El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria está manteniendo una serie de reuniones con los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados con el fin de transmitirles la necesidad de que exista un marco jurídico de protección integral del consumidor y usuario inmobiliario. De esta forma, el presidente del Consejo General API, Diego Galiano, acaba de mantener un encuentro con Pedro Saura, portavoz socialista de Economía en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Galiano ha indicado en esta reunión que es necesaria una regulación de ámbito estatal del contrato de mediación o corretaje, identificando y registrando a los agentes inmobiliarios que acrediten conocimientos, capacitación y garantías suficientes, reforzando todas sus obligaciones y responsabilidades en el negocio jurídico inmobiliario, especialmente la de información veraz y completa. «Se está debatiendo en el Parlamento para legislar en torno a la transparencia financiera, e incompresiblemente se olvidan de algo que va muy vinculado, como es la transparencia y protección inmobiliaria al ciudadano que compra o alquila una vivienda», señala Diego Galiano. Es esencial dotar de seguridad jurídica al momento del consenso de voluntades, en el que interviene normalmente un intermediario, previo a la intervención notarial.
Mientras la Constitución atribuye una función social a la vivienda y recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sin embargo los poderes públicos no controlan en absoluto la vía de «acceso» a la vivienda, permitiendo que cualquier persona, aun sin saber leer ni escribir, pueda participar en ese complejo proceso, y dejando así indefensos a los ciudadanos. «Hay que erradicar la mala praxis inmobiliaria y los abusos, y eso pasa forzosamente por un control administrativo sobre los agentes inmobiliarios, como ocurre en casi todos los países de la UE», afirma.
«No es más competitivo un mercado sin normas, eso es un error. Solo con un marco ordenado se fomenta la competitividad. La Unión Europea exige que en las actividades donde exista asimetría informativa, como es la del sector inmobiliario, debe intervenir forzosamente el Estado para regular, manifiesta el presidente del Consejo General de Colegios API.
El encuentro ha sido sumamente positivo para el portavoz de Economía del PSOE, quien se ha hecho eco de estas reivindicaciones y las trasladará a su grupo parlamentario para analizar el sector de la intermediación y trabajar sobre ello.
