El Ayuntamiento de Valencia se ha encontrado con una partida presupuestaria que se está viendo incrementada de manera inesperada. Solo hasta junio, los casi 4 millones de euros previstos para pagar expropiaciones han resultado claramente insuficientes, ya que el gasto contemplado, en esa fecha, duplicaba esa cantidad, con lo que, de seguir la tendencia registrada en los últimos meses, es probable que a final del presente ejercicio estemos en un gasto por este concepto superior a los 15 millones de euros, cuatro veces por encima de lo previsto en las cuentas.
Y todo debido a que, en cumplimiento de la legalidad, los propietarios de suelo urbano destinados a uso dotacional están forzando al consistorio presidido por Rita Barberá a que les expropien para obtener liquidez.
Cualquier propietario puede exigir que ejecute la expropiación si el suelo no se ha desarrollado una vez transcurridos siete años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana, y ya han transcurrido 22, con lo que están en todo su derecho.
Antes, hasta 2007, estos suelos, ligados a los desarrollos residenciales, eran habitualmente objeto de alguna actuación para edificar sobre ellos cualquier dotación que se estimara. Pero, ahora, en esas actuaciones que han quedado paralizadas por la crisis económica también muchas de estas parcelas también han seguido el mismo camino. Con la ejecución de avales y garantías, un buen número de entidades financieras han terminado por ser las dueñas de muchos de estos solares.
El acuerdo no suele ser fácil, y al final están siendo los jurados de expropiación los que determinen el precio a pagar. Aunque los intereses de demora pueden llegar a ser elevados, desde el Ayuntamiento se defiende que, en el tira y afloja, las arcas públicas no salen tan perjudicadas. Si el propietario pide, pongamos, 15 millones, se le ofrecen 7 u 8, y al final el juez determina que sean unos diez.
De todas formas, no todas las operaciones están siendo tan beneficiosas. En la expropiación de las Escuelas Pías de la Malvarrosa se ha acordado pagar tres millones de euros. Un pleito que se zanja ahora debido a que el Ayuntamiento dejó de cumplir un acuerdo de expropiación firmado en 1995, y con vencimiento en diez años, que no fue ejecutado. Ahora, los propietarios han exigido a un nuevo precio y han ganado el caso, logrando una cantidad superior a la pactada entonces.
