El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comparecido en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
Ábalos ha anunciado que la actividad del Departamento se enmarcará en los objetivos y las prioridades de la política económica del Gobierno: crecimiento robusto, sostenible e inclusivo, «con una clara orientación a mejorar la calidad de vida de las personas, incrementar la cohesión social y territorial y apuntar hacia la economía productiva».
El ministro ha destacado que «los principales retos pendientes se encuentran en el ámbito de la desigualdad y la pobreza, del mercado de trabajo, de la educación y de la productividad».
Por lo que a la política de Vivienda se refiere, Ábalos aludió a la constitución de un Grupo de Trabajo Interministerial específicamente dirigido a desarrollar un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Lo más destacado, el plan que impulsará la promoción de 20.000 viviendas en el plazo de cuatro/seis años, destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con renta o precio limitado, en aquellos municipios y localizaciones, con demanda acreditada, en los que el precio del alquiler se está incrementando con mayor intensidad.
También abogó por el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para facilitar el ejercicio de las competencias en materia de vivienda y ofrecer todo el apoyo e impulso institucional del Estado.
De cara a la mejora del marco regulatorio del alquiler, se va a promover en sede parlamentaria una modificación que aborde varias cuestiones. Entre ellas, la duración de los contratos, ampliando los plazos de prórroga obligatoria y tácita de los contratos de arrendamiento, recuperando los plazos establecidos en la Ley de 1994.
Sobre el régimen de garantías, el objetivo pasa por regular el importe de las garantías adicionales a las fianzas en los contratos de arrendamientos, estableciendo límites razonables con objeto de mejorar el acceso a la vivienda en alquiler, limitando las exigencias al arrendatario al suscribir el contrato del alquiler.
Para propiciar la seguridad jurídica se establecerá que, en caso de transmisión de una vivienda arrendada, el nuevo propietario deba respetar el contrato de arrendamiento vigente, aunque éste no se halle inscrito en el Registro de la Propiedad, recuperando la estabilidad y certidumbre del arrendatario en el marco del contrato suscrito con el propietario de la vivienda.
Asimismo, en cuanto a la mejora del régimen fiscal de la vivienda se avanzará en una reforma que contribuya a estimular la oferta de vivienda en alquiler, a la moderación de los precios o a la rehabilitación edificatoria, y ello en el ámbito del IRPF, del IVA, o de otros tributos.
Otras cuestiones a desarrollar pasarían por una mayor coordinación con servicios sociales en materia de desahucios, la optimización del uso del parque de vivienda existente, lo que también incluirá la definición de vivienda vacía y vivienda turística o la mejora y reorientación del Plan Estatal 2018-2021, de cara a adaptarse a las nuevas directrices y refleje el impulso de la política de vivienda, en tres vías: la mejora presupuestaria para los ejercicios 2019-21, la revisión de los ocho programas de subvenciones, en particular, el programa de ayudas a los jóvenes, y el estudio de programas adicionales, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y la adecuación del actual catálogo de programas del Plan con objeto de identificar posibles ámbitos que requieran la creación de nuevos programas de ayuda.
