El sector inmobiliario necesita mecanismos de control para la protección de los consumidores y usuarios en la prestación de servicios de intermediación inmobiliaria con la exigencia de requisitos mínimos obligatorios de capacitación y solvencia profesional para ejercer la actividad. El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) reclama medidas de protección en el ámbito legislativo para los consumidores y usuarios en un momento crucial en el que el sector inmobiliario se encuentra con un grave problema de acceso a la vivienda.
La protección para los consumidores y usuarios en el sector inmobiliario requiere la introducción de controles para que los agentes inmobiliarios acrediten unos requisitos básicos para el ejercicio de su actividad. La ausencia de regulación de la actividad profesional en el ámbito inmobiliario está propiciando un permanente perjuicio y vulneración de los derechos y garantías de los consumidores y usuarios que sufren estafas, fraudes y abusos en el derecho a la vivienda, por lo que es prioritario aplicar mecanismos de control.
El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) lo ha reflejado así en las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid durante el trámite de consulta pública. La corporación entiende “la necesidad imperiosa de establecer una herramienta de control donde las agencias y agentes inmobiliarios deban acreditar el cumplimiento de unos requisitos básicos para el ejercicio de su actividad, con el objetivo de responder a la defensa y protección de los derechos de quienes contratan tal tipo de servicios”.
En concreto, COAPIMADRID – AIM solicita el establecimiento en la futura Ley de Protección de los Consumidores de unos requisitos de capacitación profesional, que pasan por disponer de formación y experiencia, así como un seguro de responsabilidad civil y de caución. Acreditar estas condiciones a través de una herramienta de control ofrecería una garantía añadida para los consumidores y usuarios en el mercado inmobiliario.
En un momento crucial en el que el sector inmobiliario se encuentra con un grave problema de acceso a la vivienda, la ausencia de controles agrava las dificultades para la lucha contra el fraude, la protección al consumidor o la conservación del patrimonio de las personas. “Esta situación no contribuye ni responde en absoluto a lograr la necesaria seguridad jurídica a lo largo del proceso precontractual y contractual en las operaciones de compraventa y arrendamiento de vivienda, ni la protección de los consumidores ni de las personas que acceden a una vivienda digna y adecuada, principios básicos que son, precisamente, los que promulga la vigente Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda”, explica COAPIMADRID – AIM en las alegaciones presentadas. Por ello, se reclaman medidas que amparen a los consumidores y usuarios.
