MADRID.   El 69% de las empresas del Ibex (24 de las 35 que conforman el indicador) operan en paraísos fiscales, de las cuales seis son entidades bancarias, y la mayoría no ofrecen datos sobre sus actividades en esos países, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

   El estudio indica que que la transparencia en el uso de paraísos fiscales por parte de estas empresas es «muy limitada», porque en sus memorias de RSC apenas se aportan datos e información sobre sus actividades y operaciones en el pasado ejercicio.

   Cinco de los seis bancos que operan en paraísos fiscales presentan sociedades participadas en estos territorios, y sólo en el caso de Bankinter no hay evidencia de presencia alguna.

   Además, las empresas del Ibex 35 mantienen una falta de transparencia «preocupante» sobre su información económica, social y medioambiental en sus memorias de RSC. Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de acuerdo con el estudio, que analiza 541 indicadores.

   Según el director del estudio, Carlos Cordero, la evolución de la rendición de cuentas de las empresas analizadas «no ha cambiado mucho» y, por tanto, se constata la «necesidad» de una regulación específica», puesto que la información que estas empresas ofrecen es «voluntaria» y estos ejercicios se siguen planteando «más como acción de marketing, de forma unidireccional y no como una fórmula de rendición de cuentas».

   El documento destaca que sólo una empresa del Ibex 35, concretamente Red Eléctrica Corporación, desglosa los impuestos que paga por cada país en el que opera, mientras que ninguna desglosa las subvenciones que recibe país por país, algo que, según Cordero, lleva a que no se sepa los impuestos que aporta cada empresa para que desarrollar políticas públicas de desarrollo. «Es muy difícil trabajar eficazmente en la lucha contra el fraude fiscal si las empresas no aportan información transparente», añadió.

   Según datos de organizaciones internacionales, se estima que el valor de las perdidas por evasión de capitales en los centros ‘Off Shore’ supera los 250.000 millones de dólares, una cantidad que sobrepasa con creces lo que el Banco Mundial considera necesario para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

   Asimismo, apunta que sólo dos de las empresas que operan en más de dos países, Telefónica y Red Eléctrica Corporación, informan sobre los gastos salariales de forma desglosada por país. De acuerdo con el estudio, «se ha convertido en una tónica general» que se informe sobre las operaciones en España, pero no se encuentre la «misma información desglosada» del resto de los países donde operan. «Esto es especialmente grave si se considera que la falta de transparencia en la información se da, sobre todo, en los países en los que los derechos de los empleados suelen ser más vulnerados», reflexionó.

SIN DATOS DE REMUNERACIÓN DE CONSEJEROS

   Por otro lado, el 60 por ciento de las corporaciones analizadas no proporciona datos sobre las remuneraciones de los consejeros de administración, y sólo el 37 por ciento informa de forma desglosada sobre la remuneración individual y los conceptos retributivos de los consejeros. En ese aspecto, se muestra un «retroceso» con respecto a 2008, cuando un 43 por ciento de las empresas informaba de forma desglosada.

   Tras la presentación del informe, las organizaciones Greenpeace, Intermón Oxfam, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Fundación Economistas sin Fronteras, y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa lanzaron un manifiesto en el que exigen un «marco legal para promover la transparencia en la información empresarial».

   La directora de la campaña de conflictos y Medio Ambiente de Greenpeace, Mabel González, incidió en que en el contexto de la Presidencia española de la Unión Europea, instan al gobierno español a que ponga en marcha un marco regulador que fomente la transparencia de la información que aportan las multinacionales españolas sobre sus actividades en los países donde operan y sobre cómo gestionan los riesgos e impactos en materia social y medioambiental.

   «Pedimos un marco legal que garantice el acceso social a los datos y a la información de las empresas que tiene un inmenso poder frente a Estados, que a veces no tienen tanto», manifestó, al tiempo que celebró que el ejecutivo español haya puesto por escrito en su agenda política de la UE la lucha contra los paraísos fiscales.

   El manifiesto considera que con una información transparente sería posible garantizar el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente; luchar contra la corrupción; tomar decisiones en materia de derechos laborales; combatir la evasión fiscal; generar confianza entre inversores y sociedad y que el consumidor conozca las externalidades e impactos asociados al bien o servicio que adquiera.