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Griñan firma un convenio para constituir una Eurorregión entre Andalucía, el Algarve y el Alentejo.

Lisboa. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se ha reunido en Lisboa con el ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de Portugal, Antonio Mendonça, para  analizar las comunicaciones y la accesibilidad entre la comunidad andaluza y el país vecino y para reforzar los lazos institucionales y comerciales. Así, entre otros aspectos, han abordado las conexiones por carretera a un lado y otro de la frontera, así como la colaboración y cooperación entre empresarios andaluces y portugueses.

Griñán se ha referido a la posible celebración de un encuentro del sector de las grandes infraestructuras en Sevilla, para reforzar la unión de empresarios de ambas áreas y  para tratar la posibilidad de una «asociación empresarial» dirigida a la ejecución de grandes infraestructuras. Esto sería importante desde el punto de vista del crecimiento económico y de la sinergia entre los sectores empresariales andaluces y portugueses. Hay grandes obras de futuro donde podemos cooperar y colaborar, ha asegurado el presidente andaluz que considera que este trabajo en común es un objetivo y una necesidad para estos territorios

Asimismo, Griñán ha suscrito un convenio de colaboración con los presidentes de las regiones del Algarve, Joao Varejão Faria, y del Alentejo, Joao de Deus Cordovil, para constituir una Eurorregión entre estas dos zonas y Andalucía, y ha clausurado el Encuentro Empresarial Andalucía-Portugal. Este viaje institucional a Portugal del presidente andaluz es el segundo que realiza fuera de España, tras su reciente viaje a Marruecos.

Jornada sobre vivienda y cohesión social con la participación de expertos nacionales e internacionales

Valencia. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) organizan una jornada sobre políticas de vivienda y cohesión social en la que expertos nacionales e internacionales debatirán sobre la importancia que el acceso a la vivienda tiene en la configuración socio-espacial de nuestras ciudades. La jornada se enmarca en las actividades del Foro para la Edificación Sostenible de la Comunitat Valenciana.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles en el Centro de Calidad de la Construcción de Valencia y tendrá como ponentes a la Directora del Observatorio Europeo de la Vivienda Social, Darinka Czischke, al ex secretario ejecutivo del Comité Europeo de Coordinación de Vivienda Social, Carlos de Astorza, y al arquitecto y profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Agustín Hernández Aja.

La jornada también contará con una mesa redonda en la que se debatirá sobras las políticas y estrategias autonómicas que se están llevando a cabo desde la Generalitat y los Gobierno autonómicos de Cataluña, Madrid y País Vasco.

En ella participarán la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, Mª Jesús Rodríguez, la Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Carmen Trilla, el Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, y el Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio Madrileño de la Vivienda, Jesús Leal. Moderará el debate el Secretario Autonómico de Familia y Coordinación Social de la Conselleria de Bienestar Social, David Calatayud.

Nueva mesa temática de carácter social

Con carácter previo a la jornada, se celebrará una reunión de trabajo en la que se constituirá una nueva Mesa Temática en el seno del Foro para la Edificación Sostenible de la Comunitat Valenciana. Se trata de la Mesa de Sostenibilidad Social en la Edificación, cuya creación para este año anunció el Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, durante la II Edición Abierta de este Foro celebrada en noviembre.

El objetivo de este nuevo grupo de trabajo es introducir también el debate sobre los aspectos sociales de las políticas de vivienda, edificación e intervención en los entornos urbanos. La Conselleria cree necesario repensar el papel de la edificación en la calidad de vida de los ciudadanos. La realidad social es cambiante y la edificación debe dar una respuesta adaptada a una convivencia sostenible y coherente con las necesidades de la sociedad.

Con ello, se quiere conseguir que el urbanismo y la edificación se integren en la vida y el trabajo de las personas, que les aporte calidad de vida y bienestar personal, que una construcción más sostenible contribuya a hacer una sociedad mejor y más sana y que, además, fomente la cohesión social de los ciudadanos de nuestra Comunitat.

Así, esta nueva mesa temática abordará conceptos como la superación de la segregación social en el espacio urbano, el fortalecimiento del tejido social evitando procesos de marginalización, la baja participación ciudadana en procesos urbanos o la satisfacción de nuevas necesidades ciudadanas. Esta visión complementará la aportada por el resto de grupos de trabajo que integran el Foro actualmente, agua, energía, materiales, residuos, ordenación de la edificación y estrategias de diseño sostenible.

El programa detallado y los formularios de inscripción, así como más información sobre la jornada, está disponible en la página web del Instituto Valenciano de la Edificación www.five.es.

Los Ayuntamientos piden una nueva Ley de Régimen Local y que el Gobierno les garantice la financiación

Valencia. El  Gobierno central no ha liquidado el 33% de los proyectos del primer Plan E y ya ha anunciado su propósito de retirar el Plan E en el año 2011 argumentando problemas de los ayuntamientos para asumir más obras «cuando en realidad se debe a la bancarrota de las cuentas públicas por una nefasta gestión de Zapatero«, según a manifestado el conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad de Valencia, Rafael Blasco. A fecha 5 de marzo, el gobierno de Zapatero reconocía que en la Comunidad Valenciana todavía quedaban por liquidar 838 actuaciones del primer Plan E a un total de 120 ayuntamientos.

A juico de Blasco es un deber público de las administraciones atender las demandas de los municipios y ha reprochado al Gobierno central que no cumpla con obligaciones ineludibles para con la administración local como es garantizar su financiación y ha advertido que «si el Gobierno estatal no se involucra como debe, los municipios verán agravada su delicada situación». Ayer mismo, la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el alcalde socialista Pedro Castro, respaldaba la moción presentada por el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados que conmina al Gobierno central a que presente la Ley de Gobierno Local y la Ley de Financiación Local cuanto antes para que puedan entrar en vigor antes del 1 de enero de 2011.

El conseller Blasco ha criticado la estrategia de improvisación que lleva a cabo el ejecutivo central y ha puesto como ejemplo el que a mediados de marzo, el vicepresidente tercero del Gobierno adelantaba en el Senado que el Gobierno pondría en marcha un tercer fondo de inversión local en 2011, mientras que ayer mismo descartaba esta posibilidad, con el peregrino argumento de que en 2011, los consistorios van a tener dificultades para absorber más obras y más proyectos.

En la Comunidad valenciana todos los ayuntamientos, sea cual sea su color político o ideología, están recibiendo una importante inyección económica de la administración autonómica y los 542 municipios de la Comunidad Valenciana han respondido de manera eficaz y han presentado sus propuestas para ser financiadas con las subvenciones del Plan Confianza. La política municipalista que promueve el ejecutivo valenciano es solidaria, innovadora y activa y ya ha presentado en las Cortes Valencianas la Ley Valenciana de Régimen Local, un nuevo marco legal que guiará a los consistorios y entes locales de la Comunidad y que está previsto que se apruebe en el parlamento valenciano a finales del mes de mayo de 2010.

 

 

Sepes pone a la venta más de 200 parcelas en Campo de Criptana

Ciudad Real. Sepes, Entidad Estatal de Suelo, organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, ha puesto a la venta las 201 parcelas del polígono Pozo Hondo Ampliación, en Campo de Criptana (Ciudad Real). Esta actuación se ubica en un enclave estratégico de Castilla-La Mancha, a una hora de Toledo y de la estación del Ave de Ciudad Real, y a hora y media de Madrid.

El polígono está en el límite del casco urbano de Campo de Criptana, con fachada a la N-420, y fácil acceso a las autovías AP-36, A-4 y A-43, así como a la CM-42 (Autovía de los Viñedos). Sepes oferta allí más de 58.000 metros cuadrados para industria adosada (82 parcelas), 192.677 metros cuadrados de industria aislada (111 parcelas) y ocho parcelas más de uso terciario (20.782 metros cuadrados). Los precios oscilan entre los 68 y los 107 euros por metro cuadrado, dependiendo de la tipología y ubicación de las parcelas. Los precios medios son de 80 euros por metro cuadrado para la industria adosada, 77 para la aislada y 83 en el caso de las parcelas de uso terciario.

Actuaciones estratégicas

Esta es una de las cinco actuaciones de suelo industrial que Sepes desarrolla en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y que han supuesto inversiones por más de 70 millones de euros. En conjunto, suponen la transformación en suelo industrial y comercial de más de 212 hectáreas y la obtención de más de 1.250.000 metros cuadrados de suelo equipado para acoger actividad empresarial.

Sepes ha invertido en la urbanización de Pozo Hondo Ampliación 16,5 millones de euros y ha generado una superficie de 271.509 metros cuadrados. Las parcelas, de 500 a 1.250 metros cuadrados, podrán albergar cuando estén plenamente ocupadas a más de 200 empresas con unos 1.000 empleados.

Sepes compra de suelo para crear un parque empresarial en Bollullos Par del Condado

Bollullos Par del Condado. El Parque Empresarial de Bollullos Par del Condado empieza a materializarse con la compra por parte de Sepes, de las primeras 11 hectáreas de terreno. La Entidad Estatal de Suelo, organismo que depende del Ministerio de Vivienda, prevé invertir más de 26 millones de euros en el desarrollo de este parque empresarial que generará aproximadamente 627.000 metros cuadrados de suelo industrial.

Estas adquisiciones afectarán a unas 30 fincas catastrales, las primeras en integrar el suelo que, una vez desarrollado y ocupado, acogerá hasta 180 empresas con unos 2.000 empleados. Según explicó el director general de Sepes, Félix Arias, esta actuación “satisfará la demanda de suelo existente en la zona y favorecerá el desarrollo urbano equilibrado y sostenible”. “Con estas operaciones”, añadió, “se pone en marcha una actuación que convertirá a este municipio en un enclave empresarial privilegiado en Andalucía Occidental y el Algarve portugués”.

Actuación en dos fases

Arias recordó que el proceso que ahora se materializa comenzó con la firma, en febrero de 2008, de un primer protocolo con el entonces alcalde Carlos Sánchez: “Fue su impulso y entusiasmo el que nos llevó a dar los primeros pasos en el desarrollo de esta actuación”. Arias firmó el 8 de junio de 2009 con el actual regidor, Francisco José Díaz, el convenio de colaboración que concretaba ya el ámbito de la actuación y las bases para su desarrollo y comercialización. En este convenio se señalaba también la posibilidad de realizar la actuación por etapas para adecuar su desarrollo a la demanda real de parcelas.

Una delegación de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil visita España

Madridl. El director general de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, Carlos María Juárez, ha recibido a una delegación de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil (ANTT), cuyo gobierno se ha mostrado muy interesado por la gestión y organización del sistema ferroviario español.

La delegación encabezada por el director de la ANTT, Ivo Borges de Lima, visitó la sede de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias como cierre al programa de una misión brasileña para conocer el modelo de funcionamiento y la regulación del sistema ferroviario español, que les ha llevado a visitar las sedes de otros organismos públicos como ADIF, RENFE y otras empresas del sector.

Durante la reunión, Juárez, acompañado del subdirector de Planificación y Proyectos Francisco Sánchez Ayala, explicó la organización, gestión y funcionamiento del modelo ferroviario español. Así como las competencias en materia de seguridad y control ferroviario, que tiene la Dirección General.

Por su parte el director de la ANTT se mostró interesado en conocer la planificación de los objetivos que desde el Ministerio de Fomento se ha marcado para el impulso del ferrocarril como modelo de transporte sostenible, seguro y capaz de competir con otros medio de transporte.

Convenio para el desarrollo urbanístico del suelo ferroviario en Almería

Almería. El ministro de Fomento, José Blanco, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, han firmado en Almería el convenio de colaboración para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Almería y de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, actualmente en construcción. A este acto han asistido también el presidente de Adif, Antonio González, y el de Renfe Operadora, Teófilo Serrano.

El convenio contempla la creación, en el plazo de dos meses, de una sociedad con un capital social a suscribir de 600.000 euros, con la participación del Ministerio de Fomento en un 50 %, y de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería en un 25 % cada uno.

El objetivo de la sociedad es gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura urbana y de urbanización correspondientes de los suelos incluidos en el ámbito de actuación del convenio.

En virtud del planeamiento urbanístico, a los suelos ferroviarios del ámbito de actuación les corresponderá un aprovechamiento lucrativo no inferior a 125.638 m2 de techo edificable. Dentro de la edificabilidad destinada a uso residencial, un porcentaje no inferior al 15% será destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

Principales actuaciones

Las principales actuaciones previstas a desarrollar por esta sociedad serán las siguientes:

Coordinación para la definición de la propuesta global de la actuación concertada en este ámbito.

Elaboración de los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de transporte, definiendo sus costes.

Gestión del desarrollo urbanístico de los suelos aportados por las partes de este convenio con el fin de ejecutar las determinaciones del planeamiento que resulte definitivamente aprobado y comercializar en el mercado los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan, generando los recursos necesarios para contribuir a la financiación de las actuaciones previstas.

Proyección y ejecución conforme a los requerimientos operativos y funcionales de Renfe-Operadora, de aquellas obras que sean necesarias para el traslado previo y adaptación de las instalaciones de mantenimiento de material rodante, así como aquellas que le sean encomendadas por los socios mediante acuerdos específicos.

El Ministerio de Fomento se responsabilizará de las actuaciones ferroviarias. A tal fin, tramitará y aprobará el estudio informativo del proyecto de integración urbana y adaptación a la red de alta velocidad de la red como fase previa a la aprobación de los proyectos constructivos.

Las actuaciones contempladas en el presente convenio, que serán recogidas en el estudio informativo mencionado, enumeradas de forma abreviada, responderán a los siguientes objetivos:

Integración del sistema ferroviario en el ámbito urbano en base al modelo territorial previsto por el Ayuntamiento en el Plan Especial, de forma que se mejora la permeabilidad transversal de dicho sistema.

Traslado y/o adaptación de las instalaciones ferroviarias (incluidas las instalaciones de mantenimiento de trenes) a las necesidades futuras derivadas de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Almería.

Facilitar la implantación de un gran bulevar urbano y zonas verdes dotacionales a lo largo del nuevo corredor ferroviario, mejorando las condiciones ambientales de la zona urbana aledaña al ferrocarril.

Recuperación para su uso urbano de los terrenos colindantes al trazado no necesarios para la explotación ferroviaria.

Inversiones previstas

El coste total estimado de las actuaciones incluidas en el presente convenio asciende a 244,2 millones de euros. Esta cantidad será financiada, de un lado, mediante aportaciones de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería, y de otro, con cargo a los recursos económicos obtenidos de la operación urbanística.

De este modo el Ministerio de Fomento aportará 97,5 millones de euros, la Junta de Andalucía, 18 millones de euros y el Ayuntamiento de Almería 30 millones de euros, siendo financiado el resto del coste de las actuaciones por los recursos generados por los aprovechamientos y por las cargas urbanísticas. La aportación del Ministerio de Fomento será efectuada a través de Adif.

La aportación municipal es independiente del 10% de los aprovechamientos lucrativos que debieran ser objeto de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

En todo caso, para la tramitación y formalización de las aportaciones económicas de las Administraciones firmantes, una vez conocidos con exactitud los costes de la actuación, se procederá a suscribir un convenio de colaboración de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

El Ministerio de Fomento asumirá, directamente o a través de Adif, la dirección facultativa de la redacción de los proyectos constructivos de la actuación ferroviaria, llevará a cabo la correspondiente licitación de las obras.

Por su parte, la sociedad coordinará la realización de los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de las actuaciones urbanísticas a que hace mención este convenio, sin perjuicio de las competencias que en materia de ordenación del territorio y urbanismo corresponden al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, y en materia ferroviaria, al Ministerio de Fomento.

La sociedad definirá el plan de etapas y el balance económico de la operación, teniendo en cuenta que:

Todos los recursos económicos que se obtengan por la sociedad como consecuencia del desarrollo urbanístico de los suelos transmitidos por Adif y Renfe Operadora se aplicarán en primer lugar al pago de las obras ferroviarias recogidas en el Anexo 1 y a financiar los costes de funcionamiento y financieros del conjunto de actuaciones de la sociedad.

En segundo lugar, los recursos se aplicarán a la financiación de las obras de urbanización de los terrenos liberados.

En tercer lugar, caso de existir recursos excedentarios después de llevar a cabo todas las actuaciones previstas, las partes podrán acordar su reinversión en otras mejoras de la infraestructura ferroviaria en Almería y su integración urbana.

La aportación máxima para todas estas actuaciones será las inversiones que financien las partes de este convenio, los recursos que la sociedad genere y, en su caso, los fondos europeos que se obtengan.

Contribución de Adif y Renfe Operadora

Adif y Renfe Operadora contribuirán al proyecto de integración aportando los terrenos y los aprovechamientos urbanísticos que resulten de su titularidad una vez concluido, en su caso, el proceso de desafectación de los mismos, por resultar innecesarios para la explotación ferroviaria.

Para regular la transmisión de suelos y aprovechamientos a la sociedad, se suscribirán convenios específicos entre ésta y cada una de esas dos entidades públicas empresariales (esto es, convenios a suscribir por la sociedad independientemente con Adif y Renfe Operadora), en los que s
e concretarán las contraprestaciones a percibir por estas entidades.

La transmisión de los terrenos y aprovechamientos por parte de Adif y Renfe-Operadora a la sociedad se podrá realizar de forma escalonada y de común acuerdo, de forma tal que quede garantizado, en todo momento, la correcta prestación del servicio ferroviario y la sustitución, en perfecto estado de funcionamiento, de las instalaciones ferroviarias preexistentes.

La contribución de Adif y Renfe Operadora a los fines previstos en este convenio se ceñirá exclusivamente a la aportación de los terrenos y los aprovechamientos urbanísticos que resulten de su titularidad una vez concluido el proceso de desafectación de los mismos, y ello sin perjuicio de que Adif pueda asumir o ejecutar parte de las inversiones correspondientes a la Administración General del Estado.

El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, conforme a la legislación vigente, se comprometen a promover y tramitar hasta su aprobación definitiva el Planeamiento Urbanístico, que sea conforme con los proyectos de infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento de trenes y demás objetivos de este Convenio, y que haga posible el desarrollo inmobiliario de los suelos liberados del servicio ferroviario de titularidad del Estado (Adif y Renfe Operadora), situados en el ámbito de la actuación.

Dicho planeamiento contendrá también las determinaciones precisas para que, en su caso, la losa de cubrimiento de las vías e instalaciones ferroviarias, destinada a usos en superficie compatibles con el sistema general ferroviario tales como viales, espacios libres o zonas verdes, sea de cesión al Ayuntamiento en el seno de los correspondientes procesos urbanísticos reparcelatorios, constituyéndose un complejo inmobiliario entresuelo y subsuelo ferroviario.

El Gobierno de Castilla-La Mancha utiliza "cortinas de humo" para desviar la atención sobre los problemas que no resuelven

Murcia. El consejero de Agricultura y Agua reta a Barreda a que señale «un solo proyecto presentado por su Gobierno que no se haya realizado por falta de agua» y critica la pasividad de Rodríguez Zapatero al permitir el enfrentamiento que está generando entre comunidades.

 Antonio Cerdá, afirmó que la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha responde a “una cortina de humo propia de un dirigente autonómico que no resuelve los problemas de sus ciudadanos”, y con la que intenta “desviar la atención”.

Cerdá, preguntado en rueda de prensa sobre el informe con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende emprender acciones legales sobre el uso del agua en Murcia, lamentó la campaña de difamación “ilimitada” del Ejecutivo de Barreda y su “insolidaridad por querer apropiarse de un recurso que es de todos”, y aseguró que desde Murcia “sí somos solidarios porque nos gusta hablar de España como una Nación”.

El titular de Agricultura y Agua explicó en este sentido que la Región de Murcia realiza “trasvases económicos” para contribuir a pagar las pensiones de los jubilados de Castilla-La Mancha, las ayudas agrarias procedentes de la Política Agraria Común, y la energía renovable que genera esta comunidad que “es de las más caras”.

El responsable de Agua del Gobierno regional dijo que la Región de Murcia, junto con otras comunidades, contribuyen con “un fondo común” a paliar el déficit de las pensiones de otras comunidades como la de Castilla-La Mancha. Recordó además que la agricultura murciana “es de las menos subvencionadas” y subrayó que “las explotaciones agrarias de la comunidad manchega subsisten por estas subvenciones comunitarias”.

En materia energética, indicó que la comunidad manchega “tiene los parques de energías renovables más importantes de España”, pero también “los más caros en cuanto a producción”. “En momentos de crisis, estamos pagando la energía más cara”, señaló el consejero de Agricultura, quien añadió que la que se genera en las plantas de ciclo combinado de Escombreras representa el 12 por ciento de la energía que consume España “a menos de 15 euros”.

Dinero con carácter finalista

Cerdá pidió a Barreda que “resuelva los problemas que tienen sus ciudadanos, que son muchos”, y que “olvide a los murcianos”. Instó al presidente autonómico a que “diga un solo proyecto presentado por su Gobierno que no se haya realizado por falta de agua”, porque según dijo, “ha habido hasta para Seseña, que es una ciudad fantasma”.

“El presidente de Castilla-La Mancha también tiene que explicar dónde están los 110 millones de euros que han pagado los murcianos, valencianos y almerienses con carácter finalista para hacer obras de saneamiento y abastecimiento”, que sin embargo, “no se han realizado”, y esta situación, dijo, “sí que es de juzgado porque es un problema real y social”, apostilló.

Por último, criticó la “pasividad” de Rodríguez Zapatero al permitir el enfrentamiento que está generando entre comunidades, y no asumir las competencias de agua “que son del Estado”.

 

Navarra impulsa un registro de certificados de eficiencia energética en edificios

Pamplona. El consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig Aldasoro, ha anunciado la puesta en marcha del registro de certificados de eficiencia energética en edificios. “La mejor energía es la que no se consume y, por ello, se debe favorecer el edificio que menos aporte necesite”, ha manifestado.

El consejero ha destacado además la importancia del ahorro energético, sobre todo en los edificios públicos por lo que ello conlleva de ahorro económico y a su vez por ser ejemplarizante para la ciudadanía y ha anunciado  la creación del registro público de certificados de eficiencia energética y del sistema de certificación energética desarrollado por CENER y MIYABI, un sistema informático de certificación energética de edificio que ha sido tomado como referencia a nivel nacional.

Registro de certificados de eficiencia energética en edificios

La finalidad de este registro es facilitar una información objetiva a los compradores y usuarios en relación con las características energéticas de los edificios y favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. El registro, de carácter público e informativo, gratuito y telemático, es gestionado por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra a través de su página web en navarra.es.

La certificación se realiza valorando y comparando distintas variables de las prestaciones energéticas de los edificios en función de su envolvente térmica, instalaciones térmicas, condiciones de funcionamiento y ocupación.

Este registro cuenta ya con un primer edificio inscrito. Se trata de un proyecto de vivienda VPO (Vivienda de Protección Oficial) que se está construyendo en Ripagaina, en una parcela situada en el municipio de Egüés, promovida por la empresa Víctor Lizarraga. La calificación energética que ha recibido es la C, la tercera más eficiente entre siete niveles posibles.

Certificación energética

Desde 2007, todos los edificios de nueva construcción deben incorporar en España medidas de ahorro energético así como una certificación energética. El promotor o propietario del edificio debe presentar para su registro los certificados de eficiencia energética, tanto del proyecto como del edificio terminado de aquellos edificios de nueva construcción y de las reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.

La certificación de eficiencia energética de un edificio es el proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación de la eficiencia energética obtenida por el proyecto del edificio y por el edificio terminado y conduce, respectivamente, a la expedición de un certificado de eficiencia energética del proyecto y del edificio terminado. Estos certificados tienen una validez máxima de 10 años y el responsable de su renovación es el propietario del edificio.

Los datos contenidos en los certificados permiten valorar y comparar las prestaciones energéticas de los edificios en función de su envolvente térmica, instalaciones térmicas (calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria), condiciones de funcionamiento y ocupación.

Mediante una etiqueta de eficiencia energética, similar a la existente para los electrodomésticos, se asigna a cada edificio una clase energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes.

 

La rehabilitación del Palacio de San Telmo ha costado 46.677.372,11 de euros

 Andalucía. La Presidencia de la Junta de Andalucía vuelve al Palacio de San Telmo, su sede oficial desde 1992, tras cinco años de obras y una «compleja y emblemática rehabilitación».

Además de albergar la sede oficial de la Presidencia de la Junta y de convertirse en una importante sede administrativa para más de 300 funcionarios, el Palacio de San Telmo abrirá sus puertas con la finalidad de que la ciudadanía conozca el importante legado artístico de un monumento que ha precisado de una intervención integral, tanto del edificio como de las zonas adyacentes.

Esta tarea ha sido dirigida por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra que, con la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), ha llevado a cabo una intervención que tenía el doble objetivo de dotar de funcionalidad a un edificio cuya restauración exigía, además, respeto a la condición patrimonial del mismo.

El convenio finalista suscrito en 1989 entre la Administración autonómica y el Arzobispado de Sevilla para albergar la Presidencia de la Junta de Andalucía autorizaba el inicio de obras de restauración. .

De este modo, la segunda fase de la restauración de San Telmo ha permitido recuperar un total de 39.730 metros cuadrados. Para ello, la Junta de Andalucía ha destinado en cinco años un presupuesto de 46.677.372,11 euros, de los cuales 555.793,08 euros, se aportaron en 2005; 7.716.771,10 euros, en 2006; 13.372.955,42 euros, en 2007; 15.723.823,46 euros, en 2008; 8.943.403,66 euros, en 2009; y en 2010, un total de 364.625,39 euros, en 2010.

Aunque en un principio la licitación ascendió a 38.594.860,63 euros, las obras se adjudicaron finalmente por 34.202.765,49 euros (un 11% menos) con un plazo inicial de ejecución de 33 meses. En este punto, la consejera de la Presidencia ha indicado que se trata de un coste «razonable y ajustado a la luz de lo que cuesta una intervención de un edificio de tal envergadura y valor histórico».

Proyecto complementario

La realización de todos los trabajos se ha desarrollado a lo largo de 55 meses como consecuencia de la catalogación y conservación de los yacimientos arqueológicos descubiertos (4.420.954,85 euros) y por la realización de un proyecto complementario con la finalidad de actuar, entre otras zonas, en el techo de madera de la capilla, y la restauración de las doce estatuas de la fachada de Palos (5.191.618,83 euros). El presupuesto final contempla, además, dos revisiones de precios de 2.014.814,54 y 847.218,40, respectivamente.

La posibilidad de usar al completo el Palacio de San Telmo tras su plena rehabilitación convertirá a este emblemático edificio en una importante sede administrativa que, no sólo albergará la sede de la Presidencia de la Junta, sino que traslada también la Consejería de la Presidencia junto con todos sus centros directivos: Secretaría General Técnica, Secretaría General de Acción Exterior, Oficina de la Portavoz y Dirección de Comunicación Social.