La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos ha visitado hoy la primera fase del proyecto de regeneración ambiental y paisajística del Alto del Cuco, consistente en la demolición de las viviendas ilegales construidas en el Alta del Cuco, en Piélagos. Díaz Tezanos ha recordado que la ejecución de la sentencia en lo referido a la demolición ha supuesto una inversión de 935.000 euros y ha contado con un plazo de ejecución de 6 meses.
La vicepresidenta y su equipo han inspeccionado los resultados de los trabajos que se ha prolongado tres semanas más del plazo inicialmente previsto, con el fin de abordar el cierre perimetral de la zona, una mejora que no estaba contemplada en el proyecto original.
El Gobierno de Cantabria ya trabaja en la elaboración del proyecto de la segunda fase de la ejecución de la sentencia de demolición del Alto del Cuco, en Piélagos, destinada a la restauración y rehabilitación ambiental de esta zona, según ha señalado Eva Díaz Tezanos, en el transcurso de la visita a la demolición de esta urbanización ilegal.
Díaz Tezanos ha señalado que desde su departamento se está reajustando el proyecto inicial con el fin de que el resultado final sea «lo más parecido posible a la situación de esta ladera, antes de la ejecución de las obras ilegales urbanísticamente». La vicepresidenta ha señalado que para abordar este proyecto se han mantenido conversaciones con los representantes de ARCA para manifestarles la intención del Ejecutivo regional de acometer esa segunda fase, que es «decisiva para que los terrenos recuperen el aspecto más naturalizado posible», una propuesta que ha contado con la aprobación de la asociación ecologista.
Según ha señalado Eva Díaz Tezanos el objetivo es que esta segunda fase esté «lo antes posible definida para que se pueda acometer también lo antes posible».
Asimismo, ha recordado que en esta zona estaba proyectada la ejecución de 400 viviendas de diversa tipología y que, en el mes de agosto de 2016, comenzó el derribo de 214 viviendas que se ejecutaron antes de la sentencia firme de derribo. En este sentido, ha señalado que a su llegada al Ejecutivo regional, en verano de 2015, el actual equipo de Gobierno se encontró «un proyecto inejecutado por falta de voluntad política por parte del Gobierno del Partido Popular», por lo que desde la Dirección de Urbanismo se iniciaron los trabajos para ejecutar la sentencia judicial «sin ningún tipo de dilación», máxime al tratarse de una urbanización en la que no había terceros afectados ni adquirientes de buena fe que estuvieran residiendo en la misma, y al considerar que la misma no iba a tener encaje en futuros planeamientos.
«Estamos regularizando una situación ilegal urbanísticamente cuyo responsable fue la anterior corporación del PP y en la que no se había ejecutado una restauración porque no había una voluntad política, algo que sin embargo este Gobierno tiene», ha precisado. Para llevar a cabo esta actuación la vicepresidenta ha considerado como «elemento determinante» el papel del Ayuntamiento de Piélagos y su alcaldesa, ya que desde el principio han tenido «la clara voluntad política de dar ejecución a esta sentencia de demolición» para lo que ambas instituciones han trabajado «estrecha y coordinadamente».
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos firmaron un convenio por el que el Ejecutivo adelantaba los 3,7 millones de euros que eran necesarios para ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo y el consistorio reintegraría la totalidad de esa cantidad a lo largo de 10 años, con un interés del 1% a partir de 2017.
Por su parte la alcaldesa, Verónica Samperio, ha manifestado que «había una sentencia y había que hacer frente a ella» y por eso nada más llegar al Gobierno «nos pusimos a trabajar conjuntamente». Ha señalado que desde el consistorio ya se ha hecho frente al pago del importe adeudado correspondiente al primer año y ha asegurado que gracias a este convenio se han enfrentado «al mejor de los escenarios posibles», ya que sin el convenio sería el Ayuntamiento el que tendrían que hacer frente a los gastos en solitario.
