Ha costado. Pero, al final, Canarias ha logrado uno de sus grandes objetivos. El de desbloquear la instalación de nuevos parques eólicos en el archipiélago, que permitirán que la penetración de las energías renovables se incremente del 10% al 21% del total de la demanda energética.
Será posible gracias a que 44 nuevos parques se acogerán al régimen retributivo específico aprobado por el Ministerio de Industria para las nuevas instalaciones de renovables en los sistemas eléctricos en los territorios extrapeninsulares.
Estos 44 parques eólicos -al que podría unirse uno off shore– sumarían 422 megavatios de potencia, el 93% de la cuota máxima de 450 megavatios que se puede instalar en las islas, de acuerdo con las condiciones de retribución específicas recogidas en la orden ministerial publicada el pasado 31 de diciembre de 2015.
Con este logro, se consigue dotar a los promotores eólicos locales de seguridad económica para emprender sus proyectos, al acceder a una prima específica ajustada a las características del mercado insular.
En los últimos meses, para desbloquear las principales trabas que impedían el desarrollo de nuevas instalaciones eólicas en las islas se ha conseguido simplificar la tramitación ambiental, dando la opción al promotor de optar o no por la fase de consultas previas prevista en la Ley canaria sobre impacto ambiental o presentar directamente el estudio de Impacto Ambiental en aplicación de la normativa básica del Estado.
A partir de ahora, los proyectos eólicos que se han acogido a la orden ministerial deberán completar el proceso para obtener la autorización administrativa, lo que incluye la revisión técnica y el inicio de la consulta a otras administraciones implicadas en su desarrollo, entre otros trámites. Resuelta esta fase, los promotores podrán iniciar la construcción de las instalaciones eólicas, lo que conlleva un plazo medio de 12 meses.
La ampliación de la producción de energía eólica en 422 megavatios contribuirá a reducir en 17,4 toneladas la emisión de gases contaminantes en Canarias. La ejecución de los proyectos implica una inversión de 510 millones, que permitirá reducir en 2.089 millones el coste de producción de energía eléctrica y crear un total de 772 puestos de trabajo durante las dos próximas décadas.
