El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria señala que, ocho años después de la anterior burbuja, no se ha legislado para evitar otra.
El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria alerta de que se están repitiendo en los últimos meses muchos de los síntomas que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria en España. El mercado inmobiliario está viviendo el incremento del precio de las viviendas duplicando o triplicando otros índices referenciales de la economía, la aceleración del incremento del número de compraventas, la apertura indiscriminada de inmobiliarias y las hipotecas por el 100% del valor de las viviendas, con endeudamientos familiares superiores al 40% de sus recursos netos. Ante esta situación, los API solicitan al Gobierno que se empiece a tramitar de forma urgente una normativa específica sobre el mercado de la vivienda que evite una nueva burbuja y las nefastas consecuencias que trajo para miles de familias en todo el país.
«El ciclo inmobiliario ha vuelto a cambiar y se ha acelerado en los últimos meses. Esto se ha traducido en que vuelven a proliferar oficinas inmobiliarias sin ningún tipo de control que, compitiendo al alza con la valoración de captación, provocan una ‘inflación primaria’ que tiene unos efectos perversos en el mercado. Oficinas inmobiliarias que no ofrecen garantía alguna al consumidor ya que desde el año 2000 no se exige ninguna cualificación, ni tan siquiera saber leer y escribir,», afirma José Luis Polo, vocal del Consejo General API. En este sentido, critica que, ocho años después del estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, no se ha movido un dedo en materia legislativa para evitar que se cometan los mismos errores. Polo opina que el mercado no tiene capacidad autoregulatoria alguna y cree necesaria «una intervención decidida para que no se vuelva a repetir una situación traumática a nivel económico y social».
El Consejo General API pide que la regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario sea mucho más transparente. Para ello, es fundamental que no se produzca una relajación de las condiciones de concesión de préstamos hipotecarios, a la vez que es necesario vigilar que la banca no otorgue financiación a proyectos en zonas sin demanda de vivienda nueva, sin el necesario número de preventas o en suelos sin licencia.
Además, los API opinan que si no se quiere reproducir los errores del pasado, es necesario acometer la regulación de los agentes que operan en cada fase de mercado inmobiliario asignado obligaciones y delimitando las responsabilidades. «Se debe limitar el ámbito de actuación de la banca a las labores financieras, desconectándola definitivamente de sus filiales inmobiliarias y de sus filiales tasadoras», incide.
Por otra parte, José Luis Polo manifiesta que es necesario un consumidor mucho más informado de sus derechos y del funcionamiento del mercado de la vivienda. Por ello, reclama que la legislación garantice una mayor transparencia del mercado inmobiliario en el momento «precontractual» de la toma de decisión, regulando con precisión la información básica que hay que trasladar a los compradores y arrendatarios de viviendas. Los responsables del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se han reunido en los últimos meses con la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria, a los que han expuesto esta problemática y han solicitado la puesta en marcha de una normativa estatal en la materia.
