El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha admitido a trámite el escrito de Reyal Urbis y de su Administración Concursal para iniciar un periodo de consultas, para tramitar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de los contratos de los 67 empleados que restan en la plantilla.
Está previsto que dicho periodo de consultas, que se inicia el próximo viernes, no se alargará más de un mes. En principio, las condiciones de las indemnizaciones por despido serán las mismas que se firmaron en el ERE de mayo de 2014. Es decir, 33 días por año trabajado con un máximo de 22 mensualidades.
Con esta medida, la empresa presidida por Rafael Santamaría permite una salida a los empleados antes de ir a liquidación, el único camino al que parece abocado tras el último auto del juez Francisco Javier Vaquer Martín, magistrado de ese juagado 6 de lo Mercantil de Madrid, en el que le viene a decir a la inmobiliaria que se abstenga de recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la inadmisión de la propuesta de convenio de acreedores, porque no tiene viso alguno de prosperar.
Esa fue la respuesta del magistrado a los recursos de aclaración formulados, tanto por la inmobiliaria como por el fondo Appaloosa -comprador de la deuda de 450 millones de euros de la que era titular Barclays-, tras el auto del propio juez que, el pasado 21 de septiembre, inadmitía a trámite la propuesta de convenio de acreedores presentada por la empresa presidida por Rafael Santamaría.
Decía el juez a los recurrentes que no tiene nada que aclarar, porque lo que pretenden es variar el sentido de la resolución dictada, algo que excede el sentido jurídico de este recurso, limitado a «aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material».
Martín Vaquer decidió inadmitir la propuesta de convenio ante lo poco consistentes que, a su juicio, resultaban las subsanaciones que la empresa había introducido al primer documento remitido. Inconsistencia que convertía en inviable el plan de pagos contemplado para hacer frente a ese actual pasivo de 4.500 millones de euros.
Básicamente, porque Reyal Urbis no subsanaba prácticamente nada y, en líneas generales, tras dar por sentado que no podría devolver ese pasivo, volvía a plantear a los acreedores una quita del 80%. Y limitada a los 3.500 millones que adeuda a Sareb y a una veintena de entidades financieras, la mitad extranjeras. Tampoco vio aclaradas las dudas relativas a cómo iba a ser capaz Reyal Urbis de generar ingresos para pagar los 500 millones que adeuda a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, a comunidades autónomas y a ayuntamientos.
