El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado iniciar la tramitación de la iniciativa de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
La norma tiene como objetivo «la regulación del derecho de uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, así como el acceso a los suministros básicos (…) con especial atención a los grupos sociales en situación o riesgo de exclusión».
Para ello la proposición plantea medidas como la dación en pago, que la Administración garantice el realojo de todas las personas en situación de exclusión residencial que sufran un desahucio o mejorar la estabilidad de los alquileres con el aumento del plazo de los contratos de arrendamiento.
El texto también propone que las entidades privadas del sector financiero que han recibido ayudas públicas deberán realizar una «necesaria contraprestación social» a la hora de evitar desahucios y ofrecer alternativas a personas en riesgo de exclusión.
La iniciativa viene determinada por el estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, la ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en máximos históricos, así como una deficiente supervisión por parte del Banco de España, empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse.
Este endeudamiento de las familias respecto a las rentas disponibles ocupa los primeros puestos del ranking internacional. Así, el sobreendeudamiento de las clases medias y de los sectores más vulnerables se convirtió en una de las formas principales para acceder a una vivienda.
Todo ello acompañado de prácticas que hasta el día de hoy han sido calificadas —cuanto menos— de abusivas, incluso por los tribunales. A mayor abundamiento, la falta clamorosa de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía española ha favorecido la tendencia al sobreendeudamiento y al sobreesfuerzo económico para disponer de un hogar.
España tiene un parque de viviendas públicas de alquiler prácticamente inexistentes: el porcentaje de viviendas de alquiler social no alcanza al 2 % del total, cuando la media de la UE está entre el 15 % y el 18 %.
