Ha costado lo suyo. Nada menos que seis meses desde que, el pasado mes de septiembre, se reunieran responsables de la Sareb y de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, para ver si, definitivamente, ambas partes llegaban a un acuerdo sobre la cesión de viviendas del banco malo para ser destinadas a alquiler social.
Si nada se tuerce, que nunca se sabe, está previsto que durante el presente mes de febrero se firme el convenio definitivo de la cesión de 400 pisos, tras culminar los responsables de la Consejería la revisión llevada a cabo sobre las características de habitabilidad de las viviendas.
La oferta presentada se ubica en 78 municipios de las ocho provincias andaluzas, incluidas las ocho capitales, por lo que se corresponde con los puntos de la comunidad con mayor demanda de vivienda y responde así a una exigencia planteada a esta sociedad por la Junta de Andalucía.
En contraprestación por la cesión temporal de los 400 pisos, la Consejería de Fomento y Vivienda deberá abonar por cada uno de ellos una cuantía fija que se establece en 125 euros al mes si está vacío y en 75 euros si la vivienda está ocupada por sus propietarios originarios.
En estos últimos casos, la Junta deberá regularizar la situación de esas familias a través de un contrato de alquiler social, con el fin de normalizar su estancia y darles garantía jurídica. Los inmuebles que se cederán se encuentran en su mayoría libres -solo están ocupados 58-, una situación que contrasta con el resto de comunidades con las que la Sareb ha firmado el convenio, donde la proporción es mayor.
Una vez firmado el convenio, las viviendas vacías pasarán a ser gestionadas temporalmente en régimen de alquiler por la Consejería y serán puestas a disposición de las familias andaluzas que más las necesiten, con carácter general, a través de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.
No obstante, la Consejería tendrá la potestad de destinar esos activos cedidos al alojamiento de personas en especiales circunstancias de protección, suscribiendo a tal efecto los correspondientes convenios de colaboración con el resto de la Administración de la Junta o con los municipios afectados.
Las rentas mensuales que deberán abonar los futuros inquilinos de las viviendas serán asequibles y se ajustarán a las condiciones económicas de las familias con menos recursos, garantizando que ese importe no supere el 30% de los ingresos netos actuales de la unidad familiar. Si las viviendas que se cederán necesitaran de obras de adecuación para ponerlas a disposición de las familias, los gastos deberán correr a cargo de la Sareb y la Consejería.
