El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 ha sido de 14.756, lo que supone un descenso del 14 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.
Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4 por ciento) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.806 (el 25,79 por ciento) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas.
Estos y otros datos están incluidos en el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Son los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9 por ciento, los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se han reducido en un 6,6 por ciento.
Cataluña (con 3.433, el 23,3 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y Madrid, con 1.637.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, 689; y Murcia, 311.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2019 fue de 18.594, un 9,4 por ciento menos que en mismo trimestre de 2018. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento positivo, con una disminución interanual del 12,1 por ciento.
Durante el segundo trimestre de este año se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un descenso interanual del 46 por ciento.
La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, cifra que representa el 20,4 por ciento del total nacional; le siguen Andalucía (con 740); la Comunidad Valenciana (con 538); Madrid (con 446) y Murcia, con 218.
En el segundo trimestre de 2019, en los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas) se han presentado un total de 32.538 asuntos; se han resuelto 38.521 y han quedado en tramitación 255.247. Las sentencias dictadas han ascendido a 31.630, de las que el 96,6 por ciento han sido estimatorias.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.
Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el segundo trimestre de 2019, han ingresado 953 y se han resuelto 772. El mayor número de demandas (254), que representan el 26,7 por ciento del total nacional, se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía, con 221; Madrid, con 92, y la Comunidad Valenciana, con 90.
