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Los empresarios eólicos insisten en regular el sector antes del 20-N para no destruir más empleo

Redacción
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Madrid. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) recuerda al  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la necesidad urgente de dotar al sector de un nuevo marco regulatorio que le permita seguir adelante con su actividad más allá del 31 de diciembre de 2012, fecha en que vence el Real Decreto 661/2007. Si la nueva normativa no sale adelante antes de las elecciones del 20 de noviembre, la incertidumbre regulatoria podría alargarse al menos otro año más, con la consiguiente destrucción de riqueza y empleo y el riesgo de que no se cumplan los objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-2020.

AEE insiste desde hace más de dos años en la necesidad de desarrollar el nuevo marco dado el largo periodo de maduración de los proyectos eólicos y la necesidad del sector de planificar con antelación. Ahora, AEE pide al Gobierno un ejercicio de responsabilidad para evitar una parálisis aún mayor de un sector que da empleo a más de 30.000 personas, supone un 0,34% del PIB, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y ahorra importaciones de combustibles fósiles por 1.500 millones de euros al año. El sector eólico ha perdido ya diez mil puestos de trabajo en los dos últimos años.

Dado que los promotores no conocen ni la retribución que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, ni si existirán cupos, ni otros detalles regulatorios fundamentales, no realizan pedidos de aerogeneradores, lo que paraliza la actividad de los fabricantes. De hecho, en 2010 sólo se hicieron pedidos para instalar 220 MW, lo que contrasta con una media de entre 1.500 y 2.000 MW en años anteriores. Los pedidos de aerogeneradores en fábrica se realizan entre 1,5 y dos años antes de comenzar la construcción de un parque.

Si los grandes fabricantes de aerogeneradores se ven abocados a deslocalizaciones y despidos por la falta de actividad, lo mismo ocurrirá con los demás fabricantes de componentes, los promotores y las empresas que dan servicio al sector.

Además, AEE pide que se habiliten prórrogas que permitan realizar los 1.400 MW inscritos en el Registro de Preasignación que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite de inscripción (el 31 de diciembre de 2012) por razones no imputables a los promotores, como son el incumplimiento de la planificación de la red de transporte, el retraso en líneas de distribución o dificultades administrativas. Estos 1.400 MW suponen cerca del 60% de la potencia inscrita y por instalar en las fases de 2011 y 2012, las últimas previstas por la actual regulación.

 

Marbella achaca el retraso en pagar las ayudas para rehabilitación al caos organizativo de la Junta

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Marbella (Málaga). El delegado municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Cardeña, ha reclamado al PSOE local que “deje de tergiversar y confundir” sobre las ayudas para la rehabilitación de viviendas cuando la realidad es que “este Ayuntamiento está cumpliendo sus compromisos mientras la Junta está retrasando el pago de las subvenciones”. Cardeña también ha lamentado que “el caos organizativo de la Junta esté provocando que dos organismos oficiales tramiten la misma subvención y que la falta de comunicación entre ambos perjudiquen a los ciudadanos”.

El concejal ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado de forma oficial tanto a la delegación de Obras Públicas y Viviendas como a la oficina de Rehabilitación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) una relación específica de las comunidades de propietarios beneficiarias de las ayudas.

En este sentido, ha pedido al PSOE que “se deje de cortinas de humo y que presione a estos organismos para que los listados oficiales en los que se especifiquen claramente los datos solicitados lleguen lo antes posible al Ayuntamiento con el objetivo de poner en marcha soluciones necesarias al problema creado por la Junta”.

Para aclarar la situación, el Equipo de Gobierno tratará de poner esta tarde luz sobre el número de comunidades que tiene concedida la subvención y las que la tienen aprobada e ingresada en una reunión con los presidentes de las comunidades de propietarios.

Según el edil, “los recortes sociales que está realizando el Gobierno autonómico y su falta de consignación presupuestaria año tras año ha provocado que las comunidades de propietarios deban hacer frente a las licencias de obras sin tener perspectiva de recibir la subvención por parte de la administración autonómica”.

Además, ha indicado que el propósito del Ayuntamiento es estudiar todas las fórmulas posibles para aliviar el perjuicio que les pueda ocasionar a estas comunidades precisamente el hacer efectivo el pago de la licencia sin haber recibido dicha subvención.

Por último, ha vuelto a recordar al PSOE que el Consistorio “cumple escrupulosamente sus compromisos” como el adoptado por unanimidad el 24 de abril de 2009 en el Pleno para subvencionar el pago de la tasa por licencia de obras y el ICIO para la rehabilitación de los inmuebles de personas “con escasos recursos que vivan en infraviviendas”, una iniciativa de la que se han beneficiado una veintena de familias.

 

Proyecto de Ley para garantizar una gestión única y más eficiente del patrimonio gallego

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Santiago de Compostela. El anteproyecto de la nueva ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, actualmente en trámite parlamentario, profundiza en los esfuerzos que desde todas las áreas del gobierno de Galicia se están promoviendo para lograr la racionalización tanto de la administración general como de sus entidades instrumentales.

La nueva ley ahonda en la racionalización de la Administración instrumental, al integrar por primera vez a todo el sector autonómico. Además, garantizará una gestión única y más eficiente del patrimonio de la Comunidad gallega al inspirarse en la filosofía de un patrimonio único y gestión integrada.

Con esta ley, la Secretaría general y del Patrimonio dependiente de la Consellería de Hacienda, competente en materia de patrimonio, quiere actualizar la ley autonómica de 1985 y adaptarla al escenario legislativo vigente y al tamaño de la Administración autonómica actuales, además de la adecuación a preceptos básicos estatales, así declarados por la Ley estatal del año 2003, que hasta la fecha no había sido realizada.

La nueva ley de Patrimonio establece un control sobre el patrimonio de los entes instrumentales, que sólo podrán venderlo en caso de que no sea necesario para los fines de la Administración General de Galicia; y antes de adquirir o alquilar algún inmueble deberán contar, en todo caso, con un informe favorable de la Consellería de Hacienda.

Al igual que en la ley estatal, se regulan todas las entidades que desarrollan actividades económicas vinculadas a la Administración. Con respeto a la Administración General, el departamento de Hacienda tendrá la facultad de desafectar, ceder o aceptar cesiones, mientras que cada entidad pública instrumental podrá a su vez aceptar cesiones. Esta asignación de competencias dotará a los procedimientos de mayor agilidad. La consellería competente en materia de patrimonio tendrá, también, competencias sobre los espacios comunes en los edificios administrativos y cuando alguna actuación afecte a más de un departamento.

Se pretende dotar a la gestión patrimonial de mayor agilidad, con una significativa reducción de los plazos de tramitación de los muy numerosos procedimientos administrativos que tiene su cargo este departamento. Mediante la técnica organizativa de la desconcentración competencial, el anteproyecto atribuye la competencia para aprobación de numerosos expedientes a la persona responsable de la consellería competente en materia de patrimonio.

Destaca también la regulación que contiene la ley de diversas instituciones que permitirán el tráfico, entre administraciones públicas, de bienes de dominio público, sin que sea preciso alterar su calificación jurídica, lo que en determinadas circunstancias era necesario efectuar, de modo muy artificial e incluso ficticio. Este aspecto dará satisfacción a una demanda formulada en diversas ocasiones por las entidades que integran la administración local e introduce verdaderos criterios modernizadores en las relaciones patrimoniales entre estas. Además, el anteproyecto de ley tipifica por primera vez una relación de hechos que pueden suponer infracción al patrimonio, así como las sanciones correspondientes.

En coherencia con los principios generales que informan al anteproyecto en tramitación, la propia consellería de Hacienda, con la colaboración de su Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (Cixtec), viene de adjudicar recientemente los trabajos para la actualización y valoración económica de todo su patrimonio inmobiliario, operación que no se realizaba desde el año de 1987.

Estos trabajos, programados para ser llevados a cabo en los próximos 18 meses, permitirán obtener una información veraz y muy útil para la más eficaz gestión de estos bienes. La información que se obtenga, en los trabajos de campo contratados, alimentará las bases de datos con las que cuenta la reciente aplicación informática de gestión patrimonial implantada en todas las consellerías.

Seis municipios andaluces reservan suelo para 718 pisos de protección tras adaptar sus planes generales

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Sevilla. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado su beneplácito a las adaptaciones parciales a la norma urbanística andaluza de seis municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, lo que propiciará la incorporación de 718 inmuebles protegidos a su parque residencial. La vía de la adaptación parcial, recogida en el Decreto 11/2008 de procedimientos para poner suelo urbanizado en el mercado para la construcción de viviendas protegidas, pretende agilizar la adecuación de los planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y abrir así una puerta para garantizar una oferta de suelo suficiente en todas las localidades andaluzas.

Grazalema (Cádiz), Castro del Río (Córdoba), Puente Genil (Córdoba), Huétor Santillán (Granada), Ogíjares (Granada) y Escañuela (Jaén) son la media docena de municipios que han acometido las adaptaciones de sus planes de ordenación. El documento presentado por Grazalema recoge una disponibilidad de suelo para 128 VPO, mientras que en las propuestas de Castro del Río y Puente Genil se contempla un desarrollo futuro para 167 inmuebles protegidos. En Huétor-Santillán y Ogíjares las adaptaciones parciales reservan para esta tipología residencial una bolsa de 219 pisos, mientras que Escañuela ha reservado terreno para 204 VPO.

Estos 718 futuros inmuebles protegidos se sumarán a las 133.493 VPO incluidas en las reservas de terreno de las 299 adaptaciones parciales que ya han recibido el visto bueno de la Consejería. La cifra global se situará, por tanto, en 305 municipios acogidos a la adaptación parcial con una reserva de suelo para 134.211 VPO.

En estos momentos, 415 municipios cuentan con normativa urbanística actualizada en Andalucía, bien mediante el Decreto 11/2008, o bien a través del procedimiento normal de revisión o formulación de un nuevo Plan General. En conjunto, la región dispone, por ambas vías, de una reserva de suelo con capacidad para más de 275.000 VPO.

Otros 99 ayuntamientos andaluces tienen los trabajos de adaptación parcial a la LOUA en diferentes fases de tramitación. De ellos, 11 se han mostrado interesados en asumir las determinaciones de la ley por este procedimiento, por lo que ya se han dirigido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para iniciar el proceso. A éstos hay que añadir las 25 localidades que actualmente se encuentran en fase de redacción y las 63 que han finalizado los trabajos de redacción y aguardan someterse a la valoración.

 

Lanzarote concita el mayor número de participantes de España en el concurso arquitectónico Europan 11

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Canarias. Un total de 61 arquitectos europeos han presentado proyecto en el concurso Europan para desarrollar un proyecto urbanístico-arquitectónico innovador en la isla de Lanzarote. “Se trata del mayor número de participantes de los seis emplazamientos ubicados en España, superando en cuánto a participación a localizaciones como Guetaria, en Guipúzcoa; Sestao, en Vizcaya, o Alcorcón, en Madrid”, informó la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas.

Inés Rojas subrayó la gran oportunidad que este concurso representa “tanto para promocionar la isla en Europa como para desarrollar propuestas novedosas en la construcción de viviendas sociales”, y aseguró que con esta actuación “Europa fija su mirada en Lanzarote y en Canarias”.

El suelo, propuesto por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé conjuntamente, es la ampliación del casco urbano de San Bartolomé y se ubica en un enclave muy especial, próximo al Monumento del Campesino, una zona estratégica que contará con nuevas infraestructuras educativas y sociales. La propuesta de ordenación del emplazamiento cuenta aproximadamente con un tope máximo de 164 viviendas de las cuales 38 estarían destinadas a viviendas protegidas de promoción pública.

En toda Europa se han presentado un total de 49 emplazamientos de los que 6 están ubicados en España (Getaria y Sestao, en el País Vasco; Cerdañola del Vallés, en Cataluña; Alcalá de la Selva, en Aragón y Alcorcón, en Madrid), además de San Bartolomé, en Lanzarote.

Como describe el proyecto presentado por Canarias “el hecho de propiciar viviendas protegidas de promoción pública ligadas al concurso Europan, hacen que esta sea una iniciativa pionera en la isla en cuanto a la posible calidad de las mismas dentro de un entorno rural. Asimismo se pretende que las viviendas proyectadas y las zonas verdes o espacios públicos puedan reducir su carga al medio, propiciando el tratamiento de las aguas, así cómo la utilización de energías renovables”.

En ediciones anteriores de estos premios el comité organizador seleccionó un suelo del municipio de La Laguna, en Tenerife, y otro ubicado en el municipio herreño de Valverde, ambos presentados por el Gobierno de Canarias.

En España, el comité nacional de Europan esta integrado por el Ministerio de Fomento, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Sepes y las comunidades autónomas.

Europan se basa en un concurso periódico de ideas seguido de realizaciones con un tema, un reglamento y un calendario común a todos los países que lo organizan y cuyos participantes son arquitectos europeos menores de 40 años que estén en el ejercicio profesional en cualquier país de Europa. Los arquitectos, solos o en equipo, pueden presentar propuestas en cualquiera de los emplazamientos propuestos en toda Europa.

 

Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) de Tinsa, en julio de 2011

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Madrid. El Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE), elaborado por la tasadora Tinsa,  volvió a mostrar un ligero descenso en el mes de julio hasta los 1.775 puntos lo que, en términos relativos, se tradujo en una bajada interanual del 6,4% respecto al mismo mes de 2010. Consecuentemente, la caída acumulada se amplía hasta el 22,3% desde el máximo precio alcanzado a finales del año 2007.

Respecto a las variaciones por zonas presentaron, en líneas generales, recortes interanuales similares a los del mes pasado, siendo nuevamente la “Costa Mediterránea” la que ha liderado el proceso con un 9,5% frente al 8,7% del dato de junio, seguida por las “Capitales y Grandes Ciudades” con el 7,5%.

Por debajo de la media se quedaron las “Áreas Metropolitanas”, repitiendo el dato del mes anterior con un recorte interanual del 6,1%. Le siguieron el “Resto de Municipios” cuyo descenso se situó en el 5,4% y, por último, las “Islas Baleares y Canarias” que fueron las únicas que moderaron su bajada en julio hasta el 2,5%.

En cuanto a los recortes acumulados desde máximos, la “Costa Mediterránea” lidera los descensos alcanzando ya el 29,5%. A continuación aparecen las “Capitales y Grandes Ciudades” con un 24,6% seguidas por las “Áreas Metropolitanas” con el 23,2%. Por debajo del descenso acumulado medio se sitúan el “Resto de Municipios” con un recorte del 18,4% y, por último, las “Islas Baleares y Canarias” que pasan a cerrar el grupo con el 17,7%.

 

Nyesa segrega los activos inmobiliarios y enfoca su actividad hacia el sector energético

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Barcelona. El Consejo de Administración de Nyesa Valores Corporación ha comunicado que el grupo de inversión Corbis Group ha presentado una operación de reestructuración para potenciar nuevas áreas de negocio, segregando los activos inmobiliarios y dirigirse hacia el sector energético, y dotarla de recursos financieros propios.

El plan consistiría en la reducción del capital social de Nyesa mediante la disminución del valor nominal de sus acciones con el fin de compensar pérdidas acumuladas que resulten de los balances auditados de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. Según las valoraciones iniciales realizadas por los asesores de Corbis la disminución del valor nominal debería ser a 0,1 euros por acción.

De forma simultánea o inmediata a la reducción de capital, se procederá a sucesivas ampliaciones del capital de Nyesa hasta un máximo de 2.000 millones de euros, con la finalidad de recapitalizar a la misma y reforzar la composición de sus fondos propios. Ampliación que sería llevada a cabo por los accionistas de y adquirentes de derechos de suscripción mediante aportaciones dinerarias.

Una segunda ampliación, una vez finalizada la anterior, a realizar mediante aportación no dineraria por parte de la gestión de Corbis de activos vinculados al sector inmobiliario. Según las valoraciones iniciales realizadas por Corbis, se considera esencial para cumplir con la finalidad del plan de reestructuración previsto la capitalización bancaria mínima del 75% del total de la deuda. Y una tercera ampliación a suscribir por terceros inversores hasta alcanzar el importe máximo de 2.000 millones previsto.

En cualquier caso, la operación propuesta se condiciona la misma al cumplimiento de la aprobación de la operación de reestructuración por la Junta General de Accionistas de Nyesa; la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del proceso de reestructuración presentado cuando ella sea así preceptivo; la autorización por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la aportación de activos inmobiliarios de titularidad indirecta de Corbis a través de su participación Accionarial en el grupo asegurador Cahispa; la aprobación por cualquier otro organismo supervisor como pudiera ser el Tribunal de Defensa de la Competencia que resulte de la operación de reestructuración prevista.

Además, se requerirá la aprobación por parte de un porcentaje no inferior al 75% de los acreedores financieros de la sociedad, del proceso de capitalización de sus créditos. Este porcentaje podrá ser inferior, para el caso de que el resto de los acreedores de Nyesa o de sus empresas filiales o participadas, acuerden refinanciar su deuda, con ajuste a un plan de viabilidad que se presente a estas entidades.

Inicialmente no está previsto que ninguna de las sociedades o entidades financieras que
participen en esta ampliación, alcancen más del 30% del capital de la nueva sociedad. En el caso de que del proceso de ampliación resultara lo contrario, se determinaría el precio equitativo de la OPA conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del RD 1066/2007 de 27 de julio, sobre el régimen de ofertas públicas de adquisición de valores.

Adicionalmente, para el correcto desarrollo de la operación de reestructuración planteada, Corbis se compromete a gestionar la concesión de un préstamo por un máximo de cinco millones de euros a Nyesa o a alguna de sus empresas filial, una vez aprobada la operación por parte de la junta de Nyesa, a través de un fondo internacional o entidad financiera vinculada a Corbis.

 

El precio de la vivienda está al nivel de 2004 según las últimas estadísticas ¿Seguro?

Rafael Bueno
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Madrid. Hagamos un análisis pensando en el precio como atributo del producto vivienda y sobre los conceptos caro y barato. Durante el boom inmobiliario, las ventas se producían con mucha rapidez porque la demanda devoraba el producto como las pirañas a la cría de grulla, ¡antes de tocar el agua y viva! A su vez, se producía un vertiginoso crecimiento del precio final del producto, pero la demanda continuó devorando.

Un mercado en el que el precio no para de subir y la demanda sigue accediendo al mercado sin freno, ¿es normal? Incluso en bienes de primera necesidad, como la gasolina, los incrementos desmesurados del precio, frenan el consumo, lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que no pasara eso en la vivienda? Un mercado que ha estado creciendo desde 1.998 hasta 2.007, tanto en volumen como en valor sin parar no parece que su precio tenga un comportamiento que se haya regulado por la oferta y la demanda únicamente.

Tal vez haya que revisar el concepto de precio inmobiliario para entender este hecho. En principio, el precio es el valor que la demanda le da al producto, es decir, lo que un comprador está dispuesto a pagar por adquirir una vivienda. Entonces, los 500.000 € del pvp de una vivienda en 2.007 era un precio al que un demandante podía acceder y los 350.000 € de la misma vivienda en la actualidad es un precio inaccesible para la demanda. Pero, ¿Realmente el pvp es el que figura en tarifa? Es decir, ¿Una persona que tenga ahorrados 500.000 € (¡un fenómeno!) se compra esa casa de 500.000 €? Parece que no, parece que, entonces, el precio es otra cosa más complicada. Podemos pensar que el precio tiene una relación muy grande con la capacidad de endeudamiento.

En 2.007, hasta antes de verano, todos teníamos acceso al crédito, a más o a menos pero lo teníamos pues el precio de tarifa casi no importaba; como se obtenía crédito, se accedía al mercado de vivienda, es decir, el acceso a la compra de vivienda estaba barato. Actualmente nadie tiene acceso a crédito, no se puede acceder al mercado de vivienda y también da casi igual el precio de tarifa, ¡hoy las casas están muy caras!

Debemos empezar a pensar que el precio de una vivienda no es solamente el de tarifa, si no que es una variable con varias componentes de distinto rango según el momento del mercado, a saber, precio de tarifa, capacidad de endeudamiento y capacidad de acceso al crédito. Es decir, el precio son los X €/mes durante 30 años que soy capaz de conseguir que un banco me preste para hacer frente a un pvp determinado de tarifa.

Actualmente nos encontramos en una situación en la que lo que tradicionalmente conocemos como precio, el de tarifa, tiene un peso casi nulo en la ecuación y lo que realmente importa es lo caro; que un banco conceda un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda.

Grupo Villar Mir ya controla el 60% del capital social de OHL

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Madrid. El Grupo Villar Mir (GVM) ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya controla más del 60% del capital social de OHL. Tras las compras realizadas el pasado viernes, elevó su participación de control hasta el 60,03% del Grupo Concesionario, Constructor y de Servicios. GVM es uno de los principales Grupos industriales españoles de capital nacional, fundado, presidido y controlado al cien por cien por Juan-Miguel Villar Mir y sus tres hijos.

“La comunicación de participaciones significativas” a la CNMV se ha producido, por ser preceptiva siempre que un accionista sobrepasa múltiplos del cinco por ciento en el capital social de una sociedad cotizada en bolsa.

El Grupo Villar Mir mantiene así su habitual política ordinaria de ir aumentando su participación en OHL, mediante la compra de acciones en Bolsa, como testimonio de confianza en el futuro y en el valor de la acción de OHL.

El Grupo OHL ha finalizado el primer semestre del ejercicio 2.011 con unos resultados muy satisfactorios, reflejados en el crecimiento del 19,4% del Beneficio Neto Atribuible, que ha ascendido a 78,9 millones de euros. Con una cifra de negocio en el mismo periodo de 2.314,1 millones de euros, análoga a la registrada en el primer semestre del año anterior, OHL obtuvo en el primer semestre de 2.011 importantes incrementos, del 21,1% y del 34,5%, del EBITDA y del EBIT respectivamente.

FCC se adjudica la construcción de una depuradora de aguas residuales en Montenegro

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Madrid. FCC ha dado un paso más en su política de expansión geográfica con un nuevo contrato internacional. En esta ocasión se trata de Aqualia, su filial de gestión de agua, con la adjudicación de un contrato para la construcción y gestión de una planta depuradora de aguas residuales en el municipio de Niksic, la segunda ciudad en número de habitantes de Montenegro. Esta planta, que será la más importante del país, depurará 15,5 millones de litros de agua diarios, lo que supone atender a 100.000 habitantes. La cartera del contrato suma 14 millones de euros.

Esta adjudicación, financiada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), supone para Aqualia la entrada en una nueva zona geográfica como son los Balcanes, con gran desarrollo en el negocio de la depuración a corto y medio plazo, a través de fondos europeos de preadhesión.

Aqualia ya opera en Rumanía, donde construye en estos momentos las plantas depuradoras de agua residual de Agnita, Dumbraveni y Zimnicea. Su participación en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estas instalaciones ayudará al país a alcanzar los objetivos medioambientales marcados por la Directiva Marco del Agua, que, entre otros aspectos, obligan a la depuración del 100% de las aguas residuales generadas. Esta medida permite garantizar un desarrollo sostenible futuro, pues supone devolver en condiciones óptimas el agua ya utilizada a su medio natural.

La filial del Grupo de Servicios Ciudadanos continúa su proceso de internacionalización, que alcanza ya a 17 países. La estrategia de diversificación internacional le ha permitido, entre otros hitos, convertirse en una de los primeros operadores de gestión indirecta de agua en Portugal, o el líder en las regiones de Moravia y Silesia, en Europa Central.

Europa Central y del Este se ha convertido en una de las zonas estratégicas de crecimiento de Aqualia desde la adquisición de SmVaK, la principal compañía de agua en las regiones de Moravia y Silesia, a través de la cual da servicio a 1.200.000 habitantes. SmVaK cuenta además  dos particularidades: la primera es que no opera en régimen de concesión, ya que es propietaria de las infraestructuras (siendo por tanto una actividad de duración indefinida); y la segunda es que es uno de los pocos casos existentes de suministro de agua transfronterizo, puesto que presta servicio por medio de sus infraestructuras a 100.000 habitantes en Polonia.

Aqualia aprovecha esta situación de liderazgo regional como plataforma de expansión en los países del entorno, en los que es capaz de ofrecer una mejor gestión y aprovechamiento de los fondos europeos para el desarrollo de infraestructuras. En este sentido, la labor desarrollada por la filial de gestión de agua de FCC en otros países receptores de fondos, como España, posiciona a la empresa como un apoyo fundamental para sus clientes públicos a la hora de solicitar y gestionar las inversiones provenientes de la Unión Europea.

En esta zona también destaca  la creación de «Aqualia New Europe», una compañía en la  cual participa con un 49% el Banco Europeo  de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD, por sus siglas en inglés). Esta nueva compañía trabaja para mejorar los sistemas de gestión de aguas del área de Europa Central y del Este, a través de inversiones directas en infraestructuras o mediante participaciones en compañías gestoras de estos servicios. La creación de esta sociedad,  la participación sin precedentes del EBRD en la misma, así como la inversión comprometida por el Banco, cercana a los 80 millones de euros, confirman la confianza del EBRD en la experiencia de Aqualia y en las perspectivas de crecimiento de este sector.

 

 

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