Darse una vuelta por algunos de los pueblos de la comarca de la Vega Baja alicantina, como Almoradí, Callosa de Segura u Orihuela, el municipio cabecero de la zona, sirve para comprobar una penosa realidad.
La de que numerosos pisos, chalés y hasta hoteles se han convertido en los últimos años en objeto de vandalismo. Inmuebles terminados, o casi, que se quedaron sin propietarios y que, tras años de estar vacíos, han ido siendo objeto de constantes saqueos. Puertas, ventanas, baños, lavabos, el cobre de los cables, … Se lo han llevado todo ante la pasividad de la propiedad –en muchos casos, empresas en quiebra o ya liquidadas– y de las autoridades.
La Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta llevan meses ofreciendo testimonio fotográfico de esta realidad para concienciar sobre cómo se había especulado con los terrenos de huerta durante el boom inmobiliario. El trabajo va camino de convertirse en un catálogo del frenesí vivido por la construcción en el sur de la Comunidad Valenciana y del sinsentido en una comarca donde casas abandonadas y sin estrenar son desvalijadas mientras persisten los desahucios de ciudadanos.
En Almoradí, un edificio de pisos es pasto de drogadictos y grafiteros. A las puertas de Callosa de Segura, los dúplex que se anuncian en las desvencijadas vallas publicitarias se quedaron hace tiempo sin baños.
Son viviendas que han quedado en manos de bancos, en algunas hasta dejaron la grúa. Los ejemplos se multiplican en siete municipios, mientras el colectivo lamenta la pérdida de la oportunidad de usar estas viviendas en beneficio de la gente sin casa. Muchos no fueron ni estrenados; otros, simplemente abandonados, como el caso del Hotel Spa Villa de Catral, un cuatro estrellas cerrado en 2010 cuyas termas son hoy escombreras.
La penosa situación se deriva de una planificación urbanística a todas luces desmesurada. En Orihuela, la capital de la comarca, hay más de 15.000 casas ilegales. Y parece que las autoridades no han aprendido nada y siguen en sus trece. La semana pasada, los grupos con mayoría en el consistorio votaron en contra de la exposición pública del plan cuando la pretensión inicial era que estuviera expuesto durante tres meses y no uno, como recomienda la ley.
En este mismo sentido, a comienzos de este año, la Generalitat Valenciana impidió al Ayuntamiento de Almoradí que recalificara suelo para 11.000 viviendas en las que acoger a 50.000 habitantes más que sumar a los 20.000 existentes. Y, también el Tribunal Superior de Justicia regional anulaba el plan de San Miguel de Salinas por falta de evaluación ambiental. Querían edificar 40.000 viviendas para 100.000 nuevos habitantes en un pueblo en el que residen apenas 7.000 vecinos.
