El nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana tiene claras las líneas maestras sobre las que debe transitar el nuevo modelo urbanístico y territorial de la región, pero quiere contar con el refrendo de los expertos para integrar cualquier idea que pueda ser recogida en la próxima reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la LOTUP, aprobada en julio de 2014.
Con esa idea, la Conselleria de Vivienda, Obras Púbicas y Vertebración del Territorio, que dirige María José Salvador, ha citado a una veintena de arquitectos, urbanistas y otras áreas multidisciplinares, con los que iniciar la hoja de ruta que tiene como objetivos la ordenación del territorio de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
En este sentido, se apuesta por un urbanismo centrado en la ciudad consolidada, que recupere plenamente su condición de función pública, que sea transparente y favorezca el nuevo modelo económico. Un territorio que resulte más equilibrado y que favorezca los procesos ecológicos y la calidad de vida de la personas.
En este proceso, la llamada a los expertos se enmarca en requerir de ellos la aportación de algunas directrices y propuestas necesarias para incorporar a la reforma de la ley urbanística. La modificación de la ley pretende que sea el corolario de las actuaciones que se han venido llevando a cabo en los seis primeros meses de gestión, con decisiones como haber dotado a la Estrategia Territorial Valenciana de un carácter vinculante para que sea la base real del planeamiento que impida futuros crecimientos no justificados.
También se ha iniciado un proceso de desclasificación del suelo, con consenso municipal y preservando la seguridad jurídica. En este sentido, a través de las Comisiones Territoriales de Urbanismo se han reclasificado 8 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para adaptarse a la nueva política de racionalización del uso del suelo y la protección del medio ambiente. Algo que ha impedido la construcción de más de 25.000 viviendas, a todas luces innecesarias dado el ingente excedente de inmuebles que restan por vender en toda la región.
Además, como las competencias para la desclasificación del suelo de la Generalitat, aplicando un criterio territorial supramunicipal, requieren de instrumentos como los Planes de Acción Territorial, se ha iniciado la tramitación de los más urgentes como el Patricova que determina las zonas de riesgo de inundabilidad, el Plan de Acción Territorial del Litoral (Pativel) y se van a iniciar próximamente la tramitación del Plan de l’Horta y de los planes metropolitanos.
