Estos datos, aportados por el “Estudio de Opinión sobre la función de los Administradores de Fincas Colegiados”, realizado por SIGMA DOS en un momento en el que se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, son fundamentales para conocer la valoración que los ciudadanos hacen de los Administradores de Fincas Colegiados. Con arreglo al resultado de este estudio los ciudadanos reconocen muy positivamente la actuación profesional de los Administradores de Fincas en el marco de la actual regulación de los Colegios Profesionales. Un 79,8% de los españoles considera que la profesión de Administrador de Fincas debería incluirse entre aquellas para las que es obligatorio estar colegiado. Igualmente, y en el supuesto de que el Gobierno liberalizara la actividad y ésta pudiera ser ejercida por personas que no estuvieran colegiadas, el 66,8% de los españoles piensa que sería perjudicial para la calidad del servicio que se presta a los propietarios.
Además de considera que la labor de los Administradores de Fincas Colegiados contribuye a garantizar los derechos de las personas en lo que respecta a sus viviendas y es de interés general -68,7%-, también un porcentaje muy aproximado de ciudadanos -67,8%-, piensa que su trabajo es fundamental para la seguridad jurídica de los propietarios.
Según este análisis un 63,2% de los ciudadanos considera que si esta liberalización se lleva, finalmente, a efecto, esta decisión afectaría, negativamente, a la seguridad y protección de los españoles en todo lo relativo a la gestión de sus inmuebles. La labor de colaboración con las Administraciones Públicas, calificada como muy importante para el 67,5% de los españoles, empeoraría para un 49,6% si dejara de ser obligatorio colegiarse para ejercer la actividad de Administrador de Fincas.
DESPROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Otros datos relevantes del Estudio realizado por SIGMADOS reflejan que el 74,9% de los españoles considera muy importante la labor de asesoramiento de los Administradores de Fincas Colegiados en asuntos inmobiliarios, jurídicos o fiscales, entre otros, y un 70,2% considera, también muy importante, el trabajo que como mediador entre la Comunidad de Propietarios y los propietarios a nivel individual desempeñan los Administradores de Fincas Colegiados.
De los datos aportados se deduce, claramente, una opinión muy favorable del conjunto de la sociedad sobre el desarrollo de la actividad profesional del Administrador de Fincas Colegiado, así como el mayoritario respaldo a que siga siendo una profesión colegiada, ya que la mayoría de los ciudadanos españoles consideran que:
• La actividad de los Administradores de Fincas Colegiados es de interés general y contribuye a garantizar los derechos de las personas en lo que respecta a sus viviendas.
• Es también una actividad fundamental para que se observen las normas y que contribuye a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.
• Es una actividad multidisciplinar y de suma importancia por las funciones desarrolladas.
• El trabajo realizado por los Administradores de Fincas Colegiados está amparado por los seguros de responsabilidad civil y caución contratados a través de sus Colegios Territoriales.
• Los Colegios Profesionales realizan, eficazmente, una labor de autocontrol disciplinario de la actividad de sus colegiados aplicando el Código Deontológico existente.
Los Administradores de Fincas Colegiados consideramos que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales debe de tener en consideración que los ciudadanos españoles, en su conjunto, valoran muy positivamente la actividad que desarrollamos en el marco de la actual regulación de los Colegios Profesionales, y respalda que la profesión de Administrador de Fincas siga siendo colegiada y considera, mayoritariamente, además, que la desregulación de nuestra actividad perjudicaría la gestión de un bien, la vivienda, que es considerado un derecho constitucional.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- es una corporación de Derecho Público integrado por 38 Colegios Territoriales distribuidos por todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido.
