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La banca y las eólicas deben asumir, como el resto de ciudadanos, los costes de la crisis

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Toledo. Tras la opinión negativa vertida por parte de entidades financieras y de las compañías de producción de energía eólica en relación a los nuevos impuestos recogidos en el Plan de Consolidación de las Finanzas y Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Rodríguez, les ha pedido una mayor colaboración e implicación para afrontar la crisis y las consecuencias negativas de la misma porque, “no es de recibo”, apuntó, que acaben pagando los de siempre.

Cuando las cosas han ido bien los beneficios se han repartido entre unos pocos mientras que cuando las cosas han ido mal “hay que repartir las pérdidas entre toda la sociedad”, señaló Rodríguez.

Según la portavoz, tanto las empresas eólicas como los bancos tienen que hacer el mismo esfuerzo que están haciendo los ciudadanos y las administraciones públicas y que estos nuevos impuestos no repercutan en los consumidores. De hecho, recordó Rodríguez, “hemos visto experiencias de cómo se ha desarrollado estos impuestos en otras CCAA como Galicia o Extremadura donde no se han visto repercutidos después los recibos que llegan después a las familias”.

Por eso, “es el momento de que todos asumamos nuestra responsabilidad”, dijo la portavoz, quien precisamente puso el acento en que uno de los objetivos prioritarios de este nuevo Plan de Consolidación de las Finanzas y Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, partía con un objetivo prioritario: que los recortes no afectaran a las familias, a las personas, a las pequeñas y medianas empresas, que no afectara los autónomos y desde luego que no afectara a los trabajadores de Castilla-La Mancha.

Exposición para conmemorar la remodelación del barrio de Fuencarral

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Madrid. La Comunidad de Madrid inaugura una exposición que repasa la intensa remodelación del barrio de Fuencarral acometida durante los últimos veinte años por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), una renovación que incluyó la remodelación total de la trama urbana del barrio y la construcción de 852 viviendas nuevas para las familias originales (413 en Fuencarral A y 439 en Fuencarral B).

El barrio de Fuencarral data de mediados de los 50 del pasado siglo, cuando el Estado construyó poblados para absorber, en construcciones con mínimas condiciones de habitabilidad, a la numerosa emigración que llegó a Madrid desde el resto de España. En 1986 se le encomendó al Ivima la remodelación de este barrio, una intervención que arrancó en 1990 con la entrega de las primeras viviendas nuevas a los vecinos.

El viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco, presidió la inauguración de esta exposición que recoge, a través de fotografías y planos, el enorme cambio experimentado en Fuencarral en los últimos 20 años gracias a los trabajos del Ivima, la promotora pública regional, con una inversión de más de 43,4 millones de euros (21,1 millones en la zona A y los restantes 22,2 millones de euros en la B).

“Una de las funciones fundamentales del Gobierno regional, a través del Ivima, es la remodelación de los barrios más deteriorados de la región, unas complejas transformaciones urbanas que concluyeron el año pasado en Fuencarral y que ahora podemos repasar a través de esta exposición”, destacó el viceconsejero, acompañado en el acto por el director general de Vivienda y Rehabilitación, Juan Van-Halen, por el personal del Ivima, y por numerosos vecinos y representantes de este barrio del norte de
Madrid.

El año pasado, con la entrega de las últimas viviendas en Fuencarral A, el Ivima concluyó la entrega de pisos a los residentes originales, sumando 413 viviendas nuevas entregadas en la zona A del barrio a lo largo de seis fases de actuación. Se trata de unos pisos no solo dignos, sino también sostenibles y con plaza de garaje incluida.

Ahora, con la demanda estructurada (vecinos originales) cubierta, se promueven otras 100 viviendas públicas en Fuencarral A y 172 pisos más en Fuencarral B para que se instalen en el barrio más madrileños, muchos de ellos jóvenes

El Instituto de la Vivienda de Madrid tiene encomendada la remodelación de un total de 14 barrios madrileños, de las que ya ha concluido 12: Caño Roto, Comillas, Entrevías UV-4, Viña Entrevías, General Ricardos, Villaverde Cruce, Almendrales, Fuencarral B, La Ventilla Valdeacederas, San Blas, Alto del Arenal y el ya citado Fuencarral A.

Las obras en el barrio de Canillas, donde prosiguen los trabajos, se prevé que concluyan a finales de 2011 o primeros meses de 2012, lo que permitirá que en esta legislatura se complete el 93% de los barrios a remodelar. La UVA de Hortaleza, por su parte, se prevé que finalice en 2012.

La Ley Vasca de Vivienda pretende desarrollar el derecho constitucional a una vivienda digna

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Vitoria. El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado el Anteproyecto de Ley Vasca de Vivienda, en el que se reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución y en el 10.31 del Estatuto de Autonomía. Es, además, una consecuencia del Pacto Social por la Vivienda en Euskadi firmado en junio de 2010 y suscrito por 77 agentes institucionales, sociales y económicos vascos. Afecta a todas las personas, independientemente de que dispongan o no de una vivienda y de que ésta sea en propiedad o en alquiler, libre o protegida.

El principal objetivo de la Ley es promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y convertir el principio en auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso.
 
Además, pretende regular el régimen jurídico de la Vivienda de Protección Pública (VPP), reformular y reordenar los sistemas de prestaciones públicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar los obstáculos a procesos de este tipo y definir el alcance del concepto de “función social de la vivienda”.

La rehabilitación va a ser una de las líneas prioritarias de la política vasca de vivienda. Por ello, el Anteproyecto posibilita la declaración de necesidad de rehabilitación, lo que supone la declaración de utilidad pública y la posibilidad de intervención por parte de la Administración. También posibilita la intervención de la Administración en los casos que no se cumpla la función social de la vivienda.

El anteproyecto presenta importantes novedades, entre las cuales destacan el establecimiento del derecho subjetivo a la vivienda, la personalización de precios y rentas en las VPP, los criterios preferentes para la adjudicación de la VPP serán el número de miembros de la unidad familiar y la antigüedad en el registro de vivienda, la posibilidad de expropiación forzosa de la VPP, el establecimiento del derecho a la división de viviendas, la posibilidad de expropiación por incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de las viviendas o de abordar la reforma de los edificios si hay acuerdo del 50% de las personas propietarias, la obligación de depositar las fianzas de los contratos de alquiler en el Gobierno Vasco, y el aumento de los importes de las sanciones por infracciones en materia de vivienda.

Balance del Desahucio express 2010

SILVIA VELASCO NAVARRO
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I Foro de Derecho Concursal organizado por FUNDIECO

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Madrid. El Congreso español está estudiando, en estos momentos, la aprobación del proyecto de reforma de la Ley Concursal. La nueva normativa, que probablemente entrará en vigor antes del verano, busca facilitar los concursos de acreedores y fomentar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación, así como reducir el tiempo y el coste que supone poner en marcha estos procesos.

Esta nueva Ley cobra especial importancia en el actual entorno económico ya que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de empresas que han presentado expedientes de quiebra o de suspensión de pagos. Además, el hecho de que las personas físicas o las sociedades civiles puedan recurrir a estos procedimientos ha hecho necesario establecer un nuevo marco legal que también tenga en cuenta esta circunstancia.

Todos estos cambios exigen que los magistrados, jueces, abogados, auditores o economistas especializados en esta legislación actualicen y amplíen sus conocimientos, con el fin de poder atender mejor tanto a los acreedores como a los deudores implicados en estos procesos.

Por ello, la Fundación del Instituto de Derecho Concursal (FUNDIECO), ha organizado el I Foro Concursal, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre los días 9, 10 y 11 de febrero próximo. Bajo el título de “La Ley Concursal y la actual insolvencia de la empresa española a la luz de la reforma”, busca analizar y debatir en profundidad todos los aspectos nuevos de esta legislación y conocer los posibles problemas que se puedan presentar en una crisis empresarial.

El foro será inaugurado por Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, y contará con las intervenciones de 35  jueces de lo Mercantil de diferentes ciudades de toda España.

Entre los temas que se analizarán se encuentran la responsabilidad de los administradores; los efectos sobre los acreedores y los créditos; el tratamiento de las ejecuciones en el concurso; la resolución de los contratos de compraventa en los concursos inmobiliarios; los convenios y las liquidaciones anticipadas o la presunción de culpabilidad en el concurso.

La Fundación del Instituto de Derecho Concursal

FUNDIECO, la Fundación del Instituto de Derecho Concursal, nació con el  objetivo de poner en marcha actividades de formación y potenciar las buenas prácticas en materia concursal. Para ello, está realizando constantemente actividades de información, preparación y actualización de los conocimientos de los profesionales especializados en este ámbito, dirigidas tanto a los que ya tienen experiencia profesional como para los que están iniciando su andadura en este campo.

En este sentido, ha puesto en marcha el II Curso Superior de Formación de Administradores Concursales, en el marco del Centro Universitario Villanueva, impartido por más de medio centenar de jueces y magistrados de Derecho Mercantil. Paralelamente, ha creado la Escuela Práctica Concursal, en la que el contenido lectivo se complementa con prácticas en despachos especializados en Administración Concursal.

Para más información: FUNDIECO, Fundación del Instituto de Derecho Concursal;

http://www.fundieco.org/

Josep García nuevo responsable del área de grandes clientes de Savills España

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Madrid. Savills, una de las principales consultoras internacionales de servicios inmobiliarios, ha anunciado hoy el nuevo cargo de Josep García, como responsable del Área de Clientes Corporate de Savills España. Dicho departamento se gestionará desde la oficina de Barcelona.
 
Josep García, posee postgrados en Gestión Inmobiliaria Integral y Valoraciones Inmobiliarias. Comenzó su carrera profesional en el sector de la consultoría inmobiliaria en el año 2001 como jefe de ventas y consultor del departamento de Oficinas en Tasinsa, donde permaneció hasta 2004 fecha en la que se incorporó a la constructora Napisa como delegado comercial en Cataluña. En 2005 se unió al Grupo Ferrán, donde ocupó el puesto de coordinador del departamento de Oficinas hasta que un año después, en 2006, pasó a formar parte de Savills como consultor del departamento de Oficinas en la sede de Barcelona.

En su nuevo cargo, Josep será responsable de gestionar las cuentas de grandes clientes, respondiendo a sus necesidades inmobiliarias desde un simple y directo punto de contacto, bien sea para intermediar entre la propiedad y el inquilino, renegociación de contratos, búsqueda de nuevas ubicaciones, etc.

Josep estará integrado dentro de la red europea de Corporate Real Estate de Savills para responder a aquellos clientes con necesidades paneuropeas.  

Su reciente track record incluye la representación de varios clientes internacionales como Panda Security, MGE UPS, Grupo Honeywell, y locales como el Ajuntament de Barcelona e INECO, entre otros.
 
Josep García, Responsable del Área de Clientes Corporate de Savills España declara: «Nuestra área aporta soluciones inmobiliarias completas a los clientes de mayor relevancia, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a la continua defensa de sus intereses estratégicos en su día a día inmobiliario, y actuando como único gestor de sus necesidades inmobiliarias desde todos los ámbitos que se nos solicite».

Eusebi Carles, Director General de Savills Barcelona, «La promoción de Josep y  la centralización de nuestra actividad de “corporate services” desde la oficina de Barcelona constituye un nuevo paso adelante cualitativo para la oficina de Savills en la ciudad condal, una nueva muestra de lo decidida que es la apuesta de nuestra firma por Barcelona como plaza estratégica”.

Canarias modifica las condiciones de instalación de los parques eólicos

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Canarias. El Consejo de Gobierno de Canarias ha modificado el Decreto que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de Canarias, de cara a flexibilizar la normativa y condicionantes para las instalaciones eólicas con sistemas de almacenamiento energético asociado, como es el caso de la central hidroeólica de El Hierro.

De esta manera, una instalación de almacenamiento diseñada adecuadamente puede compensar las posibles afecciones negativas que el parque eólico puede producir, como la variabilidad del viento o alto potencial de penetración de este tipo de energía en la red eléctrica.

La norma original establecía que sólo podría concederse autorización administrativa para la instalación o ampliación de parques eólicos, a quienes hayan obtenido previamente en concurso público la potencia eólica correspondiente. A excepción de la repotenciación de parques existentes y las instalaciones eólicas destinadas a fines de investigación y desarrollo conectados a redes eléctricas, y aquellas asociadas a sistemas singulares de acumulación energética, los cuales deben solicitar la exención de asignación previa de potencia.

Con la modificación, además de flexibilizar los requisitos exigidos para la implantación de instalaciones eólicas asociadas a sistemas singulares de acumulación energética, sin necesidad de disponer de asignación previa de potencia eólica mediante concurso, se establece la necesidad de evacuar un informe preceptivo del operador del sistema, y se amplía el plazo para resolver el procedimiento a seis meses y fijando de forma expresa, el sentido desestimatorio del silencio.

También se incorpora la posibilidad de exonerar a los parques eólicos de efectuar “el tarado de protecciones” cuando no sea técnicamente factible su realización, aplicable también a los parques eólicos que se sometan a repotenciación. Entre las disposiciones finales, se faculta al centro competente en materia de energía para establecer los modelos normalizados para formular las solicitudes contempladas en el Decreto y la segunda, y al titular del departamento a regular el procedimiento telemático de presentación de solicitudes.

La Disposición Transitoria Única recoge a qué parques eólicos le es de aplicación la modificación –a las nuevas instalaciones y a las solicitudes que se encuentren en tramitación– y la posibilidad de que las ya exentas puedan adaptarse a la nueva regulación, y solicitar la exención.

El Gobierno deberá inyectar otros 30.000 millones para salvar a las cajas

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Madrid. El diario neoyorkino ‘The Wall Street Journal’ recoge en uno de sus artículos que el Gobierno español está preparando una emisión de deuda por importe de 3.000 millones de euros, aunque podría ser necesario captar hasta 30.000 millones, para inyectarlos en las cajas de ahorros, que acumulan el 42% de los activos bancarios en España y, de paso, simplificar sus complejas estructuras para asemejarlas a las de los bancos.

«El destino de las cajas está inseparablemente ligado al destino de España y, posiblemente, al del mismo euro”, afirma el diario, que recuerda que el temor a que estas entidades no pudieran financiarse en los mercados llevó el mes pasado a la agencia Moody’s a poner el ‘rating’ de España en revisión para una posible rebaja.

Estas entidades financieras, cuyos activos bordean los 1,3 billones de euros, el 42% del total del sistema bancario, fueron las grandes perdedoras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y sus carteras incobrables y pérdidas potenciales podrían ser cuantiosas. Así, el rotativo recuerda que el año pasado el Gobierno español forzó una oleada de fusiones que redujo el número de cajas de 45 a 17, pero apunta que sus estructuras confusas “han ahuyentado a los inversores”.

“El objetivo de la actual reestructuración es obligar a la cajas a colocar todos sus activos en un holding central y racionalizar su administración, haciéndolas más parecidas a los bancos tradicionales y más atractivas para los inversores privados”, señala el periódico, que indica que los cambios estructurales necesarios podrían implementarse mediante una ley o como una condición previa para acceder a los fondos fiscales.

“Las nuevas medidas constituyen, asimismo, un reconocimiento de que el reordenamiento impulsado el año pasado no funcionó. Los matrimonios forzados han demostrado ser difíciles de ejecutar en la práctica”, añade el diario. A finales de noviembre, el Banco de España ya exhortó públicamente a las cajas a acelerar la combinación de sus negocios y la reducción de sus costes e incluso la semana pasada, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la recapitalización del sistema financiero como un “objetivo urgente”.

 

El cambio de modelo productivo pasa por implantar la economía del Conocimiento

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Extremadura. La aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como el marco necesario para establecer el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y regular las carreras del investigador y del tecnólogo, está llamada a ser el “epicentro del desarrollo de la Comunidad Autónoma en el futuro”, según la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar. Una economía del Conocimiento sobre la que deberán acometerse las reformas que propicien el cambio de modelo productivo en la región.

La vicepresidenta económica ha subrayado el hecho de que se hayan aprobado tres de las estrategias enmarcadas en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, como son la Estrategia para la Internacionalización de la Economía, la Estrategia para el Emprendimiento, y la Estrategia Industrial Innovadora, que prevé la creación de distritos industriales y “será donde se incida en la financiación, lo que no quiere decir que las empresas que no se encuentren en esos distritos industriales se queden sin opciones a ayudas y préstamos”, resaltó.

María Dolores Aguilar ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada denominada “Financiación de proyectos de I+D+i 2011: Ayudas CDTI y Decreto 137/2010”, celebrada hoy en Mérida, y donde también ha explicado que la nueva empresa pública Extremadura Avante, que se presentará públicamente la próxima semana, es el “brazo ejecutor” de todas las políticas públicas de I+D+i, de internacionalización y de creación de empresas.

La jornada, a la que han asistido cerca de 300 personas, se ha dirigido a todas aquellas empresas regionales interesadas en conocer qué vías de financiación tienen disponibles para desarrollar proyectos de I+D+i dentro de sus negocios o en cooperación con otras empresas, centros tecnológicos públicos o privados, parques científicos y tecnológicos, técnicos e investigadores.

Los participantes también han conocido la nueva estructura del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

EL Supremo facilita a ACS el acceso al consejo de Iberdrola

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Madrid. El Tribunal Supremo ha negado, en un auto publicado el pasado jueves, las medidas cautelares que Iberdrola pidió cuando el pasado 1 de septiembre presentó su recurso contra la denominada Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, ya admitido a trámite. De esta manera rechaza la petición de la eléctrica de suspender la obligación de eliminar las limitaciones de los derechos de voto en empresas cotizadas, incluida en la reforma de la ya denominada como ‘ley antiblindajes’, hasta que se resuelva el recurso que la eléctrica interpuso contra esta normativa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha pedido también que la constructora que preside Florentino Pérez, principal accionista de Iberdrola con una participación del 20%, se persone en el plazo de 9 días en el proceso para resolver definitivamente el recurso de Iberdrola. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tiene limitados al 10% los derechos de voto de sus accionistas.

Iberdrola solicitaba la suspensión de la obligación de eliminar las limitaciones de los derechos de voto en empresas cotizadas, incluida en la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, hasta que se resuelva el recurso que la eléctrica interpuso contra esta normativa. La sentencia del Alto Tribunal, con fecha de 3 de enero, rechaza también la otra medida pedida por Iberdrola, la de que no se aplique a la compañía esta norma en tanto se tramite su recurso.

Iberdrola advertía en su recurso de que ACS “tiene intención declarada” de hacerse con el control de Iberdrola “sin formular una OPA”, hecho que se produciría si desaparece el límite estatutario de los derechos de voto. La eléctrica incidía, además, en que el control por ACS supondría una alteración sustancial de su configuración actual y de su modelo de gestión, que obligaría a maximizar los dividendos en el corto y medio plazo, limitando las inversiones estratégicas a largo plazo de la compañía.

El Supremo, por su parte, entiende que “existen elementos de juicios suficientes para rechazar la medida cautelar sin necesidad de pronunciarse sobre la eventual existencia de un exceso en el ejercicio de la delegación legislativa por parte del Gobierno”, y apunta que no se puede interesar la suspensión de la aplicación de una norma jurídica, “que aún no está vigente y que no lo a va a estar hasta dentro de seis meses, cuando este recurso pudiera estar resuelto de forma definitiva”.

 

 

 

 

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