La Xunta de Galicia ha cuantificado en casi 5.000 el número de edificaciones que se verán afectadas, íntegra o parcialmente, por la modificación del Reglamento de la Ley de Costas que está tramitando el Gobierno del Estado.
Esta es una de las conclusiones que la Xunta ha trasladado a los miembros de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) en una reunión en la que participaron las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, y el vicepresidente primero, Alfonso Villares Bermúdez, en representación de la Fegamp.
La conselleira señaló que a lo largo de este días la Xunta inició un trabajo al por menor para conocer la afición de esta modificación en los 80 ayuntamientos costeros de Galicia, es decir, en los 2.500 kilómetros de costa que tiene Galicia.
Explicó que el Instituto de Estudios del Territorio, identificó en Galicia existen un total de 4.934 edificaciones que están integra o parcialmente en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre; entre las que se encuentran no solo empresas, sino también depuradoras, colegios, escuelas infantiles; por lo que defendió la necesidad y urgencia de que la Fegamp traslade esta información a las entidades municipales para advertirlos del posible incidente en sus territorios.
Argumentó que -a pesar de que ya no se pueden presentar alegatos- aún hace tiempo para frenar esta situación y no seguir adelante con la modificación que plantea el Ministerio de Transición Ecológica; sobre todo porque el perjuicio para Galicia es mucho y va más allá del económico, ya que también hay un perjuicio sanitario, social y educativo.
Ambas conselleiras destacaron que la Xunta quiere ir de la mano de los ayuntamientos, que deben saber y ser conocedores de hasta dónde puede afectar la modificación del Reglamento en su ayuntamiento.
Indicaron que esta actitud contrasta con la del Gobierno del Estado que dieron el silencio por respuesta a la demanda de la Xunta de ampliar el plazo para la presentación de alegatos a un cambio normativo que contraviene una norma con rango de ley.
Por su parte, la conselleira del Mar indicó que su departamento sigue trabajando para conocer al detalle el alcance y el impacto en el tejido empresarial gallego, aunque ya tenemos la firmeza de que afectan a 100 empresas vinculadas a la cadena mar-industria (depuradora, cetáreas, fábricas de conservas…).
Rosa Quintana indicó que la redacción de la modificación del Reglamento no es lo suficientemente clara, por lo que no se conoce el impacto real; pues también se podrán ver afectados los parques de cultivo y las bateas.
Recordó que el año pasado -coincidiendo con el hecho de que la Ley de 2013 que permitía otorgar concesiones de hasta un máximo de 50 años- su departamento aprovechó la ley de acompañamiento de presupuestos para dar la posibilidad de que todos los titulares de establecimientos de acuicultura se pudiesen beneficiar de dicha prórroga de los 50 años.
En la actualidad, la Consellería del Mar está revisando de oficio todas las concesiones para determinar sí se puede otorgar dicta prórroga. Aclaró que con la nueva redacción del Reglamento, «no se sabe si estas se pueden dar o no».
En ese sentido, señaló que el impacto real que hoy se conoce es sobre 100 empresas, que están ubicadas (total o parcialmente) en DPMT, ya sea porque tienen un paso por esta zona o porque pasan sus tuberías; o -si por el contrario- esta modificación también afectará a los períodos máximos de concesión de los parques de cultivos, que solo en la zona de Carril se identifican 1.600 parques de cultivo, y de las bateas, por lo que también podrían estar afectadas 3.500 explotaciones.
Por último, recordaron que la Xunta presentó alegatos a la modificación, que -en opinión de Vázquez Mejuto- se tramita a toda prisa, por la puerta de atrás y sin contar con las comunidades autónomas, para justificar su postura sobre el allanamiento de Ence.
