Ciudadanos carga el arma y PSPV, Compromís y Podemos le dan al gatillo, mientras el PP forcejea y acaba disparándose en el pie, pero entre todos juntos, los 99 diputados de Les Corts, el parlamento de la Comunitat Valenciana, no han sido capaces ni de centrar el blanco al que debían disparar. Carolina Punset hace bandera de su lucha contra la urbanización salvaje, pero el discurso, que no descarto que le pueda dar una reacción electoral positiva para su formación, se queda en el populismo, mientras en la grada, los profesionales del urbanismo andamos algo atónitos de la incapacidad de un parlamento lleno de juristas para entender las bases de nuestra normativa urbanística.
El debate, de barra de bar, se centra en reclasificar el suelo urbanizable con PAI (Programa de Actuación Integrada, es decir, el instrumento que permite la transformación física y jurídico-registral de una configuración rural previa a una urbana del territorio ordenado) aprobado, pero no por la importancia real de esos espacios frente a otros, sino porque PAI es sinónimo en el vocabulario popular de especulación inmobiliaria y edificación excesiva. Que, en la práctica, el suelo programado sea el menor de los problemas del urbanismo valenciano -y del español-, no importa tanto como que, de los titulares de la prensa, se desprenda que la nueva política hace una lucha sin cuartel contra los años del ladrillo.
Pero la realidad es otra. Por una parte, porque nos encontramos dos situaciones mucho más preocupantes que la del suelo urbanizable programado (o, en terminología correcta, con PAI aprobado): tenemos esa inmensa superficie de suelo clasificado como urbanizable en muchos municipios al calor de la burbuja, muy por encima de las necesidades reales de consumo de suelo y de lo que habría permitido la Estrategia Territorial valenciana -aprobada en 2011-, y que en su mayoría no está programado porque se trataban de desarrollos urbanísticos que sólo cabían en las mentes megalómanas de alcaldes marcianos; y, también, y lo que es peor, lo que algunos han llamado muy acertadamente «desiertos urbanos», es decir, el suelo ya urbano, porque ha sido urbanizado -con viario, iluminación, etc.-, pero que no está edificado o lo está en un porcentaje bajísimo, requiriendo de gasto público para un mantenimiento y servicios que, en la práctica, nadie utiliza. Por otra parte, porque mientras la ofensiva política se centra en los PAI aprobados en vez de en los otros dos supuestos de mucha mayor urgencia, se ignora que el coste para las arcas públicas de la imposible reversión a su estado original de esos suelos -nunca volverían a ser lo que fueron, sino meros solares-, supondría cientos de millones de euros en indemnizaciones y obras a cargo de las arcas públicas de las administraciones valencianas. En cambio, atacar lo importante es gratis -o casi-. Y de eso, nadie habla.
Parece mentira que en el parlamento valenciano en pleno nadie se haya dado cuenta de que para la necesaria reclasificación a suelo no urbanizable de una inmensa mayoría del suelo urbanizable sin programa no hacen falta debates, ni iniciativas, ni reformas legales -como exigen algunos grupos-, sino sólo voluntad política en el gobierno de la Generalitat, quien tiene en sus manos la capacidad para aprobar y modificar los planes, para lo que no estará de más el apoyo de las corporaciones locales que, mayoritariamente, comparten color político con la administración autonómica. Basta redactar y aprobar un plan territorial de ámbito autonómico de adaptación de la ordenación urbanística valenciana a la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que puede, porque así se ha manifestado en otras comunidades autónomas, bajar hasta la clasificación de suelo sin, por ello, atacar la autonomía local constitucionalmente protegida, como señaló la Sala 3ª del Tribunal Supremo en su Sentencia del 16 de enero de 2013; un instrumento que, estando previsto en la novísima Ley valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que entró en vigor en agosto de 2014, no requiere de ninguna modificación normativa. Y tampoco se comprende que los diputados valencianos, tan interesados como parecen en este tema como para enzarzarse en acaloradas peleas en el Palau dels Borja, hayan ignorado el problema real y urgente de los desiertos urbanos, a los que ya he hecho mención, que tienen un alto coste para las arcas públicas, cuando algunos -como Parc Sagunt o la ZAL de Valencia- están incluso en manos de las administraciones.
Parece que los luceros de la nueva política no se diferencian tanto de los de la vieja, al menos, no en lo que respecta a ser honrados y leales marcando la agenda y estableciendo debates torticeros que no conducen a ninguna parte, con mero interés electoral. Cuando la materia es de tanta importancia como el futuro de nuestro territorio, los votantes esperamos una responsabilidad añadida que tiene que verse, también, en la calidad de las soluciones que se aportan, en su grado de consenso y en cómo se han articulado contando con la ciudadanía y con los actores implicados. Y si, en vez de ser así, se van a repetir los tics de siempre, nos tendrán que explicar qué hay de nuevo en lo nuevo, además del color del escenario.
