A Joaquín Rivero no le llega la camisa al cuello. Buena parte de su fortuna se la quiere quedar Blackstone, el fondo estadounidense que ha visto en Gecina una presa de lo más apetitosa. Además, un antiguo socio, la cordobesa Prasa, le reclama en los tribunales 200 millones de euros.
El fondo ha fracasado en un primer intento de ganar en los tribunales, el intentado en Francia, pero lo va a intentar dentro de un mes en Luxemburgo. Hasta la justicia del Gran Ducado ha llevado Blackstone, junto a su socio en este negocio, la canadiense Caisse di Québec, el litigio derivado de la compra, el pasado año, del 65% del crédito sindicado con el que Joaquín Rivero y su socio Bautista Soler compraron en su día las acciones para controlar algo más del 31% de Gecina.
Tras la compra de este paquete deuda, Rivero y Soler presentaron concurso de acreedores de Alteco y MagImport, las dos sociedades a través de las que entraron en la promotora francesa, con la idea de evitar que los compradores de la deuda ejecutaran la prenda. De momento, lo han logrado. Veremos qué pasa dentro de un par de meses cuando los magistrados luxemburgueses se pronuncien.
El juego subterráneo es frenético. Por una parte, los dos empresarios españoles intentando cerrar el concurso con la liquidación rápida de las sociedades –la menos mala de las opciones– y Blackstone y Caisse di Québec moviendo todos los hilos posibles, a todos los niveles, para que un tribunal les reconozca el derecho de ejecutar la garantía de su crédito y quedarse con los títulos de Gecina.
No en vano de salir airosos obtendrían un beneficio de lo más jugoso. En torno a 500 millones, la diferencia entre los 1.400 millones de euros en que estarían valoradas las acciones respaldadas por la participación Rivero y Soler, y los aproximadamente 900 millones pagados por el fondo al comprar el 65% del crédito. Un negocio redondo.
Por su parte, Metrovacesa, la inmobiliaria española en manos de los grandes bancos nacionales, es el tercero en discordia en esta partida. Observa interesado lo que está pasando para decidir qué hacer con ese casi 27% que posee de Gecina. De momento, se deja querer y espera ofertas pacientemente, a partir, eso sí, de los 1.500 millones de euros.
Pero a Rivero no se le acaban con esta historia los problemas judiciales. Prasa, antiguo socio, le reclama 200 millones de euros por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación en documento mercantil y societario. Se sienten engañados.
El litigio tiene su origen en 2007 cuando Rivero y Soler compraron el 26% de las acciones de Metrovacesa con un préstamo sindicado de 2.160 millones de euros. Para obtener financiación, Rivero ofreció a Prasa parte de las acciones de Metrovacesa por 274 millones de euros, el 3% de la compañía. Se firmaba en el contrato la obligación del vendedor de recomprarlas al precio de 153,5 euros.
Pero, al final, la familia Sanahuja se quedó con Metrovacesa, y el asunto entre Rivero y Prasa se enredó. El jerezano logró que Prasa, en lugar de vender las acciones adquiridas, las canjeara por otras de Gecina, pero en 2009, cuando Prasa quiso ejecutar su opción de compra, la operación no se llevó a cabo.
