Evidentemente el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras resulta insuficiente, como se ha demostrado, para aplicar las medidas necesarias para negociar, estructurar deuda y evitar el desahucio en el minuto cero del proceso, pero ese debe ser el objetivo al que, según los responsables del nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana, quieren llegar. Sobre un problema que no es un simple asunto privado entre un particular y un banco, sino que se entronca con el derecho subjetivo a la vivienda.
Y por eso, desde la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, recordaba su titular, María José Salvador, en la inauguración en Alicante de la jornada ‘Construyendo el Derecho a la Vivienda’, organizada por la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, que la responsabilidad primera está en el Gobierno central al ser necesaria la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria para abordar la grave problemática existente a la vista de los datos.
Si con todo, no se logra y, al final, se llega al desahucio, entrarían en funcionamiento otros mecanismos para paliar la situación de desamparo en la que quedan las personas desahuciadas. En este, se enmarcaría la Ley de la Función Social de la Vivienda que se tramita en Valencia y la aplicación de medidas de choque que no pueden esperar a que el nuevo marco legal esté aprobado, como una moratoria para que no haya ningún desahucio de primera vivienda hasta que la ley se apruebe.
En esa ley se está estudiando incluir un mecanismo sancionador subsidiario para los bancos que voluntariamente no pongan a disposición las viviendas que se consideren legalmente deshabitadas y desocupadas y, en el caso los particulares, se están buscando incentivos para que alquilen las viviendas vacías, como pueden ser las ayudas de emergencia que se están arbitrando para cubrir los gastos de alquiler de aquellas personas que no puedan pagar ni siquiera el alquiler social.
El déficit de viviendas públicas para atender estas necesidades se relaciona con la existencia de unas 700 viviendas que no estén disponibles por el mal estado de conservación en el que se encuentran, y cuyas reformas necesitan tiempo y dinero. Y no hay ni lo uno ni lo otro.
Para financiar estas reformas, se va a echar mano del programa operativo de Fondos Feder 2014-2020, presentando proyectos de rehabilitación de eficiencia energética y en materia de barrios degradados, como existen en Alicante y en otras ciudades de la Comunidad de Valenciana, además de los recursos disponibles del Plan Estatal de Vivienda para la Rehabilitación.
