Además del fomento del alquiler y la rehabilitación, contemplados como ejes del plan estatal de Vivienda, la Junta de Andalucía ha unido al suyo, como otro objetivo principal, el de la lucha contra los desahucios.
Son los tres pilares sobre los que se asienta el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que acaba de aprobar el Gobierno andaluz y que prevé el desarrollo de 188.545 actuaciones, movilizando una inversión pública de unos 730 millones de euros.
El plan contará con una aportación autonómica de 385 millones de euros, a los que se sumarán 100 millones más procedentes de la Agencia de Vivenda y Rehabilitación de Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles. A estas cifras se añaden 59,2 millones en 2016 del plan estatal, que expira este año. No obstante, se confía en financiación adicional, cercana a los 200 millones hasta 2020,
El plan aboga por el fomento del acceso a la vivienda mediante alquiler o alquiler con opción a compra, al resultar el modelo más demandado en el 70% de los casos y el que mejor se adapta a la realidad socioeconómica actual.
En este sentido, se prevé el desarrollo de 32.200 actuaciones con una inversión de 58,53 millones. La mayor parte, hasta 50 millones, será para ayudas a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40% de la renta del alquiler. La convocatoria de 2016, abierta para la presentación de solicitudes hasta el 5 de agosto, cuenta con una dotación de 16,3 millones.
Del mismo modo, se destinarán ocho millones para ayudas a organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro que fomenten el alquiler asequible para familias desfavorecidas. Igualmente se incentivará la intermediación de agentes colaboradores con respecto a la bolsa de viviendas vacías y edificios deshabitados existente en el mercado. En esta línea se incluye el reciente acuerdo firmado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB,) que permitirá a la Junta gestionar 400 viviendas vacías y en desuso.
En cuanto a la rehabilitación, el nuevo plan pretende facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad más sostenible con actuaciones que beneficiarán a más de 96.000 personas en materia de eficiencia energética, adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de inmuebles de interés urbano y patrimonial. El 51% del parque residencial andaluz tiene más de 35 años de antigüedad.
Este ámbito, dotado con 228 millones, se divide en tres grandes líneas de ayudas. La primera, a la rehabilitación residencial, incluye la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de edificios y viviendas con una población estimada de 95.000 personas.
El Plan también fija como finalidad prioritaria el impulso de medidas destinadas a impedir la pérdida de la vivienda por motivos económicos y evitar así el riesgo de exclusión social para las personas afectadas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 3,6 de cada 1.000 familias en Andalucía se ven obligadas a abandonar sus viviendas como fruto de una ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, frente a los 4,4 casos que se registran en el conjunto del país.
Entre las iniciativas a poner en marcha destaca el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, un nuevo programa que entrará en funcionamiento en septiembre de manera gratuita para la ciudadanía y que se adapta a la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.
