Barcelona. El contrato para la concesión a Acciona de la gestión del abastecimiento de agua Ter-Llobregat, por parte de la Generalidad de Cataluña, sigue trayendo cola. Parecía que tras desembolsar el grupo controlado por la familia Entrecanales y sus socios casi 300 millones de euros correspondientes al primer pago pactado a la firma de contrato, el pasado 27 de diciembre, todas las reticencias mostradas por Agbar iban a caer en saco roto. Pero no. Ni cinco días han tardado las cosas en enrarecerse.
La resolución dictada el 2 de enero por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalidad de Cataluña (OARCC) pone de nuevo la interrogante a esta polémica concesión, al estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Agbar contra la decisión de Departamento de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán de adjudicar el contrato al grupo constructor madrileño.
A partir de aquí, todo son dudas, y se habla incluso de que la Generalidad de Cataluña tendría que anular la concesión firmada hace una semana. De acuerdo con la resolución, el Órgano Administrativo entiende que se han vulnerado los principios de igualdad y transparencia de la ley de contratos del sector público y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además, el OARCC estima que la consejería incluyó una serie de mejoras en las infraestructuras de ATLL para los próximos 10 años necesarias para quedarse con la gestión de la empresa pública.
Se trata de un precepto “de carácter imperativo”, recoge la resolución, por lo que si las ofertas no cumplían con el calendario de obras deberían ser “excluidas del procedimiento licitatorio”. Y eso es, precisamente, lo que pasó con la proposición de Acciona. Se asignaron cero puntos a este apartado en lugar de dejarlo fuera del concurso.
La contundencia de la resolución deja pendiente de un hilo la adjudicación, aunque el OARCC sólo puede pronunciarse sobre la idoneidad del concurso. Es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el responsable de impugnar el proceso, y esto puede ser cosa de semanas.
Y, claro, ante esta nueva situación, el grupo concesionario liderado por Acciona y el banco de inversiones brasileño BTG Pactual no se han quedado cruzados de brazos, y ya han dejado bien claro que la Generalidad de Cataluña le tendría que devolver los 300 millones pagados si la concesión se anula. En todo caso, desde Acciona entienden que el contrato suscrito entre ATLL (Concesionaria de la Generalidad) y la Generalidad de Cataluña el pasado 27 de diciembre de 2012, sigue siendo un contrato jurídicamente válido y vigente a la fecha. En consecuencia, la concesionaria está ya gestionando desde el 1 de enero la Red Ter Llobregat.