Ahora que está a punto el Tribunal Supremo de pronunciarse definitivamente sobre la legalidad o no del hotel El Algarrobico, construido en la playa almeriense de Carboneras, para determinar, de una vez por todas, qué se hace con la mole erigida en este emplazamiento, en Andalucía buscan acelerar la tramitación del Plan de Protección del Corredor Litoral, que precisamente pretende evitar que actuaciones como la del establecimiento promovido por la inmobiliaria Azata puedan llevarse a cabo.
De haber contado hace diez años con un instrumento como este nada hubiera sucedido. De entrada, ni remotamente se hubiera planteado el proyecto, ya que el plan de protección del litoral -que cuenta con el máximo consenso administrativo, y que ya ha recogido unas 3.500 alegaciones por parte de los municipios afectados, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales, universidades y ciudadanos- busca precisamente evitar tamañas actuaciones.
Enmarcado en el decreto ley de medidas urgentes de 2012 para garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera, el plan tiene como objeto completar y unificar la ordenación establecida por los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Afecta a los 62 municipios litorales, incluyendo los terrenos comprendidos en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de conservación.
Su aplicación se extenderá sobre una franja con una extensión aproximada de 50.000 hectáreas y una longitud de costa de 859 kilómetros, quedando fuera los suelos urbanos para no paralizar su crecimiento natural (de hecho, se podrán construir unas 600.000 viviendas si hicieran falta), los terrenos calificados como sistema general portuario y aeroportuario y los suelos adscritos a la defensa natural. Su consolidación supondrá aumentar la superficie protegida en estas zonas de 19.000 a 27.000 hectáreas.
Tras las alegaciones recibidas en la fase de información pública, toca ahora redactar un plan especial para implantar las actuaciones de interés público y recoger medidas de regeneración ambiental y paisajística en los terrenos protegidos en la segunda y tercera categoría de protección.
En la provincia de Huelva se protegerán los arenales costeros que contribuyen a la estabilización de los suelos y al mantenimiento de las playas, mientras que en la Bahía de Cádiz, con áreas estratégicas para amortiguar la presión del núcleo urbano sobre la marisma y la costa protegida, se ven afectados suelos de Puerto Real y San Fernando, y en Conil, Vejer de la Frontera y Barbate se reforzará la protección ya establecida.
En la zona de El Palmar o Zahora, donde los crecimientos urbanísticos irregulares han desalojado prácticamente los usos agrarios originales, se protege el suelo no urbanizable para no intensificar la ocupación urbanística del litoral.
En el tramo de la costa tropical de Granada, las medidas de protección se centran en aquellos espacios no ocupados, así como en reforzar la conectividad del litoral con espacios forestales y serranos del interior, destacando entre ellos los Barrancos de Enmedio, del Cambrón y del Safio. En tanto que en el Poniente almeriense se establece la conservación de los tramos que de Adra a Almería presentan acantilados y pequeñas calas en el contacto de las sierras de La Contraviesa y Gádor con el mar.
