Dos años son muchos años para el sector de los apartamentos turísticos de Barcelona. Saben que, en esta historia de la sobreabundancia de oferta, tanto legal como ilegal, están pagando justos por pecadores.
Por ello, desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) han vuelto a demandar al Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau -que mantuvo la medida impuesta por el anterior equipo de gobierno encabezado por Xavier Trias- que ponga fin a la moratoria que impide obtener nuevos permisos para alquilar un inmueble a turistas de forma habitual.
La oferta legal de pisos turísticos en la ciudad condal es de 9.938 inmuebles, según consta en el Registro de Empresas Turísticas de la Generalitat de Catalunya, pero un simple vistazo a páginas como Airbnb revela que la cifra real es mucho más abultada, de alrededor de diez millares más.
Páginas que permiten visualizar todas las viviendas turísticas de la ciudad alojadas en el portal e incluso estimar cuántas noches al año están ocupadas y la cantidad de dinero que perciben sus propietarios de los turistas.
A la vista de esta oferta, los responsables de Apartur destacan que la demanda de viviendas para visitantes en la capital catalana desborda con creces la oferta actual de inmuebles con licencia para ofrecer este servicio. Una diferencias que se está complementando con oferta ilegal.
Pero, de momento, los lamentos de los empresarios están cayendo en saco roto. La postura del Consistorio barcelonés dista mucho de coincidir con la de la patronal del sector. El Ayuntamiento, en este asunto, sigue llevando a cabo un programa de inspecciones por el que en julio se ordenó el cierre de 256 viviendas y que permite a los vecinos denunciar la existencia de pisos sin licencia.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ultima la nueva Ley de Turismo con la que abrirá la puerta al alquiler por días, ilegal en la actualidad.
Esta modalidad de alojamiento -de la que en Barcelona se ofrecen 9.000 plazas solo en el portal Airbnb- es el origen del portal insignia de la autodenominada economía colaborativa. Esto significa que cerca de la mitad de la oferta de alojamientos en situación irregular podría normalizarse con la nueva legislación.
Los responsables de Apartur defienden que, a la hora de conceder nuevas licencias, se tengan en cuenta factores como la saturación de los distritos de Ciutat Vella o Eixample, así como el impacto en el precio del alquiler residencial, en referencia al hecho de que que el 90% de las ofertas de pisos en Barcelona se sitúa por encima de los 800 euros.
