Solo el 14 % de los pliegos analizados por el Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas incorpora de forma amplia criterios de sostenibilidad. El estudio, impulsado por PwC y AENOR, examina 300 pliegos correspondientes a 100 entidades y muestra un claro desequilibrio entre las dimensiones ESG: el 63 % de las cláusulas son medioambientales, el 25 % de gobernanza y apenas el 13 % sociales.

El análisis revela que la sostenibilidad integral continúa siendo minoritaria: solo el 2 % de las administraciones examinadas alcanza el nivel definido por el Observatorio. La Certificación de Edificio Sostenible de AENOR plantea una evaluación integral de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza a lo largo del ciclo de vida del edificio.

El informe reclama criterios más equilibrados, objetivos verificables y mecanismos de seguimiento durante la ejecución de los contratos. También identifica oportunidades de mejora en ámbitos como los residuos, los materiales, el agua, la energía, las emisiones, las certificaciones ambientales y la trazabilidad de los compromisos asumidos.

Datos relevantes

• El Observatorio ha analizado 300 pliegos de contratación pública.
• La muestra incluye 100 entidades: 24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales.
• El 14 % de los pliegos incorpora al menos la mitad de los 28 criterios evaluados.
• Solo el 2 % de las administraciones alcanza el nivel de sostenibilidad integral.
• Las cláusulas medioambientales representan el 63 % del total.
• Las cláusulas sociales suponen el 13 % y las de gobernanza el 25 %.

Entradas relacionadas

• Los Premios BREEAM España reconocen los proyectos más sostenibles de 2025
• Sostenibilidad y normativa, claves para transformar el parque inmobiliario

MiniFAQs

¿Qué muestra el Observatorio sobre la contratación pública?

El análisis muestra que la contratación pública española incorpora cada vez más criterios de sostenibilidad, pero de forma desigual. La dimensión medioambiental concentra la mayor parte de las cláusulas, mientras que los aspectos sociales y de gobernanza tienen una presencia menor. Además, los pliegos no siempre incluyen procedimientos claros para verificar el cumplimiento de los compromisos durante la ejecución.

¿Qué ámbitos deberían reforzarse en la construcción sostenible?

El Observatorio propone equilibrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, e incorporar métricas claras, objetivos cuantificables e indicadores verificables. También plantea prestar más atención a los materiales, el agua, la energía, las emisiones, los residuos, las certificaciones ambientales y el conjunto del ciclo de vida de los edificios.

La contratación pública puede convertirse en una palanca decisiva para extender la sostenibilidad integral a toda la cadena de valor de la construcción.

Solo el 14 % de los pliegos incorpora de forma amplia criterios de sostenibilidad en la construcción pública

La contratación pública española está impactando de forma progresiva en los criterios de sostenibilidad de los proyectos de construcción, aunque persiste un claro desequilibrio entre las dimensiones ESG, medioambiental, social y de gobernanza. Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado por PwC y AENOR, que ha analizado 300 pliegos correspondientes a 100 entidades: 24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales.

En los pliegos analizados, la sostenibilidad se aborda principalmente desde el punto de vista medioambiental: casi dos de cada tres tipos de cláusulas se centran en esta dimensión, con un 63 %, mientras que los aspectos de gobernanza representan el 25 % y los sociales apenas el 13 %.

La incorporación de una sostenibilidad verdaderamente integral sigue siendo una realidad minoritaria: solo 42 de los 300 pliegos analizados, el 14 %, incluyen al menos la mitad de los 28 criterios evaluados por el Observatorio. De hecho, apenas el 2 % de las administraciones examinadas alcanza el nivel de sostenibilidad integral establecido para el análisis.

En este sentido, la sostenibilidad en la construcción solo puede entenderse desde una perspectiva integral. La Taxonomía Europea ha ampliado este concepto más allá de la eficiencia energética o la reducción de emisiones, incorporando también criterios sociales y de gobernanza en la evaluación de las actividades económicas. Así, una edificación sostenible debe contemplar el conjunto de su ciclo de vida y de su cadena de valor, desde la fabricación de los materiales y el diseño del proyecto hasta la construcción, el uso, el mantenimiento y su desmantelamiento final; todo ello mediante criterios objetivos que permitan medir y verificar su desempeño de forma global.

Miren Tellería, socia responsable del sector inmobiliario en PwC, considera que «los resultados del Observatorio muestran que existe una oportunidad clara para que la contratación pública acelere la transformación sostenible en todas las fases del proceso de construcción y pueda ser el catalizador de un gran cambio a nivel país, donde el sector público empieza abanderando y el sector privado pueda continuar». «Avanzar hacia criterios más equilibrados, medibles y aplicables permitirá mejorar su impacto medioambiental, social y de gobernanza e impulsar la innovación, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de valor», señala.

Por su parte, Yolanda Villaseñor, directora corporativa de Certificación de Producto de AENOR, afirma que «las conclusiones del Observatorio reflejan algunos avances en la incorporación de criterios de sostenibilidad a la contratación pública, pero también ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una visión más integral de la construcción sostenible».

Predominio de los criterios medioambientales

Dentro de las cláusulas medioambientales analizadas, la gestión de residuos es la más frecuente y está presente en el 71 % de las entidades de la muestra. Le siguen la adecuación de la obra al entorno, con un 53 %; el uso de energías renovables, con un 51 %; la eficiencia energética, con un 38 %; la elaboración de un informe ambiental, con un 37 %, y la gestión de emisiones, con un 32 %.

En cambio, las certificaciones ambientales de edificación tienen una presencia prácticamente marginal. Por tanto, la gestión de residuos constituye la principal base de la sostenibilidad ambiental en los pliegos, con exigencias que en muchos casos superan el mínimo normativo. Por el contrario, la escasa presencia de criterios relacionados con los materiales, el uso del agua y las certificaciones ambientales mantiene un enfoque parcial, basado con frecuencia en medidas aisladas.

Una dimensión social todavía ligada al cumplimiento legal

Las cláusulas sociales se concentran en solo tres de las 28 categorías analizadas. La preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad se identifica en el 97 % de las entidades de la muestra y la preferencia por empresas con medidas de igualdad de género, en el 81 %, mientras que las medidas de accesibilidad aparecen en el 12 %.

Los porcentajes de las dos primeras responden principalmente a obligaciones legales y a que suelen utilizarse como criterios de desempate entre ofertas, en lugar de actuar como requisitos con incidencia directa en la ejecución del contrato.

Una gobernanza con poco seguimiento y control

En materia de gobernanza, el Observatorio identifica seis categorías. La gestión de riesgos es la más frecuente y aparece en el 53 % de las entidades analizadas. A continuación, se sitúan la identificación y el estudio de puntos críticos, con un 31 %; la ciberseguridad y la seguridad de la información, con un 19 %; el compliance, con un 17 %; la metodología VDC, Virtual Design and Construction, con un 16 %, y los sistemas Lean Construction, con un 3 %.

El Observatorio destaca que, aunque los licitadores asumen compromisos específicos en sus ofertas, los pliegos y los sistemas de gestión contractual no suelen establecer procedimientos estandarizados para comprobar su cumplimiento durante la ejecución.

Ciclo de vida y materiales

El informe también pone de manifiesto que los pliegos se centran más en el uso del edificio y en el destino de sus componentes al final de su vida útil que en los materiales y en la propia construcción, dos ámbitos clave para reducir su impacto.

De los 28 tipos de cláusulas analizados, solo cuatro se refieren a materiales y ninguno incluye criterios sociales o de gobernanza. Cuando se incluyen requisitos ambientales para los materiales, suelen limitarse al contenido reciclado, presente en el 57 % de los pliegos, y carecen a menudo de parámetros comunes para verificar su cumplimiento.

Siete ámbitos de mejora

A partir de los resultados obtenidos, el informe identifica siete ámbitos prioritarios para reforzar la incorporación de la sostenibilidad en los pliegos de contratación pública. Entre ellos, destaca la necesidad de avanzar hacia una presencia más equilibrada de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, así como de incorporar de forma sistemática aspectos relacionados con los residuos, los materiales, el uso del agua, la energía, las emisiones y las certificaciones ambientales.

El Observatorio también subraya la conveniencia de reforzar la dimensión social mediante requisitos capaces de generar un impacto efectivo más allá del cumplimiento normativo, mejorar la trazabilidad y la supervisión de los compromisos ESG durante la ejecución de los contratos, y dotar las cláusulas de métricas claras, objetivos cuantificables e indicadores verificables. Asimismo, propone aplicar un enfoque integral de ciclo de vida, prestando especial atención a los materiales y a la fase constructiva, y avanzar hacia criterios técnicos más completos para la selección de materiales, incorporando estándares verificables y requisitos de trazabilidad que permitan valorar su huella ambiental, durabilidad, toxicidad y circularidad.