Madrid. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha firmado un convenio con el decano auutonómico de Madrid del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Manuel Hernández-Gil, por el que la Comunidad de Madrid destina 38,6 millones para que los registradores de la propiedad sigan gestionando los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. “Esta dotación garantiza que los Registradores de la Propiedad de las 24 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario continúen liquidando y gestionando estos impuestos hasta el año 2015”, ha dicho Beteta.
El Reglamento estatal del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados permite a las Comunidades Autónomas encomendar funciones de gestión y liquidación de los citados impuestos. Desde junio de 1996 se han firmado distintos Convenios de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles encomendando las funciones de gestión y liquidación a estos profesionales.
Entre las funciones encomendadas a las oficinas liquidadoras destacan la recepción de documentos y declaraciones, la información al público sobre la gestión completa de los impuestos, la revisión de todos los documentos y autoliquidaciones, la emisión de las liquidaciones provisionales, la recepción de todos los escritos, la remisión de la información periódica que determine la Comunidad de Madrid, el archivo de la documentación, la recepción de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, y la resolución de recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por las propias oficinas liquidadoras.
Además se encargan de la notificación de los actos, de la instrucción del procedimiento sancionador, hasta la formulación de la propuesta de resolución, la prórroga y suspensión de plazos de presentación de documentos, así como de todas aquéllas tareas que, surgidas en el curso de la gestión encomendada, sean específicamente encargadas por la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la Comunidad de Madrid mantiene entre sus competencias la revisión y liquidación de las declaraciones tributarias que excedan de 30 millones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de 100 millones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Asimismo es competencia de la Administración la gestión y liquidación de las declaraciones tributarias contenidos de los modelos de autoliquidación 610, 630 y 615, la tramitación de aplazamientos y fraccionamientos y la elaboración de providencias de apremio sobre las deudas generadas por las oficinas liquidadoras.
También es competencia de la Comunidad de Madrid la inspección de hechos imponibles y práctica de las liquidaciones que resulten de actas de inspección incoadas, los procedimientos especiales, el reconocimiento del derecho de las devoluciones de ingresos indebidos y realización de los mismos, la tasación pericial contradictoria, y la resolución de los procedimientos sancionadores instruidos por las Oficinas Liquidadoras.