Tras el informe del Instituto Geográfico Nacional relacionando directamente los seísmos producidos en las costas de Castellón con las actividades del almacén Castor, han salido varios miembros del Gobierno a señalar que, si el resto de los informes que están pendientes de recabarse, confirman este extremo, se procederá a desmantelar la planta definitivamente. Si este extremo se produce volverá a salir a la palestra el tema más espinoso, como es el de la indemnización a la que podría tener derecho la concesionaria.
Hay que recordar que el pasado mes de octubre, cuando los seísmos se sucedieron, el Tribunal Supremo ya desestimó un recurso presentado por el Gobierno contra la disposición que prevé indemnizaciones a Escal UGS, la concesionaria del almacenamiento Castor, en el caso de extinción o caducidad de la concesión, incluso cuando hubiera existido negligencia por su parte.
La indemnización podría alcanzar los 1.700 millones de euros, que es el coste aproximado del proyecto, según el Ministerio de Industria. El alto tribunal considera que el precepto recurrido "se adecúa por completo" a la legalidad y no choca con la Ley del Sector de Hidrocarburos, como sostenía la Administración, y recuerda que su mantenimiento no excluye la posibilidad de que la compañía se quede sin compensación en caso de dolo o negligencia.
En julio de 2012, y tras acuerdo de Consejo de Ministros, el Gobierno pidió al Supremo que declarara no conforme a derecho un apartado del real decreto que en 2008 otorgó a Escal UGS la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Castellón.
El Supremo entiende que, en caso de no haber desmantelamiento, es "coherente" que se contemple una compensación a Escal. En concreto, el Ejecutivo pedía que se anulara el inciso en el que se recoge que Escal, participada al 66 % por ACS, tiene derecho a una compensación, equivalente al valor residual de las instalaciones, en caso de extinción o fin de la concesión cuando hubiera concurrido dolo o negligencia por parte de la compañía.
El Gobierno entiende que esa disposición contraviene la Ley del Sector de Hidrocarburos, que indica que en caso de anulación o extinción de la concesión de una explotación y cuando no se ha requerido su desmantelamiento, ésta revierte "gratuitamente" al Estado.
En la sentencia, el alto tribunal recuerda que el artículo 7 del decreto prevé que cuando el Gobierno ordene el desmantelamiento de las instalaciones, los costes en que se incurran se reconocerán como retribución de la concesionaria, salvo en caso de dolo o negligencia grave. El Supremo entiende que, en caso de no haber desmantelamiento, es "coherente" que se contemple una compensación a Escal, pues al seguir operativas las instalaciones, el Gobierno "presumiblemente obtendría un beneficio futuro con su explotación".
La sentencia añade que la no anulación de dicho inciso "no significa que aunque medie dolo o negligencia, en todo caso la empresa vaya a percibir la indemnización prevista". "Dependerá de las causas" El cobro de la misma, subraya, "dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido".
La actividad de Castor, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se corrobore que la inyección de gas en el almacenamiento está relaciona con los cientos de seísmos registrados en la zona. Algunos superaron los 3,5 grados en la Escala de Richter.
Desde el Ministerio de Industria se ha detallado que Escal UGS tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones.
