El año 2020 está, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina, y a nivel medioambiental es una fecha clave, en la que la Unión Europea ha puesto unos deberes muy exigentes a los Estados Miembros en materia energética, con el cumplimiento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, el ahorro en ese porcentaje del consumo de energía y también, en la misma medida, la promoción de las energías renovables.
En España, el Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto para fomentar la utilización de biocarburantes en el transporte mediante el establecimiento de objetivos mínimos obligatorios para el periodo 2016-2020. Busca con ello asegurar el cumplimiento del objetivo contra el cambio climático del 20% de penetración de renovables en el año 2020 de manera eficiente y con el mínimo coste para el consumidor.
Dentro de este objetivo global, el 10% de la energía utilizada en el transporte, que supone la mitad del consumo energético, debe ser de origen renovable.
En este Real Decreto se establece una senda de obligación de biocombustibles en el transporte, que va ascendiendo gradualmente hasta alcanzar el 8,5% en 2020. Los objetivos obligatorios mínimos anuales para la venta o consumo de biocarburantes se iniciaría en 2016 con 4,3%, un 5% en 2017, proseguiría con un 6% en 2018, continuaría con un 7% en 2019 y acabaría con un 8,5% en 2020.
Además, para el cómputo del objetivo del año 2020, se limita el uso de biocarburantes de primera generación (los que compiten con los usos para alimentación humana) al 7% y deberá establecer el Gobierno, antes de 2017, un objetivo indicativo de biocarburantes avanzados
Cumpliendo con esta nueva senda, junto con las medidas ya en marcha en el sector eléctrico, España se situará en el entorno del 19% de penetración de renovables en 2020. Y faltarían por introducir medidas adicionales para llegar al objetivo global.
El Real Decreto incluye, asimismo, medidas para fomentar la eficiencia energética. Entre dichas medidas, aquellas que tienen como objetivo incrementar y facilitar la información a los consumidores de sus consumos de gas y electricidad: se regula el acceso a sus datos y se establece la opción de facturación on-line, y la obligación de aportar información a los consumidores sobre el potencial de los contadores de telegestión. Se incluye, asimismo, la necesidad de evaluar el potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad.