Madrid. Continúan las reuniones, pero la ansiada solución sigue sin llegar para un sector empresarial, el de las concesionarias de autopistas, cuyas compañías ya no pueden aguantar mucho más. El Ministerio de Fomento se comprometió a poner encima de la mesa un paquete de medidas antes de finalizar el presente mes de mayo, pero el tiempo se agota y no hay mayor novedad.
Mientras, las empresas concesionarias de la decena de autopistas en riesgo de quiebra aguardan con ansiedad la respuesta, tanto para solucionar a corto plazo la paupérrima situación financiera como para, más a largo plazo, encaminar el sector hacia un cambio de modelo.
“Continuaremos con las reuniones esta semana para analizar las concesiones y el sistema concesional, y abordar medidas en su defensa, no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo”, comentaba Ana Pastor, la ministra de Fomento, tras la reunión de ministros de Fomento latinoamericanos preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana de Cádiz. “El objetivo es hacer sostenible el modelo de concesión de infraestructuras, un modelo que está presente en España, pero también en otros lugares del mundo”, recordó Pastor.
Los presupuestos del Ministerio para 2012 incluyen 289 millones de euros para otorgar préstamos participativos a estas vías, y además se amplió hasta 2021 la posibilidad de que recurran a las cuentas de compensación. Además de estas dos medidas, Fomento también contempla ampliar los plazos de concesión de las vías y promover fusiones entre ellas.
Entre la decena de autopistas en riesgo de insolvencia figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera o la Madrid-Toledo, cuyas sociedades ya han solicitado concurso de acreedores.
Desde la Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas (Aseta) se insiste en la necesidad de cobrar peajes a todo tipo de vehículos por circular en la red de carreteras de alta capacidad dependientes de todas las administraciones, una medida que permitiría recaudar entre 8.000 y 12.000 millones de euros anuales, una vez que el peaje estuviera plenamente implantado en toda la red. Iniciativa con la que, además, a juicio de Aseta, se obtendrían recursos necesarios para atender el mantenimiento de la red viaria.
