los jóvenes, aunque la incógnita es si conocen realmente que esta ayuda no va a llegar a las zonas más tensionadas que es donde se realiza el mayor esfuerzo salarial a pagar los alquileres y donde sería más necesaria”, comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Le siguen medidas como el aumento de la protección de los más vulnerables ante desahucios (7), la instauración de vivienda asequible mediante incentivos fiscales (6,8) o la creación de un fondo social de vivienda (6,6).

Resulta también relevante el límite a las rentas de los grandes tenedores (más de 10 propiedades), ya que el respaldo medio que obtiene de los jóvenes (6,5 puntos) tiene un matiz territorial que merece consideración: entre los menores de 35 años de Madrid llega a los 7 puntos y en Cataluña a los 7,2 puntos.

Cuando se pregunta por el impacto que tendrá la ley de vivienda, los jóvenes son bastante escépticos sobre sus efectos, aunque menos que la población general. Así, los menores de 35 años dan una nota de 5,9 puntos sobre 10 a la posibilidad de que las familias vulnerables estén más protegidas (frente a los 5,8 del conjunto de la población).

Quienes tienen menos de 35 años también evalúan con 5,9 puntos la posibilidad de que se incremente el parque de vivienda social y con 5,7 puntos el potencial aumento de la oferta de inmuebles. Estas notas suponen diferencias relevantes con respecto a la media de la población general, que evalúa con 5,7 puntos el potencial aumento de vivienda social y con 5,4 el del total de la vivienda ofertada.

Sucede parecido con algunos efectos probables que más pueden incidir sobre la propia situación de estos jóvenes. Los menores de 35 años evalúan con una nota de 5,2 su posibilidad de emanciparse antes (4,8 entre la población general) y de 4,9 la potencial bajada de los alquileres (4,6 en el conjunto de los particulares).
Incluso sobre las potenciales consecuencias negativas de la norma (la reducción del número de inversores y el peor mantenimiento de las viviendas), los jóvenes muestran mayor optimismo que el conjunto de la población.

La nueva ley gusta más a los activos en el mercado

Si a este conjunto de jóvenes menores de 35 los dividimos en dos grupos en función de su participación en el mercado de la vivienda descubrimos fácilmente que aquellas personas que han realizado alguna acción (de oferta, de demanda; en el alquiler o en la compraventa) en el último año tienen una mejor opinión sobre las diferentes medidas de la nueva ley que quienes no lo han hecho.

Entre estas medidas, la creación de un bono joven para ayudar al alquiler es la disposición de la ley que más apoyo tiene, tanto entre activos (7,4 puntos) como no activos (7,1). Esta medida es la que genera mayor acogida en todos los segmentos de jóvenes.

El patrón, de nuevo, se repite en relación con los efectos que estas personas por debajo de los 35 años esperan que tenga la nueva Lay sobre el mercado: los jóvenes que han realizado alguna acción en los últimos doce meses se muestran, en general, más optimistas que los inactivos sobre la protección de las familias vulnerables, el aumento de la oferta (de vivienda social y libre) o la capacidad de los jóvenes de emanciparse.

Los inquilinos acogen con más ganas la nueva ley

Si profundizamos todavía más, ese colectivo de menores de 35 años activos en el mercado de la vivienda puede dividirse en función de sus acciones de demanda: por un lado, los que han comprado o intentado comprar (demandantes de vivienda en propiedad) y, por otro, los que han alquilado o intentado alquilar como inquilinos (demandantes de una casa de arrendamiento). Y también entre ellos se perciben algunas diferencias relevantes en relación con la nueva Ley de Vivienda.

En ambos casos, la medida que tiene mayor aceptación es la creación del bono joven para ayuda al alquiler: 7,7 puntos en inquilinos —entendiendo como tales a los que han alquilado o buscado para alquilar, aunque no hayan encontrado— y 7,3 en compradores —quienes han comprado o intentado comprar—.

En general, los jóvenes inquilinos puntúan mejor las disposiciones planteadas por la Ley que los compradores. Destacan la protección de los más vulnerables frente a los desahucios (7,4 en los inquilinos frente al 6,9 de los compradores) y la iniciativa de ayudas fiscales para fomentar viviendas asequibles (7,2 frente a 6,9).

Es destacable señalar también la medida de recargo del IBI para aquellas viviendas que estén vacías, ya que genera bastante polaridad en los compradores jóvenes. Así, la valoración media es de 5,3 puntos, con aproximadamente la misma cantidad que están muy a favor o muy en contra de la norma.

En cuanto a los efectos, la Ley de Vivienda genera poca esperanza tanto en inquilinos como en compradores menores de 35 años, aunque entre ellos hay más optimismo al respecto que en el conjunto de los jóvenes. Las consecuencias más previstas son el aumento de la vivienda, tanto social como libre, y un aumento de la protección de las familias vulnerables, con unos 6 puntos de media.

Hay, además, una mayor confianza en los jóvenes demandantes de arrendamiento de que la norma logre reconducir el mercado hacia un dominio del alquiler como forma de vida. Por otro lado, existe gran desconfianza en que genere una bajada del precio de los alquileres o en conseguir que los jóvenes se emancipen antes.

El Presupuesto, ¿instrumento de planificación o de propaganda?

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En su libro Mercados o Gobiernos, elegir entre alternativas imperfectas, publicado en España por el Instituto de Estudios Fiscales en el año 1995, el profesor Charles Wolf intentó responder a una cuestión fundamental en el diseño de la política económica: el grado en el que se debería confiar en los mercados o en los gobiernos, cada uno con sus deficiencias respectivas, para dirigir la asignación y distribución de los recursos en la economía.

Una parte importante de este trabajo consistió en la elaboración de una teoría global de los fallos del sector público, a partir de desarrollos anteriores como las aportaciones realizadas por la teoría de la elección pública y la economía de los costes de transacción, y de ejemplos y experiencias internacionales, para contrastarlos con los denominados ‘fallos de mercado’ que constituyen el núcleo central de la economía del bienestar.

Wolf identifica cuatro fuentes de ineficiencia en el sector público: 1) La separación entre el coste de realizar una actividad y su financiación, cuando se realiza mediante impuestos, que incrementa la probabilidad de que los recursos se asignen de manera ineficiente al incurrir en costes excesivos y crecientes. 2) La presencia de internalidades, es decir, la búsqueda de sus propios objetivos por parte de los encargados de diseñar y aplicar las políticas públicas, ya sean decisores políticos o agencias burocráticas. 3) La existencia de externalidades derivadas, efectos secundarios no previstos en el diseño de las políticas públicas. 4) Finalmente, las desigualdades distributivas derivadas de la asimetría en la distribución de costes y beneficios, que afectan a grupos concretos de la población con capacidad de influencia en la adopción de decisiones públicas.

No es necesario realizar un análisis muy detallado de la política económica española para encontrar un amplio catálogo de ejemplos que ilustran todos estos fallos del sector público. Sin embargo, el Gobierno y los partidos que lo sustentan mantienen un discurso monotemático en esta materia. Los mismos que en la anterior crisis económica crearon el mito de la austeridad, a la que llamaron “austericidio”, difundiendo la idea de que el Gobierno de Rajoy había desmantelado el sector público –cuando la mayor parte del ajuste presupuestario se realizó por la vía de subidas de impuestos–, los mismos que abandonaron la senda de consolidación fiscal en los años anteriores a la pandemia, consideran que la única salida a la crisis actual consiste en reforzar el papel del sector público en la economía.

En los últimos tres años el gasto público ha aumentado hasta situarse por primera vez en un nivel superior al 50% del Producto Interior Bruto. España es uno de los pocos países que ha aumentado la presión fiscal, a pesar de las dificultades que la crisis del COVID ha provocado en familias y empresas, al tiempo que el Gobierno ha aprovechado las facilidades otorgadas por la Unión Europea –al suspender las reglas de disciplina presupuestaria y el apoyo de los mecanismos extraordinarios de financiación del Banco Central Europeo– para incrementar la deuda pública en 200.000 millones de euros entre 2019 y 2021. Buena parte de las reformas aprobadas en los últimos años tienen un contenido más ideológico que político, se intenta silenciar a los organismos independientes –como el Banco de España o la AIREF– que alertan sobre los desequilibrios de la economía y las políticas perjudican especialmente a los colectivos –como autónomos o propietarios de vivienda– que no gozan de la simpatía del Gobierno.

Sin embargo, los defensores a ultranza de la intervención pública son los mayores enemigos de la credibilidad a su política presupuestaria. Los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2021 y 2022 se elaboraron a partir de unas proyecciones macroeconómicas totalmente irreales. Por poner solamente un ejemplo, en diciembre de 2021 el Gobierno mantenía una previsión de crecimiento de la economía española para el año 2022 del 7% del PIB, cuando la Comisión Europea la había cifrado en el 5,5% un mes antes. Estas distorsiones implican sobrevalorar partidas importantes de los ingresos públicos –como la recaudación tributaria– e infravalorar otras de gasto –como las ayudas sociales o las prestaciones por desempleo– con las consiguientes desviaciones en el déficit público.

Estos problemas en la elaboración del Presupuesto se ven reproducidos con posterioridad en su ejecución. Acabamos de conocer el Informe sobre la Distribución Territorial de la Inversión del Sector Público Estatal en el año 2021, que revela que solamente se ejecutó el 67% de la inversión aprobada para ese año.

Según el Gobierno, estos Presupuestos contenían una inversión productiva y social inédita, imprescindible para el crecimiento y transformación de la economía española, y un tercio de la misma se ha volatilizado. Ante esta situación, la incapacidad manifiesta del Gobierno para gestionar la inversión presupuestada nos lleva a plantearnos: ¿qué va a ocurrir con los Fondos Comunitarios de Recuperación Económica? Si llevan el mismo camino, tendremos un serio problema.

En todo caso, estas desviaciones invalidan el papel del Presupuesto como mecanismo de asignación de recursos, pasando de ser un instrumento de planificación económica a convertirse en otra herramienta de la propaganda gubernativa. En respuesta a la cuestión que planteaba Wolf, la confianza en que un Gobierno como este dirija de forma adecuada la asignación y distribución de recursos de la economía es ninguna.

Los datos del mercado inmobiliario son buenos pero empiezan a verse signos de influencia de la situación económica global

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El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España destaca que “en momentos de crisis, con la convulsa situación internacional que vivimos y la evolución al alza de los tipos de interés, el sector inmobiliario se sigue confirmando como un mercado seguro y un valor refugio para muchos ciudadanos”.

Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado y aporta datos nacionales sobre la evolución las cifras registradas en transmisiones patrimoniales durante abril de 2022.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España se considera que “el nuevo informe de datos del INE sigue reflejando el buen momento del mercado inmobiliario, aunque al igual que pasa con el resto de la economía, empiezan a verse signos de influencia de la situación económica global”.

El CGCOAPI entra en materia: “En las cifras presentadas se percibe una bajada interanual en el número de inscripciones registrales del 1,3% interanual, pero el número de compraventas sigue en aumento, habiéndose registrado una subida del 6,3% respecto al mismo mes del año pasado. Esto demuestra que, en momentos de crisis, con la convulsa situación internacional que tenemos y los ajustes de los tipos de interés al alza, el inmobiliario se sigue confirmando como un mercado seguro y un valor refugio para muchos ciudadanos”.

Por otra parte, el Consejo General destaca que “en términos mensuales los datos son peores que los del mes anterior, algo que también ocurre a nivel interanual en número total de fincas registradas (-1,3%), en donaciones (-9,1%), permutas (-9,4%) o herencias (-9,8%)”.

Resumiendo, las cifras reflejan que el mercado inmobiliario español se encuentra en un buen momento con crecimiento respecto al año 2021 y se consolida como alternativa refugio de la actual situación económica, de la que ya se empiezan a notar ciertos efectos.

¿Puedo instalar una piscina en mi terraza? No olvides tener en cuenta estos aspectos

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¿Puedo instalar una piscina en mi terraza? No olvides tener en cuenta estos aspectos

La plataforma digital para la mejora del hogar, habitissimo subraya que los tres sistemas más utilizados para la construcción de piscinas en azoteas son el poliéster, el acero inoxidable y el hormigón proyectado.

Sea cual sea el material que elijamos, los expertos recomiendan apostar por el doble vaso, ya que uno de estos contiene el agua y el otro evita filtraciones a la vivienda.

Con la llegada del buen tiempo y los primeros chapuzones, somos muchos los que nos preguntamos si es posible tener una piscina en nuestro ático, terraza o en la azotea del edificio. Ya que nada mejor que contar con un lugar para refrescarnos sin la necesidad de salir de casa. Sin embargo, es una decisión que tenemos que estudiar mucho, no solo por el espacio físico, sino también, por la cantidad de peso que esto supone y los problemas que pueden llegar a ocasionar en nuestra vivienda y en el edificio.

Por esta razón, desde la plataforma digital para la mejora del hogar, habitissimo, ofrecen algunos consejos que debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos la construcción de una piscina en nuestra vivienda.

Así, es necesario calcular la cantidad de refuerzo que se necesita para aguantar el peso de una piscina. Para ello, debemos conocer el peso exacto de la piscina y el peso del agua que necesitamos para llenarla. Después, es imprescindible conocer la antigüedad de la vivienda, el tipo de forjado del edificio y su resistencia máxima. “Esto es necesario hacerlo incluso si decidimos colocar una piscina hinchable”. En este sentido, para conocer si es posible instalar una piscina, debemos realizar un estudio técnico de las características del forjado y de la estructura vertical del edificio. Para ello, “será necesario consultar con un arquitecto para que estudie la estructura del edificio y determine si es posible su instalación o no dependiendo del lugar”.

En cuanto a los materiales, los tres sistemas más utilizados para la construcción de piscinas en azoteas son el poliéster reforzado con fibra de vidrio, el acero inoxidable y el hormigón proyectado. Sobre el poliéster reforzado con fibra de vidrio, explican, “es una opción muy rápida de instalar, aunque con limitación en las medidas y modelos”. Además, requiere de un mayor mantenimiento que otro tipo de materiales para piscinas. Por otro lado, las piscinas de acero inoxidable tienen un mayor nivel de resistencia, con una perfecta estanqueidad y, en comparación con las piscinas de poliéster, presentan un mayor grado de libertad para el diseño. Asimismo, no necesitan un mantenimiento muy complicado, son ligeras y no se decoloran.

Las piscinas de hormigón proyectado se construyen mediante un sistema que consiste en la proyección a alta presión de hormigón que permite su adherencia sobre paredes y suelo. Esto posibilita poder construir sobre cualquier superficie con alta resistencia. Y, a su vez, nos permite ahorrar en el transporte de maquinaria a la obra y personal, junto con una mayor estanqueidad e impermeabilidad, ambas necesarias para evitar fugas.
Sea cual sea el material que elijamos, es recomendable apostar por el doble vaso, ya que uno de estos actúa de recipiente contenedor del agua y el otro asegura evitar filtraciones a la vivienda que se encuentra en la parte inferior del forjado. Asimismo, aconsejan usar baldosa porcelánica, gresite o liner, con soldaduras de alta frecuencia para revestir.

PISCINAS EN BLOQUES COMUNITARIOS

Si lo que queremos es instalar una piscina en un bloque comunitario, debemos prever que debido al peso puede que tengamos que poner un refuerzo estructural, con las molestias que esto supone para la comunidad. De igual manera, es importante saber, que el propietario que disponga de una piscina en su inmueble es responsable de las afectaciones que esta puede causar a otros vecinos, por lo que, si nos animamos a instalar una, es recomendable ampliar la cobertura del seguro de nuestra vivienda.

También nos recuerdan que pedir un permiso de obras es siempre necesario y que estos varían según el ayuntamiento. Además, debemos consultar por el patrimonio urbano, ya que en algunos distritos este tipo de actuaciones están limitadas. “Es mejor realizar estas gestiones antes de llevarnos sorpresas luego que, además de la molestia, supongan un desembolso económico que no podemos asumir”, señalan desde la plataforma.

Por último, indican que el precio final dependerá mucho de los materiales, el tipo de maquinaria de depuración, y si se añade o no iluminación. Aun así, estipulan una inversión de entre 10.000 y 15.000 € para una piscina de unos 3×3 m y 80 cm de profundidad. “La principal diferencia de precio con respecto a una piscina en el terreno se fundamenta, sobre todo, en los refuerzos que se deben realizar y a las condiciones de trabajo que implican, por ejemplo, subir material”, concluyen desde habitissimo.

Qué puedes hacer y qué no si tienes un bar con terraza este verano

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No respetar la normativa y cometer alguna irregularidad puede suponer multas que van desde los 750 euros hasta los 3.000 euros.

El calor y el verano siempre han sido sinónimo de terrazas llenas y de consumidores que alargan su tiempo de ocio hasta bien entrada la noche. Esto favorece especialmente a los negocios que, tras la pandemia, ven cómo su situación ha ido mejorando poco a poco.

Legálitas repasa la normativa legal que afecta a la actividad de los bares y restaurantes, los requisitos que deben cumplir los hosteleros si quieren instalar una terraza fuera de su establecimiento o las sanciones a las que se enfrentan por cometer alguna irregularidad.

Al instalar una terraza en un bar o restaurante, ¿Qué aspectos generales se deben tener en cuenta?

Con la vuelta a la normalidad post COVID-19, las Ordenanzas Municipales son las encargadas tanto de regular las condiciones relativas a la instalación de una nueva terraza, como de detallar todos los requisitos que deben cumplir los hosteleros para solicitar una licencia. Legálitas recuerda que esta licencia es necesaria para poder hacer uso de un espacio en un terreno de dominio público o en un terreno de titularidad privada y uso público. Algunos ayuntamientos han aprobado una exención de la tasa de terrazas, siendo esta gratuita en la actualidad.

¿Cuáles son los horarios de apertura permitidos?

El horario de apertura varía en función del ayuntamiento en cuestión, por lo que habría que revisar caso por caso la correspondiente Ordenanza. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, la normativa establece que las terrazas podrán permanecer abiertas hasta las 01:00 horas en periodo estacional, de domingo a jueves; mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo, se amplía hasta la 01:30. El resto del año, se permite abrir hasta las 24:00h.

Las terrazas ubicadas en tramos de calle de zonas más saturadas o zonas de protección acústica especial (ZPAE) solo podrán permanecer abiertas hasta las 23:00h durante todos los meses del año, tal y como ha dispuesto la Comisión de Terrazas de Madrid. En cualquiera de los casos, las labores de recogida comenzarán con antelación suficiente a la finalización del horario máximo permitido para que, así, estén totalmente recogidas en el momento de cierre.

¿Es posible poner el número de mesas que se considere oportuno?

No, ya que esta cuestión está regulada por cada Ayuntamiento a través de su Ordenanza Municipal. Se pueden instalar elementos de mobiliario de la terraza respetando las disposiciones técnicas de superficie, metros, distancias, etc. En términos generales hay que señalar que la ocupación no puede sobrepasar el 50% de la anchura del espacio donde se instalen las terrazas.

La anchura se cuenta desde la línea de bordillo hasta la fachada de la edificación. Partiendo de esta base, el número de mesas que se pueden colocar en la terraza se calcula en función de la “superficie de ocupación” expresada en metros cuadrados. Resulta, asimismo, destacable para efectuar los cálculos que la anchura libre de paso para los peatones no puede ser inferior a 2,50 metros, respetándose un itinerario de forma continua, evitando quiebros a lo largo de una línea de manzana.

¿Qué distancia se debe respetar entre unas mesas y otras? ¿Y entre las mesas y la fachada del local?

Cada Ordenanza establece la distancia que debe haber entre unas mesas y otras, al igual que entre las mesas y la fachada del local. La Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Madrid señala que las terrazas deben disponerse longitudinalmente en la línea de bordillo de la acera, que la anchura libre de paso para los peatones no puede ser inferior a 2,50 metros y que la ocupación no puede sobrepasar el 50% de la anchura del espacio en el que se haya instalado la terraza.

¿Se puede apilar el mobiliario en el exterior del local?

En algunos casos es posible apilar el mobiliario en el exterior del local al momento del cierre, pero se debe poseer una autorización previa. Para solicitarla, se deben indicar los elementos de mobiliario, la justificación y en qué condiciones se realizará la sobreposición. Sólo se autorizará el apilamiento de mobiliario y elementos de la terraza en el exterior en aquellas zonas con suficiente espacio, debiendo realizarse ocupando como máximo un 10% de la superficie autorizada para la terraza y exclusivamente dentro de sus límites.

Hay que señalar que en los supuestos en los que se permita el apilamiento del mobiliario y elementos de la terraza, las sujeciones o amarres han de contar con protecciones acústicas o fundas fonoabsorbentes. También establece la Ordenanza que en ningún caso se autorizará el apilamiento de mobiliario y elementos de las terrazas situadas en el ámbito de edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural o Bienes de Interés Patrimonial.

¿Está permitido ocupar calles peatonales o zonas ajardinadas?

Lo habitual es que no se pueda instalar en zonas ajardinadas y que, de forma excepcional, se permita la instalación en zonas peatonales, pero antes hay que revisar la normativa caso por caso. En el caso de Madrid, su Ordenanza señala que en las zonas ajardinadas con vegetación no se pueden instalar terrazas.

Para evitar posibles confusiones, los abogados de Legálitas hacen una distinción entre zonas peatonales, donde, de forma excepcional, se puede autorizar una terraza adosada a la fachada, y calles peatonales, en las que bares o restaurantes podrán instalar una terraza exterior si dicha calle tiene al menos 5 metros de ancho.

¿Es necesario asegurar la accesibilidad de todos los peatones?

Es habitual que todas las Ordenanzas contengan en su articulado prescripciones relativas a la anchura libre de paso para los peatones. En el caso de Madrid, esta no puede ser inferior a los 2,50 de ancho y se debe respetar un itinerario de forma continua, de tal manera que se garantice la accesibilidad de todos los peatones sin que afecte a su libre circulación.

Cabe destacar también el ejemplo de Salamanca, que ha aprobado la modificación de la actual Ordenanza de Terrazas, siendo previsible que la nueva entre en vigor este verano. En concreto, se amplía de 1,20 metros a 1,80 metros la distancia entre las mesas y las fachadas de los locales con el fin de favorecer el paso a personas con movilidad reducida. Con esta modificación, la Ordenanza de Salamanca pasa a respetar la normativa nacional sobre accesibilidad prevista en la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

¿Se puede mantener una terraza ampliada durante la pandemia?

Desde Legálitas, se recomienda informarse sobre si hay algún cambio reciente en la normativa municipal que pueda afectar en la actividad hostelera. La nueva Ordenanza de la Comunidad de Madrid flexibiliza el cálculo sobre distancias, aunque también ha establecido algunas prohibiciones. Además, contempla un periodo de adaptación tras su entrada en vigor hasta diciembre de 2023.

¿Van a desaparecer las terrazas instaladas en bandas de estacionamiento regulado?

Las terrazas ya instaladas en bandas de estacionamiento se mantendrán durante 2022 y 2023, pero con ciertas condiciones y limitaciones ya que deberán delimitar su espacio con barreras o reflectores de alta intensidad. Las ubicadas, en cambio, en tramos de calle de zonas más saturadas o zonas de protección acústica especial (ZPAE) podrán ser eliminadas de forma definitiva. Hasta entonces, están obligadas a instalar sonómetros para evitar, así, molestias a los vecinos. En Madrid, está prohibida la instalación de terrazas en bandas de estacionamiento desde el pasado mes de febrero.

¿Cuáles son las sanciones a las que se enfrentan los bares y restaurantes por no cumplir con la normativa vigente?

Las infracciones por no cumplir con la normativa y cometer alguna irregularidad están clasificadas en leves, graves y muy graves. Entre las infracciones leves, que pueden suponer multas de 750€, destaca la ausencia del responsable de terraza durante las horas de apertura u ocupar una superficie mayor a la autorizada de hasta un 10%.

Entre las infracciones graves y muy graves que, algunas de ellas pueden ser objeto de sanciones de hasta 3.000€, se encuentran la colocación de elementos que impidan el paso de vehículos y servicios de emergencias a edificios que lo necesiten, así como la provocación de molestias graves a los vecinos y transeúntes derivadas de la actividad de los establecimientos. En algunas ciudades como Vigo el importe de las sanciones varía entre los 600€ y los 2.000€ para las leves y muy graves, respectivamente.

En relación con las infracciones y sanciones, se están estableciendo en los diferentes ayuntamientos mecanismos del control e inspección del cumplimiento de las distancias, requisitos que afectan al mobiliario, etc. Destaca el caso de Burgos, donde se ha puesto en marcha un operativo de control de establecimientos de hostelería, a fin de verificar el cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, en la Ordenanza se prevé la posibilidad de inspección y control, incluyendo como sanción grave la obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento.

¿Estas sanciones afectan al dueño del local o al cliente del bar o restaurante?

Las sanciones no afectan a los clientes del establecimiento de hostelería en cuestión, sino que es responsable de las infracciones administrativas la persona física o jurídica titular de la autorización, que es la misma persona titular de la licencia de la terraza.

Importante incremento de los costes de construcción de las viviendas

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La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI) en su calidad de Agente Social se ha obligado a analizar la problemática del incremento de los costes de la ejecución de las obras y la falta o disminución de los procesos de formación profesional que desgraciadamente sufren nuestras cooperativas de viviendas.

Los costes directos de construcción en edificación residencial subieron un 23,5% interanual en 2021, frente al descenso del 3,8% que registraron en el año 2020, según refleja el Índice de Costes Directos de Construcción que elabora ACR Grupo.

Esta subida está directamente relacionada con el incremento en el precio de las materias primas, la energía, el transporte, y la rotura de stock en las cadenas de suministro, que descarta que se produzcan bajadas a medio plazo.

CONCOVI considera que, este nivel de precios está teniendo impacto en el margen de todos los agentes que intervienen en la cadena de producción de y rehabilitación de viviendas, dilatando el proceso de contratación y la puesta en marcha de los nuevos proyectos. A pesar de todo ello esta Confederación es consciente de que los citados proyectos de edificación están siendo analizados minuciosamente por los profesionales y gestoras homologadas que buscan vías de optimización para paliar en lo máximo posible que esta circunstancia no influya en el precio final de la vivienda nueva.

La propuesta de los técnicos expertos en materia de construcción de CONCOVI, recomiendan:

• “acelerar nuestra transformación hacia un modelo de construcción más industrial.

• “avanzar hacia un marco de relación más colaborativo, en el que todas las partes implicadas trabajen juntas desde las fases iniciales de diseño de los proyectos, un momento también único para impulsar la construcción industrializada.

• Diseñar proyectos y memorias de calidades que se ajusten exactamente a las verdaderas necesidades de los usuarios de las viviendas.

La partida que más acusa las subidas es la vidriería, con un incremento de precios que roza el 50% en 2021. A continuación, se sitúan cimentación y estructura de las nuevas obras, que actúan como indicador adelantado del resto de partidas, y que marcan un incremento del 33,9% y un 33,5%, respectivamente. Destacan también los crecimientos de precios en divisiones interiores (+26,8%) y fachadas (+18,1%).

Del estudio también se desprende que el desabastecimiento de materiales en el transcurso de las obras ha provocado que en más de la mitad de los casos se haya producido un retraso en la ejecución de varias unidades o partidas de obra afectando al plazo final de entrega; lamentando que un 21,8% de las empresas haya optado por la paralización de la obra; o que un 12,3% se haya retrasado en los plazos de finalización.

Pese a ello, la mayoría de las cancelaciones de contratos o paralizaciones de obras no han tenido importantes consecuencias económicas para las empresas intervinientes, y solamente un 24% ha sufrido algún tipo de penalización.

Al finalizar el año 2021, los costes de ejecución para construir vivienda en obra nueva, han sufrido una subida del 15,3 %, con módulos de precio que se sitúan alrededor de los 1.155 €/m2.

La nueva ordenanza municipal de licencias supone una revolución

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La nueva ordenanza municipal de licencias supone una revolución

“Ha llegado el momento de confiar en la sociedad civil”, dice Mariano Fuentes Sedano, responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

ASPRIMA hace un llamamiento a bancos, tasadoras y Registro de la Propiedad para que respalden la normativa recientemente aprobada y fluya el crédito.

Belén Velasco, directora técnica de STT: “Las ECU tienen ahora competencias en todos los usos, un anhelo desde hace bastante tiempo”.

“El Ayuntamiento de Madrid confía en la colaboración público-privada. La mejor forma de demostrarlo es permitir que las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) hagan todo el trabajo que realizan los servicios
técnicos del Ayuntamiento de Madrid, ahora también”, ha manifestado Mariano Fuentes Sedano, responsable del Área de Desarrollo Urbano del consistorio madrileño, en el curso de una jornada informativa sobre la nueva ordenanza municipal de licencias organizada por el Colegio de Aparejadores de Madrid.

Según Mariano Fuentes, “el sector promotor lo agradecerá porque se prestará un servicio de asesoramiento técnico previo y se eliminarán todas las posibles dudas”, a la hora de tramitar licencias urbanísticas y declaraciones responsables.

En opinión de Fuentes, “uno de los aspectos más importantes de la nueva ordenanza es la introducción de la licencia básica. Solo se tramitarán permisos administrativos por parte del Ayuntamiento de Madrid mediante dos procedimientos: licencias y declaraciones responsables. La declaración responsable es el mecanismo estrella de la nueva ordenanza, porque ha llegado el momento de confiar en la sociedad civil. En el caso de las licencias básicas, no es que se genere un nuevo procedimiento: en la tramitación de la licencia urbanística se ofrece la posibilidad de tramitar una licencia básica, que será el elemento jurídico necesario que utilizarán los promotores para comenzar las obras con la máxima certidumbre”.

Una vez concedida la licencia básica, añadió Mariano Fuentes, “se comprobarán el resto de elementos y criterios técnicos que tiene que cumplir la obra. Pero el Ayuntamiento ya no será un obstáculo en el inicio de las obras porque estas promociones contarán con una licencia básica que les amparará jurídicamente en todo su desarrollo”.

El responsable de Desarrollo Urbano de Madrid indicó que la nueva ordenanza “ha supuesto la derogación de las dos existentes, en un único documento más comprensible, más preciso y que elimina cualquier arbitrariedad.
Hemos reducido un 40% el articulado de la norma y hemos introducido unos protocolos como anexos que entendemos que facilitan mucho el trabajo a la hora de tramitar los proyectos”

Para Fuentes Sedano, la ordenanza recientemente aprobada acabará con la denominada “tasa invisible”. Es decir, el coste financiero que supone para una obra la tramitación excesivamente larga de una licencia. “Estos costes, en el caso de una promoción inmobiliaria de 40 viviendas, podrían elevarse a 18.000 euros al mes. Si logramos reducir los plazos de la Administración en la tramitación, contribuiremos a que baje el precio de la vivienda”.

Guillermo San Román, presidente de la Comisión de Suelo y Urbanismo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), indicó en su intervención que “necesitábamos una ordenanza que evitase a la cadena productiva de la construcción un parón de entre 12 y 18 meses. Hasta ahora, era como si para poner las ruedas de un vehículo necesitáramos el sello de un funcionario ajeno al proceso productivo y hasta no tener ese sello no pudiese continuar la cadena”.

San Román se felicitó de que “el Colegio de Aparejadores de Madrid, con su solvencia contrastada, preste sus nuevos servicios en el ámbito residencial. Estoy seguro de que sus servicios van a ser muy utilizados por el
sector promotor. Estamos deseosos de empezar a trabajar en este nuevo marco”.

El representante de ASPRIMA definió el contenido de la nueva ordenanza como “revolucionario. Es un cambio conceptual”. Con el nuevo concepto de licencia básica, “la filosofía es cómo podemos trasladar lo que no es fundamental a un momento posterior y dar seguridad jurídica al promotor inmobiliario para que pueda comenzar las obras”.

En este punto, sin embargo, Guillermo San Román dejó claro que es fundamental que las entidades financieras, las tasadoras y el Registro de la Propiedad entiendan la importancia de la licencia básica. “Necesitamos el respaldo de estas tres instituciones para acceder a la financiación bancaria que lleva aparejada una promoción inmobiliaria. Necesitamos su apoyo a la nueva ordenanza, porque esta va a ser la fórmula que nos permita iniciar las obras sin esa tasa invisible”.

Respecto a las ECU, San Román indicó que “a los promotores inmobiliarios se les dota a partir de ahora de muchos más funcionarios –entre comillas– para que se pueda desarrollar la labor de tramitación de licencias urbanísticas. Ademas de nuestros propios recursos, vamos a contar con unos recursos adicionales con carácter voluntario que son las ECU. Creo que la ampliación
de competencias de las ECU al ámbito residencial es una maravilla para unos cuantos promotores porque tendremos la seguridad de que quien lo está tramitando lo está haciendo con profesionalidad y con técnicos con el conocimiento adecuado para hacerlo”.

Finalmente, Belén Velasco Sardón, directora técnica de Sociedad Técnica de Tramitación (STT), ECU integrada en el Grupo Aparejadores Madrid, repasó pormenorizadamente el nuevo sistema de tramitación de licencias, que entrará en vigor a mediados de junio. Según Belén Velasco, en STT “estamos muy ilusionados ante la nueva etapa que ahora comienza, con competencias en todos los usos. Era un anhelo de las ECU desde hace tiempo”.

Belén Velasco explicó detalladamente el nuevo sistema de licencias comparando la tramitación de las mismas a través del Ayuntamiento de Madrid y de una ECU. La responsable de STT especificó qué tipo de actuaciones precisan de una licencia o de una declaración responsable, informó de los distintos plazos de respuesta incluidos en la nueva ordenanza y explicó los anexos de la nueva norma.

Ribera del Calderón apuesta por el medio ambiente con tecnologías más respetuosas

Redacción
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Ribera del Calderón apuesta por el medio ambiente con tecnologías más respetuosas

El sector de la construcción es uno de los sectores con más impacto medioambiental.

El proyecto Ribera del Calderón sitúa a Madrid como una ciudad pionera en lo que a sostenibilidad se refiere.

Ribera del Calderón apuesta por el uso de tecnologías sostenibles en sus procesos de edificación y construcción.

Debido al conocimiento del impacto de la construcción en el medio ambiente y la concienciación a través de plataformas y eventos, este sector ha iniciado su camino hacia métodos más respetuosos.

La arquitectura sostenible está cada día más de moda en las fases de edificación y la implantación de tecnologías ecológicas es ya una realidad.

Uno de los proyectos que se ha querido unir a este cambio es el de Ribera del Calderón, que ha obtenido el certificado BREEAM que garantiza la sostenibilidad en proyectos urbanísticos. Esta certificación afianza los ahorros tanto energéticos como económicos en el mantenimiento de las viviendas.

Durante la demolición del estado Vicente Calderón, fueron pioneros en el uso de estaciones de medición de partículas en suspensión al medir el ruido que se provocaba.

Además, ayudan a la disminución de la huella de carbono. Sus edificaciones reducen el consumo energético gracias a energías sostenibles como la geotermia y la aerotermia y cuentan con la certificación energética A. Es decir, se reduce considerablemente el consumo de cada vivienda particular.

El diseño del proyecto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta en todo momento la eficiencia energética y la sostenibilidad. La zona contará con 1312 viviendas eficientes energéticamente además de numerosos parques y jardines. Ribera del Calderón asegura una reducción de hasta un 70% y una disminución del consumo de agua de hasta un 40%.

Este plan sitúa a la capital española como pionera en cuanto a sostenibilidad se refiere. Gracias al uso de tecnología BIM y materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente, Ribera del Calderón se ha posicionado como uno de los primeros proyectos urbanísticos en España en lograr la construcción de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo (ECCN).

A través de más de 73000 m2 de zonas verdes, la compañía creará un nuevo pulmón en la capital española. Unas zonas que se han diseñado procurando una correcta adaptación al clima y al suelo, reduciendo lo máximo posible su alteración. De esta forma, se minimizan las necesidades hídricas y se cumple con las normativas establecidas.

Además, el alumbrado es de bajo consumo y se fomenta el uso de vehículos eléctricos al implantar estaciones de carga en la zona.

La PTEH apoya las propuestas europeas para la evaluación de los productos de construcción de base biológica

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Un consorcio de organismos europeos y mundiales hizo público ayer un estudio sobre la evaluación del potencial de calentamiento global de los productos de construcción de base biológica. La Plataforma Tecnológica Española del Hormigón (PTEH) apoya las conclusiones de los expertos derivadas del informe.

La PTEH se suma a las recomendaciones del consorcio para que instituciones y responsables políticos promuevan el uso de datos correctos y métodos adecuados para todos los materiales de construcción en el objetivo de descarbonización de edificios e infraestructuras.

La Plataforma Tecnológica Española del Hormigón (PTEH) ha mostrado su satisfacción por la publicación ayer del estudio ‘Contabilidad de carbono para materiales de construcción – Evaluación del potencial de calentamiento global de productos de construcción de base biológica’ (por su título en inglés ), realizado por LBP SIGHT -empresa de consultoría e ingeniería especializada en el ámbito de la construcción y el medio ambiente-, y promovido por un consorcio de organismos europeos y mundiales del sector de los materiales de la construcción. Este informe arroja conclusiones que suponen en palabras de Aniceto Zaragoza, presidente de la PTEH, “unas directrices claras y científicas para el desarrollo de políticas de evaluación transparentes para todos los materiales de construcción y alcanzar, así, los objetivos de descarbonización europeos”.

Lograr una economía con cero emisiones de carbono en 2050 es uno de los objetivos clave del Pacto Verde Europeo. La evaluación de los efectos medioambientales de los materiales y productos de construcción, basada en el estudio de toda su vida útil y con datos completos y sólidos, es de vital importancia para garantizar que se toman las decisiones correctas para mitigar los efectos del cambio climático.

En el ámbito de la construcción, y en concreto de los materiales, en numerosas ocasiones se tiende a mostrar únicamente los datos de ciertas etapas, en lugar de recoger el ciclo de vida completo de las infraestructuras y edificios, lo que arroja resultados imprecisos que tienden a favorecer a unos frente a otros. Es por esta razón que a menudo se hace referencia directamente a los materiales de origen biológico como la solución preferida, en cuanto a bajas emisiones de carbono, sin tener en cuenta el análisis de ciclo de vida completo de cada uno de los productos.

Este estudio, según apuntan desde el consorcio, “ofrece una evaluación de la base científica que subyace a las condiciones de neutralidad de carbono de los productos de construcción de base biológica, sus efectos de sustitución y una evaluación crítica de los beneficios del almacenamiento temporal de carbono”.

Entre las sugerencias que se desprenden de la investigación, se destaca que, para establecer un marco político que permita alcanzar los objetivos de descarbonización, es de vital importancia la evaluación de los efectos medioambientales de los materiales y productos de construcción a lo largo de toda su vida útil. Es así y sólo así como, a partir de datos completos y sólidos, se podrán desarrollar medidas y tomar decisiones eficaces y justas.

Asimismo, el desarrollo de estas políticas debería contemplar métodos alternativos, tales como la descarbonización de los materiales minerales o la conservación y restauración de los bosques, para cumplir los objetivos desde todos los ámbitos posibles.

Con todo ello, la PTEH insta a las instituciones y otros organismos a fomentar el uso de datos correctos y métodos adecuados para todos los materiales de construcción, sin promover en ningún momento un tipo de material por encima de otro. Es más, Zaragoza señala que “los materiales deberían medirse bajo los mismos parámetros científicos y con metodologías precisas, para que toda edificación e infraestructura contribuya a cumplir el reto común de descarbonización en 2050”.

Tener más de 50 años y triunfar en el ámbito laboral sí es posible

Redacción
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El segmento de población de más de 50 años es el primero en perder en empleo en tiempos de crisis, y el que más tarda en reinsertarse al mercado laboral en momentos de recuperación económica.

Según la guía digital Impulsar la Diversidad en el Ámbito Laboral realizada por Robert Walters, consultora líder en búsqueda y selección especializada de mandos intermedios y directivos a nivel global, el 75% de los profesionales mayores de 50 años cree haber tocado techo en su carrera profesional. De hecho, el 72% de esos profesionales afirma que en sus empresas actuales no se les ofrecen oportunidades de promoción, mientras que un significativo 41% considera que en su lugar de trabajo no hay oportunidades de desarrollo profesional.

Si se tiene en cuenta que estos trabajadores aún tienen más de 15 años de vida laboral por delante, se trata de un problema de importantes dimensiones. Existe el riesgo de desaprovechar el potencial de este grupo de talento senior durante más de una década e incluso dos, ya que sus carreras se estancan sin poner en valor sus conocimientos y la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional.

Perfil medio de los profesionales de más de 50 años

Iván Figueiras, Senior Manager de la División de Gas & Power en Robert Walters, comparte su visión sobre los retos y desafíos a los que se enfrentan los candidatos y profesionales mayores de 50 años:

“Los mayores de 50 años siguen encontrando grandes obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral. A pesar de que estos perfiles cuentan con todos los atributos necesarios para destacar en un proceso de selección, como el pensamiento crítico, la capacidad analítica y la adaptación al cambio desde nuevas perspectivas, muchas veces su experiencia no se ve recompensada con mejores oportunidades laborales.

En el mercado laboral estamos viviendo una burbuja, en la que empieza a observarse una escasez de mano de obra altamente cualificada en ciertos sectores. Esto provoca que cada vez sea más complicado cubrir determinadas vacantes y, aún peor, fidelizar a los profesionales más cualificados. Esta es la razón principal por la que el talento más senior debe invertir en formación y reciclaje para adaptarse a las demandas del mercado y competir en las ofertas de empleo más atractivas”.

Los otros retos de los perfiles de ingeniería de más de 50 años

Actualmente, desde Europa y España existe un compromiso de inversión en todos los sectores según el plan de recuperación y transformación de la economía. Hay grandes objetivos como la descarbonización de la economía, la eficiencia energética, la digitalización o la sostenibilidad, que aplican en los ámbitos de la industria, la movilidad y el trasporte.

Hablamos de tecnologías como el hidrógeno verde, las renovables, proyectos de economía circular, nuevos procesos industriales, nuevos sistemas de propulsión más eficientes y limpios, nuevos materiales a desarrollar, I+D, etc. Y aquí es donde los profesionales de ingeniería de más de 50 años pueden llegar a encontrar más obstáculos a la hora de incorporarse a un mercado laboral cada vez más cambiante.

“Ante la gran demanda de perfiles cualificados y directivos, desde los departamentos de Recursos Humanos, las compañías deben apostar por la capacitación, formación y el reciclaje de sus empleados. La curva de aprendizaje de determinadas tecnologías es relativamente corta para profesionales cualificados, por lo que hay que hacer una apuesta clara en formación para adaptarse a las nuevas tendencias”, argumenta Iván Figueiras, Senior Manager de la División de Gas & Power en Robert Walters.

¿Cómo enfocar la búsqueda de empleo?

La forma de buscar empleo cambia radicalmente según el segmento de edad.

Los portales de búsqueda de empleo no son tan efectivos para perfiles de mayor edad, ya que cuando se despliegan los filtros avanzados, el criterio de años de experiencia no suele sobrepasar los +15 años o los + 20 años. Esto significa que dentro de este filtro pueden estar incluidos tanto profesionales de 40 años de edad como candidatos de 60 años o más, lo cual es un volumen de población muy amplio, por no decir que es la mayor masa laboral de España.

Por el contrario, los profesionales de más de 50 años cuentan con algo con lo que no se puede competir: experiencia. Son numerosas las empresas que aprecian especialmente la visión de estos “gurús” para resolver situaciones de crisis o para dar información clave en la estrategia del negocio. Además, en determinadas especializaciones, la experiencia se traduce en credibilidad, un factor diferencial para las organizaciones. La capacidad de resolver problemas no cotidianos, a los que los perfiles junior no saben muy bien cómo enfrentarse, también es algo altamente valorado por las compañías.

Por otra parte, lo habitual es que este tipo de profesionales, al tener más años de experiencia, cuenten con una red de contactos superior al de un perfil junior. Esto pone en valor la importancia del networking, que puede llegar a ser de gran ayuda a la hora de conseguir un nuevo puesto de trabajo.

Otra opción a la hora de buscar empleo que no debe descartarse, es el emprendimiento, algo bastante habitual en este segmento de población que está dispuesto a crear un proyecto apoyado en su expertise.

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