Madrid. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha conseguido que el Tribunal Supremo exija a notarios y registradores de la propiedad todo lo que han estado cobrando de más durante años. A la hora de cancelar hipotecas, estos profesionales se han embolsado más de 93 millones al año en cobros indebidos, según estima la organización. Es decir, unos 400 millones de euros.
Para llegar a esta cantidad, parten de 2007, cuando se legisló una bajada en los aranceles que hay que pagar a notarios y registradores por la cancelación de hipotecas. Sin embargo, esta medida fue ampliamente ignorada por los profesionales.
En septiembre de 2011, se volvieron a revisar minutas notariales y registrales para comprobar que en un 92% de los casos se estaba cobrando de más a la hora de cancelar hipotecas. En concreto, los notarios se embolsaban seis veces más de lo debido y los registradores diez veces más. Fue el motivo por el que la OCU denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia.
Un mes más tarde, el Gobierno del PSOE aprobó un Real Decreto que pretendía aclarar, de una vez por todas la bajada de tarifas de 2007. Pero el Consejo General del Notariado recurrió al Supremo para impedir que los aranceles se rebajasen en la práctica.
Y ahora, la sala tercera del Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado ha dado la razón a la OCU.
La Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo obliga ahora a la Dirección General de Registros y del Notariado a exigir a notarios y registradores que devuelvan todo lo que han cobrado de más en los últimos años.
En su día, la OCU estimó que más de 93 millones de euros al año habían sido cobrados indebidamente por notarios y registradores, acumulando en total una cantidad superior a 400 millones que ahora tendrá que ser devuelta a los clientes. Solo entre diciembre de 2007 y mayo de 2012 se cancelaron más de 1,6 millones de hipoteca, según datos del INE.
Hasta mayo de 2012, fecha en la que el Gobierno del PP decidió multiplicar por tres el coste de los aranceles, un notario debía cobrar 30 euros por cancelar una hipoteca. Sumando a este gasto otros conceptos, una escritura de 10 páginas no debía suponer más de 70 euros para el cliente. Sin embargo, el importe medio que encontramos en nuestro estudio era de 260 euros.
En el caso de los registradores, la cifra legal ascendía a 24 euros y lo que encontramos en nuestro estudio superaba los 140.
La OCU también ha encontrado ejemplos en los que un notario de Madrid cobraba a su cliente 460 euros en lugar de los 95 que determinaba la ley. O un registrador de Sabadell que recibió 273 euros cuando lo que le tocaba eran 24.
