La recaudación extraordinaria que ha obtenido Hacienda por el rastreo realizado por la Dirección General del Catastro en más de 4.340 municipios, que asciende a 1.254 millones de euros, apenas supone un 2% de los ingresos totales percibidos en los últimos cinco años en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que superaron los 12.510 millones de euros en 2015, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El colectivo matiza que esos 1.254 millones levantados son el resultado de las liquidaciones del IBI que se han reclamado por los municipios durante los últimos cinco años, correspondientes a los cuatro años anteriores no prescritos desde que se detectaron las ampliaciones.
De este modo, estaríamos hablando de unas cifras que en términos relativos no suponen grandes magnitudes. Además, los 1,69 millones de inmuebles que se han regularizado durante esta investigación, para la que se han utilizado drones por primera vez, apenas suponen el 3,8% del total de los 42,8 millones de inmuebles que existen en España.
Por territorios, Extremadura es la comunidad en la que porcentualmente se han regularizado más inmuebles respecto al total regional, un 7,2%, seguida de Galicia, y Castilla y La Mancha, con un 6,5% y 6,1%, respectivamente. Por el contrario, que sea la Comunidad de Madrid donde menos fraude en concepto del IBI se ha detectado, porcentualmente el 1,2%, se debe al menor número de municipios que han solicitado la regularización catastral. Le siguen Cataluña y La Rioja, con el 2,1% y el 2,25%, respectivamente.
No obstante, en términos absolutos, es Andalucía la autonomía donde se han descubierto más inmuebles sin regularizar en el catastro, con más de 373.000, seguida de Galicia y Castilla y León, donde se han detectado 213.000 y 164.141, respectivamente. Por el contrario, las menores infracciones se han localizado en La Rioja -9.724-, Asturias -27.632- y Cantabria -27.800-.
Fraude en catastro y en el alquiler
Estos hechos se suman a las irregularidades detectadas en el mercado del alquiler, convirtiendo al sector inmobiliario en uno de los predilectos de la economía sumergida en España. Según anunciaron los Técnicos de Hacienda hace tan solo unos meses, en España casi el 42% de los alquileres no se declaran, lo que supone algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan del control del Fisco.
A pesar de que el arrendamiento sumergido ha disminuido en 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres ilegales alcanzaban el 54,03%, los Técnicos de Hacienda avisan que estos fraudes no son muy importantes en términos cuantitativos, por lo que reclaman al próximo gobierno la puesta en marcha de un plan eficaz de lucha contra el fraude más sofisticado y complejo que podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea y llegando a recaudar unos 40.000 millones de euros adicionales al año.
En la actualidad, la economía sumergida en nuestro país ya alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros opacos, la mayor parte procedente de la evasión de grandes fortunas, conglomerados empresariales y multinacionales. Por ello, Gestha pide el aumento de competencias de los Técnicos de Hacienda para investigar el fraude de las grandes fortunas y empresas, así como el incremento de efectivos en la AEAT. Según el colectivo, se necesitarían más de 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB. Por ello, Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las reformas tributarias, la lucha contra el fraude, el control del gasto y otros temas de actualidad.
