domingo, 2 octubre 2022
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Es imprescindible que las comunidades de propietarios puedan instar los desalojos inmediatos de inmuebles ocupados ilegalmente

En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas

En el 2021 ha habido un aumento del 18% de ocupaciones ilegales

La oferta de vivienda social en España es de solo el 2,5%, mientras que en el resto de Europa es de un 15%

En un acto celebrado hoy, 12 de julio, en la sede del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, se ha puesto sobre la mesa el problema de la ocupación ilegal de inmuebles. En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas de manera ilegal, de las cuales el 42% están en Cataluña. Este, además de ser un delito, se ha convertido en un problema de trascendencia social que afecta no solo al titular de la propiedad usurpada, sino la convivencia y la seguridad de los residentes y al conjunto de la ciudadanía.

El acto ha sido inaugurado y moderado a cargo del Sr. Enrique Vendrell, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida. Y como ponientes y expertos del tema han asistido el Sr. Genís Boadella Esteve, diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plural y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata (PDeCAT); la Sra. María Pastor Santana, decana del Colegio de Abogados de Mataró, y el Sr. Jesús Mª Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Consejero del Consejo de la Abogacía Catalana.

Durante el acto se han lamentado que los instrumentos legales actuales no sean bastante eficaces para cortar este fenómeno de la ocupación y que además, la posición de algunos sectores políticos sea reticente a adoptar medidas ejecutivas que ayuden a impedir esta práctica, habitualmente mafiosa, la envergadura de la cual no tiene equiparación a los países de nuestro entorno. “Por eso hemos iniciado una campaña de concienciación para pedir reformas legales que ayuden a evitar que se produzcan estas ocupaciones que se suceden con total impunidad”, ha señalado el Sr. Vendrell.

Ante la necesidad de parar el fenómeno de la ocupación ilegal y con el fin de facilitar el desalojo inmediato de inmuebles ocupados, se han planteado diferentes nuevas propuestas de reformas legislativas que llegan a la Ley de Propiedad Horizontal, al Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de Bases del Régimen Local.

“El delito de allanamiento de morada es un delito continuo. Tenemos que empezar a reivindicar nuestros derechos. Ya va siendo hora que todos reivindiquemos estos derechos y no caigamos en la demagogia ni nos estigmaticen por hacerlo”, ha afirmado el Sr. Sánchez.

La Sra. Pastor ha insistido que, a pesar de que se dan casos de ocupación en fines de semana, vacacional e incluso ocupaciones que afectan a personas que están ingresadas en el hospital, “no buscamos una agravación de las penas, sino conseguir medidas prácticas y directas”. Y también ha hecho referencia a los graves efectos colaterales que provocan las ocupaciones ilegales de inmuebles: “los problemas que sufre la vecindad son numerosos: los pinchazos de agua y de luz, suciedad, falta de respeto a las normas comunitarias, ruidos…”.

“Hay debates que no son cómodos, pero que los responsables públicos tienen que afrontar”, ha afirmado el Sr. Boadella, quien ha anunciado que en el 2021 hubo un aumento del 18% de ocupaciones ilegales y que “no está de acuerdo en que el derecho a la propiedad se ponga en riesgo y en entredicho constantemente”. Por este motivo, propone las modificaciones siguientes: modificación del Art. 13 del Código Penal para facilitar al juez la rápida desocupación; modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a las comunidades de propietarios a instar un procedimiento contra los ocupantes ilegales, y dotar de más capacitación a los ayuntamientos mediante el cambio de la ley reguladora de Bases del Régimen Local.

La mesa redonda ha acabado con un mensaje en común: es necesario hacer una reflexión conjunta y recuperar las normas básicas del buen funcionamiento en la vivienda.

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