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GE Capital Real Estate pone a Xabier Barrondo al frente de su negocio en Europa occidental

Redacción
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Madrid. GE Capital Real Estate ha anunciado el nombramiento del español Xabier Barrondo como máximo responsable del negocio en Europa occidental y director general para Francia.

Desde su nuevo puesto en París, Barrondo se encargará de la gestión de la cartera regional de GE Capital Real Estate, valorada en 4.000 millones de euros, así como de la dirección de las operaciones de la compañía en Francia, España e Italia, aunque Barrondo supervisará directamente la plataforma de Francia.
 
Barrondo llega a este nuevo puesto después de ejercer como director general para la península ibérica y trabaja para GE Capital Real Estate desde 2005. Desde entonces, Barrondo ha sido uno de los principales responsables del crecimiento de la cartera de activos en la península ibérica y ha conseguido multiplicar por cinco los integrantes del equipo, en consonancia con la reciente expansión de la empresa en el mercado.

En su nuevo cargo como máximo responsable para Europa occidental, Barrondo deberá gestionar y mejorar el rendimiento de la cartera de GE Capital Real Estate, valorada en 4.000 millones de euros. Asimismo, contribuirá al crecimiento futuro de la cartera de inversión y liderará la agenda sostenible de acuerdo la estrategia y los valores de la empresa.

Antes de incorporarse a GE Capital Real Estate, Barrondo trabajó para Metrovacesa como director de Inversión y Proyectos del Área de Oficinas. Asimismo, Barrondo cuenta con un MBA por el Instituto de Empresa, además de tener una licenciatura por la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Forestal.

Ron Pressman, presidente y consejero delegado de GE Capital Real Estate, afirmó: «Nos complace poder anunciar que Xabier ha aceptado este nuevo puesto. Es un profesional que nos aporta un gran conocimiento y experiencia en la configuración de equipos de negocio, la aplicación de estrategias creativas para la gestión de activos y la retención de los inquilinos. Este ascenso resalta la importancia de la región para GE Capital Real Estate y reafirmamos nuestra voluntad de querer desarrollar nuestras actividades en estos mercados».

Barrondo ganó recientemente un premio otorgado por el presidente de GE Capital Real Estate como reconocimiento a su labor durante el lanzamiento de su encuesta mundial de inquilinos (Global Tenant Survey). El sondeo, que abarcaba 12 mercados geográficos, fue creado para supervisar y garantizar que la satisfacción de los inquilinos de los inmuebles de la empresa sigue siendo alta.

Barcelona distribuye el ‘Olipot’ para recoger el aceite de cocina usada

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Barcelona. Desde hoy lunes, los puntos verdes de Barcelona repartirán el Olipot, un recipiente específico donde depositar el aceite de cocina usado, con cuya distribución se busca incrementar el número de ciudadanos que ya recogen y reciclan los aceites domésticos usados. Sean aceites de oliva, soja, girasol o cualquier otro aceite vegetal, con el nuevo Olipot se podrá separar el aceite de cocina fácilmente y llevarlo al punto verde más próximo para verterlo. Este recipiente es fácil y cómodo de usar y, sobre todo, es limpio.

En el 2010 los puntos verdes recogieron 195.136 litros de aceite doméstico. Esta cantidad es el 2,5% del total que cada año se genera en la ciudad y se calcula que está en torno a los ocho millones de litros.

La acción de tirar el aceite de cocina usado por el fregadero es muy contaminante y perjudicial para el medio ambiente: provoca malos olores, genera problemas en las cañerías y lo más grave de todo es que contamina los ríos y el mar. El aceite es un producto que no desaparece y se convierte en un residuo contaminante del medio. En cambio, si se separa correctamente, el aceite se puede reciclar y convertir en jabón, biodiésel o pintura.

Durante el mandato se han puesto en funcionamiento doce puntos verdes del barrio. En el mes de mayo Barcelona contará con una red de veintidós puntos verdes de barrio, siete puntos verdes de zona, ocho puntos verdes móviles y dos puntos verdes escolares. Esta red cuenta con más de medio millón de usuarios anuales y se recogen más de 20 toneladas de residuos.

Acciona participará en la gestión de una planta de tratamiento de agua en Australia

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Australia. El consorcio Helena Water, integrado por Acciona Agua, United Utilities Australia, Brookfields Multiplex y Royal Bank of Scotland, ha sido seleccionado para diseñar, construir y operar durante 35 años en régimen de concesión la planta de tratamiento de agua potable de Mundaring, en el área de Perth (Western Australia). Su capacidad inicial será de 165 millones de litros diarios, con una capacidad máxima de 240 millones de litros al día.

Este proyecto es el primero de tratamiento de agua de sus características en régimen PPP (Public Private Partnership) en el Estado de Western Australia y es el primer proyecto de ACCIONA en dicho Estado, lo que marca un nuevo hito en la consolidación de su presencia en el país. “El consorcio, uno de los dos precalificados por Water Corporation, agrupa a una serie de compañías con una amplia experiencia y éxitos demostrados en el desarrollo de infraestructuras de agua y con una sólida fortaleza financiera”, señaló Bill Marnion, ministro de Agua de Western Australia.

La planta abastecerá a la red Goldfield and Agricultural Water System (G&AWS), incluyendo Kalgoorlie, en el Estado de Western Australia, y marca el inicio del primer proyecto integral de PPP (Public Private Partnership) en el sector del agua en Western Australia. 

Este proyecto consolida la presencia de Acciona Agua en Australia y le permite ampliar su campo de actividad al tratamiento de aguas. En la actualidad, la filial de Acciona ha diseñado y está construyendo la desaladora de Adelaida, en South Australia, que también operará en el futuro.

Según señala el presidente de Acciona Agua, Luis Castilla, “Este contrato es de gran importancia para el desarrollo de Acciona en Australia, donde el grupo opera también en las áreas de infraestructuras y energía. La planta potabilizadora de Mundaring en Perth y la desaladora de Adelaida, actualmente en construcción, son claves por la trascendencia y visibilidad de los activos que se van a construir y operar, y porque subrayan el compromiso de Acciona Agua en el país, ya que ambas concesiones tienen un plazo de al menos 20 años.”

Con este proyecto, Acciona se consolida como un proveedor de referencia en soluciones sostenibles de energía, agua e infraestructuras en Australia. Además de la presencia en el mercado de agua, la compañía cuenta con 258 MW eólicos en operación y 48 MW en construcción en Gunning (Nueva Gales del Sur), así como una cartera de proyectos en desarrollo superior a los 2.000 MW eólicos y solares.

En infraestructuras, el consorcio Transcity, liderado por Acciona y en el que participan además BMD Constructions y Ghella, fue adjudicatario del contrato del Ayuntamiento de Brisbane para diseñar y construir,  así como operar y mantener durante diez años, el proyecto Legacy Way Tunnel (anteriormente denominado Northern Link), dentro del plan de infraestructuras de la capital del estado de Queensland para mejorar el tráfico y las conexiones con las áreas metropolitanas con el objetivo de ampliar la ciudad. El importe del proyecto asciende a 1.500 millones de dólares australianos, unos 1.100 millones de euros.

 

La adaptación de 349 planes generales reserva suelo para 227.000 VPO en Andalucía

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Sevilla. La adecuación de 349 planes generales de otros tantos municipios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) cubre ya al 70% de la población y ha posibilitado la reserva de suelo para la construcción de 227.000 viviendas protegidas. La Ley establece una reserva del 30% de la edificabilidad para VPO, mientras que la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo fija en un 15% el límite de repercusión del suelo sobre el precio final de la vivienda protegida.

Aunque también en el ámbito nacional se han dado pasos en esta dirección, con la aprobación en 2007 de la nueva Ley Estatal de Suelo, en la que también se establecen reservas de terreno para VPO, se dedica más esfuerzos a regular los aprovechamientos urbanísticos y la formación de los patrimonios de suelo público, y se modifica el sistema de valoraciones de suelo, con el fin de que no anticipe plusvalías y se limite su valor real.

El suelo se convirtió durante la década alcista del mercado inmobiliario -desde finales de los noventa hasta 2007- en una pesada carga para la edificación residencial, claramente orientada hacia la construcción de viviendas libres, ya que esta tipología es la que ha permitido obtener mayor margen de beneficios ante la subida indomable del valor del terreno. Esa tendencia dibujó un escenario poco proclive para la VPO.

Por eso, en los últimos años se ha impulsado desde el Parlamento andaluz un marco normativo capaz de introducir medidas correctoras tendentes a garantizar terreno para la producción adecuada de VPO, la tipología residencial capaz de dar respuesta a la demanda de la ciudadanía de una vivienda digna a precio asequible.

La tramitación de los planes generales constituye la principal herramienta estratégica para garantizar el acceso a una vivienda a precio razonable por su capacidad para planificar temporal y espacialmente la oferta de VPO, con la que es posible dar respuesta a la demanda existente en cada municipio.
Sin embargo, los consistorios son los responsables de llevar a cabo la adecuación de sus planes a la normativa, aunque la Junta colabora con ellos para agilizar este proceso. De hecho, en 2008 aprobó un Decreto que permite la asunción de las directrices de la LOUA de una forma rápida e identificar suelos para VPO y equipamientos, a través de la denominada adaptación parcial.

Con esta figura en vigor, los ayuntamientos pueden adaptar sus Planes Generales, bien mediante la formulación o revisión de su planeamiento vigente, o bien a través de la adaptación parcial.

Importancia de la adaptación

La adecuación a la Ley urbanística andaluza no sólo permite aplicar la reserva obligatoria del 30% para VPO, sino que también posibilita a los ayuntamientos realizar modificaciones puntuales de su planeamiento que afectan a la clasificación de suelo, a las actuaciones sobre sistemas generales y a los cambios de uso, densidades y edificabilidad en suelos urbanizables y en terrenos urbanos no consolidados. Estas modificaciones se traducen, en definitiva, en nuevos crecimientos urbanos y en un incremento de dotaciones y equipamientos destinados a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

 

Portos de Galicia estudia incorporarse al ‘cluster’ marítimo español

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Santiago de Compostela. Con el objetivo de avanzar en la práctica de una política portuaria integrada y multisectorial, el ente público gallego Portos de Galicia está estudiando su próxima incorporación al ‘cluster’ marítimo español, siguiendo las directrices de la Unión Europea. La inclusión en el cluster permitiría a Portos de Galicia crear sinergias y trabajar conjuntamente con sesenta entidades destacadas del sector marítimo español, incluyendo las portuarias, pesqueras, deportivas, mercantes, navales, industria auxiliar, sindicatos o la Armada, además de Puertos del Estado.

En un reciente encuentro entre el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, con su homólogo en el ‘cluster’, Federico Esteve, y el gerente de la Asociación Cluster del Naval Gallego (Aclunaga) Tomás Casquero, ya se puso sobre la mesa la programación de actividad de manera coordinada con estas entidades de cara a facilitar un mejor diseño de políticas integradas y multisectoriales que tengan en cuenta y procuren el beneficio de los diferentes sectores marítimos.

Esta finalidad da cumplimiento a las directrices europeas recogidas en el Libro Azul de Política Marítima Europea, que plantea la necesidad de que los estados miembros pongan en marcha clusters marítimos para neutralizar el problema de la desintegración de las políticas marítimas. De hecho, actualmente ya existe una partida consignada en los presupuestos de la Unión Europea para la política marítima conjunta.

La adhesión al cluster posibilitaría, además, optimizar los recursos y el funcionamiento de Portos de Galicia al beneficiarse y beneficiar, al mismo tiempo, a los demás miembros. En cuanto a los objetivos concretos del cluster y de la inclusión en él del ente público cabe subrayar la concienciación sobre la importancia económica del sector marítimo; la formación y el intercambio de oferta y demanda en este sentido; y el desarrollo de proyectos transversales de I+D.

 

Revival permite alquilar 1.850 pisos vacíos en Castilla y León desde 2005

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Valladolid. Revival, el Programa de Alquiler de Viviendas promovido por la Consejería de Fomento de Castilla y León inició su andadura en 2006 de manera discreta, con tan sólo 38 contratos suscritos, pero las necesidades de liquidez de las familias tras desencadenarse la crisis ha provocado que cada vez sea mayor el número de propietarios que ofrece sus viviendas vacías para ser arrendadas. El pasado ejercicio se cerró con 770 contratos firmados, casi dos cada día, alcanzado un total de 1.850 los contratos de alquiler suscritos sobre viviendas vacías desde 2005.

Revival cuenta con el apoyo en su gestión de la empresa pública Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (PROVILSA), y tiene como objetivo potenciar el mercado del alquiler y facilitar al ciudadano el acceso a la vivienda. Los propietarios de viviendas disponibles formalizan con esta empresa contratos de puesta a disposición de sus viviendas durante un periodo de 5 años a cambio de una contraprestación económica. Además de los 770 contratos firmados con inquilinos, otros 661 propietarios han puesto a disposición de Provilsa sus viviendas en 2010.

El plazo podrá sufrir variación cuando no coincida este periodo con el periodo mínimo legal del arrendatario vigente y sus prórrogas obligatorias, o bien cuando el arrendatario de por finalizado su relación contractual con PROVILSA y ésta no consiga un nuevo inquilino en el plazo de tres meses. En este caso, transcurridos los tres meses sin inquilino, se devolverá la vivienda a sus propietarios. Durante estos tres meses de búsqueda de un nuevo inquilino, PROVILSA seguirá abonando a los propietarios el importe de la renta de la vivienda, sin incluir el importe de la Comunidad.

La contraprestación económica que reciben los propietarios de PROVILSA comprende dos conceptos que se abonan trimestralmente. Una renta máxima de 550 euros mensuales y los gastos de comunidad. Por su parte, los inquilinos formalizan con PROVILSA los contratos y abonan el importe de la renta y el importe de la comunidad, procurando que el importe de la renta no supere el 30% de los ingresos íntegros del inquilino, sumados los aportados por todos los miembros de la unidad familiar y/o personas que conviven con él.

El análisis de la demanda realizada demuestra que la crisis del mercado inmobiliario ha empujado hacia el alquiler a los propietarios de viviendas y pisos vacíos de las capitales de provincia, los municipios de áreas metropolitanas y ciudades de más de 20.000 habitantes.

 

La odisea de la Renta Básica de Emancipación

SILVIA VELASCO NAVARRO
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Málaga. La Renta Básica de emancipación vuelve a estar en el Ojo del huracán mediático. La recién nombrada secretaria de estado para vivienda Beatriz Corredor, ha comenzado la campaña contra los jóvenes que, según el Ministerio, han cobrado irregularmente las ayudas de 210 euros. Los datos que tras cruzarse con hacienda, están produciendo una suspensión cautelar de miles de ayudas, más de 15.000, ha originado una oleada de criticas, pues son las Comunidades Autónomas las que tienen competencias en la revisión y solicitud de documentación a los afectados de dichas ayudas.

Algunas Comunidades Autónomas ya se han puesto en pié de guerra para que no se tengan que devolver estas ayudas, como por ejemplo la Comunidad valenciana que amenaza con elevar esta consulta al constitucional porque consideran que el Ministerio invade competencias.

Pero fue este mes de agosto pasado cuando muchos jóvenes recibieron por carta y/o SMS una notificación del antiguo Ministerio de Vivienda (que dejo de funcionar como tal en octubre ), en el cual se les informaba sobre la devolución y resolución de sus casos, por haber sobrepasado los 22.000 euros de máximo contemplado en el RD 1472/2007 como medida obligatoria para seguir percibiendo la Renta Básica de emancipación.

Desde el 1 de enero de 2008 muchas han sido las noticias y polémicas a cerca de la Renta Básica de Emancipación que desde su entrada en vigor, ha estado plagada de anécdotas y contradicciones propias de un Ministerio de la Vivienda que dejó de existir en plena crisis económica el pasado 2010, pasando a ser integrado en el Ministerio de Fomento.

Los propietarios se frotaban las manos, comenzaron a subir los precios de los alquileres una vez puesta en marcha las medidas para ‘beneficiarse’ de la oferta de inmuebles con contratos de vivienda habitual a los jóvenes emancipados.

La primera queja de sus usuarios, jóvenes entre 22 y 30 años, era la enorme lentitud en la concesión de las ayudas de 210 euros, aunque no se conocen datos reales sobre este asunto, lo cierto es que las continuas reclamaciones de los emancipados, (burocracia, falta de información..) originaban atascos en los teléfonos de asistencia y desbordaron los servidores de la pagina Web, lo que llevó al antiguo Ministerio a crear un apartado especifico para el procedimiento de descarga de formularios e información en general sobre esta medida.

Un año más tarde desde su puesta en marcha el disgusto llegó de mano de la declaración del IRPF, las ayudas tenían carácter de ‘ganancia patrimonial’, por tanto era obligatoria declararla y esto suponía una sorpresa desagradable para quien la percibía, pues a diferencia de otro tipo de ayudas o subvenciones que no se declaran esta por el contrario si lo era.

La polémica de la edad (hasta 30 años) no fue menos comentada y criticada desde diversos sectores, en primer lugar porque la edad de emancipación de los jóvenes españoles no era comparable a las de otros jóvenes europeos, siendo esta medida bastante impopular por la discriminación que causaba.

En resumen el suma y sigue de una de las ayudas más criticadas desde su creación.

Este artículo ha sido redactado por Silvia Velasco Navarro Responsable de www.mediadordeconflictos.com

Fuente:
http://www.idealista.com/news/archivo/2011/02/24/0302593-el-gobierno-suspendera-cautelarmente-15-271-rentas-de-emancipacion-en-breve

El consorcio ‘CHUM Collectif’, en el que participa OHL, construirá un hospital en Montreal

Redacción
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Madrid. El consorcio constituido por OHL (25%), el fondo de inversión británico Innisfree (30%), la constructora británica Laing O’Rourke (25%) y la empresa de servicios francesa Dalkia (20%), denominado CHUM Collectif, ha sido nombrado proponente seleccionado (preferred bidder) del contrato de concesión para el diseño, construcción, financiación y operación del nuevo Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM), en la provincia de Quebec, Canadá.

La construcción será ejecutada por la unión temporal de empresas liderada por OHL, con un 50%, y con Laing O’Rourke como socio. El presupuesto aproximado de la misma es de unos 2.000 millones de dólares canadienses (en torno a 1.485 millones de euros).

El valor actual neto de los pagos de la administración de la oferta financiera cerrada del consorcio se encuentra por debajo de los 2.089 millones de dólares canadienses (unos 1.550 millones de euros), que era el límite establecido por la administración de la provincia de Quebec.

La duración del contrato de concesión es de 38,5 años. Una vez se cumplan los trámites previstos en el pliego del concurso, se prevé que la firma del contrato de concesión pueda realizarse durante el próximo mes de mayo.

La financiación del proyecto se estructurará mediante una emisión de bonos de unos 1.400 millones de dólares canadienses (unos 1.022 millones de euros), operación emblemática en el mercado canadiense, cuya colocación garantiza el Royal Bank of Canada (RBC).

El futuro hospital, de nueva planta, con una superficie total de 332.652 metros cuadrados, está situado en el centro de la ciudad junto al barrio histórico de Montreal. Sustituirá al existente Hospital de St-Luc.

El proyecto consta de cinco edificios: el principal, que incluye 772 habitaciones individuales, las salas de operaciones, urgencias, la central de esterilización, radiología, radioterapia y otras funciones; el edificio ambulatorio, que agrupa las clínicas ambulatorias y la central térmica; el de oficinas; el de apoyo logístico, que también incluye la farmacia central y los laboratorios, y el auditorio, rodeado por un espacio público y con un parking subterráneo.
 
Todos los edificios estarán conectados entre ellos a diferentes niveles o mediante túneles. La construcción del nuevo hospital se realizará en dos fases y se mantendrá operativo el Hospital de St-Luc.

OHL exporta a Canadá, en un proyecto de esta dimensión, su experiencia, tanto en la construcción de hospitales como en la estructuración de financiaciones en concesiones de infraestructuras.

Friki es proponer bombillas de bajo consumo, quitarse la corbata y reducir el límite de velocidad

Redacción
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Madrid. Ayer intervinieron en un acto del Partido Popular en Tarancón (Cuenca), María Dolores de Cospedal y Sáenz de Santamaría.  La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha señalado que «no se puede creer» en las promesas de Zapatero y recordó que hace tres años éste prometía que España iba a estar al nivel de Alemania en la Unión Europea.

En su opinión, «el hecho diferencial entre Alemania, el resto de Europa y España se llama José Luís Rodríguez Zapatero, porque los otros están empezando a crecer, a generar empleo y a ver el final de la crisis» mientras España sigue estancada.

Asimismo, la portavoz del PP advirtió que tampoco se puede creer «en los principios» del presidente del Gobierno, que dijo que bajar los impuestos era de izquierdas y ahora «da la casualidad que el IVA en este país ha subido tres veces y siempre con los Gobiernos del PSOE».

Sáenz de Santamaría se ha preguntado cuándo creer al presidente, si hemos de hacerlo «cuando dice la primera idea, cuando la rectifica por una tercera o cuando la deroga por una cuarta». Y, en este sentido, ha afirmado que «cuando menos se le puede creer» a Zapatero «es cuando habla de política energética», criticando que «primero defendían las energías renovables y después recortaron las fotovoltaicas, primero eran antinucleares, luego un poco nucleares y después quisieron ser más nucleares que nadie, y hoy nos encontramos con que ahorren otros, que ahorren los españoles cuando van por las carreteras y de paso retrocedemos cuarenta años».

«España necesita una buena política económica porque esa es la mejor política social»

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que de política social «puede hablar este partido que llevó a España en 1996, de una tasa de paro del 22%, a una tasa de paro del 10%».

De este modo, Cospedal ha puesto de relieve que «nos encontramos con un déficit del 11% y fuimos el primer gobierno que trajo a España superávit en las cuentas publicas; que garantizó por ley la revalorización automática de las pensiones y hoy el PSOE nos congela las pensiones; que hizo una reforma laboral que permitio crear en ocho años, 5 millones de puestos de trabajo y hoy, con el PSOE, tenemos 4.700.000 personas en paro».

La secretaria general del PP ha explicado que fuimos los que logramos una mayor expansión de la Sanidad pública y ahora algunos del PSOE hablan del copago de la Sanidad». Además, ha añadido que «queremos una reforma del Sistema Financiero que traiga crédito pero haciendo seis reformas consecutivas no llega el crédito ni a PYMES ni a familias ni hay confianza en el sistema financiero español. Zapatero debería saber que dos tardes fueron muy pocas para aprender Economía».

Respecto a la nueva medida aprobada recientemente por el Consejo de Ministros en la que se prohíbe circular a más de 110 km/h en autopistas y autovías, María Dolores de Cospedal ha declarado que se trata de «una ocurrencia y de una improvisacion más» del Gobierno de Zapatero.

La dirigente popular también se ha referido a los comentarios de José Blanco llamando «frikis» al PP «por estar en contra de que la medida estrella de la política energetica del Gobierno, después de lo de las bombillas y de lo de quitarse la corbata, sea rebajar el límite de velocidad en las carreteras».

«Ser un friki es llevar dos años y medio hablando de la reforma del modelo energético -que podría haber salido adelante con el apoyo del PP- y proponer como grandes medidas las bombillas de bajo consumo, quitarse la corbata y reducir el límite de velocidad». «Si quieren ahorrar en petróleo, a lo mejor si Zapatero no fuese en Falcon a los mítines del PSOE, se ahorraría mucho dinero de las arcas del Estado», ha señalado.

 

 

469 millones en inversiones antes del 30 de junio para estimular la actividad en la construcción

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Valladolid. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado unas directrices vinculantes para todos los órganos de la administración, que permitirán anticipar 469 millones de euros en inversiones públicas con el fin de estimular la actividad y el empleo en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis económica. El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras por ese importe. Junto a esto, establece que al menos 373 millones se contratarán antes del 30 de abril.

Los últimos indicadores sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León revelan la incipiente recuperación de la agricultura, la industria y los servicios. La construcción, sin embargo, continúa en tasas negativas de crecimiento. Se trata de un sector muy relevante para la economía regional, puesto que supone más del 9% del PIB de la comunidad y da empleo a alrededor del 10% de la población activa de Castilla y León a través de 29.000 empresas.

El Gobierno autonómico ha demostrado reiteradamente su apuesta por la mejora de las infraestructuras de la región. El anticipo de las inversiones previstas en este campo supone continuar con esta política, y tiene como ventaja añadida que permite generar actividad y puestos de trabajo en uno de los sectores que más están padeciendo las consecuencias de la crisis.

Esta decisión se ha plasmado en unas Directrices Vinculantes en materia de Inversiones, que por tanto son de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración autonómica. En virtud de este documento y a propuesta de la Consejería de Hacienda, la Junta se compromete a tener adjudicados o en fase de concurso 469 millones de euros en obra pública antes de que acabe el primer semestre de 2011. De ellos, 373 millones se licitarán en los cuatro primeros meses de este año.

Apoyo continuado al sector

La Junta ha aprobado estas Directrices Vinculantes en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 16 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La utilización de esta potestad para apoyar a la construcción no es nueva, sino que tiene como precedente directo las medidas de reactivación económica que aprobó el Ejecutivo autonómico el 8 de mayo de 2008.

A esto hay que añadir dos regulaciones similares del 8 de enero y el 8 de abril de 2009, que se centraron en fomentar la inversión pública, reducir los costes financieros de las empresas y agilizar los procedimientos administrativos. Por último, conviene recordar que el 20 de enero de 2011 la Junta dio luz verde a otras directrices dirigidas a proporcionar mayor liquidez a las sociedades que contratan con el Gobierno regional, mediante la prórroga de la eliminación de las garantías provisionales, la limitación a un mes del plazo para devolver o cancelar las definitivas y la factura electrónica.

 

 

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