martes, 17 junio 2025
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UCI obtiene un ESG rating por Sustainable Fitch con una puntuación de 61/100

UCI, la joint venture de BNP Paribas y Banco Santander, logra su primer ESG Entity Rating con una puntuación de 61 puntos sobre 100 por parte de Sustainable Fitch.

UCI, la joint venture especialista en financiación inmobiliaria sostenible de BNP Paribas y Banco Santander, ha logrado un nuevo hito en su compromiso por un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible con la integración de los criterios ESG en su modelo de negocio, estrategia y gestión, al obtener un “ESG Entity Rating” otorgado por Sustainable Fitch con un Rating 3 y una puntuación de 61/100.

Entre los motivos por los que Sustainable Fitch ha reconocido a UCI destacan las características y desarrollos ambientales positivos relacionados con su actividad comercial, como la exposición del 7,5% a los edificios más eficientes en España y Portugal, y una mayor proporción de hipotecas verdes entre sus nuevos préstamos originados (26.2% del total de nuevos préstamos en Portugal y 10.2% en España) en comparación con el año anterior (17.9% y 9.2% respectivamente).

Desde el enfoque social, la financiera genera un impacto positivo claro debido a la proporción significativa de financiación de viviendas en poblaciones con necesidades especiales de vivienda y entre jóvenes.

Además, UCI está trabajando para alcanzar nuevos objetivos ambientales para su cartera hipotecaria y tiene la intención de ser neutra en carbono en 2050.

Sustainable Fitch también destaca de forma positiva iniciativas como los acuerdos con el Banco Europeo de Inversión (BEI), y más recientemente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), BEI y Fondo Europeo de Inversiones (FEI), donde la entidad se compromete a generar futuros préstamos verdes por valor superior de más 500 millones de euros, así como iniciativas como ser, desde 2020, la primera institución financiera en la Península Ibérica en recibir la etiqueta de Hipoteca Eficiente en Energía otorgada por la Federación Hipotecaria Europea, que certifica que sus soluciones de financiación sostenible y sus hipotecas verdes cumplen con los criterios de protección ambiental más estrictos; en particular, que los requisitos de eficiencia energética del hogar están alineados con los criterios de contribución sustancial de la taxonomía de la UE.

En palabras de Catia Alvés, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación de UCI: “Tras un intensivo trabajo interno para la puesta en marcha de políticas y principios de actuación que nos han permitido adoptar comportamientos responsables en la integración de los criterios ESG, la obtención de este rating es un hito clave en la compañía y un orgullo que nos impulsa a seguir mejorando”.

Las calificaciones ESG de Sustainable Fitch ofrecen una solución global para evaluar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de todas las clases de activos a nivel de entidad, marco e instrumento, ayudando a la comunidad financiera ESG a tomar decisiones más informadas. Ha desarrollado un marco de análisis modular que le permite proporcionar una Segunda Opinión (SPO) y una serie de Calificaciones ESG supervisadas que incluyen Calificación de Entidad, Calificación de Marco y Calificación de Instrumento.

Las Calificaciones ESG indican el desempeño, el compromiso y la integración de consideraciones ambientales y sociales en el negocio, la estrategia y la gestión de una entidad, así como la efectividad del gobierno corporativo. Las calificaciones se proporcionan en una escala del ‘1’ al ‘5’, siendo ‘1’ la mejor y ‘5’ la peor.

ANEFHOP convoca su segunda edición los Premios del Hormigón

La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) celebra el desarrollo del hormigón con la convocatoria de su segunda edición de los Premios del Hormigón. Con el objetivo de distinguir aquellas realizaciones que, por su calidad, importancia e innovación, contribuyen al progreso del hormigón, resuelven problemáticas comunes y enriquecen el sector, otorgarán seis Premios del Hormigón.

Pueden optar a estos premios individuos y empresas ordinarias que trabajan para mejorar y para inspirar a otros para que sigan el ejemplo de los ganadores del Premio. En esta edición, al igual que en la anterior, “valoraremos muy positivamente que las actuaciones aporten soluciones, medidas o iniciativas novedosas para solucionar una problemática concreta y actual; y, también, que sean transferibles y ejecutables por otras empresas,” explica Carlos Peraita, director general de ANEFHOP.

Las candidaturas a los II Premios del Hormigón serán admitidas desde este momento, fecha de apertura de las inscripciones, hasta el 31 de enero de 2024, fecha en la que quedará definitivamente cerrado el plazo de admisión. El jurado estará formado por expertos independientes, acompañados de los representantes y presidentes de los comités temáticos de ANEFHOP, tendrán en cuenta, entre otros requisitos, la posesión del distintivo Hormigón EXPERT -para empresas miembro- y el certificado RD 163/2019 debidamente actualizado.

La presentación de candidaturas al concurso es gratuita y se realiza a través de correo electrónico a la Asociación en el que se debe aportar información sobre el proyecto, como su descripción, características principales, particularidades de su ejecución de carácter económico, medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Esta información técnica, junto con planos y fotografías de las iniciativas, servirá al jurado de esta segunda edición para valorar y seleccionar las candidaturas.

Los ganadores se darán a conocer en el acto de clausura del Congreso del Hormigón, organizado para los días 5 y 6 de junio de 2024 en Zaragoza, que será cuando se les haga entrega de una placa conmemorativa y diploma para el promotor de la idea y participantes, respectivamente.

Las categorías que conforman estos premios son Premio a la ‘Mejor planta del año’, a la ‘Innovación’, en ‘Medio Ambiente’, en ‘Prevención de Riesgos Laborales’, en ‘Responsabilidad Social y Ética Empresarial’ y premio en ‘Reducción de Huella de Carbono’. En definitiva, “buscamos que estos premios sirvan de motivación para mejorar nuestro sector y, en la misma medida, para demostrar que conjuntamente podemos buscar nuevas vías de desarrollo del hormigón y dar, así, respuesta a problemas globales de importancia crítica,” afirma Peraita.

Miguel Ángel Gómez Huecas, nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI)

Gómez Huecas, quien también preside la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), sustituye a Montserrat Junyent en la presidencia de la patronal inmobiliaria de España para los próximos cuatro años.

La nueva legislatura seguirá una línea continuista y de consolidación del proyecto iniciado en 2017 por Junyent, quien seguirá como vicepresidenta de la organización y en representación de la Asociación Mediterránea de Empresarios Inmobiliarios (AMEI).

Entre los objetivos de la patronal figuran el incremento de la formación a los profesionales inmobiliarios, la defensa al consumidor y su acceso al mercado de la vivienda y el crecimiento de la organización.

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Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI, y Montserrat Junyent, vicepresidenta.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) tiene nuevo presidente. Miguel Ángel Gómez Huecas presidirá FADEI los próximos cuatro años en sustitución de Montserrat Junyent, quien seguirá siendo vicepresidenta de la entidad y en representación de la Asociación Mediterránea de Empresarios Inmobiliarios (AMEI). Junyent ha sido la primera presidenta de la patronal inmobiliaria española desde que esta fuera fundada en el año 2017.

Gómez Huecas, quien también preside la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), liderará una nueva legislatura que seguirá una línea continuista y de consolidación del proyecto iniciado por Junyent. Entre los objetivos de la patronal figuran el incremento de la formación a los profesionales inmobiliarios, la defensa al consumidor y su adecuado acceso al mercado de la vivienda y el crecimiento de la organización.

Miguel Ángel Gómez Huecas, nuevo presidente de FADEI, asegura que “vivimos un momento de mucha actividad inmobiliaria y de cierta inestabilidad económica y jurídica en el que la formación a los profesionales de la industria y la defensa al consumidor son más importantes que nunca”. Gómez Huecas subraya que “desde FADEI vamos a seguir siendo una referencia institucional que represente con plenas garantías los intereses del sector inmobiliario y de su tejido empresarial en aras de continuar siendo uno de los motores económicos del país”.

Por su parte, Montserrat Junyent, vicepresidenta de la patronal, incide en que “el derecho a la vivienda sigue siendo una prioridad absoluta y una preocupación para muchas familias españolas, especialmente en el contexto actual”. “Desde FADEI hemos de velar por que el acceso al mercado inmobiliario por parte de la ciudadanía se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Se deberá prestar especial atención a los efectos negativos que la nueva Ley de Vivienda pueda tener en el mercado residencial a medio y largo plazo”, añade la experta.

La Ley de Vivienda está “plagada de contradicciones, tiene poca precisión jurídica y ha tensionado aún más el mercado del alquiler”

Según Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, “se ha perdido una gran oportunidad para adoptar medidas claras y contundentes contra la ocupación”. La experta apunta que “seguimos igual o peor, ya que la ley no ha solucionado nada”.

La letrada insiste en que “aunque su fin era proteger a los más vulnerables, no se está teniendo en cuenta cómo afecta a los pequeños propietarios”, añadiendo que “solo ha creado alarma social, mientras que el Estado continúa sin asumir la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos”.

Ya han pasado tres meses desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, una normativa rodeada de polémica desde antes de su aprobación. Una de sus consecuencias ha sido la presentación por parte de algunos gobiernos regionales de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC). Así, mientras que la Comunidad de Madrid, Andalucía y el País Vasco ya han mostrado su disconformidad frente a este órgano el pasado mes de julio, Baleares, Galicia y Cataluña están trabajando en ello.

Sin embargo, la negativa a su desarrollo por parte de las autonomías no ha sido el único efecto negativo de una norma “plagada de contracciones y con poca precisión jurídica”, tal y como expone Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, sino que su principal objetivo, regular los precios del alquiler, no se está cumpliendo. “La Ley de Vivienda ha tensionado aún más el mercado”, revela Goenaga, que asegura que “se ha perdido una gran oportunidad para adoptar medidas claras y contundentes contra la ocupación, por lo que ahora estamos igual o peor”.

Efectos indeseados

Para Goenaga, “la protección a los más vulnerables se está ejerciendo a costa de los pequeños propietarios, pues no se está teniendo en cuenta cómo les está afectando la ley”. La letrada argumenta que “el particular se está enfrentando a unos procedimientos de desahucio que se alargan más allá de lo asumible”. En este sentido, la abogada admite que “el Estado continúa sin asumir la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda, trasladando esta obligación a los propietarios particulares”.

El miedo a la ocupación, “un problema enquistando en nuestra sociedad”, según Goenaga, ha generado “una gran alarma social”, acotando cada vez más la oferta de pisos en alquiler, lo que provoca que “las personas con pocos recursos tengan aún menos posibilidades acceder a una vivienda”.

El antecedente catalán

A la hora de anticipar cuál será la decisión del TC, el precedente del recurso contra la normativa catalana no ayuda. En aquella ocasión, los magistrados “se limitaron a manifestar que el legislador catalán se había excedido en sus competencias, anulando varios artículos y dejándola apenas sin contenido”, indica la abogada. No obstante, el órgano “no se pronunció acerca de la inconstitucionalidad de cualquier tipo de regulación del alquiler y de cómo afecta al derecho de la propiedad, algo que ahora no tendrá más remedio que hacer”, añade.

En cualquier caso, la portavoz del despacho Círculo Legal Barcelona admite que la sentencia no será rápida. “Los tiempos que se manejan son de más de un año”, estima Goenaga, que asegura que “en ningún caso la decisión que se tome se aplicará con carácter retroactivo, por lo que las medidas que ya hayan sido aplicadas no tendrán vuelta atrás”.

Más de 160.000 oportunidades de empleo en construcción para titulados de FP de Grado Medio y Superior

El último informe del Observatorio Industrial de la Construcción sobre «La FP en Edificación y Obra Civil» destaca que en el curso 2020-2021 solo 1.678 personas finalizaron ciclos de FP en construcción, cifra «insuficiente» para cubrir las necesidades del mercado laboral

Las previsiones de empleo en construcción para el alumnado de FP de Grado Medio y Superior cuantifican en más de 160.000 las oportunidades laborales en el sector hasta 2030; una cifra que contrasta con la paulatina caída de matriculados en ciclos de Grado propios de la construcción, concretamente los relacionados con la familia de Edificación y Obra Civil (EOC) que en los últimos 15 años ha caído un 45,6%.

Según se detalla en el último informe del Observatorio Industrial de la Construcción sobre «La FP en Edificación y Obra Civil (EOC)», la oportunidad de empleo para titulados de Grado Medio es mayor que en el resto de los sectores para el periodo de 2023-2030, cuando habrá 90.352 oportunidades de trabajo en el sector, lo que representa un 9,9% del total del conjunto de la economía. En cuanto a las oportunidades de empleo para las personas con FP de Grado Superior, para los próximos siete años se alcanzarán las 72.432 oportunidades laborales, que suponen un 5,9% de las que se producirán en el conjunto del mercado laboral español.

A pesar de las buenas perspectivas de futuro y de las oportunidades laborales reales, el estudio, que cita datos del Observatorio de la Formación Profesional en España, alerta de que si bien «la preferencia hacia los estudios de FP en España es cada vez mayor», en lo que respecta a la evolución del alumnado matriculado en la familia profesional de Edificación y Obra Civil «presenta una tendencia inversa»: la FP correspondiente a construcción va perdiendo alumnado año tras año, concretamente un 45,6% menos desde el curso 2007-2008 hasta 2021-2022, alcanzando el mínimo histórico de la serie en el curso 2018-2019.

De tal forma, si durante el curso 2007-2008 se registraron 11.492 alumnos matriculados en FP en Edificación y Obra Civil, un 2,5% sobre el total de la FP en España, en el curso más reciente, correspondiente a 2021-2022, esta cifra cayó a los 6.256 alumnos matriculados en EOC, lo que representa un escaso 0,6% del total del alumnado matriculado en FP. Además, si nos fijamos en el número de alumnos que finalizan estos ciclos, cogiendo como referencia el curso 2020-2021 (último ejercicio del que existen datos publicados), solamente 1.678 personas concluyeron su formación, lo que supone «una cifra totalmente insuficiente para abastecer las necesidades del mercado laboral» de la construcción.

FP y empleo en cifras

Estos datos contrastan con las oportunidades laborales generadas desde el sector de la construcción. Según explica el Observatorio Industrial de la Construcción, que recoge datos del Observatorio de la Formación Profesional en España, se prevé que serán más de 700.000 las oportunidades de empleo en construcción a lo largo de esta década, lo que supone un 8,4% de las oportunidades totales que se generarán en España en todos los sectores. Mayoritariamente, estas oportunidades se producirán por remplazo, es decir, puestos de trabajo que necesitarán ser cubiertos debido a jubilaciones de la población ocupada.

«La nueva industria de la construcción demanda personas trabajadoras con cualificación, que preserven la continuidad de los oficios y desarrollen competencias emergentes, con perfiles tecnológicos. En el sector aparecen nuevos materiales y técnicas que permiten la especialización a la que sólo se puede acceder con formación”, recuerda el informe, que sitúa a la FP como “una excelente opción para proporcionar al sector la mano de obra cualificada que requiere y requerirá la construcción». Según recuerda el documento del Observatorio Industrial de la Construcción en sus más de sesenta páginas, el sector afronta retos como «el envejecimiento de sus plantillas y la preocupación por el relevo generacional». “Desde 2008 hasta 2022 -prosigue el estudio-, la cantidad de personas jóvenes (menores de 30 años) ocupadas en el sector se ha reducido del 25,2% al 9,2%. En contraposición, las personas ocupadas de 50 y más años, que son las que se jubilarán en un corto-medio plazo, se han incrementado y suponen el 35% de la fuerza laboral del sector en 2022”.

Desajuste educación vs laboral

El documento concluye que existe un claro «desajuste» entre el sistema educativo y el mercado laboral del sector de la construcción. «A tenor de estos datos, se puede afirmar que la FP en Edificación y Obra Civil no podrá abastecer la cantidad de personal que se necesita en la construcción a corto plazo».

«Hay que poner de manifiesto que la FP y la construcción guardan importantes semejanzas, nada desdeñables, y que son primordiales para ver el desarrollo de ambas. Ambas cuentan con una carencia histórica de prestigio social basada en una imagen obsoleta que no coincide con la realidad y han de encontrar puntos convergentes que les hagan evolucionar de forma conjunta con carácter urgente», solicitan desde el sector a través de este informe realizado por los principales interlocutores sociales de la construcción CNC, CCOO del Hábitat y UGT FICA, quienes creen que «hay un pequeño margen de maniobra para revertir la situación actual del sector y de la FP».

Entre los desajustes entre educación y mercado laboral, destacan la convivencia laboral de personas trabajadoras cualificadas con formación reglada junto a trabajadores/as con baja cualificación o sin formación, lo cual no es un criterio diferenciador y se da igualdad de condiciones de acceso y permanencia en el sector que provoca una desincentivación de la matriculación en ciclos de FP en EOC. Añaden que los centros educativos recortan plazas en aquellos ciclos que no logran implementar, por lo que se reduce la oferta en las comunidades autónomas en el caso de la construcción. Esto afecta también a centros privados ya que la EOC son ciclos eminentemente prácticos, con un elevado consumo de materiales e infraestructuras, por lo que «no ven rentable ofertar esta formación». A esto se une el hecho de que los equipos de orientadores de los cursos previos a esta formación no prescriben el sector como futuro laboral por desconocimiento o por creencia de que es una formación residual.

Margen de maniobra ante la falta de profesionales

Para ello, se proponen líneas de actuación estratégicas como promover la colaboración público-privada para impulsar la FP dentro de la construcción y hacerla atractiva para la población y la juventud.

La construcción ve necesario contar con el apoyo de los poderes públicos «que permita el dinamismo suficiente para que el sector siga siendo uno de los sectores tractores de la economía», además de aumentar la difusión del concepto de que la construcción y la FP son nichos de empleo, seguir trabajando para conseguir la integración y la inclusión de la mujer, hacer pública la oferta de plazas en FP de EOC, aumentar la tasa de finalización de alumnos/as indagando en sus causas, promover la formación de Grado Medio más carente de perfiles profesionales, e intensificar los programas de recualificación de profesionales que ya tiene el sector, aumentando sus competencias y cualificación en digitalización, TIC, eficiencia energética y economía circular.

El sector público facilitará a las Pymes el acceso a contratos públicos

• La Ley obliga a las instituciones a facilitar el acceso de las pequeñas empresas a contratos públicos
• Las Pymes suponen un 99,8% del tejido empresarial español, pero tan solo participan en un 29,45% de las licitaciones públicas
• Los organismos licitadores encuentran nuevas herramientas para localizar las mejores ofertas y ejecutar los proyectos con mayor eficacia •

La Administración Pública reinventa su estrategia para facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los procesos de contratación pública con el objetivo de ofrecerles un mayor abanico de posibilidades para hacer crecer su negocio. Para encauzar esta nueva dirección, de obligatorio cumplimiento, las instituciones recurren a plataformas de inteligencia comercial con las que realizar búsquedas más precisas y mejorar su publicidad.

Las Pymes suponen el 99,8 % del total del tejido empresarial, representando el 64,2 % del empleo en nuestro país. Sin embargo, los contratos públicos adjudicados en España a estas pequeñas empresas tan solo fue un 29,45% del total (dato de 2017).
Tal como señalan desde la firma de soluciones analíticas, DoubleTrade, este ratio es muy bajo e implica que las administraciones facilitan más oportunidades de negocio a las grandes empresas que a las pequeñas. Por ese motivo, la normativa busca mejorar la transparencia de las instituciones y empujarlas a facilitar a las Pymes su participación en el sistema.

Mejor transparencia para beneficiar a las Pymes

Con este objetivo, la Ley 14/2022 de 8 de julio, obliga a las administraciones a hacer públicos todos los contratos públicos que se alcancen; haciendo especial hincapié en que cada organismo debe indicar el procedimiento y los instrumentos que han utilizado para publicitarlo y acercarlo a las pequeñas empresas. Este matiz implica una obligación velada a que las instituciones refuercen unos sistemas de publicidad que tradicionalmente eran poco eficientes y que ahora se apoyan en plataformas de inteligencia comercial para llegar a un mayor número de compañías.

Según el equipo de especialistas de DoubleTrade, los resultados tras este primer año ya se aprecian y se han multiplicado las administraciones que apuestan por utilizar la inteligencia comercial para recibir un mayor volumen de ofertas y seleccionar las mejores opciones de acuerdo a sus intereses. De esta manera también logran dar más oportunidades de negocio a las Pymes.

Los organismos licitadores están obligados a publicar datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados según la herramienta utilizada para lograrlo. También deben revelar el porcentaje de participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas para analizar la efectividad del mecanismo escogido y el grado de participación de las Pymes en cuanto a adjudicación de contratos públicos. Todo ello persiguiendo el fin de mejorar su competitividad.

“El sistema de adjudicaciones tiene la peculiaridad marcada por la propia morfología política española de que existen infinidad de organismos licitadores. Esto provoca que cada licitador anuncie los concursos públicos que les corresponde por sus propias vías, generando grandes dificultades a las Pymes para monitorizar las ofertas que más se ajustan a su actividad y dando ventajas a las grandes empresas. Sin embargo, con la entrada de las administraciones a las plataformas de inteligencia comercial, ambas partes se verán beneficiadas ya que estos tendrán una mayor visibilidad y les llegarán mejores ofertas para sus licitaciones; mientras que las pequeñas compañías podrán barajar más opciones para precisar sus ofertas y ampliar sus oportunidades de negocio” analiza Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España.

Valoración IPV del INE del segundo trimestre 2023

Valoración de Patricia Rodríguez-Lázaro, Head of Investment de Clikalia, del Índice de Precios de la Vivienda publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos publicados hoy por el INE confirman algo que no nos sorprende: el precio de la vivienda sigue subiendo y lo va a seguir haciendo.

La subida de tipos de interés está dejando fuera del mercado de compraventa a potenciales compradores con baja capacidad financiera.

En las capitales de provincia, la demanda de compradores con capacidad financiera sigue siendo muy superior a la oferta de vivienda. Pese a la idea que se ha extendido en una parte del mercado, los precios no solo no van a bajar, sino que van a seguir esta tendencia alcista en lo que queda de año.

España tiene un gran desajuste entre la oferta y la demanda de primera vivienda y ese desajuste impulsa y va a seguir impulsando los precios hacia arriba si no se toman medidas para reducirlo. Solo el año pasado se crearon en España más del triple de nuevos hogares que el número de viviendas terminadas, sumando vivienda libre y protegida.

En Clikalia estamos convencidos de que una de las vías que contribuirán a aumentar la oferta real de vivienda es la recuperación de centros urbanos a través de la rehabilitación de viviendas de segunda mano que no están de forma efectiva en el mercado, ya sea porque están vacías o por su estado.

Patricia Rodríguez-Lázaro es especialista en inversión inmobiliaria con profundo conocimiento en inversión granular e institucional. Dispone de una gran capacidad de análisis del apetito del inversor, de sus necesidades y de las tendencias del mercado. Como Head of Investment, está detrás de la creación del Departamento de Inversión de Clikalia, en el que gestiona a más de 80 personas.

Clikalia es la proptech española que ha transformado el real estate agilizando, facilitando y dando transparencia a través de la tecnología a todos los procesos relacionados con la vivienda, incluida la compraventa. Aporta liquidez al mercado con la compra de viviendas en siete días y las devuelve a él mediante la venta o el alquiler en tiempo récord, renovadas y con su eficiencia energética mejorada. Su misión es renovar el parque inmobiliario, aumentando la oferta efectiva de vivienda más sostenible y eficiente energéticamente. En ese proceso, acompaña además a sus clientes a lo largo de toda su vida inmobiliaria, facilitándoles todos los servicios que precisan.

En 2021, Clikalia levantó la mayor ronda de financiación de la historia de España: más de 460 millones de euros, a los que en 2022 se sumaron otros 75 millones. Con sede en Madrid y oficinas en varias cidudades del país, Clikalia se ha expandido ya desde España a México, Portugal y Francia.

Las auditorías externas en materia ESG impulsan la inversión en el sector de la construcción

El estudio “Los criterios ESG en la industria inmobiliaria“ realizado por PlanRadar muestra como para las compañías del sector es cada vez más transcente realizar auditorías externas o due dilligence en torno a la implantación de los criterios ESG para lograr atraer nueva inversión

Una apuesta firme por incorporar los criterios ESG a nivel empresarial ayuda a los inversores inmobiliarios a maximizar la rentabilidad

PlanRadar, plataforma digital líder en construcción, inmobiliaria y gestión de instalaciones, ha lanzado su informe “Los criterios ESG en la industria inmobiliaria”, en el que se analiza cómo las estrategias ESG están ayudando a impulsar la inversión dentro de la industria de la construcción en toda Europa y el papel que desempeñan las herramientas digitales para asegurar nueva financiación.

El estudio subraya como una de sus principales conclusiones que la incorporación de los criterios ESG son algo más que el mero cumplimiento de las directrices reglamentarias, ya que también ofrecen importantes beneficios empresariales y marcan la diferencia a la hora de encontrar nuevos inversores. De esta manera, el 52 % de los inversores de private equity aplican los criterios ESG como estrategia para aumentar el valor de los activos, y la mitad de ellos aplica una política de inversión que incluye específicamente la incorporación en su cartera de empresas que incluyan criterios ESG. 1

El informe se basa en estudios realizados por importantes consultoras, entre ellas Deloitte, que ponen de relieve cómo las auditorías externas o due dilligence en materia de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) están permitiendo que las empresas constructoras dedicadas a la construcción con bajas emisiones de carbono y al desarrollo de propiedades ecológicas resulten más atractivas para los inversores. Así, según estimaciones recientes, el valor mundial de los activos ESG supera los 23 billones de dólares2.

Otra conclusión que incorpora el informe se refiere a que los propietarios centrados en la consecución de objetivos ESG suelen experimentar un mayor retorno de la inversión (ROI), estableciendo que cuanto más rápido se alcancen los objetivos de sostenibilidad, más rápido será el retorno. Esto ha puesto un énfasis creciente en la integración de las estrategias ESG en las due dilligence técnicas de los activos inmobiliarios para cosechar mayores recompensas, incluida la comprensión de la condición actual de un edificio y el coste potencial de las reparaciones y el cumplimiento de las normas de construcción.

Sin embargo, el informe también reconoce que este objetivo no se consigue de la noche a la mañana, ya que el proceso de integración de estos criterios sostenibles puede ser largo y depender de la experiencia de terceros para evaluar datos, compilar informes y alinear objetivos. También supone un coste inicial considerable, con datos basados en pruebas, que demuestren que se han seguido correctamente los procesos y normativas para que los edificios sean seguros y habitables. La recopilación de datos ESG y la elaboración de informes es una tarea exigente, dada la amplitud de normas y reglamentos que surgen continuamente, junto con el mantenimiento de registros sólidos de documentación, contratos, planes y protocolos de proyectos a través de cadenas de suministro de proyectos fragmentadas.

Acerca del informe, Ibrahim Imam, cofundador y codirector general de PlanRadar, ha afirmado: «Los criterios ESG se están convirtiendo en un motor clave de la inversión, con memorias y reportes de inversión que abarcan todos los riesgos ESG, las estrategias de mitigación, los costes asociados y los supuestos identificados durante el proceso de diligencia debida. Quienes en el sector inmobiliario se tomen en serio este criterio corporativo, y consideren el potencial de las herramientas digitales para apoyar una gestión más eficaz de los registros, mejorarán su gobernanza, impulsarán el valor social y reducirán el impacto medioambiental negativo, generando en el mercado un impulso de confianza muy necesario y protegiéndolo así contra la inestabilidad económica.»

Maximizar el valor de la cartera

El estudio también demuestra cómo las plataformas digitales pueden facilitar la integración de los datos relacionados con la ESG en las due dilligence mediante la recopilación precisa y la comunicación de información pertinente para identificar con precisión los problemas estructurales, las incoherencias y los distintos riesgos.

Los inversores con una cartera de inmuebles comerciales suelen desarrollar estrategias eficaces para aumentar el valor de la propiedad y la eficiencia energética racionalizando sus costes de mantenimiento. Según el informe, los programas informáticos más recientes permiten calcular rápidamente los costes de reconstrucción y reforma de edificios, lo que ayuda a los inversores a tomar decisiones con conocimiento de causa. El registro exhaustivo de los datos técnicos de los inmuebles aumenta considerablemente la eficacia de procesos como los de la auditoría externa.

El cofundador y codirector general de PlanRadar, Sander van de Rijdt, ha destacado que: «Aunque la taxonomía y la normativa en materia de ESG aún están en fase de desarrollo, las empresas que apliquen ahora estrategias eficaces para supervisar los aspectos ESG abrirán la puerta a un mayor rendimiento de la inversión en el futuro. La documentación exhaustiva de los activos inmobiliarios, como parte de las auditorías externas o due dilligence, requiere de mucho tiempo. Las soluciones digitales hacen que este proceso sea mucho más eficiente y ayudan a garantizar la revalorización a largo plazo de los activos, la satisfacción de los inquilinos y un aumento general del valor de la empresa. También proporcionan una pista de auditoría a prueba de manipulaciones para apoyar la alineación con las normativas de construcción cada vez más estrictas, dando a las partes interesadas una mayor tranquilidad».

Los altos precios y la subida de tipos alejan a los jóvenes del mercado inmobiliario

● La actividad de los más jóvenes (de 18 a 24 años) ha descendido en diez puntos pasando del 42% en 2022 al 32% en 2023
● La franja de jóvenes entre los 25 y los 34 años cae 9 puntos al descender su protagonismo del 55% al 46%
● También los estratos más mayores pierden protagonismo, situándose en el nivel más bajo de participación en el mercado, con tan solo un 16 % de actividad
● En compraventa sólo sube la actividad el tramo comprendido entre los 35 y los 44 años. En este grupo las acciones han aumentado un punto porcentual

Los jóvenes de 25 a 34 años están siendo los más activos en el mercado inmobiliario en 2023 y los que interactúan más tanto en el mercado de la compra como en el del alquiler, pero se aprecia una caída notable respecto al año pasado. Así, durante este año, el 46% de los españoles de entre 25 a 34 años han realizado alguna acción en el mercado inmobiliario, nueve puntos porcentuales menos que en 2022, cuando fue el 55% de los jóvenes los que participaban en el mercado inmobiliario. Así se desprende del último informe de Fotocasa Research “Radiografía del mercado de la vivienda en 2023”, que muestra las diferencias por edades de los españoles respecto al mercado inmobiliario.

Pero esta franja de edad de los 25 a los 34 años no es la única que ha descendido en cuanto a participación. También cae, y de forma más drástica, el estrato más joven de 18 a 24 años y alcanza una caída de 10 puntos porcentuales respecto a 2022. Así, en esta franja de edad se pasa del 42% de jóvenes que en 2022 habían participado en el mercado al 32% de 2023.

“A pesar de que los jóvenes siguen siendo los más activos del mercado y los auténticos protagonistas, la situación económica les ha pasado factura. El contexto de precios máximos en el alquiler y el endurecimiento del acceso a la financiación en la compra ocasionan que los menores de 35 años sean los más perjudicados y los primeros expulsados del mercado. Sus condiciones laborales de precariedad, temporalidad e inestabilidad no les permiten acceder a una vivienda, por lo que se ven obligados a compartir piso o a alargar la edad de emancipación. Son los segmentos de edad que presentan una relación más complicada con el mercado de la vivienda”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Estas cifras muestran que la situación de inflación y subida de tipos ha afectado a todos los tramos de edad a la hora de actuar en el mercado de la vivienda. Un cambio de ciclo generalizado pese a que algunos segmentos de población, en concreto el de quienes tienen más de 55 años, no han llegado a recuperar en ningún momento los niveles previos a la pandemia.

En este colectivo (55-75 años), la actividad actual en el mercado de la vivienda se sitúa en el 16%, una participación que está muy por debajo de la registrada antes de la irrupción de la covid-19, cuando llegaba al 26%. Si establecemos la comparación con agosto de 2022 la diferencia también es importante, ya que entonces se situaba en el 20%.

Es cierto que es un colectivo que, por una simple cuestión de ciclo vital, tiene menos participación en el mercado que otros tramos de edad y en el que la compra de segunda residencia o de inmuebles como inversión tiene más peso, pero lo cierto es que en los últimos tres años no ha conseguido recuperar su interés por el inmobiliario.

Compraventa: desplome en la actividad de los más jóvenes

Al poner el foco en la actividad de compraventa se advierte que el comportamiento en estos últimos meses ha sido dispar atendiendo a los distintos tramos de edades. Frente a un descenso generalizado, la participación en el mercado de la vivienda en propiedad de quienes están entre los 35 y los 44 años ha aumentado.

En este grupo de edad, las acciones de compraventa –ya sean de oferta o de demanda– han pasado del 21% de agosto de 2022 al 22% en febrero de 2023, recuperando así parte del camino perdido en el primer semestre de 2022, dado que en febrero de este año el porcentaje alcanzaba el 25 %. Pero este colectivo es la excepción.

En el resto se registran descensos, especialmente acusados entre los 25 y 34 años (del 30% de participación en febrero de 2022 al 25 % un año después) y entre los 18 y los 25 años (del 15% al 10% en ese mismo periodo de tiempo). El endurecimiento de las condiciones de financiación está, por tanto, afectando más por debajo de los 35 años, que entre esa edad y los 44 años.

Hay, además, un detalle llamativo: las acciones inefectivas de demanda de vivienda en propiedad (quienes han intentado comprar, pero no lo han conseguido), disminuyen más entre los 25 y 34 años (del 19% de agosto de 2022 al 16% actual) que entre los 18 y los 24 años (del 9% al 8%). Se puede deducir de estos datos que esta demanda de quienes no han cumplido los 25 es más aspiracional que real y que, por tanto, se ve menos expuesta a la evolución del mercado hipotecario.

Contracción del alquiler, especialmente entre los jóvenes

La actividad en el alquiler también se reduce, principalmente en los tramos de edad más protagonistas: los que comprenden entre los 18 y los 34 años. Y es que, en general, se ve un claro impacto de los acontecimientos contextuales de los últimos meses con una reducción muy agudizada en los estratos más jóvenes. Así, de acuerdo con los últimos datos de participación en el mercado del arrendamiento, se constata que los jóvenes de entre 18 y 24 años que han llevado a cabo alguna acción en el último año han descendido desde el 34% registrado en agosto de 2022 al 27% actual. Es decir, un descenso de 7 puntos porcentuales.

Muy similar ha sido la situación en el estrato de edad inmediatamente superior, el que comprende entre los 25 y los 34 años, con una contracción del 34% al 28%. A la vista de estos números, resulta evidente que el retroceso experimentado por el mercado ha afectado especialmente a los más jóvenes.

Estos descensos, además, tienen lugar tanto en el apartado de alquiler efectivo como en la demanda no efectiva. De este modo, en el grupo de los más jóvenes, el alquiler ejecutado pierde 3 puntos (del 14% al 11%), y el no efectivo (10% frente al 8%), mientras que en los que tienen entre 25 y 34 años la caída es del 18% al 15% en el alquiler efectivo y del 11% al 9% en la demanda no efectiva.

A medida que se pone el foco en los siguientes tramos de edad, vemos que las caídas en la actividad no son tan acusadas, si bien se presentan en todos los casos. De este modo, las personas que cuentan entre 35 y 44 años han bajado su actividad en el mercado del alquiler del 18% al 15%; los de 45 a 54 años del 12% al 11%; y los de más de 55 años del 9% al 7%.

Las ejecuciones hipotecarias registradas en el 2T de 2023 caen un -21% respecto al mismo periodo de 2022

Ferran Font: “Las ejecuciones hipotecarias se sitúan cerca de 3.500, cuando en los últimos años estaba alrededor de 5.000. A destacar que prácticamente seis de cada diez ejecuciones sobre vivienda siguen correspondiendo a hipotecas concedidas en el periodo 2004-2008”.

Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo oficial arroja luz sobre el -mercado y aporta datos nacionales sobre las ejecuciones hipotecarias en el total de viviendas en fincas urbanas y rústicas registradas durante el segundo trimestre del año.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, considera que “las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del INE siguen claramente a la baja según las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2023. Si bien los datos son prácticamente iguales que el trimestre anterior, la caída del -21% respecto al mismo periodo del 2022 deja la cifra cerca de 3.500, cuando en los últimos años estaba alrededor de 5.000”. “A destacar que prácticamente seis de cada diez ejecuciones sobre vivienda siguen correspondiendo a hipotecas concedidas en el periodo 2004-2008”.

El director de Estudios añade: “Territorialmente quienes lideran claramente esta estadística son Andalucía, la Comunitat Valenciana y Cataluña, que entre las tres representan casi el 50% total. Por el contrario, Navarra, con 15 ejecuciones, se sitúa a la cola”.