Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de1988.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la modificación "protege nuestra riqueza medioambiental, concilia la protección del medioambiente con actividades económicas sostenibles, nos liberará de atrocidades urbanísticas y nos dotará de herramientas para garantizar y mejorar la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas en la costa", así como de quienes llevan a cabo actividades económicas "como es el caso de los chiringuitos".
En este sentido, la vicepresidenta ha apuntado que en España hay más de 3.000 chiringuitos "que suponen una peculiaridad de nuestra oferta turística y que sólo en Andalucía generan más de 40.000 empleos."
La norma faculta al Gobierno para poder suspender actuaciones urbanísticas ilegales, incrementa la protección de las playas, especialmente la de las naturales, y define de mejor la zona de dominio público marítimo terrestre, según ha explicado Sáenz de Santamaría.
Principales modificaciones
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que la norma tiene tres objetivos: reforzar la protección del litoral, incrementar la seguridad jurídica y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica.
Entre las medidas de protección del litoral, el ministro ha resaltado que la ley refuerza la prohibición de nuevas edificaciones: "Esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino que es una ley que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones".
El Proyecto de Ley prohíbe que las obras de mejora en las edificaciones existentes, tanto en el dominio público marítimo- terrestre como en las zonas de servidumbre, supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.
Al respecto, Arias Cañete ha precisado que "no hay una amnistía para edificaciones ilegales", sino que se establece "un marco regulatorio más claro y transparente".
El ministro ha explicado que la ley introduce la denominada 'cláusula anti Algarrobico', que regula la posibilidad que ahora tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles, dando siempre la última palabra a los tribunales.
Además, se diferencian las playas urbanas de las playas naturales, incrementando la protección sobre estas últimas.
Seguridad jurídica
Respecto a las medidas para generar seguridad jurídica, el ministro ha señalado que se clarifica el alcance del Dominio Público Marítimo Terrestre y se garantiza al ciudadano el acceso a la información actualizada sobre sus propiedades y otros derechos. Para ello, los bienes del dominio público marítimo-terrestre se deben inscribir en el Registro de la Propiedad.
Los ciudadanos podrán ver en internet si su parcela está afectada por limitaciones del dominio público. Esta medida contribuirá, según ha argumentado el ministro, "a mejorar la confianza de los inversores extranjeros y a dar salida al stock de viviendas".
Generar confianza
Entre las medidas que tienen como objeto facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas, el ministro ha citado que se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años.
Miguel Arias Cañete ha asegurado que todas las edificaciones construidas en la costa de forma ilegal serán demolidas, como el hotel El Algarrobico. En 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
